NOTIFICACIONES
Publicación
- Fecha de publicación
- 26 de diciembre de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.516 · páginas 71–125
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
(*)
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS – Visto el exp. n ° 2943/D/2016-18006 correspondiente al
Acta n° 32620/16 notifíquese a RIOS WILSON RODRIGO DNI n° 36540312 de ignorado domicilio, la
Resolución n° 0057/17”…Aplicase una multa de $ 3.450,00…” Fdo. Carlos Matilla – Director de
Transporte-.-
S/Cargo
26-27-28/12/2017 (3 Pub.)
(*)
Municipalidad de Gral. San Martín, Mendoza, cita 3 (tres) días herederos del fallecido GALLEGOS Oscar
Lorenzo, fallecido el 29-01-1970, de quién se pretende EXHUMACION y TRASLADO FUERA
DEPARTAMENTO, desde el CEMENTERIO DE BUEN ORDEN.
Boleto N°: 4131734 Importe: $ 36
26-27-28/12/2017 (3 Pub.)
(*)
El Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza notifica que en Asamblea General Extraordinaria
celebrada el día 05 de Abril de 2013 según consta en Acta Nº 2 del Libro de Actas de Asambleas, resultó
aprobado por unanimidad el Reglamento Interno del Consejo Directivo y el Reglamento Interno del
Tribunal de Ética y Disciplina conforme a lo dispuestos por el Artículo 25º de la Ley Provincial Nº 8376/11.
A continuación se da cuenta de manera expresa de los mismos:
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO
Constitución y fines.
Art. 1. En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 8376 queda constituido el “Colegio de Psicólogos de la
Provincia de Mendoza”, entidad que funcionará como “persona de derecho público no estatal”, con sede
en ésta Ciudad de Mendoza y con jurisdicción en toda la Provincia de Mendoza.
Art. 2. Su funcionamiento se regirá por la ley 8376, el presente reglamento interno, su código de ética y
las resoluciones que se adopten en forma legal por los órganos correspondientes.
Art. 3. El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Mendoza es una entidad civil, profesional, sin fines de
lucro.
Capítulo I.
Fines, propósitos y facultades del Colegio.
Art. 4. El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Mendoza tiene como objetivos principales los de
cumplir y hacer cumplir con la ley 8376, ejercer el gobierno de la matrícula profesional y su control y
propender al mejoramiento integral de la Institución y de todos sus miembros y especialmente, el
cumplimiento de los siguientes fines:
a) Nuclear a todos los psicólogos de la jurisdicción en el marco de la consideración y respeto recíproco,
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sin discriminaciones ni sectarismos de ningún tipo, tendiente a integrar a los profesionales de las distintas
regiones de la provincia, de las diversas especialidades y actividades, así como de las diferentes
corrientes del pensamiento científico, propendiendo al debate y confrontación de criterios y experiencias
con miras a la superación de la actividad profesional.
b) Defender los intereses profesionales y gremiales, propendiendo al progreso científico y profesional de
los Psicólogos, jerarquizando la profesión y cuidando su ejercicio correcto y responsable.
c) Velar por el cumplimiento de las reglas éticas que deberán regir la relación con sus colegas y otros
profesionales de la salud, con los pacientes y sus familiares y hacia la sociedad.
d) Defender la adecuada remuneración del trabajo profesional, tendiendo a garantizar una justa
retribución del profesional que se desempeña en relación de dependencia y garantizando a los mismos
un adecuado nivel de vida.
e) Defender a los colegiados en las cuestiones que pudieran suscitarse con los organismos del Estado,
los empleadores o entidades privadas de cualquier tipo.
f) Propender al mejoramiento del servicio de atención de salud mental de la población.
g) Promover la capacitación permanente de sus colegiados, organizando actividades de actualización y
perfeccionamiento científico y estableciendo un ámbito de confrontación y debate entre las diversas
corrientes científicas del saber profesional.
h) Afianzar la solidaridad gremial y profesional y el respeto científico entre los colegas.
i) Promover actividades de carácter recreativo y social de los colegiados.
j) Intervenir en el trámite de inscripción de la matrícula para sus colegiados y las condiciones para la
inscripción en los registros de especialidades.
k) Combatir el ejercicio ilegal de la profesión.
l) Informar, dictaminar a su pedido y peticionar a los poderes públicos en todo cuanto hace a las
actividades propias de la profesión en el ejercicio de la actividad del psicólogo.
m) Dictar el Código de Ética y las normas de procedimiento para su aplicación.
n) Realizar todo tipo de convenios con personas jurídicas y organismos públicos o privados, en especial
Obras Sociales.
o) En general, colaborar en la aplicación y cumplimiento de la Ley 5045 y concordantes.
Art. 5: Para el cumplimiento de los fines enunciados precedentemente, el Colegio queda facultado para:
a) Llevar registro de la matrícula de los psicólogos.
b) Organizar actividades de actualización científica y de confrontación de las diversas líneas y corrientes
del pensamiento científico, crear su biblioteca y editar publicaciones.
c) Controlar el correcto ejercicio profesional, conforme Ley 5045 y conc., y aplicar a través del organismo
correspondiente, las sanciones que prevé el código de ética.
d) Negociar con los organismos de la seguridad social y el Estado y las entidades privadas las
condiciones de trabajo profesional del psicólogo.
e) Registrar todo contrato por el cual un profesional psicólogo preste servicios a una institución o centro
asistencial.
f) Convocar y movilizar a los profesionales en defensa de sus intereses y disponer las medidas de acción
que crea pertinentes.
g) Proponer al Estado medidas relativas a la promoción, prevención y tratamiento de la salud mental.
h) Organizar por sí, o conjuntamente con otras entidades privadas o públicas actividades de divulgación
científica, de promoción, prevención o de tratamiento relativas a su quehacer profesional.
i) Promover la fundación de entidades cooperativas y mutualistas entre sus colegiados.
j) Organizar un fondo de solidaridad para cubrir contingencias que afecten a los colegiados.
k) Sugerir aranceles mínimos y asegurar su cumplimiento ético y establecer las condiciones de trabajo en
relación de dependencia.
l) Organizar el registro de matrícula, controlar a los matriculados y reglamentar la inscripción en el registro
de especialidades.
m) Denunciar ante los poderes públicos los casos de ejercicio ilegal de la profesión, actuando como
autoridad de prevención.
n) Designar representantes ante organismos estatales o privados que así lo requieran, y para integrar
jurados.
o) Resolver, a requerimiento de la parte interesada, en carácter de árbitro, las cuestiones que se susciten
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entre colegiados y las que se originen entre éstos y pacientes u otros profesionales.
p) Fijar su presupuesto de gastos e ingresos y la cuota mensual con que contribuirán sus colegiados, así
como los aranceles de inscripción de matrícula y demás recursos.
q) Adquirir, disponer y administrar los bienes que forman su patrimonio y estar en juicio, como actor o
demandado, por sí o por apoderado, para la defensa de sus derechos e intereses.
r) Asociarse o confederarse con otras entidades de psicólogos u otras entidades profesionales.
s) Diseñar un programa de acción profesional de los psicólogos en consonancia con la realidad de la
provincia y del país y fundar y emitir opinión relativa al análisis de los problemas de la comunidad
nacional o provincial.
t) Definir, otorgar y regular las especializaciones de la profesión de acuerdo a criterios y estándares pre
establecidos y acordados. (Psicólogo Clínico, Psicólogo Laboral, Psicólogo Forense, etc.).
u) Promover el debate científico entre sus miembros a fin de fijar posiciones acerca de los distintos temas
de interés social.
v) Promover el conocimiento de la Psicología como disciplina científica en los medios masivos de
comunicación.
w) Asesorar a los miembros en cuestiones legales, contables o de otra índole en lo que haga a lo
específico del ejercicio profesional.
x) El Colegio tendrá facultades de cobrar los aportes y cuotas dispuestas en la presente Ley, por el
procedimiento de apremio fiscal aplicable en la Provincia siendo título ejecutivo y suficiente la liquidación
que se expida por el Presidente y Tesorero, siendo competente los Tribunales Tributarios de la Provincia
de Mendoza.
El afiliado que no pague durante tres (3) meses el aporte al Colegio incurrirá en mora de pleno derecho.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 inciso b) de la ley 8376, el Consejo Directivo notificará al
colegiado la deuda acumulada fijando un plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación para su
cancelación bajo apercibimiento de iniciar su cobro por vía de apremio judicial.
Capítulo II.
De Los Colegiados.
Art. 6: Deberán Colegiarse todos los Psicólogos, Lic. En Psicología y Dres. en Psicología que en su tarea
utilicen el título como elemento curricular, tanto en la práctica profesional como en la actividad docente y
en todas las áreas de la Psicología establecidas en la ley 5045, modificatorias y otras que se determinen.
Art. 7: Los Colegiados tienen las siguientes obligaciones y atribuciones:
a) Acatar las resoluciones emanadas de los órganos del Colegio.
b) Respetar los aranceles mínimos éticos sugeridos.
c) Abonar puntualmente la cuota de colegiación.
d) Elegir y ser elegidos como integrantes del Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Sindicatura o
comisiones colegiadas conforme a este Reglamento.
e) Asistir a reuniones de Consejo Directivo con voz, excepto las que previamente sean declaradas
reservadas por razones fundadas.
f) Asistir a las Asambleas con voz y voto.
g) Solicitar la convocatoria a Asamblea conforme a las condiciones de ley y reglamentos que se dicten al
efecto.
h) Proponer por escrito al Consejo Directivo, iniciativas o proyectos, individuales o colectivos, conforme a
los fines de la institución.
i) Utilizar las instalaciones de la sede con fines profesionales, culturales o sociales, según
reglamentación.
j) Recibir información periódica relativa a los intereses profesionales y participar de los beneficios
societarios.
Capítulo III.
De los Recursos.
Art. 8: Los colegiados deberán abonar mensualmente y dentro de los diez primeros días hábiles del mes
en curso la cantidad de pesos que fije el Consejo Directivo en concepto de cuota social.
El Consejo Directivo podrá disponer la aplicación de intereses para el caso de falta de pago en término y
en caso autorizado por la ley la aplicación de mecanismos de actualización monetaria para conservar el
valor de la cuota.
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Art. 9: El pago del derecho de la matrícula profesional y / o re matriculación deberá ser realizado
previamente a la solicitud de que se trate.
Art. 10: Podrá recaudar también por:
a) Los ingresos que por servicios se presten a colegiados o a terceros;
b) Las cuotas extraordinarias que apruebe la Asamblea;
c) Las percepciones que pueda recibir por la expedición de certificados oficiales, arbitrajes, dictámenes,
informes y demás servicios generales;
d) Las multas y/o recargos por intereses; las donaciones, subsidios y legados; los intereses y frutos
civiles de sus bienes;
Demás ingresos que permitan las normas legales.
Capítulo IV.
De las Elecciones.
Art. 11: Se constituirá una Junta Electoral compuesta por 6 miembros: 3 (tres) vocales titulares y 3 (tres)
vocales suplentes, elegida por la Asamblea Extraordinaria con 60 (sesenta) días de anticipación a los
comicios, que tendrá a su cargo la oficialización de las listas, el contralor de las elecciones y la
proclamación de los electos.
Art 12: La Junta Electoral instrumentará la realización de las elecciones conforme a la Ley 8376 y en el
marco del Reglamento Electoral, el que será puesto en consideración para su aprobación por la primer
Asamblea de socios.
Capítulo V.
De las Asambleas.
Art. 13: Las asambleas pueden ser Ordinarias o Extraordinarias. La Asamblea General Ordinaria debe
reunirse dentro de los 4 (cuatro) meses de cerrado el ejercicio anual del Colegio, que se producirá el día
31 de diciembre de cada año. A las Asambleas podrán asistir con voz y voto los colegiados que se
encuentren con sus cuotas societarias al día, tomando el mes inmediato anterior, y no tengan sanciones
por disciplina.
Art. 14: La Asamblea Anual Ordinaria deberá aprobar el presupuesto de recursos y gastos, la memoria y
el Balance anual, aprobar el importe de matrícula, multas, aranceles profesionales mínimos, cuotas por
gastos de representación y viáticos y tratamiento de apelaciones por denegación de peticiones de
inscripción de matrícula profesional y elegir la Sindicatura.
La misma deberá ser convocada con una anticipación no menor de treinta días a través de una
publicación en un diario de circulación provincial y en forma personal, Será obligatoria la lectura del
informe que hubiere confeccionado la Sindicatura así como el de los Auditores Contables externos, si
existiesen.
Art.15: La Asamblea Extraordinaria será convocada para tratar los temas y conforme a lo dispuesto por la
ley 8376, en su arts. 21, 22, 23, 24 y 25.
Art. 16: La reconsideración de cualquier asunto resuelto por la Asamblea o el pedido de tratamiento de
una cuestión que no esté incluida en el orden del día requerirá el voto de las 2/3 partes de los miembros
presentes. Dicho tema podrá ser incorporado solamente al terminar la lectura del orden del día, al inicio
de la Asamblea. Todo tema nuevo incorporado en una Asamblea bajo este procedimiento siempre
requerirá que en la próxima Asamblea Extraordinaria se lo incluya en el orden del día y que en dicha
Asamblea se ratifique o no la decisión adoptada. El incumplimiento de este procedimiento aparejará la
nulidad de la resolución adoptada sobre el tema nuevo en particular.
Del Consejo Directivo.
Art. 17: El Consejo Directivo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de los
miembros titulares y sus resoluciones serán válidas si fueren tomadas por simple mayoría. En el caso de
empate en la votación se desempatará cual lo expuesto en el artículo 31 de la ley 8376. Los miembros
suplentes tendrán voz, pero no voto, salvo cuando remplazaren a los titulares.
Art. 18: El Consejo Directivo sesionará una vez por mes como mínimo, correspondiendo al mismo fijar los
días de sesión y el horario.
Art. 19: Los miembros titulares deberán concurrir obligatoriamente a las sesiones del Consejo Directivo.
Si acumulasen 6 (seis) faltas consecutivas y/o alternadas y sin justificación alguna, podrán ser
sancionados por el Consejo Directivo, perdiendo su calidad de Vocales del mismo, sin perjuicio de las
facultades de la Asamblea. En el caso de las inasistencias, deberán ser justificadas con anterioridad
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excepto un infortunio que impidiese materialmente la presencia del Consejero.
Art. 20: Los miembros suplentes podrán ser convocados en cualquier momento por el Presidente o
cualquier otro miembro, siendo obligatoria su asistencia a las reuniones de que se trate, bajo
apercibimiento de sanción. Deberán reemplazar a los titulares en todo caso necesario y cumplirán las
funciones que el Consejo les asigne.
Art. 21: Conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 8376, y a partir de la proclamación de
Autoridades Electas que realice la Junta Electoral, la distribución de los cargos del Consejo Directivo se
realizará de la siguiente manera:
Primer Vocal Titular: Presidente
Segundo Vocal Titular: Secretario General
Tercer Vocal Titular: Tesorero
Cuarto Vocal Titular: Secretario de Asuntos Profesionales
Quinto Vocal Titular: Secretario de Interior
Sexto Vocal Titular: Secretario Científico
Séptimo Vocal Titular: Secretario de Bienestar Profesional
Octavo Vocal Titular: Secretario de Prensa y Difusión
Art. 22: Si se produjera la vacancia de algún cargo, corresponderá el ejercicio del mismo al miembro del
Consejo Directivo que ocupe el cargo inmediato inferior, salvo el caso de acefalía previsto en el art. 28 de
la ley 8376.
Del Presidente del Colegio de Psicólogos
Art. 23: El Presidente del Concejo Directivo es el representante legal de la Institución y será reconocido,
de hecho, como Presidente del Colegio, correspondiéndole representarlo en toda oportunidad. Por sí
solo, podrá optar únicamente las medidas urgentes, debiendo dar cuenta de lo actuado al Consejo
Directivo en la primera reunión. Art. 24: Corresponde a la Presidencia:
a) Presidir las reuniones del Consejo Directivo y de la Asamblea General del Colegio.
b) Firmar las actas y todos los documentos que emita la Junta Ejecutiva, junto con el Secretario General o
del área, o del Tesorero cuando corresponda.
c) Autorizar los gastos urgentes, según el presupuesto y velar por la correcta inversión de los fondos.
d) Suscribir, junto al Secretario del área correspondiente, toda la correspondencia con autoridades,
entidades o personas de toda clase.
e) Firmar los certificados de inscripción en la matrícula o en los demás registros del Colegio y otorgar las
credenciales correspondientes.
f) Integrar todas las comisiones que se designen en el seno del Colegio o en las que corresponda tomar
intervención a la Entidad, pudiendo delegar en el Secretario General o en otros secretarios tales
funciones.
g) Concurrir en representación del Colegio a todas las audiencias o reuniones a las que fuere éste
convocado, ante cualquier tipo de autoridad o entidad, salvo caso justificado.
h) Ejecutar todas las instrucciones que le imparta el Consejo Directivo y cumplir con los deberes que le
imponga la ley, los estatutos y demás reglamentaciones.
i) Encargarse de las relaciones del Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Sindicatura y Asambleas de la
Entidad.
De la Secretaría General.
Art. 25: El Secretario General reemplazará temporalmente al Presidente en caso de ausencia,
enfermedad, licencia o cualquier otro impedimento transitorio. Si este fuera
definitivo, por renuncia, fallecimiento o separación definitiva del cargo, asumirá la Presidencia hasta la
terminación del mandato. Corresponde al Secretario General:
a) Llevar el Libro de Matrículas del Colegio.
b) Redactar, junto con el Presidente, y suscribir toda la correspondencia y las comunicaciones generales.
c) Organizar y supervisar la Secretaría del Colegio y la totalidad de los servicios a los colegiados.
d) Ejercer la jefatura inmediata del personal administrativo de la Institución y la jurisdicción disciplinaria
sobre el mismo. e) Redactar el orden del día de todas las reuniones, realizar las citaciones y
convocatorias junto con el Presidente.
f) Ejercer todas las demás atribuciones que le confieran los estatutos o resoluciones del Colegio. g) Llevar
los Libros de actas del Consejo Directivo, Asambleas y de las comisiones especiales, redactar las actas y
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resoluciones y disponer su notificación y archivo.
h) Comunicar a los órganos de Gobierno del Colegio y dentro de los diez (10) días de tomar
conocimiento, toda medida disciplinaria administrativa.
i) Dar a publicidad las resoluciones de los órganos de Gobierno de la entidad, pudiendo disponerse la
publicación en el boletín Oficial o diarios de circulación comprobada en la provincia. j) Suscribir junto al
Presidente y Tesorero en forma indistinta, los cheques, órdenes de pago, débitos de caja de ahorros o
cuenta corriente y toda la documentación bancaria que sea necesaria.
De la Tesorería.
Art. 26: Corresponde al Tesorero: a) Encargarse de la contabilidad y administración de los bienes del
Colegio.
b) Hacer todos los pagos que autorice el Consejo Directivo según el presupuesto.
c) Controlar la percepción de las cuotas que deban abonar los colegiados, las contribuciones, multas y
toda suma de dinero que ingrese como así mismo la extensión de los recibos correspondientes.
d) Cumplimentar toda legislación impositiva, previsional y de seguridad social que corresponda al
Colegio. e) Suscribir junto con el Presidente y/o el Secretario General en forma indistinta, los cheques,
órdenes de pago, débitos de caja de ahorros o cuenta corriente y toda la documentación bancaria que
sea necesaria.
f) Depositar en el banco que designe el Consejo Directivo, toda suma de dinero que ingrese a nombre del
Colegio y a la orden conjunta del Presidente, Tesorero o Secretario General.
g) Conservar perfectamente archivados y por el término de ley, todos los comprobantes de gastos,
depósitos, libretas de cheques, libros contables, aportes previsionales, impositivos o similares.
h) Practicar a pedido del Consejo Directivo balances, arqueos de caja, estudios, cómputos y planillas de
gastos e ingresos, etc.
i) Encargarse transitoriamente de la Presidencia del Colegio en caso de vacancia del Presidente y
Secretario General, convocando a elecciones en los plazos legales.
j) Proyectar el presupuesto de gastos y recursos y los balances de la Entidad.
k) Fijar el régimen de gastos de representación y gestión funcional.
De la Secretaría de Asuntos Profesionales.
Art. 27: Corresponde al Secretario de Asuntos Profesionales:
a) Promover la formación de una conciencia gremial y solidaria entre los colegiados.
b) Oponer e implementar las medidas de acción en defensa de los derechos de los colegiados.
c) Propiciar la reglamentación de condiciones de trabajo dignas para los colegiados y la fijación de una
retribución adecuada.
d) Patrocinar las iniciativas de mejoramiento y perfeccionamiento de las condiciones de trabajo en los
convenios colectivos, estatutos profesionales y regímenes legales aplicables a los colegiados en el sector
público y privado.
e) Posibilitar la difusión entre los colegiados, del conocimiento cabal de los regímenes laborales y
previsionales vigentes y asegurarle el acceso al asesoramiento legal necesario del caso.
f) Patrocinar y/o representar a los colegiados y asistirlos en caso de conflicto con entidades patronales,
entidades estatales, públicas o privadas y demás.
g) Encargarse del archivo de contratos de prestaciones profesionales con las distintas obras sociales y/o
sistemas propios.
h) Elaborar estadísticas de prestaciones, frecuencias de utilización, costos de las mismas y aranceles
correspondientes.
i) Promover la concreción de nuevas relaciones contractuales con obras sociales, ampliando la cobertura
de las prestaciones profesionales para todos los beneficiarios de las Obras sociales.
j) Elaborar estudios sobre el tema para presentar a las autoridades nacionales, provinciales o municipales
o entidades privadas de toda clase.
k) Reclamar pagos de facturaciones, débitos incorrectos u cualquier retención dispuesta por las Obras
Sociales, pidiendo vista de actuaciones, expedientes, sumarios, etc.
l) Impulsar la concreción de nomencladores propios de prestaciones, el adecuado arancelamiento y la
inclusión de las prácticas científicas o técnicamente indicadas.
m) Colaborar activamente con las áreas de programación de cursos y estudios técnicos, procurando la
inclusión de temas relativos a su competencia en sus deliberaciones.
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n) Tomar participación en las auditorias compartidas con las distintas obras sociales y similares.
De la Secretaría del Interior
Art. 28: Corresponde al Secretario del Interior:
a) Integrar acciones entre las Delegaciones Regionales
b) Favorecer el intercambio entre las mismas.
c) Facilitar la comunicación inter e intra- institucional.
d) Promover la participación tendiente a los aspectos que hacen al rol profesional ya sea en sus aspectos
gremiales y deontológicos.
e) Informar sobre cuestiones pertinentes al funcionamiento de las delegaciones.
f) Facilitar la realización de las actividades científicas en el interior o para el interior.
g) Coordinar propuestas de trabajo.
h) Llevar todas las propuestas al seno del Consejo Directivo.
i) Colaborar en la formulación de las Reglamentaciones de las Delegaciones respetando sus
particularidades.
De la Secretaría Científica.
Art. 29: Corresponde al Secretario Científico:
a) Promover la actualización técnico científica de los colegiados y la jerarquización de la profesión en
todos sus órdenes.
b) Proyectar el reglamento que fije las condiciones para obtener la matrícula de Psicólogo especialista.
c) Promover el fortalecimiento de los lazos de unión con la Universidad y las instituciones formadoras de
grado de los Psicólogos y con las Instituciones formadoras de Post- grado.
d) Elaborar cronogramas de cursos, conferencias y encuentros de la especialidad y la participación en
actividades multidisciplinarias.
e) Promover el auspicio de todas las reuniones científicas relevantes para la profesión.
f) Organizar y administrar fondos, junto con el Tesorero, para becas y ayudas económicas para quienes
deban asistir a cursos y congresos.
g) Organizar y administrar la biblioteca científica de la entidad y promover su consolidación junto con el
Secretario de Prensa.
h) Proponer, junto a la Secretaría de Acción Social, a los órganos de gobierno, las medidas necesarias y
las alternativas de financiamiento de programas científicos y culturales para los matriculados y sus
familias.
De la Secretaría de Bienestar Profesional
Art. 30: Corresponde al Secretario de Acción Social:
a) Fomentar la vinculación de los psicólogos y grupos familiares de la Provincia en base a la previsión,
ayuda mutua y acciones sociales similares.
b) Entender en la provisión de servicios tendientes a preservar, mantener y/o recuperar la salud física,
psíquica y social de los psicólogos colegiados.
c) Entender en la provisión de servicios de cobertura de riesgos generales, turismo, recreación, apoyo
económico y administrativo a los profesionales y a las Delegaciones Regionales.
d) Entender en la provisión de servicios de apoyo a los profesionales que deban viajar con motivo de la
participación en congresos o reuniones científicas, gremiales o sociales.
e) Solicitar al Consejo Directivo la designación de las comisiones de apoyo y asesoramiento en el área de
la Secretaría a su cargo y que fueran convenientes.
f) Ofrecer a los matriculados y sus familias servicios y actividades que los beneficien y mejoren su calidad
de vida.
g) Acercar el Colegio a los psicólogos a través de actividades no profesionales para cubrir inquietudes
culturales, recreativas y de esparcimiento.
h) Promover espacios de creación que permitan el desarrollo personal y promover la creación de vínculos
afectivos entre los matriculados, más allá de los intelectuales, para fomentar el sentimiento de
pertenencia a la institución.
i) Posibilitar la cobertura de servicios médico asistencial.
j) Velar por la calidad de la atención a las consultas y sugerencias de los matriculados en esta institución.
k) Estar presente en los hechos sociales que conmueven nuestra comunidad colaborando solidariamente.
De la Secretaría de Prensa y Difusión.
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Art. 31: Corresponde al Secretario de Prensa y Difusión:
a) Organizar y diseñar la publicación de los órganos informativos del Colegio y asegurar su distribución a
los colegiados.
b) Difundir las actividades del Colegio, en todos los medios de prensa.
c) Controlar la ejecución de las publicaciones oportunas, que impongan las normas generales o
reglamentarias.
d) Tener a su cargo la promoción del intercambio de publicaciones con el país y el extranjero.
e) Atender a la publicación de las resoluciones del Colegio y las normas legales y reglamentarias que
regulan la profesión y la vida institucional.
f) Velar por el cuidado y la conservación de los medios técnicos y electrónicos que dispusiera el Colegio
para el cumplimiento de sus fines.
g) Atender las demandas de difusión de las secretarías del Consejo Directivo.
h) Crear y habilitar espacios de divulgación (por ej: biblioteca y los medios que surjan del avance
tecnológico)
i) Facilitar la comunicación entre el Colegio y las instituciones y organizaciones de la sociedad.
De las Secretarías Suplentes
Art. 32: Corresponde a los Secretarios Suplentes:
a) Reemplazar a los Secretarios Titulares de acuerdo al orden de la lista con el consenso del Consejo
Directivo, quien deberá incluir en el orden del día de la próxima Asamblea Extraordinaria la nueva
constitución del Consejo Directivo a fin de que aquélla tome conocimiento.
b) Asistir a todas las reuniones para las que fueran convocados y cumplir con todas las comisiones que
se les encomienden.
c) Colaborar activamente con los secretarios titulares en lo que les fuese asignado.
Capítulo V
De la Sindicatura
Art. 33: Corresponde a la Sindicatura:
a) Reunirse una vez cada tres (3) meses por lo menos.
b) Dictar su propio reglamento interno.
c) Designar sus autoridades y disponer el modo en que el suplente reemplazará a los titulares.
d) Revisar todos los libros contables, laborales y comprobantes de ingresos y egresos de toda clase y
verificar el cumplimiento del presupuesto anual de gastos y recursos.
e) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo con voz y sin voto.
f) Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de la Entidad, previa intimación al Consejo Directivo
por un plazo de 30 (treinta) días hábiles.
g) Sus decisiones se adoptarán válidamente con mayoría simple.
h) Realizar balances parciales, periódicos y efectivizar auditorías y controles.
i) Elaborar anualmente un informe sobre el balance anual de la entidad y opinar sobre el cálculo de
gastos y recursos. La lectura de ambos dictámenes deberá realizarse en la Asamblea Ordinaria y con
carácter previo al tratamiento de tales puntos.
Capítulo VI
De las Delegaciones
Art. 34: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 34 inc. r) de la Ley 8376, el Concejo Directivo podrá
habilitar Delegaciones y nombrar sus Delegados. La circunscripción territorial de las delegaciones será la
misma de los Departamentos de la provincia o Circunscripciones Judiciales, siempre que la cantidad de
colegiados que ejercen en ellos y su distancia con la sede del Colegio ameriten la mencionada
habilitación. Tanto la apertura como el cierre de las Delegaciones, como asimismo el nombramiento del
Delegado o su eventual remoción en sus funciones se harán mediante resolución emanada del Consejo
Directivo.
Art. 35: Las Delegaciones conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas,
lineamientos y demás disposiciones normativas que, para el logro de los objetivos del Colegio, determine
el Consejo Directivo, de conformidad con las atribuciones establecidas en la ley 8376, el Reglamento
Interno, las disposiciones del presente Capítulo y demás disposiciones aplicables. El Delegado deberá
presentar ante el Consejo Directivo un plan de acción semestral para su aprobación, durante el mes
calendario inmediatamente anterior al inicio del semestre que se programa.
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Art. 36: Las Delegaciones dependerán directamente del Consejo Directivo, quien supervisará y evaluará
el desempeño del Delegado, de conformidad con lo previsto en este reglamento y los mecanismos
administrativos que para tal efecto se establezcan mediante resolución del Consejo Directivo.
Art. 37: Al frente de cada Delegación habrá un Delegado nombrado conforme a lo previsto en el art. 34 y
durará en el cargo el plazo que disponga el Consejo Directivo en la respectiva resolución de
nombramiento, pudiendo procederse a la remoción anticipada a criterio del Consejo Directivo.
Art. 38: El Consejo Directivo podrá habilitar Subdelegaciones y designar al frente a un Subdelegado, en
aquellos departamentos de la provincia que no cuenten con Delegaciones habilitadas cuando concurran
razones que aconsejen su apertura. Serán aplicables a las Subdelegaciones las mismas normas que
para las Delegaciones.
Art. 39: Para ser nombrado Delegado se deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener un mínimo de tres (3) años de antigüedad en el ejercicio profesional.
2. Acreditar dos (2) años de ejercicio profesional efectivo en el Departamento o Circunscripción Judicial
de que se trate.
3. Estar colegiado con matrícula activa.
Art. 40: El Delegado tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:
1. Organizar y administrar la Delegación a su cargo dentro del ámbito territorial de su competencia y de
conformidad con lo señalado en la ley 8376, el Reglamento Interno, las disposiciones del presente
Capítulo y demás disposiciones aplicables.
2. Realizar los actos jurídicos y administrativos de naturaleza ordinaria que sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
3 Elaborar y proponer al Consejo Directivo por intermedio de la Secretaría del Interior, los actos jurídicos,
convenios, contratos y documentos de naturaleza extraordinaria y que resulten necesarios para el
cumplimiento de las funciones de la Delegación como asimismo las acciones de modernización y
simplificación administrativa que considere adecuadas para un mejor desempeño de la Delegación.
4. Proporcionar al Consejo Directivo por intermedio de la Secretaría del Interior, la información y
estadísticas requeridas para una adecuada planificación y control de las actividades de la Delegación.
5. Observar estrictamente las normas y lineamientos de trabajo que, en el ámbito de su competencia,
emita el Consejo Directivo.
6. Presentar al Consejo Directivo por intermedio de la Secretaría del Interior, durante el primer mes del
año, un informe anual del estado que guarda la Delegación, y una rendición de cuentas exhaustiva y
pormenorizada de la gestión desarrollada en cuanto le sea requerida por el Consejo Directivo.
7. Coordinar, en el ámbito territorial de su competencia, las relaciones de la Delegación con los
organismos federales, estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, de
conformidad con lo señalado en este reglamento.
8. Las demás que le señalen la ley 8376, el Reglamento Interno, las disposiciones del presente Capítulo y
las resoluciones del Consejo Directivo.
Capitulo VII
De la disolución del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Mendoza
Art. 41: En caso de disolución del Colegio, los bienes pasarán a la entidad que la Asamblea General
Extraordinaria convocada a tal efecto decida, teniendo en cuenta que sea una entidad que nuclee en
forma mayoritaria a los psicólogos y sostenga los mismos principios y que sea sin fines de lucro.
Mendoza, Junio de 2012.
REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL DE ETICA Y DISCIPLINA ABRIL 2013.
Reglamento procesal de actuación ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio Profesional de
Psicólogos de la Provincia de Mendoza.
CAPITULO I – JURISDICCION, INTEGRACION, EXCUSACION Y RECUSACION.
Artículo 1 - El Tribunal de Ética y Disciplina ejercerá la jurisdicción disciplinaria sancionando las faltas de
los colegiados que importen violación a las reglas de la ética y disciplina establecidas en el Código de
Ética. Juzgará en instancia única las faltas éticas que el profesional psicólogo matriculado pudiera
cometer en el ejercicio profesional pudiendo promover la acción de oficio o por denuncia de parte
interesada.
Artículo 2 – El Tribunal de Ética y Disciplina se integrará en la forma prevista en el art. 35 de la ley 8376.
Los miembros del Tribunal deberán contar con una antigüedad no menor de diez (10) años en el ejercicio
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profesional. Además, no deberán haber sido objeto de sanción disciplinaria en igual plazo. El Tribunal se
integrará en caso de cesación de mandatos, renuncias y licencias con los miembros suplentes en el
orden en que éstos fueron electos. En los casos de excusaciones y recusaciones el Tribunal se integrará
rotativamente con los miembros suplentes en el orden de su elección. Cuando el Presidente del Tribunal
estuviere afectado por algún impedimento o cesare en sus funciones, será reemplazado por el miembro
titular subsiguiente y luego por los restantes miembros según el orden de su elección.
Artículo 3 - Los miembros del Tribunal de Ética y Disciplina deberán excusarse de intervenir por las
mismas causales de inhibición y son recusables por las mismas causas establecidas para los jueces en el
Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, debiendo seguirse el trámite allí previsto en caso de
producirse un incidente de recusación. En tal caso, conocerá el Tribunal con exclusión del recusado,
quien será reemplazado por el suplente. En caso de ser recusados todos sus miembros, el Consejo
Directivo designará los colegiados que resolverán la recusación.
Artículo 4 - Los imputados podrán recusar a los miembros del Tribunal de Ética en su primera
presentación, o dentro de los tres primeros días de citado para defensa, cuando se encontraren en
algunas de las causales mencionadas en el artículo anterior, debiendo ofrecer en su caso, la prueba que
haga a su derecho.
Artículo 5 – No se admitirá la recusación sin expresión de causa.
Artículo 6 - La recusación tendrá el trámite previsto en el Código Procesal Penal. Interpuesta la
recusación, se dará vista al miembro recusado por el término de tres días. Evacuada la vista y recibida la
prueba, en su caso, se resolverá en el plazo de cinco días.
Artículo 7 - La integración del Tribunal por un miembro suplente se notificará a los imputados conforme a
lo previsto por el art. 13 del Reglamento Procesal.
CAPITULO II - ACTOS PROCESALES
Artículo 8 - El procedimiento será escrito y las actuaciones se agregarán foliadas en expediente con
numeración correlativa, que se caratulará con el apellido y nombre del o de los imputados.
Artículo 9 El proceso no admite la caducidad de instancia.
Artículo 10 - El tiempo en el proceso estará regido por los artículos 61 a 64 del Código Procesal Civil. Si
los interesados lo solicitaron antes del vencimiento, se considerarán automáticamente prorrogado el
término por el plazo solicitado, que no podrá exceder del originario; por lo cual no requerirá ni providencia
ni notificación. Exceptuase de lo dispuesto anteriormente, los plazos para interponer recursos, los que
una vez vencidos hacen decaer el derecho a interponerlos.
Artículo 11 - El expediente será secreto, salvo para los imputados, sus defensores y miembros del
Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos, los que deberán requerirlo mediante oficio.
Artículo 12 - Los expedientes estarán bajo la custodia del Secretario del Tribunal, quien podrá expedir
fotocopias certificadas. Sólo cuando el volumen lo justifique podrá facilitarlos en préstamo a los
imputados y sus defensores en los casos de citación para defensa, cuando se pongan los autos a la
oficina para alegar y cuando ello resultare imprescindible para el que ejerza el derecho de defensa.
Artículo 13 - Deberán notificarse por cédula:
a) La citación para defensa.
b) La admisión o el rechazo de la prueba ofrecida.
c) Las audiencias de sustanciación de la causa y la presentación de informes periciales.
d) Los autos que resolvieran recursos e incidentes.
e) Los emplazamientos.
f) La providencia que pone la causa para alegar.
g) La sentencia.
h) Cualquier otra resolución que el Tribunal dispusiera notificar por este medio para mejor garantía de la
defensa. La notificación por cédula se realizará por el Secretario o los notificadores ad-hoc, de acuerdo
con las prescripciones del Código Procesal Civil.
Artículo 14 - La citación para defensa deberá notificarse en el domicilio legal previsto en el art. 7 apartado
4 de la Ley 8376 constituido por el imputado ante el Colegio de Psicólogos en oportunidad de su
matriculación, o personalmente. Las demás resoluciones mencionadas en el artículo anterior, se
notificarán en el domicilio legal constituido en el expediente, o en su defecto en el domicilio legal del art. 7
apartado 4 de la Ley 8376.
Artículo 15 - Las resoluciones no incluidas en la enumeración del art. 13, quedarán notificadas
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automáticamente el lunes o jueves posterior a su fecha o el siguiente si aquellos fueran feriados. En caso
de no encontrarse el expediente en la sede del Tribunal, a pedido del interesado, se dejará constancia de
esa situación, certificada por el Secretario o el notificador ad-hoc. En ese caso la notificación se
considerará efectuada el lunes o jueves posterior a la devolución del expediente al Tribunal.
CAPITULO III - PROCEDIMIENTO ANTE EL COLEGIO DE PSICOLOGOS
Artículo 16 - Cualquier persona podrá denunciar ante el Colegio de Psicólogos, hechos u omisiones que,
a su juicio, importan violación de las normas vigentes sobre ética profesional.
Artículo 17 - El Colegio procede de oficio, o por denuncia.
A) En el primer caso, al tener conocimiento de un hecho que pueda constituir una infracción al Código de
Ética, se procederá a confeccionar un Acta, la que deberá contener: 1) Fecha, hora, nombre y apellido de
las personas intervinientes debiendo suscribir dicha acta el Presidente del Colegio o al menos un
miembro del Consejo Directivo; 2) Los datos personales del profesional psicólogo y/o partícipes, si se
ignorase, los que sirvan para identificarlos, fuente de información, una relación lo más clara, precisa,
circunstanciada y específica del hecho, fundamentos de la acusación y calificación provisoria de la
conducta supuestamente transgresora de normas éticas profesionales previstas en el Código de Ética. El
acta suscripta con estas formalidades servirá de cabeza de proceso.
B) En el segundo caso la denuncia deberá presentarse ante el Colegio de Psicólogos por escrito,
personalmente o por mandatario especial, en cuyo caso deberá acompañarse el poder. La denuncia debe
contener bajo pena de inadmisibilidad: el nombre y apellido, documento de identidad, domicilio real de la
persona ofendida o bien del representante legal, tutor o curador de la misma, y en la medida de lo posible
deberá indicar la relación del hecho, su autor y partícipes, las pruebas de que disponga, la constitución de
un domicilio especial y la firma del denunciante. Deberá acompañar el denunciante, a su exclusivo cargo,
tantas copias para el traslado como denunciados haya.
El denunciante no es parte en el proceso, pero tiene facultades para ampliar la prueba ofrecida con la
denuncia. Esta facultad podrá usarla hasta la conclusión del periodo probatorio.
La denuncia no es susceptible de renuncia ni desistimiento.
Artículo 18 - El Consejo Directivo examinará si la denuncia reúne los requisitos antes enumerados y si el
hecho denunciado constituyera a primera vista, una infracción a las normas de ética, resolverá si hay o no
lugar a la formación de causa disciplinaria, ordenando en caso afirmativo el pase de las actuaciones para
su juzgamiento al Tribunal de Ética y Disciplina. Podrán rechazarse sin más trámite aquellas denuncias
cuya improcedencia sea evidente.
Si de los términos de la denuncia surgiera la posible comisión de un hecho delictivo, el Tribunal de Ética
deberá remitir la misma al Consejo Directivo, siendo éste quien determinará la presentación ante la
Justicia ordinaria competente de los Tribunales de la Provincia de Mendoza, poniendo en conocimiento
de ello al denunciante.
CAPITULO IV - PROCEDIMENTO ANTE EL TRIBUNAL DE ETICA
Artículo 19 - Recibida la causa, el Tribunal de Ética correrá traslado al denunciado, emplazándolo para
que, en el término de diez (10) días hábiles, -el que podrá ampliarse hasta veinticinco (25) días hábiles en
razón del domicilio real del denunciado-, comparezca, deduzca su defensa, ofrezca la prueba de
descargo, y constituya domicilio legal dentro de un radio de cincuenta (50) cuadras de la sede del
Tribunal, bajo apercibimiento de considerar subsistente el mencionado en el artículo 14 del Reglamento
Procesal. Contestado el traslado, si existieran hechos a probar, el Tribunal aceptará con amplitud la
prueba que resulte pertinente y conducente, ordenando los medios para la producción de la misma, y en
su caso expresará mediante auto, las razones que fundamentaren el rechazo de alguna de ellas.
Si el imputado no comparece a defenderse será declarado rebelde, sin que tal declaración constituya
presunción de verdad de los hechos investigados. En lo sucesivo las providencias del art. 13 de este
reglamento se practicarán en el domicilio legal del art. 7 apartado 4 de la Ley 8376.
Artículo 20 - En el ofrecimiento, recepción y demás cuestiones vinculadas a la prueba, serán aplicables
las normas pertinentes del Código Procesal Civil para el juicio sumario, sin perjuicio que si el caso en
tratamiento lo hace necesario, podrán aplicarse supletoriamente las normas del Código Procesal Penal,
para los supuestos no contemplados en el Código Procesal Civil.
Los testigos no podrán exceder de cinco por cada sumariado, salvo que por la naturaleza de la causa o
por la cantidad de cuestiones de hecho sometidas a decisión el Tribunal estime conveniente admitir un
mayor número. Sin perjuicio de la obligación del profesional denunciado de hacer comparecer los testigos
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que se recibieren a instancia suya, el Tribunal de Ética podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para
obtener la comparecencia de cualquier persona que resista injustificadamente la orden respectiva.
Artículo 21 - El sumariado tendrá a cargo la producción de la prueba por él ofrecida, en el término que a
tal efecto determine el Tribunal, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de la misma sin más trámite
y sin necesidad de declaración alguna. Vencido el plazo sin que se haya realizado, la prueba caducará
automáticamente. El plazo podrá ser ampliado por causa justificada, siempre que la petición se efectúe
antes del vencimiento del mismo. Los honorarios y gastos de las pericias estarán a cargo de quien las
ofrezca como prueba, debiendo ponerlos a disposición del perito en tiempo oportuno. En todas las
cuestiones vinculadas a la prueba serán aplicables supletoriamente las normas del Código Procesal Civil,
con excepción de la declaración del sumariado que se regirá por las disposiciones del Código Procesal
Penal.
Artículo 22 - Una vez diligenciada la prueba o vencido el término probatorio, los autos quedarán en
Secretaría a disposición de las partes para que dentro del término de diez días hábiles alegue por escrito
sobre el mérito de la causa. Si hubiera más de un sumariado, el tribunal al poner el expediente para
alegar, establecerá concretamente el orden en que deberán retirarse los autos.
Artículo 23 - El Tribunal tiene dentro del procedimiento establecido, un poder autónomo que podrá
ejercitar prudencialmente de acuerdo con la naturaleza y circunstancias del hecho investigado. El
Tribunal de Ética no estará limitado a los hechos que hayan sido denunciados; si de la instrucción
resultare la existencia de otros hechos susceptibles de sanción disciplinaria se promoverá, de oficio, un
nuevo procedimiento para su investigación.
Artículo 24- El procedimiento debe impulsarse de oficio por el Tribunal, a cuyo efecto ordenará las
medidas necesarias y convenientes para el desarrollo del proceso, teniendo amplias facultades de
investigación respecto de los hechos sometidos a su decisión, ello sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 21 de este Reglamento Procesal.
Artículo 25 - La prueba pericial estará a cargo de los peritos inscriptos ante la Suprema Corte de Justicia
y se designarán por sorteo. Sólo en el caso de inexistencia de peritos o expertos inscriptos o negativa a
aceptar el cargo por todos ellos, el Tribunal podrá designar un profesional experto reconocido,
prescindiendo del sorteo.
Artículo 26 - Si el perito no produjera su informe o no subsanara las omisiones en el plazo que se le fijare,
cesará en el cargo y se designará otro. Si no compareciera por dos veces a la audiencia fijada para que
dé explicaciones, también cesará en el cargo.
Artículo 27 - La prueba instrumental obrante en reparticiones públicas y la informativa, podrá ser
requerida por el Tribunal mediante oficio.
Artículo 28 - La declaración del inculpado, los testimonios y las explicaciones de los peritos se producirán
en audiencia ante el Tribunal, siendo suficiente para su formalización, la presencia del Secretario y de al
menos uno de los miembros, labrándose el acta respectiva.
Artículo 29 – La acción disciplinaria se extingue:
1) Por muerte del profesional psicólogo denunciado.
2) Por prescripción. La prescripción se produce de pleno derecho a los dos años corridos contados desde
la medianoche del día en que se cometió la infracción o bien, si fueron actos continuos, la medianoche
del día en que cesó la comisión de los mismos. La comisión de una nueva falta interrumpe el curso de la
prescripción.
El Tribunal podrá resolver de oficio la prescripción de la acción. Si fuera planteada por el encausado,
deberá tramitarse y resolverse como excepción de previo y especial pronunciamiento.
Artículo 30 - Los decretos serán dictados por el Presidente del Tribunal. Los autos serán fundados y
dictados en acuerdo, por mayoría de sus integrantes. Los decretos de mero trámite podrán ser firmados
por el Secretario del Tribunal.
Artículo 31 - La sentencia disciplinaria que dicte el Tribunal deberá ser fundada en normas legales y
encontrarse precedida de un amplio análisis de los antecedentes de la causa, valorando la prueba
conforme al sistema de la sana crítica racional y contendrá los requisitos establecidos en los Art. 88 y 90
del Código Procesal Civil.
El Tribunal cuenta con el plazo de treinta (30) días para dictar la sentencia, el cual se comenzará a contar
desde el día siguiente de efectuado el sorteo de práctica. La sentencia, que deberá ser notificada en el
plazo de cuarenta y ocho
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(48) horas de emitida, contendrá el voto individual de cada uno de los miembros del Tribunal, quienes
podrán adherirse al emitido por un preopinante. El Tribunal de Ética, por disposiciones de su régimen
administrativo interno, determinará el tiempo en que deberán expedirse el miembro preopinante y los
restantes miembros.
Artículo 32 - Será apelable la sentencia definitiva, conforme a lo previsto en el art. 40 de la Ley 8376. Las
sanciones disciplinarias aplicables al encausado serán las enumeradas en el art. 39 de la ley 8376.
El recurso contra la sentencia se interpondrá sin fundarse ante el mismo Tribunal de Ética en el plazo de
cinco días desde la notificación. El recurso se concederá por decreto en el plazo de dos días de ser
interpuesto, en el mismo plazo y mediante auto podrá ser denegado.
Concedido el recurso, el Tribunal de Ética le comunicará la concesión al Consejo Directivo a fin de que
éste mediante resolución notifique al apelante para que en el plazo de nueve días desde la notificación a
domicilio exprese los agravios de la apelación y deposite ante el Colegio los gastos de convocatoria de la
Asamblea Extraordinaria cuyo monto determinará el Consejo Directivo en la misma resolución.
Presentada la expresión de agravios conforme los requisitos del art. 137 del Código Procesal Civil, y
abonados los gastos de convocatoria mencionados, el Consejo Directivo procederá a convocar la
Asamblea Extraordinaria que entenderá en la apelación conforme lo dispuesto en el art. 22 de la ley
8376. En caso de que el apelante no cumpla con ambos requisitos, la próxima Asamblea Extraordinaria
que se convoque declarará desierto el recurso. El trámite del recurso ante la Asamblea será el que prevé
el Código Procesal Civil para la apelación libre.
Artículo 33 - Las resoluciones interlocutorias del Tribunal, sólo podrán ser impugnadas por recurso de
reposición y aclaratoria, en la forma y con los efectos previstos en el art. 131 y 132 del Código Procesal
Civil. El recurso de aclaratoria sólo podrá articularse contra autos y sentencias.
Artículo 34 - Los incidentes serán resueltos mediante autos que serán dictados dentro del plazo de diez
días hábiles de su interposición. Si se hubiere ofrecido prueba, se sustanciará conforme lo dispuesto por
el art. 93 del Código Procesal Civil y el plazo para dictar resolución será de quince días hábiles y
comenzará a regir desde que quede firme el llamamiento de autos para resolver.
Artículo 35 - Los incidentes que se plantean en las audiencias serán resueltos bajo la firma del Secretario
y de al menos uno de los miembros del Tribunal. Contra la decisión que recaiga podrá articularse recurso
de reposición ante el Tribunal.
Artículo 36 - Los recursos de reposición contra incidentes que se articularán en las audiencias, se regirán
por los Art. 93 y 131 del Código Procesal Civil.
Artículo 37 - Las actuaciones que no se ajustaran al procedimiento descripto, podrán impugnarse
mediante incidente de nulidad (art. 94 del Código Procesal Civil), que se interpondrá dentro del quinto día
del conocimiento del acto, y sólo procederá cuando la violación de la norma de actuación viciare el acto
de tal manera, que afecte el derecho de defensa y no hubiera sido convalidado expresa o tácitamente por
el incidentante. La convalidación tácita resultará del consentimiento de cualquier resolución posterior a la
agregación del acto, o de cualquier presentación del incidentante en el expediente que no contenga esa
impugnación.
Artículo 38 - El Tribunal de Ética, de oficio, podrá anular actuaciones que hubieran sido cumplidas con
violación del derecho de defensa, aunque hubieran sido consentidas tácitamente por el encausado.
Artículo 39 - Cuando por los mismos hechos se tramiten o se hubiera tramitado causa penal, el
pronunciamiento del Tribunal de Ética será independiente de aquella, al igual que en los casos en que los
jueces hayan impuesto sanciones en ejercicio de los poderes que le son inherentes dentro del proceso de
que se trate. Es facultad del Tribunal isponer la suspensión del proceso disciplinario si la causa penal
estuviese pendiente de resolución. No se computará plazo alguno mientras durare la suspensión.
Artículo 40 - El Tribunal de Ética podrá disponer como medida precautoria, durante la sustanciación del
procedimiento, la suspensión preventiva del profesional, en los siguientes supuestos: a) Cuando se
produzca la paralización del trámite disciplinario por encontrarse los mismos hechos en juzgamiento, en
sede penal y haberse resuelto allí el procesamiento por delito doloso o la captura del colegiado; b)
Cuando el denunciado no comparezca personalmente, pese a la citación, con el apercibimiento expreso,
formulada por el tribunal y notificada en su domicilio real; c) Cuando la conducta sometida a juzgamiento
sea de extrema gravedad y resulte acreditada "prima facie". En ningún caso la suspensión preventiva
excederá de un (1) año y en cualquier supuesto se computará a cuenta de la eventual penalidad. La
resolución que disponga la suspensión preventiva será apelable por el profesional según lo dispuesto en
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el art. 32 del presente reglamento, debiendo seguirse el procedimiento allí establecido, con la salvedad de
que el apelante deberá fundar la apelación y abonar los gastos de convocatoria de la Asamblea
Extraordinaria en el plazo de cinco días. El trámite del recurso ante la Asamblea Extraordinaria será el
que prevé el Código Procesal Civil para la forma abreviada de apelación.
Artículo 41 - Las sanciones que dicte el Tribunal de Ética deberán fundarse en las leyes 5045, 8376, y en
las disposiciones del Código de Ética Profesional de Psicólogos aprobado por el Colegio de Psicólogos
de Mendoza y el Código de Ética Profesional de Psicólogos aprobado por la Federación de Psicólogos de
la República Argentina, y subsidiariamente en los principios generales que se consideren aplicables en
las respectivas materias.
Artículo 42 - El Tribunal dispondrá la publicidad de la sentencia teniendo en cuenta los antecedentes del
caso, su gravedad o la trascendencia de los hechos investigados. Asimismo, está facultado para hacer
conocer al denunciante el resultado definitivo del proceso.
Artículo 43 - El Tribunal tendrá a su cargo el régimen administrativo interno, pudiendo con tal finalidad,
dictar normas sobre:
a) La obligación de los miembros del Tribunal de concurrir a la sede en días determinados para
celebración de acuerdos y notificaciones.
b) Conceder licencias a los miembros del Tribunal y Secretario por causas justificadas.
c) Comunicar al Colegio de Psicólogos, la ausencia injustificada a tres reuniones consecutivas o cinco
alternadas en el curso del año.
d) Designar Secretario subrogante en caso de impedimento del titular.
e) Designar notificadores ad-hoc.
Artículo 44 - El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación por la Asamblea
Extraordinaria del Colegio de Psicólogos de Mendoza, que lo hizo en Acta de fecha 05 de abril de 2013.-
Boleto N°: 4132244 Importe: $ 3132
26/12/2017 (1 Pub.)
(*)
El Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza notifica que en Asamblea General Extraordinaria
celebrada el día 13 de Diciembre de 2013 según consta en Acta Nº 3 del Libro de Actas de Asambleas,
resultó aprobado por unanimidad el Código de Ética conforme a lo dispuestos por el Artículo 25º de la Ley
Provincial Nº 8376/11. A continuación se da cuenta de manera expresa de los mismos: CÓDIGO DE
ÉTICA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE MENDOZA
Diciembre de 2013
A las personas, grupos y comunidades, a quienes debemos nuestra labor y constante esfuerzo. Índice.
Presentación 4
Principio I Respeto por los derechos y la dignidad de las personas y de los pueblos 6
Principio II Cuidado competente del bienestar de los otros 16
Principio III Integridad 26
Principio IV Compromiso y responsabilidad profesional y científica hacia la sociedad 31
PRESENTACIÓN
El presente código surge a partir de la creación del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Mendoza
conforme a Ley n° 8.376, publicada en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2011. En la misma se
establece la formación del Tribunal de Ética y Disciplina y la redacción de un código específico que
represente el espíritu de la comunidad profesional, con sus respectivas normas deontológicas siendo este
hecho un hito en la historia de la profesión de las psicólogas y los psicólogos de Mendoza. El código es
un instrumento para el cumplimiento de la ley y asume como cuestión central que la ética y la
responsabilidad social son aspectos centrales del ejercicio de la Psicología. El código como conjunto de
principios éticos y normas de conducta tiene por misión orientar y regular el ejercicio profesional.
Asimismo, fija pautas de acción, específicas o generales, para la aplicación de la Psicología sea en los
diversos ámbitos profesionales, académicos o de investigación; por tanto, enmarca todas las áreas de
incumbencia de las psicólogas y los psicólogos. La razón de ser del Código de Ética del Colegio de
Psicólogos de Mendoza es, sobre todo, resguardar el bienestar psicológico y salud mental de las
personas, familias, grupos, organizaciones, instituciones y comunidades. Igualmente, cumple funciones
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de formación, organización, resguardo y prestigio de la profesión. Por ser la Psicología una disciplina
cuya práctica contacta directamente con lo más íntimo de las personas, es condición ineludible que todo
acto profesional, deba realizarse de forma tal que no lesione la dignidad, la libertad, la calidad de vida de
las personas -incluyendo la propia del profesional a cargo- en tanto que todo ser humano es sujeto de
derecho inviolable. Esto significa que toda práctica psicológica habrá de sustentarse en conocimientos
justificados o validados científicamente y enmarcados según principios éticos fundamentales que
resguardan derechos inalienables. Los dos aspectos mencionados constituyen una totalidad que se
integra en el ejercicio y están destinados a favorecer el desarrollo humano individual, grupal,
organizacional, institucional y colectivo. En ninguna circunstancia, las psicólogas y los psicólogos podrían
descuidar u omitir actuar en sentido ético. Por lo expuesto, el Código de Ética adquiere carácter de
orientación y regulación de las acciones profesionales, siendo un dispositivo, revisable y actualizable
conforme a la evolución de la Psicología como disciplina científica de la conducta y los procesos
mentales, inserta en determinado sistema y dinámica sociocultural. El presente código se estructura
según cuatro principios éticos con sus respectivos valores y normas asociados o derivados. Su
comprensión y práctica se torna fundamental para todo ejercicio profesional cotidiano y ha de respetarse
en todos los encuadres, perspectivas o escuelas psicológicas. Así, las psicólogas y los psicólogos de
Mendoza tienen la obligación de conocer y valerse de dichos principios, lineamientos y cánones que el
código enuncia. Por ende, la falta de conocimiento de determinada norma deontológica no constituye
eximición. El Código de Ética del Colegio de Psicólogos de Mendoza hace suyos los Principios
Universales para Psicólogos y Psicólogas, pactados en Berlín (2008):
a) Respeto por los derechos y la dignidad de las personas y de los pueblos.
b) Cuidado competente del bienestar de las personas y comunidades.
c) Integridad
d) Responsabilidad profesional y científica con la sociedad.Para la confección del presente código se
analizaron y compararon diversos códigos de ética y deontología, los cuales constituyeron fuentes del
mismo, tales como: el Código de Ética y Disciplina del ejercicio de la profesión de psicólogo del Consejo
Deontológico de Mendoza, el Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina
(FEPRA), los códigos de ética de los psicólogos de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Asimismo,
también se consideraron los de Chile, Brasil, Canadá, Francia, Colombia, Italia, Inglaterra y,
particularmente, los códigos de ética profesional de los psicólogos de Guatemala del 2012 y el de la
Asociación Americana de Psicólogos de 2010 (APA).
Alcances y límites
El Código de Ética del Colegio de Psicólogos de Mendoza se aplica a toda actividad que desempeñen los
psicólogos como parte de sus funciones académicas, científicas y profesionales. Se aplica a cualquier
campo de la práctica de la Psicología en el territorio de la Provincia de Mendoza. Es decir, abarca los
campos de la clínica, lo jurídico-forense, el psicodiagnóstico, la investigación científica, la psicología
educacional, la supervisión, la auditoría psicológica, el desarrollo y construcción de instrumentos de
evaluación, la intervención en psicología laboral y organizacional, psicología del deporte, los abordajes
psicosociales y comunitarios, o cualquier otro campo propio de la Psicología como disciplina científica.
También abarca también una gran variedad de situaciones comunicativas profesionales, que incluyen los
intercambios postales, telefónicos, de internet y otras transmisiones electrónicas.
Agradecimientos
Los redactores agradecen al Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de Mendoza por el constante
apoyo y buena predisposición, a quienes depositaron su confianza en nuestra labor. Nuestro
agradecimiento expreso a la Dra. Andrea Ferrero, Investigadora y coordinadora del Grupo Ética y
Deontología de la Sociedad Interamericana de Psicología y representante sudamericana en Declaración
de Principios Universales para psicólogos y psicólogas, Berlín, 2008, por su asesoramiento continuo para
la elaboración de este código y por su disertación en el dictado de la conferencia: “ Hacia una formación
y una práctica comprometida en psicología. Actuales cambios de paradigma.” También nuestro
agradecimiento al Lic. Mario Molina, Presidente de la FEPRA, quien, en las Primeras Jornadas de
Psicología del Colegio de Psicólogos de Mendoza y en las Reuniones de actualización del Código de
Ética Nacional, junto con la Mg Ana María Hermosilla y colegas de distintas provincias, enriquecieron
generosamente nuestra perspectiva y horizonte. Finalmente, nuestro reconocimiento a todos aquellos
colegas que han colaborado en forma directa o indirecta aportando en la construcción reflexiva y colectiva
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del presente código.
Clara Álvarez Elvira Corrales Raúl Milone Sandra Ostropolsky Arturo Piracés.
PRINCIPIO I
Respeto por los derechos y la dignidad de las personas y de los pueblos.
PRINCIPIO I RESPETO POR LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LOS
PUEBLOS1.
El respeto por la dignidad de las personas y de los pueblos es el fundamento de los demás principios
éticos. El respeto por la dignidad reconoce el valor inherente de todos los seres humanos, sin importar
diferencias -aparentes o reales- con relación al estatus social, origen étnico, género, preferencia sexual,
edad, creencias religiosas, capacidades, o cualquier otra característica. Este principio fundamental
sostiene que todo ser humano es digno de igual consideración ética. También afirma que toda persona es
única, valiosa e irremplazable, de naturaleza social, interdependiente y que forma parte de la evolución
cultural de su pueblo. Igualmente, el principio ético reconoce la diferencia cultural, étnica, religiosa, de
estructura social y otras características de los pueblos, que integran la identidad de sus miembros y
otorgan sentido a sus vidas. La continuidad de la vida y la cultura enlaza a los pueblos de la actualidad
con las generaciones pasadas y con la necesidad de dar referencia y apoyo a las futuras. De esta forma,
el respeto por la dignidad de las personas incluye la consideración ética y el respeto por la dignidad de
los pueblos. El respeto por los derechos y la dignidad de las personas y de los pueblos se expresa
diferenciadamente en la multiplicidad de comunidades y culturas. De esta forma, el respeto por los
derechos y la dignidad de las personas y de los pueblos incluye la consideración y valoración ética.
Los siguientes valores le están asociados:
a) Respeto por el valor único y la dignidad inherente de todos los seres humanos.
b) Respeto por la diversidad de las personas y los pueblos.
c) Respeto por las costumbres y las creencias de otras culturas, siempre que no contradigan el principio
de respeto por los derechos y la dignidad de las personas y los pueblos, o cause serio daño a su
bienestar.
d) Derecho a la libre elección y a la autonomía.
e) Derecho al acceso a la información.
f) Privacidad para los individuos, familias, grupos y comunidades.
g) Respeto de la confidencialidad de la información personal.
h) Derecho a ser tratado con equidad y justicia.
1. RESPETO EN GENERAL
Las psicólogas y los psicólogos:
1.1. Respetan a las personas, grupos y comunidades con las que trabajan, en cuanto a sus concepciones
de mundo, perspectivas de vida, valores, creencias, fortalezas, recursos y habilidades, así como a las
demandas específicas que requieren de sus intervenciones profesionales. Por consiguiente, no inculcan
sus propias creencias o juicios personales en sus intervenciones profesionales.
1 El principio respeto por los derechos y la dignidad de las personas y de los pueblos se extiende al trato
justo y respetuoso con animales, es decir, a aquellos psicólogos que intervienen profesionalmente con
ellos. Se hace extensivo al resto de los Principios de este código.
1.2. Son respetuosos en su relación con las personas con quienes trabajan o respecto de las instituciones
e entidades donde desarrollan También son respetuosos con sus colegas y con el conocimiento y la
experiencia de los mismos, independientemente de la orientación teórica a las que adhieran.
1.3. Ante situaciones profesionales para las que no estén suficientemente capacitados o no sean idóneos
consultarán a otros psicólogos de más experiencia o entidades que, por su respetabilidad, pueden
brindarles el asesoramiento adecuado.
1.4. Se valen de un lenguaje y estilo cortés y cuidadoso en toda comunicación verbal, escrita y gestual.
1.5. No se involucran en acciones o actitudes que impliquen degradación, acoso de cualquier tipo u
hostigamiento. Del mismo modo, rechazan la participación en prácticas de tortura bajo cualquier
circunstancia. Además, están obligados a denunciar estas prácticas infrahumanas cuando ellas son de su
conocimiento.
1.6. Deben asegurarse que los conocimientos y los procedimientos psicológicos no sean mal utilizados o
infrinjan los derechos humanos.
1.7. Respetan el derecho de todas las personas a proteger su propia dignidad.
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2. RESPONSABILIDAD EXTENDIDA
Las psicólogas y los psicólogos:
2.1. Defienden y promueven, de manera congruente con el presente código, el total respeto de la
dignidad de las personas incluyendo la suya propia.
2.2. Asumen la co-responsabilidad que les incumbe por las actividades científicas, educativas y
profesionales de sus asistentes, empleados, estudiantes, supervisados o personas a quienes forman, en
relación directa con el respeto y protección de los derechos y la dignidad de las personas, grupos y
pueblos.
3. SENSIBILIDAD A LA DIVERSIDAD
Las psicólogas y los psicólogos:
3.1. Se informan y actúan respetuosa y responsablemente en relación a las diversas concepciones de
vida, creencias religiosas o espirituales de las personas, familias, grupos y comunidades a los que
brindan sus servicios.
4. NO DISCRIMINACIÓN
Las psicólogas y los psicólogos:
4.1. Evitan discriminar a las personas, familias, grupos y comunidades sin importar diferencias de origen
étnico, edad, género, orientación sexual, educación, religión, estatus socioeconómico, u otras.
4.2. Cuando deciden no brindar sus servicios profesionales a personas, grupos o comunidades, se
preocupan de no discriminar. Asimismo, promueven, en la medida de sus posibilidades, opciones de
derivación acorde con la temática planteada.
4.3. Evitan participar en acciones o sostener actitudes que afecten los derechos o la dignidad de las
personas, grupos o comunidades que impliquen cualquier tipo de discriminación.
4.4. Diseñan y adecuan la investigación científica, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la práctica
profesional conforme al beneficio de todas las personas sin exclusión alguna.
5. TRATO JUSTO Y EQUITATIVO
Las psicólogas y los psicólogos:
5.1. Se desempeñan justa y equitativamente en el trato profesional.
5.2. Si la prestación incluye honorarios, serán sensibles a las posibilidades de sus destinatarios.
5.3. Se esfuerzan por conciliar los derechos de los individuos con los del grupo y la comunidad donde
conviven.
6. PROTECCIÓN PARA PERSONAS VULNERABLES
Las psicólogas y los psicólogos:
6.1. Son responsables de respetar los derechos y la dignidad de todas las personas con quienes entran
en contacto, sin embargo, la naturaleza de su compromiso con la sociedad requiere que su mayor
responsabilidad sea con aquellas personas más vulnerables.
6.2. Son responsables, particularmente, cuando trabajan con niñas, niños, adolescentes, ancianos y
personas con capacidades especiales, de conocer y hacer valer los derechos y necesidades de todos
ellos. También son responsables de conocer y hacer valer la legislación vigente, especialmente, la
referida a las personas más vulnerables.
6.3. Conocen y proceden conforme a los derechos humanos y los de protección, particularmente, cuando
sus destinarios son personas pertenecientes a grupos o minorías vulnerables.
7. CONSENTIMIENTO INFORMADO
Las psicólogas y los psicólogos:
7.1. Acuerdan el consentimiento informado2 con las personas, instituciones o entidades con las cuales
trabajan profesionalmente. Esta obligación se sustenta en el respeto por la libre elección y la autonomía
de los destinarios conforme a su situación. Por consiguiente, quien lo da su consentimiento informado lo
hace de modo consciente y con comprensión. Es decir, presupone la capacidad legal para consentir, la
libertad de
2 “Consentimiento informado”: proceso de comunicación que se establece,
entro de determinado encuadre, entre el profesional y su destinatario que culmina con el asentimiento -o
no- de una intervención psicológica específica.
decisión y el dominio de información pertinente. Por ello, el consentimiento informado no se debe
obtenerse de modo mecánico, manipulativo ni coercitivo.
7.2. Solicitan el consentimiento informado explícito para cualquier tipo de servicio profesional o para
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realizar una investigación o desarrollar una aplicación o instrumento científico.
7.3. Se aseguran que el consentimiento informado es el producto de un proceso para alcanzar un
acuerdo básico respecto de los propósitos y procedimientos psicológicos fijados con criterio y
fundamentación profesional.
7.4. En el proceso de obtener el correspondiente consentimiento informado, se cercioran de ofrecer
información válida, confiable y pertinente sobre los alcances y las limitaciones de sus intervenciones
psicológicas, todo ello relacionado con:
a) La naturaleza y propósito de la actividad profesional.
b) Los roles y responsabilidades mutuas.
c) La protección de la confidencialidad y sus limitaciones consignadas en el presente código.
d) El modo de remuneración u honorarios, si los hubiere.
e) Las alternativas posibles de acción profesionales, si las hubiere.
g) La opción de rehusar o retractarse en cualquier momento.
7.5. Respetan, en relación al consentimiento informado, los deseos claros y expresiones explícitas de
involucrar–o no- a otras personas (miembros de la familia, del grupo o de la comunidad) en la toma de
decisiones que hacen a la intervención.
7.6. Se aseguran, al solicitar el consentimiento informado, que los procedimientos y la información que se
provee respeten con las necesidades propias de los individuos, de los grupos y de las comunidades.
7.7. Al trabajar en investigación o al ofrecer sus servicios, sólo podrán difundir con los recaudos
necesarios la información que ha sido aprobada por las personas, los grupos, las organizaciones o las
instituciones. Es decir, sólo podrán utilizar únicamente lo que ha sido autorizado en la obtención del
consentimiento informado.
7.8. En el caso de que necesiten realizar interconsulta/s con colegas u otros profesionales de más
experiencia, evaluarán y justificarán la conveniencia -o no- de informar a sus destinatarios de la
necesidad de dicha/s interconsulta/s; la/s cual/es pueden formar parte de sus prácticas profesionales o de
la misma formación disciplinaria o especialización.
7.9 Requiere el consentimiento informado, previo y por escrito, cuando la información se va a obtener
para una exposición posterior. Cuando se trate de una entrevista grabada, del uso de cámara de visión
unidireccional o de cualquier sistema de videogración, explicarán a las personas registradas por estos
medios de los objetivos y el destino de las mismas.
7.10. Podrán intervenir sin el consentimiento explícito, en caso de:
a) Necesidad urgente. Cuando surge una situación en la que es imposible o muy dificultoso obtener el
consentimiento informado, en tiempo y forma, para evitar daño a la persona, al grupo o a la comunidad.
En circunstancias de urgencia, podrán proceder sin el consentimiento de dichas personas, grupo o
comunidad, no obstante, lo obtendrán tan pronto como sea posible.
b) Requerimiento legal. Cuando sus acciones profesionales sean requeridas por la ley, el consentimiento
informado debe ser tratado con las personas que legalmente representan los intereses de los individuos,
grupos o comunidades.
c) Capacidad disminuida. Cuando consideran que la persona no es capaz de dar el debido
consentimiento informado, ya que no se encuentra en condiciones legales, intelectuales o emocionales
adecuadas. En estos casos, solicitan el consentimiento informado a los encargados o tutores legales. Aún
con este consentimiento, las psicólogas y los psicólogos procurarán igualmente alcanzar un acuerdo con
las personas involucradas según los márgenes que permita la capacidad intelectual, emocional o legal.
Asimismo, cuidarán que sus intervenciones profesionales respeten al máximo posible el derecho a la
intimidad. Cuando se trata de estas excepciones, las psicólogas y los psicólogos informan a sus
destinatarios de estas limitaciones al inicio de la relación profesional, y velarán que sus acciones
profesionales respeten el derecho a la intimidad personal, de grupo y cultural según corresponda.
7.10. Procuran obtener el consentimiento informado expresamente escrito, en situaciones de peligro de
integridad de sus consultantes, tales como el sugerir la continuación de un tratamiento, la posible
medicación, la internación, la interconsulta o la derivación justificada a otros profesionales.
7.11. Evitan utilizar, en sus investigaciones, a personas que no posean la capacidad para dar el
consentimiento informado, ello si dichas investigaciones pueden realizarse con los mismos resultados y
con sujetos que sí pueden dar el correspondiente consentimiento informado.
7.12. Asumen que el consentimiento informado no los exime de evaluar la continuidad de las prácticas
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profesionales que están desarrollando, siendo responsables de interrumpirlas si existen elementos que
los lleven a suponer que no se están alcanzando los efectos deseados o que la continuación del trabajo
psicológico podría implicar riesgos objetivos y serios para las personas, los grupos o la comunidad.
8. SECRETO PROFESIONAL
Las psicólogas y los psicólogos:
8.1. Tienen el deber de guardar secreto profesional, asegurando así la confidencialidad de todo
conocimiento obtenido en el ejercicio de su profesión. Este deber hace a la esencia misma de su tarea,
responde al bien común, protege la seguridad y dignidad de los consultantes, sus familias y
comunidades, resguardando los intereses de las personas a quienes ofrecen sus servicios, cualquiera
sea el ámbito profesional de desempeño.
8.2. Evitan intervenir en asuntos que puedan obligarlos a revelar información amparados por el secreto
profesional. Tampoco les está permitido usar en provecho propio las confidencias recibidas en el ejercicio
de su profesión.
8.3. Están al tanto de las disposiciones legales que los obligan a comunicar o denunciar, ante las
instancias correspondientes, la información relevante en aquellas circunstancias que lo ameriten.
8.4. Informan clara y anticipadamente acerca de las medidas que tomarán para proteger la
confidencialidad cuando proveen sus servicios a las personas, grupos y comunidades.
8.5. Resguardan la confidencialidad y el secreto profesional aun cuando compartan información mínima y
necesaria como resultado del trabajo en equipo o en supervisión. La confidencialidad se extiende a todos
los profesionales participantes, es decir, las psicólogas y los psicólogos revelan información sólo en el
grado inevitable para lograr los propósitos de sus acciones profesionales, cuidando mantener la
confidencialidad sobre cualquier información que pueda razonablemente conducir a la identificación de
personas, sean éstas, por ejemplo, clientes, consultantes, participantes de investigación, entidad,
organización o institución con los cuales las psicólogas y los psicólogos tengan relación confidencial, a
menos que se obtenga previamente el consentimiento expreso de las personas involucradas o con las
que trabaja.
8.6. Cuando trabajan con grupos, familias, comunidades, organizaciones o instituciones informan acerca
de su responsabilidad en cuanto a la confidencialidad de la información vertida durante los procesos o
servicios psicológicos prestados, ya que la confidencialidad se extiende a todos los participantes de los
mismos.
8.7. Graban o video-graban información sólo cuando es necesaria, relevante y pertinente para la labor
profesional. Igualmente, solicitarán previamente el consentimiento informado de todos los participantes.
8.8. Si se valen de cierta información confidencial y sólo para fines de la docencia, la investigación, la
publicación, la disertación u otras formas de comunicación o difusión, no revelarán datos que permitan
identificar a sus consultantes, estudiantes, sujetos de investigación, clientes, organizaciones u otros
destinatarios de sus servicios a menos que: a) Tomen los adecuados recaudos para que no sean
identificadas las personas, grupos, organizaciones o instituciones.
b) La/s persona/s, organización o institución haya dado su consentimiento informado por escrito o exista
autorización legal para hacerlo.
8.9. Procuran garantizar el derecho a la confidencialidad de las personas, grupos, organizaciones o
instituciones con las que trabajan, al crear, almacenar, acceder, transferir y eliminar registros bajo su
control. Además, mantienen y eliminan los registros de su actividad profesional de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes y en un modo que permita cumplir con las reglamentaciones vigentes. Esta
obligación debe regir durante el plazo mínimo de DIEZ (10) años de prescripción liberatoria de la
responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa desde la última actuación registrada en la historia
clínica o el registro pertinente, y vencido el mismo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y
forma que determine la reglamentación.
8.10. Los informes sobre personas, grupos, organizaciones o instituciones deberán excluir aquella
información bajo el amparo del secreto profesional. Esta se proporcionará sólo en los casos necesarios
cuando, según estricto criterio del profesional interviniente, constituyan elementos ineludibles para
configurar el informe.
8.11. Cuidan y hacen cuidar el manejo de la información para proteger la confidencialidad de los
destinatarios o consultantes cuando intervienen otras personas ajenas a los equipos profesionales, o por
características de las instituciones que se desempeñan. En el caso de que la misma se ingrese
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información en bases de datos o sistemas de registro que son accesibles a terceros, tales como
secretarias, técnicos u otros, las psicólogas y los psicólogos toman los recaudos para salvaguardar el
secreto profesional, como el uso de claves, nombres ficticios, etc.
8.12. Respetan la confidencialidad y los derechos de autor cuando revisan materiales enviados para
publicación con fines de enseñanza, investigación, profesionales o arbitraje.
8.13. Reconocen que, aun cuando es importante respetar la privacidad de las personas, grupos,
organizaciones e instituciones, existen excepciones en las que deben revelar información pertinente.
Estas situaciones excepcionales son:
a) Necesidad urgente. Cuando consideran que no revelar cierta información puede implicar daño o peligro
para sí o para terceros. La misma las darán a persona, grupo, organización o institución pertinente o
responsable del caso.
b) Requerimiento Legal. Cuando les sea requerida por un juez competente, en determinado caso judicial.
c) Cuando se trate de evitar la comisión de un delito o prevenir los daños que pudieran derivar del mismo.
d) Cuando tengan que defenderse de denuncias efectuadas por sus destinatarios o consultantes en
ámbito profesional, judicial o policial.
e) Cuando el propio consultante lo autorice o solicite por escrito, quedando a criterio de los profesionales
de la Psicología actuantes la información que otorgue.
En todos los casos de las excepciones anteriores la información que se comunique debe ser la
estrictamente necesaria, procurando que sea recibida por personas competentes y capaces de preservar
la confidencialidad.
8.14. En el caso particular de brindar información a:
a) padres y demás responsables de menores de edad,
b) personas con capacidades disminuidas o
c) instituciones que la hubieran requerido,
deberán ofrecerla de manera que no estigmatice ni condicione el futuro de los consultantes o
involucrados ni pueda ser utilizada en su perjuicio.
8.15. Conocen que la obligación de guardar secreto subsiste aún después de concluida la relación
profesional. La muerte de los consultantes no exime de la obligación profesional frente a la
confidencialidad.
8.16. Planifican por adelantado para que la confidencialidad de registros, expedientes o datos quede
protegida ante la eventualidad de la muerte, incapacidad, jubilación o retiro de la práctica.
9. PRIVACIDAD
Las psicólogas y los psicólogos:
9.1 Asumen la responsabilidad de respetar y fomentar el derecho de las personas a la privacidad.
9.2. Cuidan de no invadir el espacio privado de las personas, grupos o instituciones, a menos que les sea
concedido un permiso claro para hacerlo y necesario para cumplir con los objetivos de la intervención
profesional.
9.3. Protegen la privacidad de las personas, grupos e instituciones que han participado en su trabajo,
investigaciones o cuando se presentan resultados psicológicos, tanto en publicaciones como en
situaciones de enseñanza-aprendizaje.
10. LIBERTAD Y AUTONOMÍA
Las psicólogas y los psicólogos:
10.1. Respetan el derecho a la autonomía y la libertad de decisión de sus destinatarios.
10.2. Reconocen y hacen valer, en todo el campo disciplinario de la Psicología, el derecho de los
receptores de sus servicios a expresar su parecer, discrepancia o pensamiento crítico frente a la
intervención dispensada, e incluso, a interrumpir la relación profesional entablada.
11. DERECHO A LA INFORMACIÓN
Las psicólogas y los psicólogos:
11.1. Documentan apropiadamente su trabajo profesional y/o científico a través de la historia clínica o su
equivalente según sea el ámbito y las buenas costumbres laborales.
11.2. En el caso que el contenido de la historia clínica pueda confeccionarse en soporte magnético,
deben siempre arbitrar todos los medios que aseguren la preservación de la integridad, autenticidad,
inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos en tiempo y forma. A tal fin, por ejemplo,
deben adoptar el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no re-escribibles de
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almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar la
integridad los datos confidenciales. Del mismo modo debe protegerse la información a través de copia de
respaldo.
11.3. Reconocen que los individuos son los titulares de la historia clínica, debiendo suministrarla a su
pedido. Igualmente, deben abstenerse de retener información, registros o expedientes bajo su control
cuando se les requieran y sean indispensables para quienes han asistido; salvo disposición legal o que
los contenidos de dicha información puedan generar perjuicios a los involucrados.
11.4. Confeccionan informes y registros comprensibles y precisos en cuanto a la información relevante,
conforme al mantenimiento de la confidencialidad.
11.5. Brindan información completa y significativa, tanto en forma escrita como verbal conforme al
mantenimiento de la confidencialidad.
11.6. Deben, cuando sea necesario o requerido legítimamente, difundir la información que sea
beneficiosa para los solicitantes y los consultantes, y que, por tanto no sea discriminativa ni iatrogénica
para los mismos, sus familias, grupos y comunidades. Todo ello, respetando el marco de la
confidencialidad.
11.7. Reconocen que los consultantes tienen el derecho de requerir información acerca de los principios,
procedimientos y objetivos profesionales que se les aplicarán.
PRINCIPIO II
Cuidado competente del bienestar de los otros
PRINCIPIO II
CUIDADO COMPETENTE DEL BIENESTAR DE LOS OTROS
La labor de las psicólogas y los psicólogos se fundamenta en la búsqueda del bienestar y beneficio de los
miembros de la sociedad. Promueven el bienestar de la persona, la familia, los grupos y la comunidad
maximizando los beneficios y minimizando los perjuicios potenciales que pueda haber. Al buscar esta
meta, demuestran una preocupación activa por aquellos con quienes trabajan y reconocen el poder social
e institucional que su papel como profesionales de la Psicología tienen. Consideran que las personas,
familias, grupos o comunidades pueden estar en una posición vulnerable. El principio de cuidado
competente por el bienestar de los otros implica la responsabilidad de las psicólogas y los psicólogos en
desarrollar y emplear teorías, métodos y técnicas que amplíen esos beneficios, reparen perjuicios y eviten
aquellos que los produzcan. El cuidado responsable de los otros implica la capacidad de discernir el daño
y los beneficios potenciales para poder rever las consecuencias derivadas de aquéllos, y
responsablemente transformar efectos nocivos ocurridos como resultado de las acciones profesionales.
Es también responsabilidad de las psicólogas y los psicólogos estar capacitados, informados y alcanzar
un alto estándar de competencia y aptitud. Deben realizar actividades para las cuales han recibido
formación, son competentes y poseen conocimientos y destrezas actualizadas, cuya aplicación no
generen iatrogenia y sean apropiadas para el contexto social y cultural de las personas, familias y
comunidades a quienes prestan sus servicios. Asimismo, procuran que sus destinatarios participen
activamente en la toma de decisiones que afectan su bienestar. Igualmente, las psicólogas y los
psicólogos proporcionan cuidado responsable a quienes puedan estar en desventaja u opresión,
considerando su situación de vulnerabilidad. También reflexionan respecto de sus propios valores,
creencias, actitudes y experiencias dentro de determinado contexto sociocultural y son conscientes de
cómo influye dicho contexto en sus intervenciones, interpretaciones y recomendaciones profesionales.
Las psicólogas y los psicólogos son conscientes y están advertidos de sus propias vulnerabilidades. Por
lo tanto, son responsables de una autoevaluación lúcida, crítica y continua respecto de las alteraciones de
su salud mental, la cual pudiera afectar negativamente en su ejercicio profesional generando perjuicio
sobre personas, grupos, organizaciones, instituciones o comunidades. Por lo tanto, el principio de
cuidado competente por el bienestar de los otros prioriza los siguientes valores asociados:
a) Preocupación activa por el bienestar de personas, familias, grupos, organizaciones, instituciones o
comunidades.
b) Cuidado de no hacer daño a las personas, familias, grupos, organizaciones, instituciones o
comunidades.
c) Maximización de los beneficios y minimización de los daños potenciales a las personas, familias,
grupos, organizaciones, instituciones o comunidades.
d) Corrección de efectos dañinos que hubieran ocurrido como consecuencias indeseadas de sus
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actividades.
e) Desarrollo y mantenimiento de la competencia.
f) Autoconocimiento respecto a cómo los propios valores, actitudes, experiencias y contexto social
influyen en sus acciones, interpretaciones, elecciones y recomendaciones profesionales.
g) Autoconocimiento de posibles modificaciones en las propias capacidades intelectuales, afectivas,
psicológicas que perturben su trabajo con personas, familias, grupos, organizaciones, instituciones o
comunidades.
h) Respeto por la capacidad de las personas, familias, grupos, organizaciones, instituciones o
comunidades para tomar decisiones por sí mismos y para cuidar de sí mismos y entre sí.
1. PROMOCIÓN DEL BIENESTAR
Las psicólogas y los psicólogos:
1.1. Reconocen que una expectativa ética básica de su profesión es que sus actividades beneficiarán a
los miembros de la sociedad. Esto requiere el conocimiento y la comprensión de las necesidades
individuales, familiares, organizacionales, institucionales, comunitarias o culturales y del alcance de los
aspectos del trabajo psicológico.
1.1. Evalúan el perjuicio potencial y los beneficios involucrados en sus acciones profesionales para prever
razonablemente la posibilidad de que ocurran y proceden, únicamente, si los beneficios potenciales
superan a los daños potenciales. Además, deben tratar de reparar cualquier efecto nocivo que haya
ocurrido debido a sus actividades.
1.3. Protegen y promueven el bienestar de todos sus destinatarios, consultantes, empleados,
supervisores, estudiantes, practicantes, colegas, participantes en investigaciones y demás personas
involucradas en su labor. Deben evitar hacer daño de cualquier especie.
1.4. Asumen, siempre y en todos los casos, la responsabilidad de sus acciones profesionales.
1.5. Aplican las intervenciones o estrategias más respetuosas y pertinentes con quienes trabajan.
1.6. No dan consejo, capacitan o suministran información a las personas, que a su juicio, podrían utilizar
dicho conocimiento o las destrezas intencionalmente desarrolladas en el marco profesional para dañarse
o dañar a otros.
1.7. Derivan a otro profesional o servicios apropiados cuando las necesidades de un consultante o
destinatario están fuera de su experiencia profesional. En caso de riesgo, las psicólogas y los psicólogos
deben mantener el contacto apropiado de apoyo al consultante y asumen la responsabilidad por su
cuidado hasta que el nuevo colega o el servicio apropiado inicien el contacto.
1.8. Priorizarán las necesidades del consultante o destinatario cuando la relación profesional establecida
requiera ser postergada, interrumpida o finalizada. La terminación de una relación profesional es, si es
posible, convenida con el consultante. Cuando es apropiado y pertinente, ayudan al consultante o
destinatario a buscar fuentes alternativas de asistencia o prestación de servicio conforme a las
necesidades del caso.
1.9. Se basan en la investigación, en el sustento teórico y en los datos de la eficacia y efectividad de las
técnicas o procedimientos que utilizan cuando asesoran y/o efectúan intervenciones terapéuticas,
preventivas, educativas, organizacionales, institucionales, sociales, culturales, comunitarias, consejo
psicológico directo, ya sea por escrito, por radio, teléfono, televisión, vía internet o por cualquier medio de
comunicación.
1.10. Inician la terminación de la relación profesional cuando se dan cuenta que el consultante o
destinatario no se está beneficiando con sus intervenciones psicológicas.
1.11. Evitan promover la dependencia y codependencia en la relación profesional. Esto se aplica a
consultantes, subalternos, supervisados, estudiantes, organizaciones, instituciones o comunidades.
1.12. Saben que las relaciones íntimas o sexuales con consultantes, supervisores, supervisados o
estudiantes son faltas graves a la ética. Las psicólogas y los psicólogos no incitan o participan en
intimidad sexual durante el período de la relación profesional ni tampoco durante el período de tiempo
posterior a la terminación de la relación profesional, mientras sigan ejerciendo poder o autoridad, es decir,
un vínculo asimétrico impropio. De ninguna manera incurrirán en actos, gestos, bromas, comentarios,
caricias de contenido sexual, que implique provocación sensual nociva. Si se sintieran atraídas o atraídos
por la persona que asiste profesionalmente o si la atracción, incluso, fuese mutua, les corresponde tomar
los recaudos necesarios y dar por terminada o interrumpida la relación profesional.
1.13. Cuidan el fiel cumplimiento del presente Código de Ética, en su actuar y en el de los colegas, para
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evitar intervenciones claramente dañinas para los consultantes o destinatarios, y si las conociese tomarán
medidas necesarias para que esta información sea registrada en el Colegio de Psicólogos de la Provincia
de Mendoza.
1.14. Se esfuerzan para proporcionar servicios que sean coordinados y evitan la duplicidad o conflicto de
los mismos, cuando se dan cuenta que los consultantes o destinatarios están involucrados con más de un
profesional de la salud mental. Dicha coordinación se debe promover mediante el mantenimiento de los
registros adecuados y la comunicación eficiente con otros profesionales según las limitaciones de
confidencialidad y tomando en cuenta el consentimiento informado.
1.15. Identifican los casos en los que ciertas técnicas o procedimientos de intervención no son aplicables
o requieren de ajustes para su debido uso, tales como factores de género, edad, raza, origen étnico,
nacionalidad, orientación sexual, minusvalía, idioma o nivel socioeconómico de los individuos. Las
psicólogas y los psicólogos toman las medidas necesarias para asegurarse de la validez y confiabilidad
de dichas técnicas o procedimientos antes de su aplicación.
1.16. Toman en cuenta el contexto cultural, uso del lenguaje, sistema de creencia e idiosincrasia, cuando
aplican técnicas y procedimientos de intervención a personas o grupos socioculturalmente diversos. Las
psicólogas y los psicólogos deben someter a razonamiento crítico a las técnicas y procedimientos que
aplican y deben saber que las mismas se adaptan a la población con la que trabaja.
1.17. Desaprueban el uso de técnicas o procedimientos de intervención psicológicos por parte de
personas, técnicos o profesionales no calificados porque carecen de la debida formación, experiencia
supervisada o de las acreditaciones respectivas. Las psicólogas y los psicólogos no las delegan la
aplicación de las mismas en dichas personas o profesionales no calificados ni habilitados. En el caso de
estudiantes de grado en formación las psicólogas y los psicólogos a cargo proporcionan la supervisión
adecuada asumiendo la responsabilidad de tales intervenciones.
1.18. Se mantienen alertas al hecho de que el correo electrónico, los sitios para chatear o redes sociales
pueden encubrir o distorsionar las expresiones emocionales, faciales, verbales, gestuales, conductuales.
Es decir, advierten las limitaciones que imponen las técnicas o procedimientos de intervención
psicológica a través de medios tecnológicos o automatizados a distancia o no presenciales, pudiéndose
vulnerar los posibles límites de confidencialidad u otros peligros en la autenticidad de la comunicación.
1.19. Tienen en cuenta que las técnicas de evaluación psicológica, entrevistas, pruebas, cuestionarios u
otros instrumentos psicológicos que utilizan estén actualizados y sean válidos, confiables y culturalmente
apropiados.
1.20. Seleccionan las técnicas y pruebas adecuadas a los objetivos de la evaluación psicológica, de
manera que las mismas puedan sustentar sus interpretaciones, conclusiones o recomendaciones, cuando
realizan diagnósticos y pronósticos en cualquier ámbito de trabajo de la Psicología.
1.21. Se actualizan en forma permanente en el conocimiento y en el uso de instrumentos y/o
procedimientos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento, para asegurarse la debida competencia en el
ejercicio profesional.
1.22. Utilizan métodos científicos, cuando se dedican a la construcción de test psicológicos, a fin de que
el uso y resultados de los mismos cumplan con las normas propias del diseño y confección de
instrumentos, la estandarización, la validez y la confiabilidad estadísticas aplicada a la Psicología.
1.23. Informan expresamente al consultante o destinario, cuando sea el caso, sobre la naturaleza
experimental del procedimiento explicando los alcances y límites de su uso. Igualmente, obtendrán la
conformidad expresa cuando estimen necesario el uso de técnicas, instrumentos y/o procedimientos
psicológicos en fase experimental o etapa de validación y confiabilidad.
1.24. Consideran que, aun cuando los instrumentos y/o procedimientos técnicos empleados son
herramientas relevantes de su trabajo profesional, no bastan por sí solos para formular un diagnóstico
integral.
1.25. Respetan que los resultados de evaluaciones psicológicas son propiedad de la persona evaluada y
en el caso de menores de los padres o tutores. Por tanto, manejan esos resultados con total discreción y
confidencialidad.
1.26. Respetan que los informes psicológicos solicitados por otras instancias legítimas son
proporcionados con el conocimiento y expresa autorización de los padres, tutores o de la misma persona
evaluada.
1.27. Son cuidadosos y prudentes al comunicar sus conclusiones y/o diagnósticos y recomendaciones
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profesionales.
1.28. Evitan la difusión o divulgación indebida de instrumentos y procedimientos técnicos propios de la
profesión, con el fin de evitar su invalidación o uso impropio.
1.29. Consideran una falta grave a las normas éticas la alteración o manipulación de los criterios de
validación y confiabilidad de las técnicas e instrumentos psicológicos.
1.30. Consideran una falta grave a las normas éticas el falseamiento de los resultados en la utilización de
las técnicas e instrumentos psicológicos.
1.31. Ofrecen, cuando sea pertinente, información al Colegio de Psicólogos de la Provincia de Mendoza,
respecto del mal uso o manejo indebido, por parte de colegas, de los instrumentos o procedimientos
técnicos acreditados de la profesión.
1.32. Utilizan procedimientos científicos y conocimiento profesional actualizado, cuando diseñan y dirigen
investigaciones científicas. Cualquier reserva sobre la validez o la confiabilidad de la evaluación de un
procedimiento, que surge de su aplicación, normas o dominio de referencia, deben indicarlas
explícitamente en el informe que confeccionan.
1.33. Cuando informan sobre sus evaluaciones y acciones profesionales proporcionan las explicaciones
adecuadas de los diagnósticos, pronósticos, resultados, prescripciones y proscripciones. Para ello:
a) Suministran información cuidando que sea comprendida adecuadamente y evitando generar daño,
mayor incertidumbre o confusión.
b) En el caso de niños o jóvenes, especialmente, deben reconocer que éstos tienen la capacidad para
realizar cambios a través del desarrollo. Las etiquetas sobre el estado actual de sus aptitudes, actitudes o
madurez emocional podrían crear estereotipos en ellos e impedir su capacidad futura para madurar. Por
tanto, las psicólogas y los psicólogos respecto del uso de términos técnicos deben hacerlo con la mayor
precaución, particularmente, en el caso de niñas, niños y adolescentes para evitar su estigmatización.
1.34. Se aseguran, cuando se encargan de la formación de otros colegas, que los programas de
educación y entrenamiento se diseñen de manera competente y reúnan los requisitos éticos, teórico-
prácticos para el otorgamiento de títulos, grados, certificados u otras acreditaciones.
1.35. Se aseguran que haya una descripción clara de las metas, objetivos de entrenamiento y contenidos
en los programas de la formación profesional.
1.36. Se aseguran que los enunciados relativos a los lineamientos y cursos sean precisos, no engañosos,
especialmente, en cuanto a material y temas cubiertos.
1.37. Se esfuerzan al capacitar y enseñar a sus alumnos o discípulos para que adquieran conocimientos,
habilidades, actitudes y aptitudes que les permitan un buen desempeño profesional futuro.
1.38. Reconocen el poder e influencia que ejercen sobre sus estudiantes o alumnos y por lo tanto, evitan
conductas que los humillen o desvaloricen, estableciendo un proceso adecuado de respeto y
retroalimentación.
1.39. Proporcionan formación y supervisión debida para asegurar que las personas o colegas en
formación desempeñen sus servicios en forma ética y competente.
1.40. Evitan participar en actividades en las que se pueda o sea probable que se usen indebidamente sus
conocimientos y/o habilidades profesionales.
2. COMPETENCIA Y AUTOCONOCIMIENTO
Las psicólogas y los psicólogos:
2.1. Alcanzan y mantienen un alto estándar de competencia, actitud y aptitud profesionales, niveles
adecuados de conocimientos y destrezas para poder ejercer adecuadamente la Psicología. Igualmente,
deben estar actualizados en el área de su incumbencia y ejercicio profesional.
2.2. Advierten qué sus propias experiencias, actitudes, cultura, creencias, valores, contexto social,
prejuicios y conflictos personales, pueden influir en sus interacciones con otros e incidir iatrogénicamente
en su trabajo.
2.3. Cuando ofrecen sus servicios, ejercen, enseñan, investigan y difunden la Psicología se basan en un
cuerpo de conocimientos disciplinarios, científicos, válidos y confiables.
2.4. Reconocen los límites de su propia competencia, por lo que proporcionan únicamente los servicios
para los cuales están capacitados y son competentes.
2.5 Se mantienen actualizados acerca de la información científica y profesional en su campo de actividad
y realizan esfuerzos continuos para desarrollar competencia y pericia en las habilidades que emplea.
2.6. Se abstienen de realizar declaraciones públicas que sean engañosas o pseudocientíficas, que se
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presten a malas interpretaciones o a acciones fraudulentas ya sea porque se trate de aseveraciones
directas o enunciados que tergiversen u omitan el estado actual del conocimiento de la Psicología.
2.7. Presentan como acreditación de su trabajo profesional:
a) Solamente los grados o posgrados que haya obtenido en un sistema universitario de gestión estatal o
privada, oficialmente reconocida, legalmente constituida o que cumpla los requisitos de ley.
b) Los títulos otorgados por universidad extranjera, si este fuera el caso, deberán atenerse a la legislación
vigente.
c) La acreditación de matrícula vigente extendida por el Colegio de Psicólogos de la Provincia Mendoza o
según corresponda según la legislación vigente.
2.8. Toman las precauciones fundadas y razonables, en el caso de que den asesoramiento, consejo o
hagan comentarios en a) conferencias públicas, demostraciones, programas de radio o televisión, b)
cintas pregrabadas, artículos impresos, material de correo o redes sociales, c) clases de enseñanza de
grado o posgrado y d) cualquier otro medio de comunicación. Todo ello para asegurarse que:
a) Las declaraciones estén basadas en la literatura y práctica psicológica apropiadas.
b) Las declaraciones sean consistentes con el presente Código de Ética.
2.9. Reconocen que sus problemas psicológicos y conflictos pueden interferir con su efectividad
profesional. En tal sentido, se abstienen de prestar servicios o de llevar a cabo una actividad psicológica
que pudiera perjudicar a un consultante, colega, estudiante, participante en investigación u otra persona
con quien tengan una relación profesional o científica; si es el caso, realizan la derivación
correspondiente.
2.10. Están alertas ante síntomas de trastornos mentales severos, invalidantes para su ejercicio
profesional, evitando malas prácticas.
3. PARTICIPACIÓNACTIVA
Las psicólogas y los psicólogos:
3.1. Asumen que los consultantes o destinatarios de sus servicios deben coparticipar activamente en las
decisiones que podrían afectar su bienestar, proporcionándoles la información adecuada y necesaria.
3.2. Evalúan con sus consultantes o destinatarios los beneficios y daños para que puedan conocer,
apreciar y ponderar las posibles consecuencias de sus decisiones.
3.3. Promueven que niños y jóvenes u otros consultantes vulnerables participen activamente en sus
decisiones, tomando en cuenta sus capacidades, destrezas cognitivas y madurez emocionales.
3.4. Informan a los participantes de sus investigaciones sobre los objetivos y datos pertinentes para que
este conocimiento mejore el sentido de contribución a la investigación y su participación activa en la
misma.
3.5. Adecuan sus intervenciones al contexto socio-cultural del consultante o destinatario, de manera que
éste pueda participar en sus decisiones para su propio beneficio, de su grupo y contexto.
4. VULNERABILIDAD
Las psicólogas y los psicólogos:
4.1. Proporcionan cuidado responsable a las personas que pueden estar en desventaja u oprimidos por
situaciones diversas.
4.2. Reconocen la vulnerabilidad de ciertas personas, familias, grupos, organizaciones, instituciones o
comunidades con las que trabajan actuando apropiadamente con relación a ella.
4.3. Reconocen la importancia de conocer la especificidad de abordajes para trabajar con personas con
capacidades diferentes.
4.4. Reconocen la importancia de brindar apoyo psicológico a personas, grupos, familias, organizaciones,
instituciones o comunidades promoviendo los factores protectores frente a la vulnerabilidad de las
personas con quienes trabajan.
4.5. Se abstienen de aplicar estrategias o técnicas mal empleadas o inadecuadas para el destinatario.
Sus intervenciones se realizarán en un contexto de intervención positiva.
4.6. Toman en cuenta, particularmente, la etapa de desarrollo y procesos particulares de las niñas, niños
y adolescentes con los que trabaja, reconociendo la vulnerabilidad y los derechos de ellos y evitando
cualquier práctica que denigre su persona e identidad en construcción.
4.7. Obtienen el debido consentimiento informado de los padres, tutores y la aprobación de la niña, el
niño o el adolescente cuando se requiere la participación de éstos en una investigación o práctica
psicológica.
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5. INVESTIGACIÓN
Las psicólogas y los psicólogos:
5.1. Asumen la responsabilidad de informar a los participantes en una investigación acerca de las
consecuencias posibles, para que éstos conozcan y consideren los efectos.
5.2. Comunican los hallazgos de la investigación a los participantes de manera que se respete y valore su
contribución.
5.3. Son humanitarios y éticamente viables cuando se valen de animales en una investigación o
enseñanza, además, deben provocar el menor daño posible a los animales de laboratorio. Ningún animal
será sometido a malos tratos ni actos crueles.
PRINCIPIO III
Integridad
PRINCIPIO III INTEGRIDAD
La integridad de las psicólogas y los psicólogos es condición necesaria e indispensable en el desempeño
de su trabajo profesional y debe ser manifestada para conservar la confianza pública de los profesionales
de la Psicología. Las psicólogas y los psicólogos muestran en su ejercicio: precisión y honestidad,
sinceridad y apertura, mínimo prejuicio o sesgo, alta objetividad, evitan conflictos de intereses. El principio
de integridad se relaciona con diversas formas del comportamiento profesional, tales como: no engañar,
no defraudar, no denigrar, no injuriar, no falsear resultados, no emplear títulos que no se posean ni ser
prejuicioso en su desempeño. Las psicólogas y los psicólogos hacen prevalecer la necesidad de proteger
la seguridad psicológica y la confidencialidad individual, familiar, grupal, organizacional, institucional o
social cuidando el delicado equilibrio entre el secreto profesional y el riesgo social o comunitario. Para
ello, comprenden y son conscientes de las circunstancias que rodean su actividad, de sus valores
personales y de cómo éstos afectan sus decisiones, intervenciones, indicaciones y sugerencias. Por lo
tanto, se aseguran que su visión de vida o perspectiva de mundo no interfieran en sus acciones
profesionales. Las psicólogas y los psicólogos aceptan como fundamental el principio de integridad y al
hacerlo, asimilan los siguientes valores asociados:
a) Veracidad, comunicaciones honestas, precisas y abiertas.
b) Confidencialidad, a menos que signifique daño a terceros.
c) Imparcialidad y minimización de sesgos.
d) No explotación a otros para beneficio personal, profesional o financiero.
e) Evitación de conflictos de interés y su expresión cuando sean inevitable.
1. HONESTIDAD
Las psicólogas y los psicólogos:
1.1. Representan digna y adecuadamente su profesión. Evidencian una conducta honesta, veraz y no
participan en actividades ilícitas, engaño, fraude, o tergiversación.
1.2. Demuestran su competencia académica, en cuanto a la educación, experiencia y competencia en
todas sus comunicaciones sean verbales, escritas, impresas, grabadas o digitales.
1.3. Protegen cuidadosamente su título profesional y matrícula velando por el prestigio de su colectivo, es
decir, el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Mendoza para que no sean mal representado.
1.4. Ayudan a sus consultantes o destinatarios a tomar decisiones y opciones adecuadas acerca de la
calidad y del tipo de servicio requerido.
1.5. Se aseguran de que sus afirmaciones o conclusiones estén sustentadas por un estándar de
evidencia razonable disciplinaria. Sus opiniones personales o profesionales deben estar claramente
señaladas como tales.
1.6. Se conducen en forma íntegra, honesta, abierta y cuidan que sus prejuicios no alteren su desempeño
profesional ni afecten negativamente a las personas, familia grupos, organizaciones, instituciones o
comunidades con las que trabaja.
1.7. Son capaces de reconocer la influencia y el alcance de sus marcos o bases teóricas y prácticas en
cualquier opinión profesional que expresen.
1.8. Realizan reportes de evaluaciones y resultados de investigaciones de forma precisa, completa y
clara, de manera que fomenten la comprensión del destinatario.
1.9. Toman medidas razonables para corregir equívocos en sus apreciaciones, tan rápido como sea
posible, si hacen informes que luego se comprueban que son incorrectos. Asimismo, deben asumir la
responsabilidad correspondiente del caso.
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1.10. Reconocen en sus publicaciones a los autores o fuentes de ideas, informaciones o conocimiento.
1.11. Se abstienen de presentar como propios los trabajos que no han realizado. El plagio es inaceptable
y merece sanción.
1.12. Se esfuerzan por cumplir todos los compromisos incluidos en cualquier acuerdo verbal o escrito.
1.13. Permiten que la información de los procedimientos realizados esté disponible para los consultantes,
destinatarios o participantes de su trabajo o investigación, siempre que así se lo requieran fundadamente
y preservándose el debido secreto profesional.
2. VALORES PROFESIONALES Y COHERENCIA PERSONAL
Las psicólogas y los psicólogos:
2.1. Tienen conciencia de sus valores, creencias personales y como éstos pueden afectar su labor y su
relación con las personas, familias, grupos, organizaciones, instituciones o comunidad vinculada con su
actividad profesional.
2.2. Son responsables de ser competentes en las áreas profesionales que desarrollan.
3. AUTOCONCIENCIA Y LIMITACIÓN DE LOS PREJUICIOS PERSONALES
Las psicólogas y los psicólogos:
3.1. Evalúan concienzudamente cómo sus experiencias personales, actitudes, valores, contexto social,
diferencias individuales, tensiones y formación específica podrían influir o interferir en sus actividades y
desempeño profesionales.
3.2. Comunican de manera clara y balanceada, los hechos, opiniones, teorías, hipótesis e ideas,
hallazgos y puntos de vista relacionados con su quehacer profesional.
3.3. Emiten sus opiniones profesionales de modo responsable, permitiendo su adecuación, revisión y
ajuste en el marco de sus relaciones laborales.
3.4. Son responsables de generar y mantener un encuadre profesional apropiado en toda relación que
brinde sus servicios. Por consiguiente, explicitan su rol, objetivos, metodología y responsabilidades a las
personas con quienes trabajan manteniendo límites profesionales precisos.
4. CONFLICTOS DE INTERESES
Las psicólogas y los psicólogos:
4.1. Son conscientes de su influencia respecto de sus destinatarios y se abstienen de satisfacer intereses
personales que pudieran vulnerar los derechos de aquéllos.
4.2. Evitan actuar de forma que satisfagan sus propios beneficios personales, políticos, económicos a
expensas de los intereses del consultante, familia, grupo, organización, institución o comunidad.
4.3. Evitan establecer relaciones que desvíen o interfieran los objetivos por los que fueran requeridos sus
servicios.
4.4. Se abstienen de establecer relaciones duales, es decir, en las que un profesional mantiene otro tipo
de relación con el consultante o destinatario que no sea la específica de la profesión y pueda representar
un conflicto de intereses.
4.5. Prescinden, en la contraprestación de sus servicios, de la aceptación, persuasión o instigación de
donación de bienes, dinero u objetos de valor tal que ello sea desproporcionado al servicio prestado y
puede generar distorsión de la relación profesional.
4.6. Cuando brindan servicios a personas, familias, grupos, organizaciones, instituciones o comunidades
que tienen relación entre sí aclaran debidamente los roles, los objetivos, las funciones y los límites de la
confidencialidad profesionales.
4.7. No se involucrarán sexualmente con los consultantes o destinatarios de sus prácticas profesionales.
4.8. No se involucran con consultantes o destinatarios con los que han mantenido previamente un vínculo
de cualquier índole si esto afecta de manera negativa el servicio prestado o vulnera a la persona.
5. FRANQUEZA Y APERTURA
Las psicólogas y los psicólogos:
5.1. Son claros y auténticos para comunicar la información relacionada con sus prácticas profesionales y
que es necesaria para establecer el consentimiento informado, o en cualquier forma de acuerdo escrito o
no escrito.
5.2. Dan información adecuada sobre los resultados y hallazgos de evaluaciones e investigaciones a las
personas involucradas, si es apropiada y debidamente solicitada. La comunicación de dicha información
la formulan en un lenguaje claro y. asequible.
5.3. Respetan todos los compromisos asumidos incluidos en cualquier acuerdo verbal o escrito.
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5.4. Comunican y dejan en claro cuando realizan declaraciones a título personal o se desempeñan como
miembros de organizaciones o grupos específicos.
5.5. Fomentan y no interfieren en el intercambio abierto y crítico de conocimientos, técnicas, métodos y
teorías psicológicas.
6. CONFIANZA EN LA DISCIPLINA DE LA PSICOLOGÍA
Las psicólogas y los psicólogos:
6.1. Conocen y acatan las normas y regulaciones de la profesión.
6.2. Se familiarizan con los estándares de su disciplina y demuestran compromiso para mantenerlos y
desarrollarlos.
6.3. Consultan con colegas, comités o grupos calificados si en su quehacer se enfrentan con situaciones
de complejidad y riesgo.
7. RESPONSABILIDAD EXTENDIDA
Las psicólogas y los psicólogos:
7.1. Motivan e incentivan a sus colegas para que conozcan y respeten el presente Código de Ética.
7.2. Son co-responsables en las actividades científicas y profesionales de sus asistentes, empleados,
supervisados, estudiantes y personas en entrenamiento,
respecto al acatamiento de los principios de este Código de Ética.
PRINCIPIO IV
COMPROMISOYRESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y CIENTÍFICA HACIA LA SOCIEDAD
PRINCIPIO IV
PRINCIPIO DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL Y CIENTÍFICA HACIA LA
SOCIEDAD
Las psicólogas y los psicólogos actúan responsablemente dentro del contexto de la sociedad. Sus
responsabilidades incluyen contribuir tanto al conocimiento acerca del comportamiento y procesos
mentales humanos, como a la comprensión de las personas utilizando este conocimiento en beneficio y
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de las personas, las familias, los grupos, las
organizaciones, las instituciones y las comunidades. Las psicólogas y los psicólogos aceptan como
fundamental el principio de compromiso y responsabilidad profesional y científica hacia la sociedad y los
siguientes valores asociados
a) La responsabilidad de incrementar el conocimiento científico y profesional para promover el bienestar
psicológico de la sociedad.
b) La responsabilidad de la disciplina de conducir sus actividades de modo tal que se promueva la salud
mental en la sociedad y la de todos sus miembros.
c) La responsabilidad de capacitar y formar ética, actitudinal y técnicamente a otros colegas o estudiantes
de Psicología.
d) La responsabilidad de desarrollar la conciencia y sensibilidad éticas al servicio de la diversidad, las
libertades individuales e integración social, promoviendo la actitud racional y crítica.
1. RESPONSABILIDADES PROFESIONALES Y CIENTÍFICAS CON LA SOCIEDAD
Las psicólogas y los psicólogos:
1.1. Se mantienen informados, involucrados y comprometidos con los temas cruciales y sociales de su
cultura.
1.2. Cuando intervienen en temas sociales, se manifiestan en forma consistente y en consonancia con los
cuatro principios y valores asociados del presente Código de Ética.
1.3. Rechazan acuerdos o contratos que contravengan los principios, valores, lineamientos y normas del
presente Código de Ética y que, consecuentemente, afecten a la comunidad o parte de ella.
1.4. Son cuidadosos al informar los resultados del trabajo realizado, de modo que no puedan ser
malinterpretados o utilizados en forma inadecuada para formular o desarrollar una política social o de
salud mental empobrecedora, limitadora o nociva.
1.5. Son responsables de manifestarse, denunciar o actuar de manera consistente con los principios y
valores de este Código, si consideran que las políticas, las prácticas o las regulaciones de las estructuras
sociales dentro de las cuales trabajan, ignoran o contravienen el bienestar psicológico de la sociedad.
1.6. Se abstienen de participar en investigaciones, prácticas o cualquier tipo de publicidad que
promuevan o estén diseñadas para ser utilizadas en la tortura de personas, la violación de la intimidad, la
destrucción del medio ambiente o cualquier otro acto que contravenga los derechos humanos
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universales.
1.7. Ayudan a los estudiantes y graduados a adquirir una comprensión plena de las responsabilidades
éticas profesionales y de las competencias necesarias en las áreas seleccionadas.
1.8. Contribuyen al bienestar general de la sociedad mejorando la accesibilidad de los servicios de salud
para todas las personas, independientemente de su capacidad económica y sin discriminación de
ninguna índole.
1.9. Utilizan sus conocimientos científicos al servicio de la integración social de las minorías y del respeto
por la diversidad y las libertades individuales.
2. BENEFICIO Y RESPETO POR LA SOCIEDAD
Las psicólogas y los psicólogos:
2.1. Son conscientes de las estructuras, códigos y costumbres de las sociedades o comunidades en
donde realizan su trabajo y se aseguran de que el conocimiento se aplique con el propósito de desarrollar
estructuras sociales y políticas en beneficio psicológicos de las mismas o de sus partes.
2.2. Adquieren el conocimiento suficiente acerca de la cultura y las costumbres de la sociedad o
comunidad antes de iniciar cualquier intervención psicológica importante; para ello obtienen información
relevante de los miembros referentes de la sociedad o la comunidad.
2.3. Solicitan, cuando reconocen sus limitaciones para la aplicación de conocimientos, el asesoramiento
necesario para que sus intervenciones y formación profesionales sean pertinentes y concordantes con las
costumbres y la cultura de las personas, familias, grupos, organizaciones, instituciones o comunidad con
las cuales trabajan.
2.4. Conocen y cumplen con las leyes y reglamentaciones de la Provincia de Mendoza y de la República
Argentina, especialmente, todo lo que está relacionado con las actividades de su disciplina.
2.5. Reconocen que algunas estructuras o políticas sociales pueden no ser consistentes y/o congruentes
con el principio de respeto a la dignidad de los pueblos y el cuidado responsable e integridad de las
relaciones. Cuando estas inconsistencias son identificadas, las psicólogas y los psicólogos abogan y
defienden los cambios que haya que hacer en las estructuras y las políticas del sistema social para
beneficiarlo.
2.6. Respetan las costumbres imperantes de la comunidad, las prácticas sociales y las expectativas
culturales en sus actividades científicas y profesionales no contraviniendo los principios éticos del
presente código.
2.7. Trabajan, individual y colectivamente, para contribuir al bienestar y evolución general de la sociedad
en forma directa a través de la capacitación, la investigación, la psicoterapia, el psicodiagnóstico, la
psicoprofilaxis, la difusión científica, el asesoramiento de políticas y otras actividades semejantes en pro
de la sociedad donde se nutren e interaccionan.
2.8. Participan en el proceso de evaluación crítica del rol que ocupa la Psicología en la sociedad y en su
desarrollo, aplicando los procedimientos que apoyan los cambios sociales beneficiosos.
2.9. Actúan para modificar las prácticas de las diferentes subdisciplinas de la Psicología que vayan en
detrimento de los cambios y beneficios sociales3.
3. RESPUESTA DE DESEMPEÑO PROFESIONAL Y RESPONSABILIDADES CON LOS COLEGAS Y
SU COLEGIACIÓN
Las psicólogas y los psicólogos:
3.1. Rinden cuentas por su desempeño profesional ante el Colegio de Psicólogos de la Provincia de
Mendoza, a través de su Tribunal de Ética, así como de otras instancias legales, en el caso de que éstas
se lo requieran.
3.2. Desarrollan, promueven y participan en los procesos de rendición de cuentas y procedimientos
relacionados con su trabajo.
3.3. Evitan presentar o alentar denuncias que sean falaces, infundadas o estén destinadas a perjudicar a
la parte demandada, en lugar de proteger a la población. Del mismo modo, no minimizan ni trivializan
supuestas infracciones al presente código de Ética.
3.4. Cumplen con los compromisos asumidos con el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Mendoza y
sus colegas.
3 Se entienden por “prácticas nocivas” aquellas acciones profesionales que van en contra de los
derechos humanos y constitucionales de las personas individuales, grupos sociales y comunidades.
MENDOZA, DICIEMBRE 2013
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Boleto N°: 4132368 Importe: $ 3576
26/12/2017 (1 Pub.)
(*)
JUZGADO DE FAMILIA, DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL A CARGO DE LA DRA.
MARIA INÉS FERNÁNDEZ- CONJUEZ.-SECRETARIA: DRA. LAURA SCHMOCKEL, SITO EN CALLE
INTENDENTE MORALES Nº 155. DE GENERAL ALVEAR, MENDOZA; AUTOS Nº 14.148/04,
CARATULADOS “PEREZ ROXANA E. C/ FABIO D. MONTOYA P/ DIVORCIO VINCULAR”
.-RESUELVO :I.-HACER LUGAR A LA INFORMACIÓN SUMARIA Y DECLARAR COMO IGNORADO EL
DOMICILIO DEL SEÑOR FABIO DARIO MONTOYA, D.N.I 20.378.873 Y, EN CONSECUENCIA
ORDENAR QUE TODAS LAS NOTIFICACIONES QUE CORRESPONDAN SE PRACTIQUEN POR VÍA
EDICTAL.-II.-DE LA DEMANDA INTERPUESTA TRASLADO A LA CONTRARIA EL TÉRMINO DE 15
DÍAS (ART.64 DEL CPC) A FIN DE QUE COMPAREZCA, RESPONDA, CONSTITUYA DOMICILIO
LEGAL DENTRO DEL RADIO DEL JUZGADO, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY Y, EN CASO QUE
ESTIME CORRESPONDER ACOMPAÑE CONVENIO REGULADOR.-III.-NOTIFIQUE LA PRESENTE
RESOLUCIÓN Y EL TRASLADO ORDENADO EN EL PUNTO II.-MEDIANTE PUBLICACIÓN DE
EDICTOS POR TRES (3) VECES CON INTERVALOS DE DOS DÍAS EN EL BOLETÍN OFICIAL Y
DIARIO LOS ANDES CUMPLASE. IV.-CUMPLIDA Y ACREDITADA EN AUTOS LA PUBLICACIÓN
EDICTAL ORDENADA UT SUPRA, Y FIRME QUE SE ENCUENTRE LA PRESENTE RESOLUCIÓN,
DÉSE INTERVENCIÓN AL DEFENSOR OFICIAL QUE POR TURNO CORRESPONDA A FIN QUE
ASUMA LA REPRESENTACIÓN DEL DEMANDADO.-FDO: DRA. MARÍA INÉS FERNÁNDEZ-
CONJUEZ.
Boleto N°: 4131606 Importe: $ 216
26-29/12 05/02/2018 (3 Pub.)
(*)
El Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza notifica que en Asamblea General Extraordinaria
celebrada el día 06 de Febrero de 2015 según consta en Acta Nº 5 del Libro de Actas de Asambleas,
resultó aprobado por unanimidad el Reglamento Electoral conforme a lo dispuestos por el Artículo 25º de
la Ley Provincial Nº 8376/11. A continuación se da cuenta de manera expresa de los mismos:
REGLAMENTO ELECTORAL DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE MENDOZA
CAPÍTULO PRIMERO: “Disposiciones Generales”.
Artículo 1º. Derecho del sufragio. El ejercicio de la emisión del sufragio es un derecho– deber profesional
individual, por el cual los colegiados participan directamente en la designación de las autoridades
electivas instituidas por la ley y los reglamentos del Colegio.
Artículo 2º. Características. El sufragio es universal, obligatorio, directo, igual, secreto, libre, personal e
intransferible, conforme los alcances y limitaciones del presente reglamento.
Artículo 3º. Prohibición. Ninguna persona puede obligar al elector a votar de determinada manera,
manifestar su voto, emitir el sufragio por él o impedir que sufrague.
Artículo 4º. Interpretación. En caso de duda o conflicto normativo relativo a la interpretación y/o aplicación
del presente reglamento, debe resolverse en forma favorable a la validez del voto, a la vigencia del
régimen democrático en el que está inspirado y a asegurar la expresión de la auténtica voluntad de los
colegiados, siendo aplicables las normas contenidas en el Código Nacional Electoral.
Artículo 5º. Responsabilidad electoral. La responsabilidad del desarrollo y vigilancia del proceso electoral
corresponde a la Junta Electoral, quien puede requerir la colaboración que estime pertinente a las
autoridades del Colegio, en la forma y términos previstos en el presente reglamento.
CAPITULO SEGUNDO: “Calidad, Deberes y Derechos del Elector”.
Artículo 6º. Electores. Son electores los matriculados colegiados que figuren en el padrón y tengan
abonadas las cuotas de colegiatura hasta el mes inmediato anterior al de realización del acto
eleccionario. Quedan comprendidos, además, quienes hayan suscripto un plan de pagos o moratoria y se
encuentren al día en el pago de las cuotas del mismo.
Artículo 7º. Prueba. La calidad de elector se prueba por la inclusión del mismo en el padrón electoral.
Artículo 8º. Inhabilitados. No poseen calidad de electores quienes se encuentren suspendidos en la
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matricula por cualquier causa.
Artículo 9º. Procedimiento para las inhabilitaciones. Las inhabilitaciones las determina la Junta Electoral
de oficio o por denuncia de cualquier elector. Las autoridades del Colegio que dispongan la suspensión
en la matrícula, deben notificar esa decisión a la Junta Electoral, con remisión de copia de la parte
resolutiva y la individualización del nombre, apellido, número de matrícula, domicilio, número y clase de
documento de identidad del suspendido.
Artículo 10. Rehabilitación. En caso de que la causa de la suspensión hubiere cesado, el interesado
puede solicitar su rehabilitación ante la Junta Electoral. Esta debe constatar que la causa de suspensión
cesó, en cuyo caso, debe declarar la rehabilitación del colegiado.
Artículo 11. Obligación de votar. Excepciones. Todo elector tiene el deber de votar en todo acto
eleccionario que se realice.
Quedan exentos de esa obligación:
1) Los mayores de setenta (70) años;
2) Los que el día de la elección se encuentren fuera del territorio de la Provincia.
La presente enumeración es meramente enunciativa. La Junta Ejecutiva puede exceptuar de la obligación
de votar a los colegiados que presenten sus justificativos en tiempo oportuno y por razones distintas a las
enumeradas.
Artículo 12. Lugar de votación. El elector debe emitir su voto en el/los lugar/es que designe la Junta
Electoral.
Artículo 13. Sanción por no votar. El incumplimiento del deber de votar sin causa justificada hace pasible
al infractor de una multa cuyo monto es establecido por el Consejo Directivo. A fin de evitar la imposición
de la sanción, el elector debe presentar la justificación del incumplimiento dentro de los sesenta (60) días
de efectuado el comicio.
Artículo 14. Documentos de identidad. El D.N.I., la libreta cívica y la libreta de enrolamiento, y en adelante
la documentación que disponga la legislación vigente, son los únicos documentos que acreditan identidad
a los fines de este reglamento, tanto para la inscripción en el padrón correspondiente, como para la
emisión del voto.
CAPÍTULO TERCERO: “De los Actos Preelectorales y de la fecha de la elección”
Artículo 15. Convocatoria y fecha de la elección. La convocatoria a elecciones es competencia del
Consejo Directivo, mediante el dictado de la pertinente resolución.
Artículo 16. Plazo y forma de la Convocatoria. La convocatoria a elecciones debe hacerse dentro de un
plazo no menor a sesenta (60) días de anticipación al día de la elección. Si el Consejo Directivo no lo
hace en tiempo y forma, la convocatoria debe ser realizada por la Asamblea, mediante resolución tomada
por lo menos con cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la elección. La convocatoria debe expresar:
A) Fecha de la elección y hora;
B) Exhibición de padrones
C) Vencimiento impugnación de padrones
D) Vencimiento resolución de impugnaciones
E) Vencimiento de apelaciones
F) Presentación de listas
G) Plazo impugnación de Lista y/o candidato
H) Vencimiento Plazo resolución de Impugnación
I) Vencimiento Plazo incorporación de apoderados de listas
J) Sorteo de número de listas
K) Vencimiento presentación modelo de boleta para aprobación
L) Oficialización modelo boleta
M) Elecciones
Artículo 17. Distribución de Equipos y Útiles Electorales. La Junta Electoral, con la debida antelación,
debe arbitrar los medios necesarios para disponer de urnas, padrones, formularios, boletas de sufragio,
sobres, papeles especiales, sellos, útiles y demás elementos que deba hacerles llegar al/los presidente/s
de mesa.
Artículo 18. Nómina de Documentos y Útiles. La Junta Electoral debe entregar al/los presidente/s de
mesa las urnas a utilizar el día de la elección. Las mismas deben ser identificadas con un número para
determinar su lugar de destino.
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Las urnas contienen en su interior los siguientes documentos y útiles:
a) Un ejemplar del padrón electoral original para el Presidente de mesa por cada mesa de electores.
b) Acta de apertura de los comicios y acta de cierre de los mismos.
c) Formularios preimpresos para votos recurridos.
d) Formularios preimpresos para conformar el resultado del escrutinio.
e) Formularios preimpresos para incorporación tardía, rotación y reemplazo de autoridades de mesa y
fiscales.
f) Certificados preimpresos para entregar a quienes concurren a votar y así lo soliciten, en los cuales
deberá constar la fecha y lugar de votación, el nombre, DNI y matrícula del elector, la mención si votó o
no y, en su caso, la razón por la cual no pudo efectuar su voto, y la firma del presidente de mesa.
g) Dos (2) hojas tamaño A–4, impresas con el número de la mesa de votación y el apellido y nombre
correspondiente al primer y último elector habilitado en la misma, a efectos de fijarlos en lugar visible para
facilitar a los electores la ubicación de su mesa.
h) Sobres para el sufragio y sobres con la leyenda “Votos Recurridos”.
i) Fajas de seguridad para el cierre de las urnas y para el sellado de las aberturas del cuarto oscuro.
j) Sellos de la mesa, sobres para devolver la documentación, bolígrafos indelebles, papel, cola y otros
útiles que se estimen necesarios, en cantidad que fuera menester.
k) Un (1) ejemplar de este reglamento; y
l) Una (1) gacetilla de instrucciones elaborada por la Junta Electoral. El traslado y entrega de las urnas
debe efectuarse con la anticipación suficiente para que puedan ser recibidas en el lugar en que funciona
la mesa, a la hora de apertura del acto electoral.
CAPITULO CUARTO. “De la Junta Electoral”.
Artículo 19. Designación. Integración. En el mismo acto de la convocatoria a elecciones, el Consejo
Directivo debe convocar a Asamblea Extraordinaria a efectos de designar los miembros de la Junta
Electoral conforme al artículo 44. Inciso i de la Ley 8376. Ésta será integrada por tres (3) miembros
titulares y tres (3) suplentes. Dicha Junta deberá constituirse con una antelación mínima de treinta (30)
días a la fecha fijada de elecciones conforme al artículo 47 de la Ley 8376.
Artículo 20. Atribuciones y Deberes de la Junta Electoral. Decisiones. Sin perjuicio de las atribuciones y
deberes establecidos por esta Resolución, la Junta Electoral debe:
a) Confeccionar y depurar el padrón electoral.
b) Confeccionar y exhibir el cronograma electoral en la Sede del Colegio y sus Delegaciones.
c) Oficializar las listas de candidatos que se presenten y aprobar las boletas de sufragio.
d) Organizar los comicios
e) Designar las autoridades de mesa.
f) Acreditar a los apoderados de lista que se propongan.
g) Resolver las impugnaciones planteadas.
h) Reservar las actas labradas con el número de votantes, los sobres y las urnas con los votos hasta el
escrutinio definitivo.
i) Realizar el escrutinio definitivo.
j) Proclamar las autoridades electas.
k) Fijar y respetar los días y horarios de atención de consultas.
l) Asentar en el Libro de Actas del proceso electoral las acciones desarrolladas.
m) Colocar en lugar visible uno o más carteles que lleven impreso el número de la mesa de sufragio,
consignando el apellido y nombre correspondiente al primer y último elector habilitado en la misma, para
su rápida ubicación.
Decisiones. Las decisiones de la Junta Electoral, cualquiera sea su clase, se toman por el voto de la
mayoría absoluta de los miembros titulares.
Artículo 21. Presupuesto. La Junta Electoral funciona con un presupuesto que designa al efecto el
Consejo Directivo. Con ese presupuesto la Junta debe atender el costo de los honorarios de sus
miembros titulares y los gastos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Dicho presupuesto
debe ser comunicado a las personas propuestas para integrar la Junta Electoral en oportunidad de la
aceptación de sus cargos. En ese momento, las personas propuestas como miembros pueden sugerir a
la Junta de Gobierno la modificación del mismo.
Artículo 22. Ejecución del Presupuesto. La ejecución del presupuesto se hace conforme la normativa
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institucional de la administración del Colegio.
Artículo 23. Ampliación del presupuesto. Por motivos extraordinarios que deben acreditarse y justificarse
de manera pormenorizada, la Junta Electoral puede solicitar una ampliación de su presupuesto. En caso
de que dicho pedido sea denegado, los miembros del Consejo deben cumplir igualmente sus funciones
con el presupuesto originalmente asignado.
CAPITULO QUINTO: “Del Padrón Electoral”.
Artículo 24. Padrones. La Junta Electoral es la responsable de la confección e impresión de los padrones
provisorios y definitivos. En el padrón deben figurar todos los matriculados en el Colegio de Psicólogos de
la Provincia de Mendoza que hubiesen formalizado su inscripción hasta sesenta (60) días antes del acto
eleccionario.
Artículo 25. Contenido del padrón provisorio. El padrón provisorio debe contener los siguientes datos:
número de matrícula, nombre, apellido y número de DNI del elector, la mención si está o no habilitado
para votar y una columna de observaciones.
Artículo 26. Exhibición de padrones provisorios. La Junta Electoral debe disponer que los padrones
provisorios a que se refiere el artículo anterior tengan publicidad en la página web del Colegio, con
resguardo de seguridad a fin de impedir su vulnerabilidad. Asimismo, con una anticipación mínima de
veinte (20) días a la fecha del comicio, la Junta Electoral debe disponer la exhibición de los padrones
provisorios impresos en papel, en la sede del Colegio y en sus Delegaciones si las hubiera. Además, los
padrones provisorios deben ser distribuidos en soporte digital u óptico, a todas las listas de candidatos
reconocidas en el mismo momento en que las mismas se reconozcan.
Artículo 27. Reclamo de electores. Plazos. Los electores que por cualquier causa no figuren en los
padrones provisorios o estuviesen anotados erróneamente, tienen derecho a reclamar su inclusión o
corrección ante la Junta Electoral hasta 48 horas antes de la impresión de los padrones definitivos. El
reclamo debe formularse por escrito, personalmente o por carta certificada con aviso de recepción,
adjuntando prueba suficiente para que se subsane la omisión o el error. La Junta Electoral debe resolver
el reclamo el mismo día de su recepción.
Artículo 28. Procedimiento para la eliminación de electores. Durante los tres (03) primeros días de
exhibición de los padrones provisorios, cualquier elector, puede pedir que se eliminen los electores
incluidos indebidamente. La Junta Electoral debe otorgar al elector del cual se pretende su exclusión del
padrón la posibilidad de ejercer su descargo u opinión respecto de la petición, dentro de los dos días de
recibida la petición. El mismo día en que se ejerza dicho descargo u opinión o el día del vencimiento del
plazo para ejercerlo, la Junta Electoral debe resolver la petición en el término de dos días contados a
partir de su recepción.
Artículo 29. Padrón definitivo. Los padrones provisorios de electores depurados constituyen el padrón
electoral definitivo. El mismo debe imprimirse siete (7) días antes de la fecha de la elección. El padrón
provisorio que sirvió para anotar las correcciones y reclamos debe archivarse en la Junta Electoral.
La Junta Electoral debe publicar el padrón definitivo en la página web del Colegio, con resguardo de
seguridad a fin de impedir su vulnerabilidad. Asimismo, con una anticipación mínima de siete (7) días a la
fecha del comicio que se hubiera convocado, la Junta Electoral debe disponer la exhibición del padrón
electoral definitivo impreso en papel en la sede central del Colegio y en las delegaciones. Para el caso de
electores inhabilitados por cualquier clase de deuda al Colegio, podrán solicitar su habilitación hasta el
mismo día del comicio, abonando de contado efectivo su deuda. Hasta el día anterior el matriculado
podrá solicitar su habilitación suscribiendo plan de pago. Para ello, es imprescindible que estén incluidos
en el padrón definitivo, aunque con la mención de inhabilitado. Regularizada su situación, la Junta los
habilitará para ejercer su voto.
Artículo 30. Impresión de ejemplares definitivos. La Junta Electoral dispone la impresión de los
ejemplares del padrón electoral definitivo que sean necesarios para las elecciones. En el padrón definitivo
se incluirá, además de los datos requeridos en el artículo 30, una columna para anotar la emisión del
voto. Dicha anotación se efectuará con la consignación de la palabra “votó”. En el encabezamiento de
cada uno de los ejemplares debe figurar, con caracteres sobresalientes, la sede o la delegación y la mesa
correspondiente. El padrón electoral definitivo es autenticado por la Junta Electoral.
Artículo 31. Distribución de ejemplares. EL padrón electoral definitivo y autenticado se distribuye en
soporte papel, digital u óptico, de la siguiente forma:
1) Un ejemplar a cada Mesa.
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2) Un ejemplar a la Delegación si la hubiere
3) Un ejemplar a cada una de las listas de candidatos reconocidas que participen de la elección.
4) Un ejemplar a la Junta Electoral.
Artículo 32. Plazo para subsanar errores u omisiones. Los electores están facultados para solicitar, hasta
cinco (05) días antes del acto comicial, que se subsanen los errores u omisiones existentes en el padrón,
efectuando el reclamo por escrito. La Junta Electoral debe disponer que se tome nota de las
rectificaciones e inscripciones a que hubiere lugar en los ejemplares impresos. Los reclamos que autoriza
este artículo se limitan exclusivamente a la enmienda de errores u omisiones. Ninguna autoridad del
Colegio ni la Junta Electoral puede ordenar la inclusión de electores en los ejemplares impresos por
casos no previstos en este reglamento.
Artículo 33. Tacha de electores inhabilitados. La Junta Electoral debe disponer que sean tachados con
una línea roja, los electores comprendidos en el Artículo 8º de este reglamento, en los ejemplares del
padrón que se distribuyen, agregando además la palabra “Inhabilitado” y el artículo e inciso de la
resolución que establezca la causa de la inhabilidad.
CAPITULO SEXTO: “Del Sistema Electoral”.
Artículo 34. Sistema de lista.
a) Los electores votan una lista de candidatos que se identificará con un número y nombre oficializada
cuyo número de candidatos será igual a la de los cargos a cubrir.
b) Si la lista de candidatos fuese para el Consejo Directivo y para el Tribunal de Ética, estos cuerpos
deberán estar separados por una línea vertical a efecto de que los electores puedan realizar el corte.
CAPITULO SEPTIMO: “Candidatos y Oficialización de listas”.
Artículo 35. Requisitos para ser candidato. Para ser candidato a Consejo Directivo o al Tribunal de Ética
se requiere el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 29 y 38 de la Ley 8376 respectivamente.
En todos los casos, el candidato no debe estar cumpliendo sanción disciplinaria o penal. Deben, además,
estar al día con el pago de sus obligaciones en relación a la matrícula,
hasta el mes inmediato anterior a la fecha de oficialización de la lista. Se considera que no está al día con
la matrícula quien se encuentra pagando deuda pasada en la modalidad de plan de pago, por más que
las cuotas del mismo estén siendo abonadas al día.
Artículo 36. Incompatibilidades. No pueden ser candidatos:
a) Los miembros de la Junta Electoral.
Artículo 37. Oficialización de listas. La oficialización de las listas de candidatos debe solicitarse a la Junta
Electoral mediante los formularios que ésta designe al efecto. Dicha presentación puede efectuarse hasta
siete (7) días antes de la fecha del comicio. En el término de 48 horas de recibidas las presentaciones, la
Junta Electoral debe comunicar a todas las listas la nómina de candidatos, entregando a cada lista copia
de las presentaciones de las otras listas.
Artículo 38. Impugnaciones. Las impugnaciones a las listas, candidatos y/o avalistas, se realizan ante la
Junta Electoral por escrito fundamentado. El plazo para impugnar es de 24 horas de efectuada la
publicación o de recibida la comunicación que ordena el artículo anterior.
Recibida la impugnación, la Junta Electoral debe notificarla, en el término de 24 horas, a la lista y/o
candidato del cual se pretende su impugnación a los fines de que ejerza su descargo en el término de 24
horas contados desde la recepción de la notificación. Ejercido el descargo, la Junta resolverá la
impugnación en el término de 24 horas.
Sin perjuicio de las impugnaciones que puede efectuar cualquier matriculado, la Junta Electoral debe
revisar de oficio los antecedentes de los candidatos al solo efecto de determinar si reúnen los requisitos
establecidos en éste Reglamento y resolver su aceptación o rechazo. Dicha resolución debe ser
notificada a cada una de las listas de candidatos.
La Resolución de aceptación o rechazo es impugnable ante la misma Junta. En caso de impugnación, la
Junta Electoral debe resolver en el término de 24 horas de recibida la misma.
Si de una lista son rechazados más del cincuenta por ciento (50%) de los candidatos, la lista se tiene por
no presentada.
Si los rechazos fueren menos del veinticinco por ciento (25%) de la lista, pueden ser sustituidos por otros
candidatos que cumplan con los requisitos, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al rechazo.
Los nuevos candidatos deberán reunir los requisitos exigidos no siendo necesario un aval para los
mismos.
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En los casos de sustituciones y por única vez, la Junta Electoral debe resolver sobre el cumplimiento de
los requisitos dentro de las 24 horas siguientes. Si rechazare a uno solo de los sustitutos, la lista se
tendrá por no presentada.
Los trámites de oficialización son públicos para cualquiera de los matriculados. El procedimiento de
aceptación o rechazo de los candidatos se sigue de oficio.
La Junta Electoral, vencido los plazos de impugnaciones o resueltas las mismas, debe labrar el acta
dejando constancia de las listas presentadas y las que resulten oficializadas.
CAPITULO OCTAVO: “Apoderados y Fiscales de las listas”
Artículo 39. Apoderados de las listas. Las listas de candidatos reconocidas deben designar hasta dos
apoderados generales y un suplente que actúa sólo en caso de ausencia o impedimento de uno de los
titulares. Dichos apoderados son los representantes de las listas a todos los fines establecidos por este
Reglamento. Cualquier modificación en la designación de los apoderados titulares o del suplente debe
ser comunicada de inmediato a la Junta Electoral.
Artículo 40. Fiscales generales y fiscales de mesa de las listas. Las listas que se presentan a la elección,
pueden nombrar fiscales para que los representen ante las mesas receptoras de votos. También pueden
designar hasta dos fiscales generales con idénticas facultades, estando habilitados para actuar
simultáneamente con el fiscal acreditado ante cada mesa. La misión de estos auxiliares de los comicios
es la de fiscalizar el mismo y formalizar los reclamos que estimen correspondientes en defensa de la lista
que representan. Salvo lo dispuesto con referencia al fiscal general, en ningún caso se permite la
actuación simultánea en una mesa de más de un fiscal por lista. Las listas deben comunicar a la Junta
Electoral la nómina de fiscales generales, al menos dos (2) días antes de los comicios con indicación
clara de apellido, nombre, número de documento de identidad y número de matrícula, de cada uno de
ellos.
Artículo 41. Requisitos para ser fiscal. Los fiscales de mesa y fiscales generales deben estar matriculados
en el Colegio y tener la cuota de la matrícula al día.
Artículo 42. Otorgamiento de poderes a fiscales. Los poderes de los fiscales de mesa y fiscales generales
son otorgados por el apoderado de la lista y deben contener nombre y apellido completo, número de
documento de identidad, número de matrícula, indicación de la lista a la que representan y firma al pie del
instrumento del apoderado que lo otorga. Estos poderes deben ser presentados a los presidentes de
mesa para su reconocimiento en la apertura de los comicios.
CAPITULO NOVENO: “De la Boleta de Sufragio”
Artículo 43. Confección. Oficializadas las listas de candidatos, la Junta Electoral debe ordenar la
confección de un modelo de boleta de sufragio, cuyo diseño y características deben respetar las
especificaciones establecidas en los artículos siguientes.
Artículo 44. Sorteo. La Junta Electoral determina el número de cada lista y el orden de precedencia de las
boletas de cada lista en el cuarto oscuro por sorteo. El sorteo podrá ser efectuado en presencia de los
apoderados de cada una de las listas.
Artículo 45. Diseño de las Boletas. Las boletas deberán medir 52,5 mm. Por 74,25 mm. por cada cuerpo
de boleta. Si cualquier lista presentara candidatos a Consejo Directivo y a Tribunal de Ética la boleta
deberá medir en consecuencia 105 mm. por 74,25 mm.. La boleta tendrá un encabezado de 20 mm. en
donde ira impreso el nombre de la Lista, el número de la misma y la categoría de candidatos.
Artículo 46. Aprobación de las boletas. Elaborado el modelo de boleta de sufragio, la Junta Electoral lo
pondrá en conocimiento y consideración de los apoderados de las listas y fijará una audiencia a los fines
de receptar las observaciones que formulen las listas participantes, las que son resueltas previa vista al
observado. No existiendo observaciones o resueltas las formuladas, la Junta Electoral debe aprobar el
modelo propuesto y mandar a imprimir la boleta de sufragio oficializada.
Artículo 47. Publicidad. La Junta Electoral debe hacer publicar en la página web del Colegio los facsímiles
de las boletas de sufragio.
Artículo 48. Impresión y entrega a las listas. La impresión de las boletas de sufragio, es potestad
exclusiva de las listas que participen de la elección, la que debe adoptar las medidas de seguridad para
garantizar la autenticidad de las mismas. Se imprimirán en blanco y negro y en un papel de por lo menos
75 gramos por metro cuadrado.
CAPITULO DÉCIMO: “Del Acto Electoral”
Artículo 49. Mesas. La Junta Electoral debe instalar las mesas receptoras de los votos en los domicilios
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donde se deba llevar a cabo el comicio. Se designan dos (2) presidentes por cada mesa, uno titular y otro
suplente, los que pueden turnarse en el desempeño de la tarea. Los presidentes actuarán uno por vez, no
pudiendo actuar en conjunto.
Artículo 50. Autoridades de mesa. Cada mesa electoral tiene como máxima autoridad a su presidente.
Los presidentes de las mesas receptoras de votos actúan con entera independencia de toda autoridad y
no deben obedecer orden alguna que les impida el ejercicio de sus funciones.
Artículo 51. Requisitos. Los presidentes de mesa deben reunir los siguientes requisitos para el
desempeño de esta función:
1) Ser elector hábil.
2) No ser candidato en esa elección.
Artículo 52. Designación de las autoridades. La Junta Electoral, con antelación no menor de quince (15)
días a la fecha prevista para los comicios, debe efectuar el nombramiento de los presidentes para cada
mesa. Las notificaciones de la designación se realizan por correo.
Artículo 53. Capacitación. La Junta Electoral puede organizar el dictado de cursos de capacitación para
todos aquellos que sean nombrados como presidentes de mesa, a fin de garantizar una sólida formación
en la interpretación y aplicación de este Reglamento.
Artículo 54. Excusación, excepciones y justificación. La excusación de quienes resulten designados se
formula dentro de los tres (3) días de notificados y únicamente pueden invocarse razones de enfermedad
o de fuerza mayor, debidamente justificadas, o estar incurso en alguna causal de inhabilitación, de las
previstas en el artículo ocho (8) del presente reglamento. Transcurrido este plazo sólo pueden excusarse
por causas sobrevinientes, las que son objeto de consideración especial por la Junta Electoral.
Artículo 55. Obligaciones del presidente de mesa. El presidente de mesa debe estar presente en el
momento de la apertura y clausura del comicio, siendo sus obligaciones las siguientes:
1) Comprobar la autenticidad de los poderes o credenciales de los fiscales de las listas de candidatos.
2) Elaborar y firmar el acta de apertura, en la que constará el número de mesa, lugar, fecha y hora del
funcionamiento de la mesa, nombre y apellido de los miembros presentes y de los fiscales de las listas.
3) Constatar que la Junta Electoral haya colocado en lugar visible uno o más carteles que lleven impreso
el número de la mesa de sufragio, consignando el apellido y nombre correspondiente al primer y último
elector habilitado en la misma, para su rápida ubicación.
4) Verificar si el recinto reservado para cuarto oscuro reúne las condiciones de seguridad y garantía para
que el elector emita su voto.
5) Decidir en el acto todas las reclamaciones, consultas y dudas que se susciten, manteniendo el orden
en el recinto donde se sufraga y, en su caso, recurrir a los agentes de seguridad para expulsar, sin
perjuicio de las sanciones de la ley, a toda persona que realice cualquier acto o hecho que viole la
libertad, pureza y garantía del sufragio.
6) Verificar que los votantes depositen sus respectivas boletas en la urna correspondiente.
7) Hacer constar en las actas correspondientes las protestas de los apoderados o fiscales de las listas.
8) Practicar el escrutinio de mesa.
9) Toda otra tarea que contribuya a velar por el correcto y normal desarrollo del acto electoral.
Al reemplazarse entre sí las autoridades dejan constancia escrita de la hora en que toman y dejan el
cargo, a cuyo fin deben labrar el acta correspondiente en el formulario pre impreso.
Artículo 56. Procedimientos a seguir. El presidente de mesa debe:
1) Recibir la urna y los padrones.
2) Quitar de la urna todos los elementos que contenga.
3) Cerrar la urna poniéndole la faja de seguridad de tal manera que no impida la introducción del sobre
que contiene la Boleta de Sufragio, el cual debe ser firmado por el presidente de mesa. También podrá
ser suscripto por los fiscales de las listas.
4) Habilitar un recinto para instalar la mesa y sobre ella la urna.
5) Habilitar otro recinto inmediato a la mesa, o bien un espacio cerrado por un biombo o tabique en el
recinto donde se encuentre la mesa receptora, de fácil y único acceso, para que los electores coloquen la
boleta dentro del sobre en absoluto secreto. Este recinto, que se denomina “Cuarto Oscuro”, no debe
tener más de una puerta utilizable, que sea visible para todos, debiéndose cerrar y sellar las demás
aberturas que tuviere, en presencia de los fiscales de las listas.
6) Colocar sobre la mesa un ejemplar del padrón electoral a los efectos del control de la emisión del
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sufragio.
7) Verificar la identidad y los poderes de los fiscales de las listas que han asistido.
8) Controlar la emisión del sufragio consignando la palabra “votó” en la columna de observaciones.
Artículo 57. Carteles, inscripciones o insignias. Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro carteles,
inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes que esta resolución no autorice expresamente, o
elemento alguno que implique una sugerencia a la voluntad del elector.
Artículo 58. Apertura del acto. A la hora ocho (08:00) el presidente de mesa declara abierto el acto
electoral y labra el acta pertinente, llenando los claros del formulario impreso. El acta de apertura debe
ser suscripta por el presidente de mesa y los fiscales de las listas. Si alguno de ellos no está presente o
no hay fiscales nombrados o se niegan a firmar, el presidente de mesa consigna tal circunstancia
testificada por dos (2) electores presentes que firman juntamente con él.
Artículo 59. Emisión del Sufragio Procedimiento. Una vez abierto el acto, los electores se apersonan al
presidente de mesa por orden de llegada, exhibiendo su identificación.
Artículo 60. Discrepancia de datos. Cuando por error de impresión, alguna de las menciones del padrón
no coincida exactamente con la de su documento de identidad, el presidente de mesa no puede impedir
el voto del elector si existe coincidencia en las demás constancias. En estos casos se anotan las
diferencias en la columna de observaciones. Si por deficiencia del padrón, el nombre del elector no
corresponde exactamente al de su documento de identidad, el presidente de mesa admite el voto siempre
que, examinados debidamente el número y tipo de ese documento, clase y domicilio, sean coincidentes
con los del padrón. Tampoco se debe impedir la emisión del voto cuando:
1) El nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de alguno o algunos datos relativos al
documento de identidad.
2) Falte la fotografía del elector en el documento, siempre que conteste satisfactoriamente el
interrogatorio minucioso que le formule el presidente de mesa sobre los datos personales y cualquier otra
circunstancia que tienda a la debida identificación.
Artículo 61. Inadmisibilidad del voto. No le es admitido el voto al elector cuando no figure en el padrón
electoral.
Ninguna autoridad puede ordenar al presidente de mesa que admita el voto de un colegiado que no figura
inscripto en los ejemplares del padrón electoral, excepto en los casos expresamente previstos en este
Reglamento.
Artículo 62. Verificación de la identidad del elector. Comprobado que el documento de identidad
presentado pertenece al mismo colegiado que aparece registrado como elector, el presidente de mesa
procede a verificar la identidad del compareciente con las indicaciones respectivas de dicho documento.
Ante cualquier discrepancia u objeción escucha sobre el punto a los fiscales de las listas y al Asesor
letrado de la Junta Electoral.
Artículo 63. Derecho a interrogar al elector. Quien ejerce la presidencia de la mesa, por iniciativa propia o
a pedido de los fiscales, tiene derecho a interrogar al elector sobre las diversas referencias y anotaciones
del documento de identidad.
Artículo 64. Impugnación de la identidad del elector. El presidente de mesa o los fiscales tienen derecho a
impugnar el voto del compareciente cuando a su juicio haya falseado su identidad. En esta alternativa se
debe exponer concretamente el motivo de la impugnación, labrándose un acta firmada por el presidente
de mesa y el o los impugnantes, tomándose nota sumaria en la columna de observaciones del padrón.
Artículo 65. Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación, el presidente de mesa lo
hace constar en el sobre correspondiente. De inmediato anota el nombre, apellido, número y tipo de
documento de identidad, número de matrícula y firma el formulario. Luego coloca ese formulario dentro
del mencionado sobre, que entrega abierto al elector y lo invita a pasar al cuarto oscuro. El elector no
puede retirar del sobre el formulario; si lo hace constituye prueba suficiente de verdad de la impugnación,
salvo acreditación en contrario.
Artículo 66. Entrega del sobre. Si la identidad no es impugnada, el presidente de mesa entrega al elector
el sobre oficial suscripto por él y por los fiscales que quisieren e invita al elector a pasar al cuarto oscuro
para emitir su sufragio.
Artículo 67. Emisión del voto. En el cuarto oscuro, el elector elige la lista de candidatos y la coloca en el
sobre o deja el sobre sin contenido. Luego, deposita dicho sobre en la urna de la mesa.
Artículo 68. Constancia de la emisión del voto. El presidente de mesa procede, inmediatamente, a anotar
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en el padrón de electores de la mesa, a la vista de los fiscales y del elector mismo, la palabra “Votó” en
la columna respectiva en la fila del nombre del sufragante.
Artículo 69. Funcionamiento del Cuarto Oscuro. Inspección. El presidente de mesa examina el cuarto
oscuro a pedido de los fiscales o cuando lo estima necesario con el objeto de cerciorarse que esté de
acuerdo con lo previsto en este Reglamento.
CAPITULO DÉCIMO PRIMERO: “De la Clausura del Acto Electoral”.
Artículo 70. Ininterrupción de las elecciones. Las elecciones no pueden ser interrumpidas y en caso de
serlo por fuerza mayor, se expresa en acta separada el tiempo que haya durado la interrupción y la causa
de ella. En tal circunstancia la Junta Electoral debe suscribir el acta de cada una de las mesas, junto a las
autoridades de mesa y fiscales de las listas que correspondan.
Artículo 71. Clausura de los comicios. El acto electoral finaliza a las dieciocho horas (18:00 hs.), momento
en que el presidente de la Junta ordena que se clausure el acceso a los comicios. El presidente de mesa
debe continuar recibiendo el voto de los electores que estén en el interior del recinto donde se encuentra
la mesa esperando su turno. Concluida la recepción de estos sufragios, el presidente de mesa hace
constar al pie el número de los sufragantes. Este número debe coincidir con el número de sobres
entregados a los electores.
Asimismo asentará las protestas que hayan formulado los fiscales, mediante acta suscripta por todos los
acreditados en la mesa.
Una vez clausurado el comicio, se guardarán en bolsa aparte bajo el rótulo de “Sobrante” los sobres que
no hayan sido utilizados. Luego, se introducirá la bolsa en la urna, junto a la documentación y demás
elementos utilizados para el comicio.
CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO: “Del Escrutinio”
Artículo 72. Calificación de los sufragios. Los sufragios tienen las siguientes categorías:
1) Votos válidos: Los emitidos mediante el procedimiento que ordena este Reglamento.
2) Votos nulos:
a) Los emitidos mediante boletas no oficializadas.
b) Los emitidos mediante boleta oficializada que contenga inscripciones o leyendas de cualquier tipo.
c) Los emitidos con dos o más boletas de sufragios oficializadas de distintas listas de candidatos.
d) Los emitidos mediante boletas destruidas totalmente o, parcialmente de manera que esté destruido el
número de lista y el nombre del candidato.
3) Votos en blanco: Los emitidos mediante sobre sin contenido.
4) Votos recurridos: Aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por algún fiscal presente en la mesa.
En este caso el fiscal debe fundar su pedido con expresión concreta de las causas, que se asientan
sumariamente en formulario especial que provee la Junta Electoral. Ese voto se anota en el acta de cierre
de los comicios como “Voto recurrido” y es escrutado oportunamente por la Junta Electoral, que decide
sobre su validez o nulidad. Todos los votos recurridos se ingresan en el sobre especial identificado con la
leyenda “Votos recurridos”.
5) Votos impugnados: Aquellos en que se ataca la identidad del elector, conforme al procedimiento
establecido en el presente Reglamento y cuyo escrutinio final queda reservado sólo a la Junta Electoral.
Artículo 73. Procedimiento. El presidente de mesa, auxiliado por los fiscales acreditados en la mesa o en
su defecto los apoderados acreditados que los reemplacen, hace el escrutinio ajustándose al siguiente
procedimiento:
1) Abre la urna, de la que extrae todos los sobres y los cuenta, confrontando su número con el de los
sufragantes consignados al pie del padrón. El resultado debe ser igual; en caso contrario, tal
circunstancia debe asentarse en el acta de escrutinio.
2) Verifica que cada sobre esté correctamente rubricado con su firma.
3) Abre los sobres y ordena las boletas por número de lista.
La iniciación de las tareas del escrutinio no puede tener lugar, bajo ningún pretexto, antes de las
dieciocho horas (18:00 hs.), aun cuando hubiera sufragado la totalidad de los electores.
Artículo 74. Acta de escrutinio. Concluida la tarea del escrutinio el presidente de mesa consigna en el acta
de cierre de los comicios lo siguiente:
1) La hora del cierre de los comicios, número de sufragios emitidos, cantidad de sobres no utilizados,
cantidad de votos impugnados, diferencia si la hubiere entre las cifras de sufragios escrutados y la de
votantes señalados en el registro de electores, todo ello asentado en letras y números.
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2) Cantidad de votos, en letras y números, logrados por cada una de las listas de candidatos y en cada
una de las categorías de cargos; el número de votos nulos, recurridos y en blanco.
3) El nombre, tipo y número de documento de los presidentes de mesa y de los fiscales que actuaron en
la mesa.
4) La mención de las protestas que formulan los fiscales sobre el desarrollo del acto electoral y las que
hagan con referencia al escrutinio.
5) La hora de finalización del escrutinio.
El presidente de mesa extiende y entrega a los fiscales que lo soliciten un certificado de escrutinio.
Si los fiscales o alguno de ellos no quieren firmar el o los certificados de escrutinio, se hace constar en los
mismos esta circunstancia.
En el acta de cierre de los comicios se deben consignar los certificados de escrutinios pedidos y quienes
los recibieron, así como la circunstancia de los casos en que no fueron suscritos por los fiscales y el
motivo de ello.
Artículo 75. Guarda de boletas y documentos. Una vez suscripta el acta referida en el artículo anterior y
los certificados de escrutinio que correspondan, se depositan:
a) Dentro de la urna: Los sobres y votos, un certificado de escrutinio y en sobre especial las Boletas
Únicas de Sufragio que no hayan sido utilizadas, y
b) Fuera de la urna: En el sobre especial que remite la Junta Electoral, el padrón electoral con las actas
de apertura y de cierre firmadas, los votos recurridos y los votos impugnados, el que debe ser lacrado,
sellado y firmado por las autoridades de mesa y los fiscales que deseen hacerlo.
Artículo 76. Cierre de la urna y sobre especial. El cierre de la urna se debe realizar colocándose una faja
especial que tape su boca o ranura, cubriéndose totalmente la tapa, frente y parte posterior, que asegura
y firma el presidente de mesa, el suplente y los fiscales que lo deseen. Seguidamente el presidente de
mesa hace entrega inmediata de la urna y del sobre especial indicado en el artículo anterior, en forma
personal, al representante de la Junta Electoral, quien extenderá el recibo correspondiente, con
indicación de la hora.
Artículo 77. Custodia de las urnas y su documentación. La Junta Electoral es responsable de la custodia
de las urnas y su documentación.
CAPITULO DÉCIMO TERCERO: “Del Escrutinio de la Junta Electoral”.
Artículo 78. Plazos. La Junta Electoral resuelve con la mayor celeridad el cumplimiento de las funciones
que se indican en este Reglamento. A los fines de este capítulo, todos los plazos se computan en días
corridos, salvo que expresamente se indique que su cómputo sea en días hábiles.
Artículo 78. Recepción de la documentación. La Junta Electoral recibe todos los documentos vinculados a
la elección que le entregan las autoridades de mesa o las personas indicadas de las Delegaciones si las
hubiera, labrándose acta al respecto suscripta por quien recibe, por quien entrega y por aquellos que
hubieran intervenido en el transporte y/o resguardo de las urnas y de la documentación electoral.
Concentra esta documentación en lugar visible y permite la fiscalización por las listas de candidatos. Acto
seguido, procede al escrutinio provisorio de cada una de las mesas, plasmando los resultados en un acta
de escrutinio provisorio.
Artículo 79. Reclamos y protestas. Durante el día siguiente a la elección, la Junta Electoral recibe las
protestas y reclamos de cualquier matriculado que versen sobre vicios en la constitución y funcionamiento
de las mesas, los que deben ser por escrito fundado y acompañado de las pruebas en que se basan, bajo
pena de inadmisibilidad. Transcurrido ese lapso no se admite reclamo alguno. En igual plazo también
recibe de las listas de candidatos, las protestas y reclamos contra la elección. Las protestas o reclamos
que realicen las listas de candidatos deben cumplir, bajo pena de inadmisibilidad, con las siguientes
formalidades:
1) Ser formulada por el apoderado de la lista impugnante, por escrito firmado.
2) Acompañar copia juramentada del correspondiente certificado de escrutinio de la o las mesas
impugnadas u objetadas, salvo cuando la demostración -de los reclamos o protestas- surjan de los
documentos que obran en la Junta Electoral.
La Junta Electoral, previa vista –por 24 horas– a las listas de candidatos intervinientes en el proceso
electoral, resolverá sobre los reclamos e impugnaciones formuladas en un plazo no mayor de 24 horas.
Artículo 80. Procedimiento para el escrutinio definitivo. Vencido el plazo establecido en el artículo anterior,
la Junta Electoral realizará el escrutinio definitivo, el que debe quedar concluido en el menor tiempo
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posible. A tal efecto se habilitan los días y horas necesarios para que la tarea no tenga interrupción. Para
ello, La Junta recibe la totalidad de las actas de las mesas, labrando un acta donde hará constar los
candidatos electos conforme los votos obtenidos. El proceso de distribución de cargos será el siguiente:
a) Para el Consejo Directivo: los ocho cargos titulares y dos cargos suplentes para la lista que obtenga
más votos por el sistema de lista completa.
b) Para el Tribunal de Ética: los tres cargos titulares y dos suplentes para la lista que obtenga más votos
por el sistema de lista completa.
En caso de igualdad de sufragios entre dos o más listas, debe llevarse a cabo una nueva elección para
las autoridades que correspondan dentro de los treinta (30) días subsiguientes. El escrutinio definitivo se
ajusta, en la consideración de cada mesa, al examen del acta respectiva para verificar:
1) Si hay indicios de que haya sido adulterada.
2) Si no tiene defectos sustanciales de forma.
3) Si viene acompañada de las demás actas y documentos que el presidente de mesa haya producido o
recibido con motivo del acto electoral y escrutinio de la mesa.
4) Si admite o rechaza las protestas.
5) Si el número de electores que sufragaron según el acta, coincide con el número de sobres remitidos
por el presidente de mesa, verificación que sólo se lleva a cabo en el caso de que medie denuncia de una
lista de candidatos, y.
6) Si existen votos recurridos, los considera para determinar su validez o nulidad, computándolos en
conjunto por circuito electoral.
Realizadas las verificaciones preestablecidas, la Junta Electoral se limita a efectuar las operaciones
aritméticas de los resultados consignados en el acta, salvo que medie reclamo de alguna lista actuante
en la elección.
Artículo 81. Validez. La Junta Electoral tiene por válido el escrutinio de mesa que se refiera a los votos no
sometidos a su consideración.
Artículo 82. Declaración de nulidad. La Junta Electoral declara nula la votación realizada en una mesa,
aunque no medie petición de lista de candidato cuando:
1) No haya acta de cierre de elección de la mesa o certificado de escrutinio firmado por las autoridades
de los comicios.
2) Haya sido maliciosamente adulterada el acta o, a falta de ella, el certificado de escrutinio no cuente
con los recaudos mínimos preestablecidos, y
3) El número de sufragantes consignados en el acta o, en su defecto, en el certificado de escrutinio,
difiera un dos por ciento (2%) o más del número de sobres utilizados y remitidos por el presidente de
mesa.
Artículo 83. Comprobación de irregularidades. A petición de los apoderados de las listas, la Junta
Electoral puede anular la elección practicada en una mesa cuando:
1) Se compruebe que la apertura tardía o la clausura anticipada de los comicios privó maliciosamente a
los electores de emitir su voto.
2) No aparezca la firma del presidente de mesa en el acta de apertura o de clausura o, en su caso, en el
certificado de escrutinio.
Artículo 84. Recuento de sufragios por errores en la documentación. En caso de evidentes errores de
hecho sobre los resultados del escrutinio consignados en la documentación de la mesa o en el supuesto
de no existir esta documentación específica, la Junta Electoral puede no anular el acto comicial y realizar
integralmente el escrutinio con los sobres y boletas enviados por el presidente de mesa.
Artículo 85. Convocatoria a complementarias. SI no se efectuó la elección en alguna o algunas mesas o
se hubiese anulado alguna de ellas, la Junta Electoral puede requerir al Consejo Directivo que convoque
a los electores respectivos a elecciones complementarias, para lo cual es indispensable que al menos
una lista, de las que hayan participado en los comicios celebrados en dicha mesa, lo solicite dentro de los
dos (2) días de sancionada la nulidad o fracasada la elección.
Artículo 86. Votos impugnados. Procedimiento. En el examen de los votos impugnados se procede de la
siguiente manera:
1) De los sobres se retira el formulario previsto en el presente Reglamento para que, después de cotejar
los datos con los existentes en la ficha del elector cuyo voto ha sido impugnado, se informe sobre la
identidad del mismo.
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2) Si la identidad del elector no resultase probada, el voto no es tenido en cuenta en el cómputo. Si
resultase probada, el voto debe ser computado, para lo cual debe consignarse inmediatamente en el
sobre que contiene el sufragio, el número de mesa a la que pertenece.
3) Si el elector ha retirado el formulario, su voto se declara anulado, destruyéndose el sobre que lo
contiene.
4) El escrutinio de los sufragios impugnados declarados válidos por la Junta Electoral, se hace reuniendo
todos los correspondientes a cada circuito electoral y procediendo a la apertura simultánea de los
mismos, luego de haberlos mezclado en una urna o caja cerrada, a fin de impedir la individualización de
la mesa y del votante.
Artículo 87. Cómputo final. La Junta Electoral suma los resultados de las mesas ateniéndose a las cifras
consignadas en las actas, a las que se adicionan los votos que hayan sido recurridos y resulten válidos y
los indebidamente impugnados y declarados válidos, de los que se deja constancia en el acta final.
Finalizadas estas operaciones, la Junta Electoral pregunta a los apoderados de las listas si hay protestas
o impugnaciones contra el escrutinio. No habiendo protestas o después de resueltas las que se
presenten, la Junta Electoral acuerda un dictamen sobre las causas que a su juicio funden la validez o
nulidad de la elección.
Artículo 89. Proclamación de los electos. La Junta Electoral proclama a los que resultan electos conforme
a los incisos a) y b) del artículo 80 del presente Reglamento y les entrega los documentos que acrediten
su condición.
Artículo 90. Destrucción de boletas. En presencia de los apoderados o fiscales de las listas, la Junta
Electoral procede a la destrucción de los sobres y documentación, con excepción de aquéllas a las que
se haya negado validez o hayan sido objeto de algún reclamo, las que deberán conservarse por seis
meses.
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO: “Del Procedimiento Electoral”.
Artículo 91. Resoluciones recurribles. Las resoluciones dictadas por la Junta Electoral son recurribles ante
la misma Junta por vía del recurso de reconsideración. Dicho recurso se interpone ante la Junta Electoral
dentro de las veinticuatro (24) horas de notificada la resolución. La Junta Electoral debe resolver el
recurso en el término de veinticuatro (24) horas.
En caso de que la Junta Electoral resuelva el rechazo del recurso, dicha resolución es impugnable
mediante recurso de apelación ante el Juzgado Electoral de la Provincia. La Junta Electoral resuelve el
otorgamiento o no del recurso de apelación, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. Si no los
concede, queda al interesado la posibilidad de interponer recurso directo o de queja ante el Juzgado
Electoral.
CAPITULO DÉCIMO QUINTO: “Disposiciones Complementarias”
Artículo 92. Modificación de plazos. La Junta Electoral debe cumplir los plazos que establece este
Reglamento. El incumplimiento de los mismos justifica la destitución del cargo a sus miembros, la cual
debe ser solicitada y resuelta por el Consejo Directivo. Sin embargo y debido al carácter de este
procedimiento, la Junta Electoral podrá acotar razonablemente los plazos previstos en este Reglamento,
cuando razones de urgencia, necesidad y/o de fuerza mayor hayan afectado el cronograma vigente y
deba garantizarse el normal desarrollo del proceso electoral a su cargo.
Artículo 93. Aplicación supletoria. En caso de vacío normativo, deben aplicarse supletoriamente las
disposiciones de la ley electoral nacional vigente al momento de la elección.
Artículo 94. Vigencia. La presente resolución entra en vigencia desde la fecha de su aprobación.
Artículo 95. Notifíquese, protocolícese y archívese.-
Mendoza, 06 de febrero de 2015.
Boleto N°: 4132652 Importe: $ 2970
26/12/2017 (1 Pub.)
(*)
Octavo Juzgado de Paz Letrado, autos N° 255.624 “BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ ARGÜELLO
JONATHAN EMANUEL P/ EJECUCION TIPICA (PVE)”. Notifica al Sr. Jonathan Emanuel ARGÜELLO,
DNI 34.438.778 demandado, la siguientes resolución: “Mendoza 27 de septiembre de 2017. - AUTOS Y
VISTOS:… CONSIDERANDO... RESUELVO: I. - Téngase presente lo expuesto respecto del demandado
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JONATHAN EMANUEL ARGÜELLO DNI 34.438.778. II - Aprobar en cuanto por derecho corresponda la
información sumaria rendida en autos. - III. - Declarar como de ignorado domicilio al demandado
JONATHAN EMANUEL ARGÜELLO DNI 34.438.778.- III. - Ordenar se notifique a la demandada por
medio de edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL y DIARIO LOS ANDES, por el término de tres
días, con dos días de intervalo, bajo apercibimiento de ley.- IV. - Efectuada las publicaciones, dése
intervención al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes en turno. NOTIFIQUESE. Fdo.: Dra. Stella Maris
Ontiveros - Juez”. A fs. 25 "Mendoza, 08 de febrero de 2017.- Por presentado, parte y domiciliado.-
Cítese a la parte demandada para que comparezca al juzgado a reconocer la firma puesta al pie del
documento base de la ejecución y su contenido, dentro de los TRES DIAS HABILES posteriores a su
notificación, en horas de audiencia según lo dispuesto por el art. 229 del C-P.C.- NOTIFIQUESE.- s.g.
Fdo: Dra. Dolores Amelia Yamin - Secretario." -
Boleto N°: 4132723 Importe: $ 252
26-29/12 05/02/2018 (3 Pub.)
(*)
NOVENO JUZGADO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia de Mendoza, en autos N° 252.379 “BANCO SANTANDER RIO. S.A. C/ SILVESTRE IGUALDE
JUAN Y OTRO P/ EJECUCIÓN CAMBIARIA” hace saber a la codemandada ROSA FOZATTI DNI
1.428.979 declarada de ignorado domicilio la resolución dictada a fs. 70:” Mendoza, 17 de Noviembre de
2017.Y VISTOS:.... RESUELVO: I. - Aprobar la información sumaria rendida en autos y en consecuencia,
tener a ROSA FOZATTI DNI 1.428.979 por persona de domicilio desconocido a los términos y efectos del
art. 69 del C.P.C. II. - Notifíquese el auto de fs. 20 mediante edictos a publicarse por TRES DÍAS en el
Boletín Oficial y Diario LOS ANDES (art. 68 y 72 inc IV del CPC). Oportunamente, notifíquese al Sr.
Defensor de Pobres y Ausentes en turno. CÓPIESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. Fdo: Dr. Luis Ángel
PLANA ALSINET – Juez”. Asimismo, a fs. 20 el Tribunal proveyó: “Mendoza 08 de Febrero de 2017.
AUTOS Y VISTOS:..... RESUELVO: I. - Por presentado, parte y domiciliado en el carácter invocado y en
mérito a la copia de poder general para juicios acompañado. II. - Ordenar se requiera de pago a los
demandados por el cobro de la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 58/100 ($ 152.345,58.-) que le reclama el actor con más la suma de PESOS
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 00/100 ($ 23.309.-) que se fija provisoriamente para
intereses legales, costos y costas del juicio. En defecto de pago, trábese embargo sobre bienes de
propiedad de los demandados hasta cubrir la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 193.220,00.-) fijada provisoriamente para responder a capital e
intereses y costas del juicio. Facúltese el auxilio de la fuerza pública y allanamiento de domicilio en caso
de ser necesario. Téngase presente a las personas autorizadas a los fines indicados. Cítase a la
demandada para defensa por el término de SEIS DIAS bajo apercibimiento de ley y conmínasela para la
constitución de domicilio legal dentro del radio del Juzgado (arts. 21, 64, 66, 74, 75 y conc. del CPC) Fdo:
Juez Subrogante.
Boleto N°: 4132784 Importe: $ 396
26-29/12 05/02/2018 (3 Pub.)
(*)
JUEZ del SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE TUNUYÁN, autos 29.646 "CARDOZO, EULOGIA P/
AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO", a fs. 19 se cita a la Sra. Eulogia Cardozo L.C.
3.038.771, en estos autos n° 29.646 caratulados "Cardozo, Eulogia p/ Ausencia con presunción de
Fallecimiento", originarios del Segundo Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Ciudad de Tunuyán,
Mendoza; con publicación en Boletín Oficial y Diario Los Andes a realizarse una vez por mes durante seis
meses, bajo apercibimiento de declararse presumido el fallecimiento de la misma (art. 88 CC y CN). Fdo:
Dra. Jorgelina lermoli Blanco - Conjuez. — Juez.-
Boleto N°: 4132944 Importe: $ 216
26/12 26/02 26/03 26/04 24/05 26/06/2018 (6 Pub.)
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(*)
Tercer Juzgado de Familia de Mendoza, en autos 2460/17/3F, Caratulados: “PEREZ MARIA SOL
CONTRA TOLOZA FRANCO RODRIGO POR AUTORIZACIÓN (RESPONS.PARENTAL)” a fs.10 el
Juzgado Resolvió: “Mendoza, 27 de Noviembre de 2017 Por presentado, parte y domiciliado. Agréguese
y téngase presente la documentación acompañada y demás prueba ofrecida para su oportunidad. De la
demanda por Autorización de Viaje, córrase traslado a la contraria por el término de OCHO DÍAS, para
que comparezca, responda, ofrezca pruebas y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado,
bajo apercibimiento de ley. (Art.52,76,101 ley LNA y cc y arts. 20,21,74,75 y cc del CPC). Notifíquese.
Atento a ser reciente la información sumaria rendida en autos ? 889/17/3F, téngase a la misma por
aprobada en los presentes y en consecuencia declárese de ignorado domicilio al Sr TOLOZA FRANCO
RODRIGO, DNI ?. 31.318.169, a los términos y efectos del art.69 del C.P.C. Notifíquese el presente
mediante edictos a publicarse por TRES DÍAS con DOS DÍAS de intervalo en el Boletín Oficial y Diario
Uno la presente resolución, juntamente con el traslado de la pretensión de fs.21.-(Arts.69 y 68 inc.I del
C.P.C.)…Fdo. Dr. Carlos Alberto Jury. Juez de Familia.
Boleto N°: 4133061 Importe: $ 216
26-29/12 05/02/2018 (3 Pub.)
(*)
JUEZ NOVENO JUZGADO DE FAMILIA en AUTOS N° 562/15/9F, caratulados: “FERNANDEZ ESTELA
LILIANA C/ BUSTO MARIO RUBEN P/ DIVORCIO VINCULAR CONTENCIOSO. NOTIFICA A BUSTO
MARIO RUBEN, DNI N° 20.559.579, de ignorado domicilio, lo resuelto a fs. 56/57, que en su fecha y
parte pertinente dice: Mendoza, 31 de OCTUBRE del 2.017. AUTOS Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
... RESUELVO: RESUELVO: I.- Hacer lugar al divorcio de la Sra. Estela Liliana Fernández, D.N.I. N°
20.835.238 y el Sr. Mario Rubén Busto, D.N.I. N° 20.559.579 quienes contrajeron matrimonio el día 30 de
enero de 1992, Acta 49, Libro Registro N° 6612, Oficina Las Heras, Dpto. de Las Heras, Mendoza, con
los efectos y alcances de los arts. 438 y cctes del C.C.C.- II.- Declarar disuelta la sociedad conyugal con
efecto retroactivo al día 17 de agosto de 2017, último día de notificación del traslado de demanda por
edictos. (art. 480 del C.C.C.). III.- Imponer costas en el orden causado (art. 36 del C.P.C.). IV.- Sobreseer
pronunciamiento respecto de regulación de honorarios atento a que el patrocinio de las partes ha estado
a cargo de la Defensoría Oficial en turno. V.- Ordenar que una vez firme la presente resolución se oficie al
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a fin de que se tome nota marginal en el acta de
matrimonio de las partes, debiendo constar los datos de inscripción de la misma. VI.- Notifíquese la
presente resolución, mediante la publicación de edictos por UNA VEZ en el Boletín Oficial y Diario Los
Andes. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. OFÍCIESE. CÚMPLASE. FDO. DRA. ROSANA TANO DIFABIO-
JUEZ- NOVENO JUZGADO DE FAMILIA.”
S/Cargo
26/12/2017 (1 Pub.)
(*)
El Sexto Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Juez Dr. Marcos Gerardo
KROCHIK VAISMAN, secretaría a cargo de la Dra. Adriana Maria RUIZ, sito en calle Mitre y Montevideo,
2° Piso, Cuidad de Mendoza, en Autos N° 716/7/6F caratulados "CHOQUEVILLCA, GLORIA ESTER
CONTRA ROCHA HECTOR JOSE POR DIVORCIO VINCULAR CONTENCIOSO", que tramitan ante
este Juzgado, notifica la resolución dictada fs 101: "Mendoza, 9 de Noviembre de 2017. Y VISTOS: Estos
autos; 716/7/6F, caratulados "CHOQUEVILLCA, GLORIA ESTER CONTRA ROCHA HECTOR JOSE
POR DIVORCIO VINCULAR CONTENCIOSO; y CONSIDERANDO: 1.- Que conforme las constancias
que obran en autos, se ha acreditado sumariamente el domicilio ignorado del Sr. Héctor José Rocha,
según se desprende de los informes del Ministerio de Seguridad y Secretaría Electoral (fs. 56 y 54 vta.
respectivamente) y de las notificaciones fallidas cursada en los domicilios denunciados. En su mérito, se
RESUELVE: 1) Tener por acreditadas sumariamente las circunstancias exigidas por el art. 69 del C.P.C.,
y en consecuencia bajo responsabilidad de la parte actora, téngase al Sr. Héctor Jose Rocha por
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declarado de ignorado domicilio. 2) Ordenar se notifique edictalmente al accionado la presente,
conjuntamente con la providencia dictada a fs. 77 autos, tres veces con dos días de intervalo en el Boletín
Oficial y en el diario Los Andes (art. 72 inc. IV del C.P.C.). 3) Fecho, ordenar se de intervención al
Defensor de Pobres y Ausentes en lo Civil que por turno corresponda, de conformidad con lo dispuesto
por el art. 75 del C.P.C. y 105 bis de la Ley Orgánica de Tribunales. COPIESE. NOTIFIQUESE.- Fdo Dr.
Marcos Gerardo KROCHIK VAISMAN - Juez” Y la providencia dictada a fs. 77 “Mendoza, 27 de Agosto
de 2015 Por cumplido lo ordenado a fs. 59, 1º párrafo. Atento a la entrada en vigencia de la Ley 26.994,
téngase presente la propuesta presentada conforme a lo dispuesto por los arts. 438 y 439 del CCYC.
Téngase presente la documentación acompañada. De la propuesta reguladora de los efectos del divorcio
presentada, CÓRRASE VISTA a la contraria por TRES DÍAS, a fin de que manifieste en forma expresa su
conformidad a la misma o en su defecto presente contrapropuesta reguladora, bajo apercibimiento de
entender su silencio (como rechazo a la, propuesta de la actora, quedando así expedita para las partes la
vías procesales que correspondan (438 y 439 del CCYC., art. 76 de la L.N.A. y 65 del C.P.C).
NOTIFÍQUESE. A fin de notificar la vista ordenada precedentemente, estése a instancia de parte
respecto de la información sumaria para acreditar que el Sr. respecto de la información sumaria para
acreditar que el Sr. Rocha es de domicilio desconocido".
Boleto N°: 4132979 Importe: $ 486
26-29/12 05/02/2018 (3 Pub.)
(*)
Mendoza, 13 de diciembre de 2017. NOTIFICAR AL OFICIAL AUXILIAR DE LA POLICIA DE LA
PROVINCIA. ADAN MAURICIO LANAS HERNADEZ DNI 26.295.296. VISTO: El estado procesal actual
del Sumario Administrativo Nº 23922-M-13, y; CONSIDERANDO: Que, atento al estado de los presente
autos, encontrándose la prueba de cargo reunida y no habiendo asistido a las Audiencias Indagatorias
fijadas en diferentes fechas sin justificar su incomparecencia, solicito se notifique mediante Boletín Oficial
al Oficial Auxiliar PP ADAN MAURICIO LANAS HERNANDEZ, D.N.I. 26.295.296, de la Audiencia de
Declaración Indagatoria Administrativa prevista para fecha 15 de octubre de 2017 a las 10:30 hs. en sede
de la Inspección General de Seguridad. RESUELVE: Art.1º.- Fijar fecha y hora de Audiencia de
Declaración Indagatoria Administrativa del sumariado, ficial al Oficial Auxiliar PP ADAN MAURICIO
LANAS HERNANDEZ, D.N.I. 26.295.296, para fecha 10 de enero de 2018 a las 10:30 hs. en sede de la
Inspección General de Seguridad. Art.2º.- Hacerle saber que según Resolución 127/17 del Directorio de
la Inspección General de Seguridad, su conducta en el presente Sumario Administrativo he sido
encuadrada como infracción a “prima facie” a lo dispuesto por el Artículo 100 inciso 3), en función con los
Artículos 8 y 43 incisos 3) y 4) de la Ley 6722/99 y su modif. Ley 7067/02, toda vez: Que, las presentes
actuaciones se inician con un informe del Comisario Inspector P.P. Manuel Sosa Baldi poniendo en
conocimiento de la Dirección de Recursos Humanos que el mencionado funcionario revista Disponibilidad
por enfermedad desde la fecha 20 de diciembre de 2011, por “policontusiones”. Que, su licencia para
tratamiento de la salud se encuentra justificada hasta la fecha 29 de mayo de 2013, no habiéndose
presentado con posterioridad a la misma a prestar el debido servicio, ni justificado sus inasistencias.
Asimismo. El día 16 de octubre de 2013 se notificó al encartado a los fines de que comparezca a
regularizar su situación, sin que el mismo haya dado cumplimiento a dicha situación, configurándose
según lo constatado, la figura del Abandono de Servicio, por lo que se le atribuye la comisión “prima
facie” de las faltas contempladas en el Artículo 100 inciso 3), en función con los Artículos 8 y 43 incisos 3)
y 4) de la Ley 6722/99 y su modif. Ley 7067/02.Existiendo en autos las siguientes pruebas: fs. 01 informe
del Comisario Inspector P.P. Manuel Sosa Baldi; fs. 04 Informe de Asesoría Letrada del Ministerios de
Seguridad; fs. 06 Resolución 1390/13 de la Dirección de Recursos Humanos; fs. 12 obra informe de
Sanidad Policial; fs. 26 obra Resolución Nº 127/17 del Directorio de la Inspección General de Seguridad;
a fs. 34/43 obra Legajo Completo; a fs. 48 obra Resolución Nº 396-S de Ministerio de Seguridad; fs. 56
obra constancia de antecedentes emitido por el Lic. Sagredo. Art.3º.- Hacerle conocer al sumariado que
en caso de no comparecer a la Audiencia fijada se le otorgará en forma automática el plazo de 72 horas
para que proceda a nombrar abogado defensor bajo apercibimiento de tenerlo por autodefenso, asimismo
a partir del plazo previsto anteriormente se le otorgará los beneficios contemplados en el Art. 120º de la
Ley 6.722, consistentes en cinco días hábiles para la presentación de pruebas de descargo. Art.4º.- Por
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secretaria cúmplanse las medidas ordenadas y NOTIFIQUESE. FDO. DRA. PAULA MADRID
INSTRUCTOR SUMARIANTE. PROC. NICOLAS MARI SECRETARIO DE ACTUACION.
S/Cargo
26-27-28/12/2017 (3 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios -TERESA EDITH GUTIERREZ IRRASABAL-
para reclamos derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos –Director- Gerente Stro.:1172372
Boleto N°: 4124997 Importe: $ 60
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- NILDA ESTHER LABAY BESTANI -para
reclamos derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente Stro.:1172375
Boleto N°: 4125825 Importe: $ 30
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- DANIEL FELIX GALDAME -para reclamos
derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente Stro.:1172373
Boleto N°: 4125872 Importe: $ 30
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- CARLOS ALEJANDRO CHIRINO LILLO
-para reclamos derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente Stro.:1172374
Boleto N°: 4125876 Importe: $ 30
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- PABLO ALBERTO SIMON MANSUR
MIGUEL -para reclamos derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente
Stro.:1172376
Boleto N°: 4125879 Importe: $ 60
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- MARIA CRISTINA ARCE SANCHEZ-para
reclamos derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente Stro.:1172377
Boleto N°: 4125905 Importe: $ 30
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- JOSEFA RODRIGUEZ NUÑEZ -para
reclamos derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente Stro.:1172378
Boleto N°: 4126233 Importe: $ 30
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- DIEGO JAVIER CAYO VERA -para reclamos
derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente Stro.:1162334
Boleto N°: 4126237 Importe: $ 30
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
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Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- SARA MARIA MURUA CHARUBI -para
reclamos derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente Stro.:1172379.
Boleto N°: 4126244 Importe: $ 30
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- NORMA VIOLETA RIERA ALANIS- para
reclamos derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos –Director- Gerente Stro.:1172380
Boleto N°: 4126528 Importe: $ 60
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios CLEMENTINA DEL CARMEN ESCOBAR
ARTIAGA -para reclamos derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente
Stro.:1172381.
Boleto N°: 4127013 Importe: $ 60
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- AURORA ELVIRA OPROMOLLA MUÑIZ-
para reclamos derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente Stro.:1172382
Boleto N°: 4127206 Importe: $ 30
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- ELIANA ANTOLIN ORSINI -para reclamos
derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente Stro.:1172383
Boleto N°: 4127212 Importe: $ 30
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días beneficiarios- MIGUEL RUIZ VALERO -para reclamos
derechos Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos–Director-Gerente Stro.:1172384
Boleto N°: 4127943 Importe: $ 30
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA N°1 en Autos N°253.094 " Cabrera Silva Miguel Angel
c/ Kerner Rios Castejes Carlos Raúl p/ D YP"(accidente de transito) se hace saber a los sucesores del
Sr. Carlos Raúl Kerner, demandado rebelde, que el Sr. Juez dictaminó lo siguiente: A fs. 317 : "Mendoza,
19 de OCTUBRE de 2.017.(...) RESUELVO:I.- Declarar como personas inciertas a los posibles sucesores
de Carlos Raúl Kerner.II.- Publíquese mediante edictos en el Boletín Oficial y diario UNO, la sentencia de
fs. 277/287, durante TRES DÍAS con dos días de intervalo.-III.- Oportunamente, dése intervención a la
Defensoría de pobres y ausentes.REGÍSTRESE. COPIESE. NOTIFIQUESE.-ndgFdo: Dr. Juan Pablo
Santiago CIVIT - Juez" Y la sentencia de fs. 277/287: "Mendoza, 11 de mayo de 2017.(...) RESUELVO:I.-
Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por el Sr. Miguel Ángel Cabrera Silva, condenando al
Sr. Carlos Raúl Kerner Ríos Castejes, carácter de en calidad de conductor, al Sr. Luis Alejandro Cano, en
carácter de titular registral del rodado do-minio ALY-049 y a la citada en garantía Liderar Compañía
General de Seguros S.A quien deberá responder en la medida del seguro, conforme expuesto en los
considerados, por la suma PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO ($18.271) de en el
término de diez días de quedar firme la presente con más los intereses indicados en los considerandos
hasta la fecha de su efectivo pago.II – Imponer las costas a los demandados en la proporción que
prospera la de-manda y al actor por el rubro de incapacidad sobreviniente que se rechaza. (arts. 35 y 36
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del C.P.C.).-III.- Regular los honorarios profesionales por lo que prospera la demanda a los doctores
Federico Hilger Siri (Mat. 3429) en la suma de $ 1.461,68, Manuel Linares (Mat. 3464) en la suma de $
1.096,26, Adrián Ovejero (Mat. 9195) en la suma de $ 730,84, Fabricio Abarzua (Mat. 4282) en la suma
de $ 767,38 y María Cristina Sagarraga (Mat. 4391) en la suma de $ 1.534,76, respectivamente,
conforme su efectiva participación en autos y sin perjuicio de los complementos que correspondan (arts.
2, 3, 4, 31 y cc.LA).- IV.- Regular los honorarios profesionales por lo que se rechaza la demanda (rubro
incapacidad sobreviniente) a los doctores Federico Hilger Siri (Mat. 3429) en la suma de $5.040, Manuel
Linares (Mat. 3464) en la suma de $ 3.780, Adrián Ovejero (Mat. 9195) en la suma de $ 2.520, Fabricio
Abarzua( Mat. 4282) en la suma de $ 5.400 y María Cristina Sagarraga (Mat. 4391) en la suma de $
10.800, respectivamente, conforme su efectiva participación en autos y sin perjuicio de los complementos
que correspondan (arts. 2, 3, 4, 31 y cc.LA).- V- Regular los honorarios del perito médico neurólogo
Rubén Cornejo (Mat. Médica 3617) en la suma de $200 por lo que prospera la demanda y $500 por lo
que se rechaza de acuerdo a lo señalado en los considerandos de esta resolución.VI- Regular los
honorarios del perito al ingeniero mecánico Roberto Dawbarn en la suma de $ 300 por lo que prospera la
demanda y $500 por lo que se rechaza de acuerdo a lo señalado en los considerandos de esta
resolución. VII.- Se deja expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá
adicionarse el impuesto al valor agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten su calidad de
responsables inscriptos. CÓPIESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.Fdo: Dr. Juan Pablo Santiago CIVIT -
Juez"
Boleto N°: 4128967 Importe: $ 630
20-26-29/12/2017 (3 Pub.)
A herederos de POSO GRANADOS PILAR FILOMENA cita la oficina técnica previsional a reclamar
derechos previsionales bajo apercibimiento legal.
Boleto N°: 4132380 Importe: $ 30
22-26-27-28-29/12/2017 (5 Pub.)
Expte. N° 4224/16/7 F “FLORES SIVIA MARIA DE LOURDES CONTRA LUNA GUILELERMO OSCAR
POR PRIVAC. DE LA ESPONS. PARENTAL”, Juez del SÉPTIMO JUZGADO DE FAMILIA, notifica al Sr.
GUILLERMO OSCAR LUNA, D.N.I. N° 31.357.068 lo resuelto en autos a fs. 23: “Mendoza, 15 de
Setiembre de 2017..........I.-Aprobar la información sumaria rendida en autos y en consecuencia declarar
de ignorado domicilio al Sr. GUILLERMO OSCAR LUNA, D.N.I. N° 31.357.068, en los términos y efectos
del art. 69 del C.P.C.II.- Notifíquese mediante edictos a publicarse por TRES DIAS con DOS DIAS de
intervalo en el Boletín Oficial y Diario LOS ANDES la presente resolución y lo dispuesto en el punto III del
presente. (Arts. 69 y 68 inc. I del C.P.C.) III.- De la demanda instada, córrase traslado al Sr. Guillermo
Oscar Luna por el término de OCHO días para que comparezca, responda, ofrezca pruebas y constituya
domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de ley (Arts. 52, 76, 101 y cc. de la LNA;
y arts. 20, 21, 74, 75 y cc. del CPC). IV.- Fecho y vencido el plazo para comparecer, dese intervención al
Defensor de Pobres y Ausentes en lo Civil que por turno corresponda, de conformidad con lo dispuesto
por el art. 75 del C.P.C.CÓPIESE. NOTIFÍQUESE. CÚMPLASE.
S/Cargo
20-26-29/12/2017 (3 Pub.)
Juez del Juzgado de Paz de La Consulta, San Carlos, Cuarta Circunscripción Judicial, Mendoza en los
autos nº 16.140, caratulados “GARVIZU MARÍA CRISTINA C/ PIZARRO MIGUEL ANGEL P/TENENCIA",
notifica que a fs. 41 se ha resuelto: Aprobar Ia información sumaria rendida en autos y en consecuencia
declarar en cuanto por derecho corresponda, y sin perjuicio de terceros, de ignorado domicilio al Sr.
Miguel Ángel Pizarro, DNI N° 23.882.312, quien deberá ser notificado bajo responsabilidad de Ia parte
actora mediante publicación de edictos (...) Fdo: Dra. Elsa Beatriz Madrazo de GianeIla- Juez.
Boleto N°: 4132735 Importe: $ 108
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 26 de Diciembre de 2017
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22-26-27/12/2017 (3 Pub.)
Secretaría de Cultura–Gobierno de Mendoza – Ref. N° 1153– D- 2016- 18005- E-0, caratulado
“S/Subsidio Anual convocatoria 2016 Bibliotecas Populares”. Conforme la disposición Nº 7/15, se
emplaza la Biblioteca Popular Merceditas, de domicilio desconocido, a que en el plazo prudencial y
perentorio de QUINCE (15) DIAS corridos, contados a partir de la última publicación de la presente
notificación, a dar efectivo cumplimiento de las obligaciones contraídas en el convenio por Ud suscrito en
fecha 30 de Diciembre de 2016, obrante en los autos referenciados precedentemente por el cual se hizo
entrega de PESOS SEIS MIL ($6.000), quedando pendientes de rendición los mismos, y la
contraprestación gratuita. Lo exigido deberá ser presentado de Lunes a Viernes en horario de 9 a 11 hs,
en el domicilio de Av. España esq. Gutierrez, Ciudad, Mendoza. Queda Ud. legalmente Emplazado y
Notificado.-Asesoría Letrada-Secretaría de Cultura-.
S/Cargo
22-26-27/12/2017 (3 Pub.)
Juez Primer Juzgado de Familia San Rafael notifica al Sr. Lucas Sebastián Vilo D.N.I. 24.581.687, la
solicitud de divorcio y propuesta reguladora solicitada por la Sra. María Celina Ravalle por el término de 5
días para convalidar o formalizar nueva propuesta bajo apercibimiento de ley.- Autos N° 1025/16/1F. Dra.
Mariana Simón. Juez de Familia.
Boleto N°: 4128041 Importe: $ 54
19-21-26/12/2017 (3 Pub.)
Juez Segundo Juzgado de Gestión Asociada autos 258084 caratulados Morales Miguel c/ Sucesores de
Sánchez Emilio y Sánchez Antonio p/Prescripción Adquisitiva cita a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que ubica en calle Isidro Massa s/nº ex Los Baños, a 102,53 m al Norte de
Calle Cervantes, Colonia Bombal Rodeo del Medio Maipú Mendoza superficie 1.922,63 m2 de titularidad
de Emilio Sánchez y Antonio Sánchez inscripto: Título I anotado como asiento A-1 de la Matrícula Nro.
254.730/7 Folio Real, fecha 18/03/1970 y Título II anotado como asiento A-1 de la Matrícula
Nro.254.431/7 Folio Real, fecha 06/10/1970 para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo de DIEZ
DIAS a partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley.-Publíquense edictos DIEZ VECES a
intervalos regulares durante cuarenta días en el Boletín Oficial y Diario UNO.
Boleto N°: 4126693 Importe: $ 540
18-21-26-28/12 01-06-09-16-21-26/02/2018 (10 Pub.)
Juez del Juzgado de Paz Letrado de San Martín, Mendoza, autos N° 4.665, “TARJETAS CUYANAS SA
C/ DOMINGUEZ SILVANA P/ EJ. TIP (PVE)”, notifica a SILVANA DOMINGUEZ, DNI N° 26.105.393, de
ignorado domicilio, resolución de fs. 51: “Gral. San Martín (Mza). 25 de septiembre de 2017. - AUTOS Y
VISTOS:… CONSIDERANDO:… RESUELVO: I. - Declarar de domicilio desconocido a la demandada
SILVANA DOMINGUEZ.- II. - Publíquese edictos en la forma de estilo en BOLETIN OFICIAL y en DIARIO
UNO, tres veces, con dos días de intervalo, haciéndole conocer el proveído de fs. 31, el que en su parte
pertinente dice: “GRAL. SAN MARTIN, Mza., 28 de octubre de 2016.- AUTOS y VISTOS:…, RESUELVO:
1º) … 2º) Ordenar se REQUIERA DE PAGO a la demandada SILVANA DOMINGUEZ por el pago de la
suma de Pesos VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 26/100 que le reclama la
actora, con más la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS que se presupuesta
provisoriamente para responder a intereses (art. 768 del C. Civil y Com.) gastos y costas del juicio.- 3º)
En defecto de pago TRABESE EMBARGO sobre los bienes de propiedad de la demandada que se
encuentren en su domicilio REAL denunciado, que sean susceptibles de tal medida y hasta cubrir la suma
de Pesos: SESENTA Y TRES MIL, facultándose el auxilio de la fuerza pública y allanamiento de domicilio
en caso de ser necesario.- Téngase presente las personas autorizadas para el diligenciamiento de las
medidas ordenadas.- 4º) CITASE a la demandada para defensa por el plazo de SEIS DIAS y
conmínasele por la constitución de domicilio legal dentro del radio este juzgado, bajo apercibimiento de
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 26 de Diciembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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ley (arts. 21, 74, 259 y 260 del C. P. Civil).- EJECUTESE”.- Fdo. Dra. Nora S. Merletti de Sardi – Juez. -
Boleto N°: 4128402 Importe: $ 324
15-20-26/12/2017 (3 Pub.)
Juez del PRIMER JUZGADO DE FAMILIA a cargo del Dr. Carlos Emilio Neirotti, Secr. A cargo Dra.
María Paula Ferrara en los autos Nº 1442/17/1F, caratulados: “ROMANO PAULA EMILIA C/ IBARRA
MARCOS MAXIMILIANO P/ EJECUCIÒN”: NOTIFICA: MARCOS MAXIMILIANO IBARRA, D.N.I. Nº
32.192.768 de ignorado domicilio lo que el Juzgado proveyó: “Mendoza, 23 de Febrero de 2017. De
conformidad con lo prescripto por el art. 273 inc. 3º del C.P.C., EMPLÁZASE al ejecutado en el plazo de
TRES DÌAS al sólo efecto de practicar liquidación, bajo apercibimiento de ley. NOTIFÌQUESE. ”
“Mendoza, 28 de Noviembre de 2017. RESUELVO: I - Aprobar la informaciòn sumaria rendida en autos y
en consecuencia DECLARAR DE INGNORADO DOMICILIO al Sr. MARCOS MAXIMILIANO IBARRA,
D.N.I. Nº 32.192.768, en los términos y efectos del art. 60 C.P.C. II - Notifíquese la presente, el proveído
de fs. 20, y todas las resoluciones que fueran menester de aquí en adelante, mediante edictos a
publicarse por TRES DÌAS con DOS DÌAS de intervalo en el Boletín Oficial y Diario Los Andes. CÒPIESE.
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.”FDO. DR. Carlos E. Neirotti - Juez. -
Boleto N°: 4128412 Importe: $ 198
15-20-26/12/2017 (3 Pub.)
Juez del Cuarto Juzgado de Familia, Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, en los autos N°
1330/15, caratulados “Inzirillo Natalia Contra Motta Alejandro David Por Privación de la Responsabilidad
Parental”, notifica que el tribunal a fs. 136 proveyó: Mendoza, 26 de octubre de 2017. RESUELVO: I. -
Aprobar la información sumaria rendida en autos, en consecuencia declarar que el Sr. ALEJANDRO
DAVID MOTTA, D.N.I. 22.142.483 es de ignorado domicilio, debiendo notificarse en adelante mediante
publicación edictal (art. 69 y 72 del C.P.C.).- II. -Procédase a la publicación por tres días en forma
alternada en el Boletín Oficial y Diario Los Andes, conjuntamente con el traslado de la demanda ordenado
a fs. 33. Que a fs. 33 el tribunal proveyó: Mendoza, 8 de Octubre de 2015. Por presentado/a, parte y
domiciliado/a. Téngase presente. Agréguese la documentación acompañada para su oportunidad. De la
demanda, córrase traslado a la contraria por el término de OCHO días para que comparezca, responda,
ofrezca pruebas y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado bajo apercibimiento de ley (arts.
52, 76, 101 y cc LNA; y arts. 20, 21, 74, 75 y cc CPC). NOTIFÍQUESE. Juez. Fdo: Dra. Maria Ruggeri
Boleto N°: 4128461 Importe: $ 216
15-20-26/12/2017 (3 Pub.)
Juez del Segundo Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Civil, Comercial y Minas, autos N° 254.553
"MONTIEL CARLOS GUILLERMO Y OT. C/ DEMANDADO DESCONOCIDO P/ PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA". Notificar a LOS POSIBLES SUCESORES DE ELBA TERESA VIDELA, ALDO VIDELA,
IRMA ISABEL VIDELA, MAXIMO CIRILO VIDELA y MERCEDES VIDELA el siguiente proveído obrante a
fs. 540, la que en su parte pertinente dice: "MENDOZA, 12 de Septiembre de 2017.- AUTOS Y VISTOS:….
RESUELVO: I - Aprobar la información sumaria rendida en autos y en consecuencia declarar a los
posibles sucesores de ELBA TERESA VIDELA, ALDO VIDELA, IRMA ISABEL VIDELA, MAXIMO CIRILO
VIDELA y MERCEDES VIDELA como personas inciertas, bajo responsabilidad de la parte actora. -II-
Ordenar se notifique edictalmente la providencia de fs. 403, con transcripción de dicho decreto, conforme
lo ordena el Art. 69 y 72 CPC en el Diario UNO y Boletín Oficial.- NOTIFIQUESE.-FDO: DRA. CECILIA R.
LANDABURU — JUEZ.- Asimismo a fs.403 el Tribunal dispuso: "MENDOZA, 9 de marzo de 2016.-
Téngase presente la ratificación acompañada. Téngase presente y agréguese el plano de mensura
acompañado a fs. 4/5. De la demanda por título supletorio instaurada córrase TRASLADO a los Sres.
TOMASA GATICA VDA. De VIDELA, ELBA TERESA VIDELA, JUAN CLIMACO VIDELA, SOLEDAD
VIDELA, JOSE ANTONIO VIDELA, HUGO CIRILO VIDELA, ALDO VIDELA, IRMA ISABELVIDELA,
NELIDA AIDE VIDELA, CARLOS VIDELA, MAXIMO CIRILO VIDELA MERCEDES VIDELA en su carácter
de herederos del titular registral, por el término de DIEZ DIAS con citación y emplazamiento para que
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comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio legal (arts. 21, 74, 75, 212 y 214 del CPC y
24 ley 14.159)..... NOTIFIQUESE.FDO: DRA. CECILIA R. LANDABURU – JUEZ. Inmueble ubicado en
calle Congreso de Tucumán N° 176 de Mayor Drummond, del Departamento de Luján de Cuyo -
Mendoza. Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en el N° 5075, Fs. 353, del Tomo 26 de
Luján de Cuyo y la parte del polígono carece de inscripción en dicho registro. Titular registral Sr. José
Cirilo Videla.-
Boleto N°: 4128659 Importe: $ 378
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SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS – Visto el exp. nº 9437/D/2016-18006 correspondiente al Acta
de Infracción nº 36094/16, notifíquese a LUNA GABRIELA JIMENA DNI n° 27.842.456 y a LUNA
DOMINGO AGUSTIN D.N.I. nº 12.196.652 de ignorados domicilios, la Resolución nº 3616/16: “…Aplicase
una multa de $ 2070,00…” Fdo. Carlos Matilla – Director de Transporte.-
S/Cargo
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SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS – Visto el exp. nº 9995/D/2015-18006 correspondiente al Acta
de Infracción nº 33696/15, notifíquese a VILLEGAS MARIA MONICA DNI n° 17.698.972 y a FARIAS
GUSTAVO DAMIAN D.N.I. nº 27.725.760, de ignorados domicilios, la Resolución n° 2186/15: “...Aplicase
una multa de $ 1650,00...” Fdo. Carlos Matilla – Director de Transporte.-
S/Cargo
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SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS – Visto el exp. nº 11205/D/2016-18006 correspondiente al
Acta de Infracción nº 36627/16, notifíquese a ASTUDILLO ALDO ALBERTO DNI. nº 10.318.639, de
ignorado domicilio, la Resolución n° 2526/16: “...Aplicase una multa de $ 6900,00....” Fdo. Carlos Matilla
– Director de Transporte.-
S/Cargo
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SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - Visto el exp. n° 5181/D/2016-18006 correspondiente al Acta
de Infracción n° 35433/16, notifíquese a YUCRA FRANCIS PAULINO DNI n° 94084782 de ignorado
domicilio, la Resolución n° 1288/16: “…Aplicase una multa de $ 6.900,00…” Fdo Carlos Matilla - Director
de Transporte.-
S/Cargo
21-22-26/12/2017 (3 Pub.)
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - Visto el exp. n° 8782/D/2017-18006 correspondiente al Acta
de Infracción n° 35922/16, notifíquese a LIZARDEZ RAUL CEFERINO DNI n° 20.528.732 y a QUIROGA
ROLANDO ALFREDO DNI n° 18.092.957 de ignorados domicilios, la Resolución n° 2099/16 : “…Aplicase
una multa de $ 6.900,00…”Fdo Carlos Matilla - Director de Transporte.-
S/Cargo
21-22-26/12/2017 (3 Pub.)
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS – Visto el exp. n° 13877/D/2016-18006 correspondiente al
Acta de Infracción n° 36724/16, notifíquese a VALDE BENITO LUCIO JOSE DNI N° 13.253.003 y a
CHIRINO BRIAN EMMANUEL DNI n° 32.570.796 de ignorados domicilios, la Resolución n° 2914/17: “…
Aplicase una multa de $ 2.070.00…” Fdo Carlos Matilla – Director de Transporte .-
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S/Cargo
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SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS – Visto el exp. n° 4084/D/2016-18006 correspondiente al Acta
de Infracción n° 35354/16, notifíquese a ALONSO MIRIAN IRIS DNI n° 11.509.427 y a PELLEGRINI
DANIEL ENRIQUE DNI n° 12.451.626 de ignorados domicilios, la Resolución n° 1813/16: “…Aplicase
una multa de $ 2070.00…” Fdo Carlos Matilla – Director de Transporte.-
S/Cargo
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JUEZ DEL 5° JUZGADO DE FAMILIA, Expte Nº 1394/17/5F, “FUNES ANDREA FABIANA C/JUAN
SERGIO OMAR P/DIVORCIO”, NOTIFICAR A: SERGIO OMAR JUAN, persona de ignorado domicilio, el
proveído
de
fs.
22:
“Mendoza,
28
de
Septiembre
de
2017.
AUTOS,
VISTOS
Y
CONSIDERANDO…RESUELVO: I- Tener por acreditadas sumarialmente las circunstancias exigidas por
el art. 69 del C.P.C., en consecuencia téngase al Sr. JUAN SERGIO OMAR, DNI N° 18.190.862 por
declarado persona de ignorado domicilio (69 del C.P.C.).- II.- Ordenar se notifique edictalmente al
accionado el traslado de lo proveído a fs. 12 de autos, párrafo II, que textualmente EXPRESA: De la
petición de divorcio y propuesta del convenio regulador, notifíquese al otro cónyuge para que en el
término de QUINCE (15) DIAS se expida y formule su propuesta o manifieste estar de acuerdo con la
presentada, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 438 del CCC, como asimismo para que
comparezca responda y constituya domicilio legal, bajo apercibimiento de ley (arts. 20, 21, 74, 75 C.P.C.
y 52 y 76 de la Ley 6354). Notifíquese. NOTIFIQUESE .FDO.DRA.ELEONORA JUEZ QUINTO JUZGADO
DE FAMILIA. III.- NOTIFIQUESE por TRES (3) DIAS con DOS (2) DIAS de intervalo en el Boletín Oficial y
Diario “UNO” (Art. 72 inc. I.V. del C.P.C.). COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.- Fdo. Dra.
Eleonora Saez. Juez.
S/Cargo
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Mendoza, 18 de diciembre de 2017.VISTO: El estado procesal actual del Sumario Administrativo Nº
9443-D-15, y; CONSIDERANDO: Que, atento al estado de los presente autos, encontrándose la prueba
de cargo reunida y no habiendo podido notificar fehacientemente las Audiencias Indagatorias fijadas en
diferentes fechas por no encontrarse en el domicilio real denunciado, solicito se notifique mediante Boletín
Oficial al Oficial Auxiliar PP ROCA ALANIZ, GERARDO ARIEL D.N.I. Nº 28.224.405, de la Audiencia de
Declaración Indagatoria Administrativa prevista para fecha 10 de enero de 2018 a las 10:30 hs. en sede
de la Inspección General de Seguridad. RESUELVE: Art.1º.- Fijar fecha y hora de Audiencia de
Declaración Indagatoria Administrativa del sumariado, ficial al Oficial Auxiliar PP ROCA ALANIZ,
GERARDO ARIEL D.N.I. Nº 28.224.405, para fecha 31 de Enero de 2018 a las 10:30 hs. en sede de la
Inspección General de Seguridad. Art.2º.- Hacerle saber que según Resolución 680/16 y 706/16 del
Directorio de la Inspección General de Seguridad, su conducta en el presente Sumario Administrativo he
sido encuadrada como infracción a “prima facie” a lo dispuesto por el Artículo 100 inciso 3), en función
con los Artículos 70 y 43 incisos 3) y 4) de la Ley 6722/99 y su modif. Ley 7067/02, toda vez que: para
fecha 16 de octubre de 2015 a través de solicitud de Resolución al Directorio de la Inspección General de
Seguridad, de pase a revista pasiva del encartado, por parte del señor Subsecretario de Seguridad, se
toma conocimiento de que el Auxiliar Gerardo Ariel Roca Alaniz D.N.I. 28.224.405 no tiene justificada su
licencia por tratamiento de salud sino hasta el 19/03/14. Que, el funcionario policial, en situación de
Disponibilidad por enfermedad, fue intimado a presentarse a renovar sus licencias. Sin embargo, por no
hallarse en los posibles domicilios denunciados por el mismo, no se han hecho efectivas tales
notificaciones, A la fecha del informe de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad, de quien
depende en vistas a la situación de Revista actual, no ha regularizado su situación y es ignorado su
domicilio, configurándose según lo constatado, la figura del Abandono de Servicio,por lo que se le
atribuye la comisión “prima facie” de las faltas contempladas en el Artículo 100 inciso 3), en función con
los Artículos 70 y 43 incisos 3) y 4) de la Ley 6722/99 y su modif. Ley 7067/02. Existiendo en autos las
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siguientes pruebas: fs. 01/03 informe de la Dirección de Recursos Humanos.; fs. 04 Informe de Sanidad
Policial; a fs. 05/27 informes y notificación efectuada al encartado por parte de la Dirección de Recursos
Humanos; fs. 35 Resolución 680/16 del Directorio de la Inspección General de Seguridad; fs. 38
Resolución nº 706/16 del Directorio de la I.G.S.; fs. 48/58 Legajo Completo; a fs. 66 obra Informe de la
División de Arsenales; fs. 85/86 Resolución nº 2830-S del Ministerio de Seguridad; fs. 92 SIP del
sumariado.Art.3º.- Hacerle conocer al sumariado que en caso de no comparecer a la Audiencia fijada se
le otorgará en forma automática el plazo de 72 horas para que proceda a nombrar abogado defensor bajo
apercibimiento de tenerlo por autodefenso, asimismo a partir del plazo previsto anteriormente se le
otorgará los beneficios contemplados en el Art. 120º de la Ley 6.722, consistentes en cinco días hábiles
para la presentación de pruebas de descargo. Art.4º.- Por secretaria cumplanse las medidas ordenadas y
NOTIFIQUESE. DRA. PAULA MADRID. INSTRUCTOR SUMARIANTE.
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21-22-26/12/2017 (3 Pub.)
Dirección General de Escuelas cita a herederos de la Sra. MICAELA LILIANA OCAÑA DNI Nº
28.836.052, por reclamo de indemnización por fallecimiento, a comparecer a la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Dirección General de Escuelas, sito en 1º Piso, Cuerpo Central, Ciudad, Mendoza.
Boleto N°: 4128608 Importe: $ 90
15-19-21-26-28/12/2017 (5 Pub.)
A Herederos de PERRA ELIO RICARDO cita la oficina técnica previsional a reclamar derechos
previsionales bajo apercibimiento legal Expte N° 1133-D-2017.
Boleto N°: 4130481 Importe: $ 30
20-21-22-26-27/12/2017 (5 Pub.)
El Señor Juez Dardo Ariel Fernández de la Excma. Primera Cámara del Trabajo de la Segunda
Circunscripción Judicial de la Provincia, en AUTOS Nº 23.512 “REINOSO JUAN CARLOS C/ MACKAY
EDITH SALLY Y OTS. P/ DESPIDO”, NOTIFICA a la codemandada EDITH SALLY MACKAY, mediante
publicación edictal en la forma prevista por el art. 36 del C.P.L. (arts. 69 y 72 del C.P.C. y 108 del C.P.L.)
el decreto de fs. 18: “SAN RAFAEL, 12 DE ABRIL DE 2013.- Téngase presente y por cumplido con lo
ordenado a fs.16. De la demanda interpuesta, de su ampliación y del planteo de inconstitucionalidad
TRASLADO con citación y emplazamiento por el término de OCHO DIAS a los demandados MACKAY
EDITH SALLY Y TITULAR BODEGA BUENA COMPAÑIA; debiendo en tal mismo acto conminárselos
para que dentro del mismo plazo comparezcan a estar a derecho, constituyan domicilio legal dentro del
radio del Tribunal y cumplan con lo dispuesto por el inc. d) del art. 43 del C.P.L., todo bajo apercibimiento
de ley (arts. 45, 46 y 108 del C.P.L. y 21, 74 y 75 del C.P.C. y concordantes.- Téngase presente la prueba
documental acompañada. Téngase presente lo demás expresado y las restantes pruebas ofrecidas para
su oportunidad. Designase la Sala Unipersonal Nº 1 a cargo del Dr. Dardo Ariel Fernández para entender
en la presente causa (art. 1º apartado segundo del C.P.L. texto agregado por Ley 7062). NOTIFIQUESE.
Del pedido de inconstitucionalidad vista al Fiscal de Cámaras bajo apercibimiento de ley. NOTIFIQUESE.
Fdo: Dr. Juan Sánchez - Secretario de Cámara”. El decreto de fs. 31: SAN RAFAEL, 11 DE OCTUBRE
DE 2013.- Proveyendo petición verbal de fs.30: Atento a lo solicitado y constancias de autos
DECLÁRESE REBELDE a los demandados MACKAY EDITH SALLY y TITULAR BODE-GA BUENA
COMPAÑIA conforme a lo dispuesto por los arts. 74 y 75 del C.P.C.- Hágasele saber que en lo sucesivo
será notificado conforme lo dispone el art. 66 del mismo cuerpo legal.- NOTIFÍQUESE.- Fdo.: Dr. Juan
Sanchez – Secretario.- Auto de Embargo de fs. 40: “SAN RAFAEL, 21 DE NOVIEMBRE DE 2.013.- Y
VISTOS: Estos autos N° 23.512 caratulados “REINOSO, JUAN CARLOS C/ MACKAY, EDITH SALLY y
Ots. P/ Despido”, para resolver sobre la medida solicitada a fs. 38 y; CONSIDERANDO:…..; RESUELVE:
1°) Bajo la exclusiva responsabilidad de la parte actora, TRABESE EMBARGO sobre el 50% de la parte
indivisa, del bien inmueble denunciado, matrícula N° 13.324/17, del Registro Público y Archivo Judicial de
San Rafael, siempre que se encuentren a nombre de la codemandada Sra. MACKAY EDITH SALLY,
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CUIT N° 27-60348366-4, pasaporte N° 442123231, hasta cubrir la suma de $33.000 (pesos treinta y tres
mil), que se estiman provisoriamente para responder a capital , intereses y costas provisorias.- Líbrese el
oficio respectivo teniendo presente que el Dr. Marcos Diego Bittar es persona autorizada para el
diligenciamiento del mismo.- Para su cumplimiento, OFICIESE.- NOTIFIQUESE A LA PARTE ACTORA.-
OFICIESE.- Fdo.: Dardo Ariel Fernández. Juez de Cámara”. El auto de admisión y sustanciación de
pruebas de fs. 46: “SAN RAFAEL, 13 DE FEBRERO DE 2014.- Y VISTOS:…… RESUELVE: I) Admitir las
pruebas ofrecidas por las partes, a excepción de las que oportunamente fueran rechazadas y de aquellas
que no fueran admitidas en los puntos subsiguientes.- II) Tener presente durante la sustanciación de la
causa los principios del Debido Proceso Legal y Defensa en Juicio, atendiendo siempre a la prudencia en
la valoración del tiempo que insuma a cada parte la producción de la prueba por ella ofrecida, signada
ésta por los usos y costumbres del lugar donde debe producirse el tipo, clase y naturaleza de la misma, y
la menor o mayor participación que en ella se vea involucrado un tercero; reconociendo como parámetro
mínimo de tiempo, el lapso insumido en la realización de la propia prueba; de allí que exigir el
cumplimiento sin haber cumplido no es solo un hecho procesalmente cuestionable, sino también una
forma de medir la adecuada temporalidad que permita advertir el incumplimiento procesal de la contraria.-
III) Disponer, atento el punto precedente que la producción de la prueba que deba rendirse antes de la
Audiencia de la Vista de la Causa, deberá realizarse dentro del plazo de NOVENTA DÍAS HÁBILES (90)
de notificada la presente, o el TIEMPO MENOR de acuerdo a la naturaleza de la prueba, vencido los
cuales, de existir prueba pendiente de incorporación, solo podrá formular el emplazamiento previsto por el
art. 55, 2° parte, 1° y 2° párrafo del CPL, la parte que haya producido íntegramente la prueba por ella
oportunamente ofrecidas y admitidas por el Tribunal.- (arts.19 y 108 del CPL y 46 inc.1° y 2° del CPC).-
IV) Proveyendo las pruebas de la parte actora a fs.12/13: A la prueba Instrumental: A los puntos 1)/2)
Téngase presente.- Al punto 3) Téngase presente.- OFICIESE. EMPLAZASE a la entidad oficiada para
que en un plazo de DIEZ DÍAS de recibido el oficio, dé cumplimiento a lo solicitado bajo apercibimiento de
ley.- Al punto 4) Téngase presente. Atento la forma del ofrecimiento de esta prueba, indique si la misma
debe producirse o no.- Téngase presente la pericial caligráfica para su oportunidad y en caso de
corresponder.- Al punto 5) Emplázase a la demandada para que hasta CINCO DIAS antes de la
audiencia de vista de causa acompañe Libros de sueldos y jornales y registro obrero, bajo apercibimiento
de ley y de que no se admitirá su presentación extemporánea y sin perjuicio de lo dispuesto por el art.19
del C.P.L.- NOTIFÍQUESE.- Respecto de los recibos de haberes estése a lo ordenado a fs. 18 (art.43 inc.
d) del C.P.L.).- Asimismo, emplázase a la demandada para que dentro del plazo de CINCO DIAS
posteriores a su notificación acompañe sistema de control horario y legajo personal de Juan Carlos
Reinoso, DNI N° 10.553.689, donde conste el mismo y durante toda la relación laboral, bajo
apercibimiento de ley.- NOTIFÍQUESE.- A la prueba Informativa: A los puntos 1)/2) OFICIESE.
EMPLAZASE a las entidades oficiadas para que en un plazo de DIEZ DÍAS de recibido el oficio, den
cumplimiento a lo solicitado bajo apercibimiento de ley.- A la prueba Pericial Contable: Firme que sea la
presente resolución, procédase a realizar el sorteo de perito contador por medio de sistema informático
en Secretaria del Tribunal, quien deberá expedirse sobre los puntos requeridos a fs. 12 vta.- A las
pruebas Absolución de posiciones y Testimonial: Al momento de fijar fecha de vista de causa se
dispondrá la citación de los testigos y absolventes ofrecidos en estos puntos.- NOTIFÍQUESE Y
OFÍCIESE.- Fdo.: Dr. Dardo Ariel Fernandez - Juez de Cámara”.- Decreto de fs. 74: “SAN RAFAEL, 24
DE JUNIO DE 2014.- Agréguese la pericia contable acompañada y téngase presente.- A los fines
dispuestos por el artículo 193 C.P.C. notifíquese a las partes por el término de CINCO DÍAS.- NO-
TIFÍQUESE.- Fdo.: Dr. Juan Sanchez – Secretario”.- El auto de fs. 129: “SAN RAFAEL, 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.- AUTOS Y VISTOS: Estos autos N° 23.512 caratulados: "REINOSO JUAN
CARLOS C/ MACKAY EDITH SALLY Y OTS. P/ DESPIDO" y; CONSIDERANDO:…..: RESUELVE: 1°)
APROBAR la Información Sumaria rendida en autos, atento las consideraciones expuestas.- 2°) Declarar
en cuanto por derecho corresponda y sin perjuicio del derecho de terceros, que se desconoce el domicilio
de la codemandada EDITH SALLY MACKAY debiendo notificarse los decretos de fs. 18 y 31, el auto de
embargo de fs.40, el auto de admisión y sustanciación de pruebas, el decreto de fs. 74, la presente
resolución y las siguientes que correspondan, mediante publicación edictal en la forma prevista por el art.
36 del C.P.L. (arts. 69 y 72 del C.P.C. y 108 del C.P.L.).- 3°) En consecuencia y atento el estado procesal
de la causa, notifíquense las resoluciones citadas en el acápite anterior mediante edictos, a publicarse en
el Boletín Oficial, por CINCO días (art. 36 del C.P.L.). 4°) DESE LA INTERVENCIÓN que por ley le
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corresponda al Defensor Oficial a fin de que se haga parte por la codemandada citada de domicilio
ignorado (arts. 75 último párrafo del C.P.C. y 108 del C.P.L).5°) Firme la presente resolución y efectuada
la publicación ordenada continúe la causa según su estado.- NOTIFÍQUESE.- Dr. Dardo Ariel Fernandez
- Juez de Cámara”. Publíquense edictos en el Boletín Oficial por CINCO días (art. 36 del C.P.L.). Se hace
saber al Boletín oficial que la presente publicación debe ser gratuita en razón del art. 36 del CPL.
S/Cargo
15-19-21-26-28/12/2017 (5 Pub.)
TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA N° 1, EN AUTOS N° 258.924, CARATULADOS: “IRUSTA,
MIRIAM E. c/ FUNES MITCHEL MARIA E. P/PRESCRIPCION ADQUISITIVA", HACE SABER POSIBLES
INTERESADOS LA EXISTENCIA DEL JUICIO QUE PRETENDE USUCAPIR INMUEBLE DE
PROPIEDAD DE HERIBERTO FUNES, UBICADO EN CALLAO 1242, EL ZAPALLAR LAS HERAS
MENDOZA, CUYOS COLINDANTES SON AL NORTE CÁNDIDO ESPADA CARCELLER; SUR CALLE
CALLAO; OESTE TEOFILO PEDRO VALDEZ; ESTE JOSE DI PASCUA.- Fdo.: Dr. Eduardo J. Casado.
Secretario.
Boleto N°: 4122842 Importe: $ 240
01-06-12-15-20-26-29/12 05-08-15/02/2018 (10 Pub.)
Juez Cuarto Civil, Comercial y Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, en autos N°
252.393, DELGADO, JUANA HERMINIA C/MALLEA, HORTENSIA P/PRESCRIPCION ADQUISITIVA,
cita a los sucesores de los Sres. Deoclesio Luis Mallea, Blanca Hortensia Ruiz, Alejo Alberto Mallea,
Oscar Saturnino Mallea y María Ignacia Mallea, quienes han sido declarados como personas inciertas, y
respecto a los Sres. Rosa Navarro, Juan Castro Mallea, Julia Alejandrina Mallea y Graciela Rosario Ruiz
Mallea, considerados personas de ignorado domicilio (todo ello conforme información sumaria rendida en
autos N°120.059 de este Tribunal), a fin de que contesten la demanda interpuesta en su contra de la que
oportunamente se les correrá traslado, cíteselos para que en el plazo de TRES DÍAS comparezcan a
estar a derecho y constituyan domicilio legal dentro del radio del tribunal (art.21 CPC). Fdo. Dr. Osvaldo
Daniel Cobo. Juez.
Boleto N°: 4121152 Importe: $ 540
28/11 01-06-12-15-20-26-29/12 05-08/02/2018 (10 Pub.)
Juez Cuarto Civil, Comercial y Minas, de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, en autos N°
252.393, DELGADO, JUANA HERMINIA C/MALLEA, HORTENSIA P/PRESCRIPCION ADQUISITIVA,
cita a todos los terceros interesados que se consideren con derecho sobre el inmueble ubicado en calle
Martín Miguel de Guemes N°576, de General Gutiérrez, Maipú, Provincia de Mendoza a fin de que
comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr. Osvaldo Daniel Cobo. Juez.
Boleto N°: 4121180 Importe: $ 240
28/11 01-06-12-15-20-26-29/12 05-08/02/2018 (10 Pub.)
EL CUARTO JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL, SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, NOTIFICA
TRASLADO A COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA FE LIMITADA CON CITACIÓN Y
EMPLAZAMIENTO PARA QUE EN DIEZ DÍAS POSTERIORES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN EDICTAL
COMPAREZCAN A TOMAR INTERVENCIÓN QUE POR DERECHO CORRESPONDA, EN LOS AUTOS
N° 121.711 CARATULADOS "LOYOLA LIDIA ESTHER C/COOP. DE VIVIENDA SANTA FE LTDA.
S/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA", BAJO APERCIBIMIENTO DE SER REPRESENTADO EX LEGE
POR EL SEÑOR DEFENSOR OFICIAL. PUBLÍQUESE POR DIEZ VECES A INTERVALOS
REGULARES DURANTE CUARENTA DÍAS (ARTS. 214, 69, 72 Y CONCORDANTES DEL C.P.C.) -
FDO. DRA. MÓNICA DEL CARMEN CUBILLOS - JUEZ
Boleto N°: 4109487 Importe: $ 360
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14-17-23-28/11 01-06-12-15-20-26/12/2017 (10 Pub.)
