RESOLUCIONES
Resolución Nº 133
- Fecha de publicación
- 21 de noviembre de 2017
- Fecha de la norma
- 3 de julio de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.493 · páginas 50–56
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 133
MENDOZA, 03 de julio de 2017
VISTO:
El expediente Nº 14051-R-11-01409, caratulado “ROMERO MAURICIO C/ CARREFOUR” en el cual
obran las actuaciones sumariales contra la firma INC SA nombre de fantasía “Carrefour”, CUIT Nº
30-68731043-4, con domicilio en Acceso Este y Lateral Sur entre Rondeau y Urquiza, Guaymallen.
Mendoza y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 se presenta el Sr. Romero Mauricio, denunciando al local comercial CARREFOUR (INC S.A.)
por el robo a sus pertenencias previo violentarse la cerradura de su vehículo, ocurrido en la playa de
estacionamiento de dicho centro comercial, mientras realizaba sus compras.
Que a fs. 3/4 acompaña documentación en respaldo de los hechos denunciados (ticket de compra en el
local de la denunciada, constancia de compra emitido por el local Falabella sobre uno de los productos
denunciados como sustraído y denuncia policial a más de manifestar el denunciante haber expuesto el
caso en el libro de quejas, circunstancia que no ha sigo negada ni desacreditada por la denunciada a
pesar de encontrarse en mejor posición de acuerdo a la “teoría de la carga probatoria dinámica”).
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Que a fs. 8 se realiza audiencia conciliatoria a la cual comparece el denunciante e incomparece la
denunciada no obstante presentarse unos minutos posteriores a su cierre y solicitar plazo para presentar
una respuesta.
Que fracasa la instancia conciliatoria toda vez que la denunciada no presenta propuesta conciliatoria.
Que a fs. 11 esta Dirección se imputa infracción a la denunciada por presunta violación al art. 19º de la Ley
24.240.
Que a la fecha la sumariada no ha presentado descargo, quedando en consecuencia consentida y firme la
infracción imputada.
Que esta Dirección es competente para entender en los hechos denunciados, puesto que estamos en
presencia de una “relación de consumo”, entre un “consumidor” y un “proveedor” los cuales están
alcanzados por las disposiciones de orden público de la Ley 24.240, de la cual la Dirección de Defensa del
Consumidor es autoridad de aplicación según lo establecido por el Decreto 2140/94.
Que en relación con los hechos denunciados, con la prueba obrante en autos se ha acreditado el
incumplimiento al art. 19º de la ley 24.240, puesto que los bienes descriptos a fs.4, han sido sustraídos del
local comercial denunciado, el día 26 de diciembre de 2011. En efecto, reviste especial importancia el
ticket de compras con fecha 26/12/11 y hora 14:19 (aunque no es necesario consumir y/o comprar en el
lugar para ser considerado consumidor – consumidor expuesto art. 1 Ley 24.240).
Que también reviste suma importancia la denuncia policial del hecho, realizada en forma inmediata, ante la
comisaría o fiscalía con jurisdicción correspondiente al domicilio del lugar de los hechos.
Que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, en fecha 5/03/2008, en autos
“Días,Julio O. c. Open Mall S.A. Publicado en: La Ley Online; ha resuelto: No resulta arbitraria la sentencia
que condena a un hipermercado a indemnizar a un cliente por la sustracción de su vehículo acaecida en la
playa de estacionamiento y para ello valora como prueba el ticket de compra emitido por la máquina de un
negocio ubicado en sus instalaciones y la denuncia ante la asegurado y la policía efectuada ese mismo
día, pues, si bien es cierto que el actor no ha traído a juicio ninguna prueba testimonial que acredite que él
se encontraba en ese lugar con su auto, esa omisión no alcanza para desvirtuar la serie de indicios
aceptados y analizados en conjunto por los jueces de grado.”
Que la pretensión de la parte denunciante está basada en el incumplimiento por parte del local comercial
denunciado, por la obligación tácita de seguridad en relación a la ley de defensa del consumidor.
Que en el art. 42º CN ha quedado conformado un principio general de seguridad en beneficio de los
consumidores o usuarios, con un despliegue claramente preventivo.
Que doctrinariamente se ha sostenido que: “… a la par del deber de custodia que pesa sobre los vehículos
que se estacionan en las playas de estacionamiento, existe también un deber de seguridad, como deber
secundario de conducta, que tiene por objeto la integridad física u otros bienes de los clientes o
potenciales clientes que ingresan al establecimiento comercial…” (Moeremans, Daniel, “Responsabilidad
de los supermercados por daños sufridos por clientes o potenciales clientes en las playas de
estacionamiento”, en Responsabilidad Civil y Seguros, LA LEY, 2000-351).
Que el mismo autor enseña: “el consumidor, al concurrir al supermercado, no sólo confía que su vehículo
será resguardado en su integridad, sino también en que se trata de un lugar seguro para su integridad
física y sus bienes, ya que cuentan normalmente con personal específico dedicado a esa tarea. Esa
confianza se basa incluso en propaganda que realizan algunos centros de compra, incentivando la
concurrencia de los mismos. Al ser entonces un elemento que es utilizado dentro de la estrategia de
mercadeo de los centros de compra, éste debe soportar igualmente los daños que se produzcan como
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consecuencia de la frustración de la confianza depositada” (Op. Cit. Pág. 359),
Que asimismo, la jurisprudencia ha sostenido: “Sea cual sea el encuadre de la relación en análisis, no
cabe duda alguna de que los shopping centers y/o supermercados asumen, con motivo de su deber de
custodia, guarda y restitución de los rodados estacionados en la playa de estacionamiento, una obligación
de resultado, ya que dichas empresas comerciales se comprometen, aunque pretendan desconocer su
compromiso con las cláusulas de exoneración de la responsabilidad, a custodiar con éxito el vehículo y a
restituir efectivamente ese mismo e idéntico rodado. Por otro lado, la obligación que tienen aquellas
empresas de restituir el rodado, así como también hacerlos sin deterioros, se asemeja a la obligación que
pesa sobre el depositario; por tanto le son aplicables, por analogía, los mismos principios.” CAMPOS,
MIGUEL ANGEL / C/LIBERTAD S.A. Fecha 07/12/2006. Tribunal: Primera Cámara Civil. Expediente:
38128. Ubicación: S168-062).
Que también se ha sostenido que “…quien estaciona un vehículo en un lugar destinado a ese fin…, se
establece una relación comercial atípica, con carácter asimilable al depósito, a la locación de cosas y
servicios, por lo cual resultan aplicables al segundo de ellos, por analogía, las disposiciones pertinentes de
la legislación de fondo.” CONTRATO DE GUARDA Y CUSTODIA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO-
DAÑOS Y PERJUICIOS-VEHÍCULOS ESTACIONADOS – URTIAGA DE PALOMBO / LIGA MENDOCINA
DE FÚTBOL Y CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA Fecha: 07/10/1988. Tribunal: Segunda Cámara Civil.
Expediente: 143662. Ubicación: S077-123.
Que en el caso “Quispia, Natividad y otro c. Wal-Mart Argentina S.A. s/ordinario”, con fecha 19/05/2009 ha
resuelto: “Existe responsabilidad del supermercado demandado por el robo del automotor de un cliente
que se encontraba en la playa de estacionamiento del comercio pues si bien por ordenanza municipal se le
impone el deber de contar con espacios para el estacionamiento de vehículos particulares, ello es
exclusivamente para clientes, de modo que dicha disposición legal no hace cesar la obligación de
garantizar la custodia y guarda de los vehículos aparcados en el lugar siendo que se trata de un predio
privado, ni descarta la finalidad lucrativa perseguida al establecer tal servicio accesorio”.
Que siguiendo la corriente mayoritaria, respecto de la responsabilidad de estos establecimientos
comerciales por la sustracción de los vehículos de los clientes que allí los estacionan, cuando concurren a
realizar compras en ellos, la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de la Primer
Circunscripción Judicial, ha sostenido: en los autos N° 33.982/152.281 caratulados “YACIOFANO, HUGO
C/CENCOSUD S.A. – JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. P/DAÑOS Y PERJUICIOS” N° 32.634/128.561
caratulados “Palacio, Francisco Javier c/Hipermercado Libertad S.A. p/D. y P.”, “que en los centros
comerciales se desarrolla gran parte de la vida pública de los habitantes y las causas de ello se
encuentran en las propias exigencias de los consumidores y consecuentes estudios de marketing y
campañas publicitarias que los empresarios desarrollan, no sólo para satisfacer y dar respuesta a esas
exigencias, sino también para generar nuevas necesidades e inducir al consumo que no está
condicionado, solamente por la necesidad y los recursos, sino por todo aquello que resulta impuesto desde
los medios masivos de comunicación. Los consumidores prefieren comprar en lugares que ofrecen
variedad de propuestas, de prestaciones accesorias, tales como estacionamiento, seguridad, climatización,
muchas de las cuales, incluso, constituyen los elementos que tipifican estas estructuras contractuales;
asimismo, el hipermercado acompaña la compra con servicios o beneficios para sus potenciales clientes,
logrando que los consumidores obtengan lo que necesiten y disfruten momentos agradables. La publicidad
es, pues, la que ha ocupado un lugar privilegiado en estas estructuras contractuales induciendo al
consumo no sólo por el ofrecimiento que se hace a través de aquella de ciertos y determinados bienes,
sino también de prestaciones accesorias y complementarias de la prestación principal, muchas de las
cuales son decisivas al momento de la contratación. A través de la publicidad se trata de crear, con el
producto o servicio inducido, un estado de bienestar que no siempre condice con la ejecución de la
prestación y el goce del bien o servicio. “No se discute, entonces, la fuerza de la publicidad en la
generación de conductas en los consumidores, menos aún cuando la propia ley N° 24.240 en su art. 7°
admitió la oferta dirigida a consumidores potencialmente indeterminados y en su art. 8° consagró el
principio de la fuerza vinculante de aquella inducción mediática. En el análisis de la cuestión relativa a la
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responsabilidad por la sustracción del vehículo de un consumidor de la playa de estacionamiento privado
que utiliza el hipermercado y que éste ofrece como servicio accesorio a sus potenciales clientes, no puede
dejarse de contemplar los efectos de la publicidad en la relación contractual que se genera entre ellos, las
características y alcances de la oferta realizada por el empresario y las obligaciones que surgen en
consecuencia. Entendiendo al contrato como un todo complejo en cuya formación tiene gran incidencia la
publicidad y, aludiendo específicamente al que se concluye entre el hipermercado y los consumidores,
aquél tiene la obligación, porque así lo ha ofrecido en sus campañas publicitarias de brindar el servicio de
estacionamiento gratuito, mientras los consumidores se encuentren en el establecimiento. Dicha
prestación accesoria y complementaria –servicio de estacionamiento gratuito- que genera los débitos para
el hipermercado de custodia y guarda del vehículo y de restitución del mismo e idéntico aparcado, es
determinante para el consumidor, quien confía en que el oferente va a adoptar las medidas y precauciones
necesarias para alcanzar ese fin, durante ese tiempo. Los deberes que el empresario ha asumido le
imponen tener una organización, ajena al conocimiento de los consumidores, acorde a la importancia de
los bienes cuya custodia y guarda prometió y cuya publicidad fue determinante para contratar, por la
generación de confianza consecuente, todo lo cual motiva que aún cuando no se pague suma alguna por
el servicio accesorio aprovechado, no merezcan los usuarios del mismo ser defraudados con un inefectivo
o aún inexistente control en la playa de marras. En el contrato celebrado entre quien adhiere a la oferta
hecha pública por un hipermercado y éste, hay deberes principales y accesorios, incluyéndose entre estos
últimos, por las características de lo que se ha ofrecido, algunos similares a los que incumben a todo
posadero de vigilar las cosas introducidas por los viajeros; ello implica que si los vehículos dejados por los
potenciales consumidores en playas de estacionamiento que usufructúa el hipermercado no importa en
qué carácter, pues es otra de la relaciones ajenas al conocimiento de los consumidores, sufren daños o
son sustraídos, debe responder el oferente, no sólo por hechos de sus dependientes sino también por
aquellas personas con las que no tiene vínculo de dependencia alguna pero cuya actividad le permite
alcanzar el objeto de los contratos celebrados con los consumidores, incluyendo aquello que ha publicitado
y que ha sido uno de los factores posibilitantes de la contratación principal. Eximir de responsabilidad al
empresario en supuestos como el analizado, sería incluso desvirtuar uno de los elementos esenciales del
contrato como es la causa y equivaldría a descalificar la voluntad de las partes, expresada a través del
consentimiento; el fundamento de ello radica en los motivos que llevan a cada uno de los potenciales
consumidores a adherir a la oferta hecha pública y a abocarse a perfeccionar por consiguiente una
genérica relación de consumo bajo las condiciones ofrecidas. (CUIÑAS RODRÍGUEZ, ManuelDIA
PALACIO, Eugenia, “Hipermercados. Estacionamiento de vehículos en playa y responsabilidad
sobreviniente”, La Ley 1998-EE, 393 y sgtes.)”… “Ahora bien, sea cual sea el encuadre de la relación en
análisis, no cabe duda alguna de que los shopping centers y/o supermercados asumen, con motivo de su
estacionamiento, una obligación de resultado, ya que dichas empresas comerciales se comprometen,
aunque pretendan desconocer su compromiso con las cláusulas de exoneración de la responsabilidad, a
custodiar con éxito el vehículo y a restituir efectivamente ese mismo e idéntico rodado. De manera tal que,
si no se restituye el rodado o se lo restituye deteriorado, no han cumplido con éxito la obligación asumida,
y por tanto, se deriva sin más el incumplimiento. Por otro lado, la obligación que tienen aquellas empresas
de restituir el rodado, así como también hacerlo sin deterioros, se asemeja a la obligación que pesa sobre
el depositario; por tanto le son aplicables, por analogía, los mismos principios (art. 16 código civil); en este
sentido, como todo deudor de cuerpo cierto (pues se debe restituir “el automotor tal” o “el objeto tal”
entregado por el potencial cliente o depositante), según el caso, el depositario y en su caso, las empresas
comerciales que no lo restituye/n o lo restituye/n deteriorado/s, se presume/n culposo/s. Salvo que lo
demuestre/n, que medió fuerza mayor, por lo cual lo exime/n de responsabilidad; a menos que lo hayan
tomado a su cargo en el contrato o acontecimiento haya sucedido por su culpa o que haya ocurrido
después de constituidos en mora para restituir la cosa (art. 2203 cód. civil). Empero, en éste último caso,
no responderá si demuestra que la cosa se hubiere perdido también en poder del depositante (art. 892 del
código civil). Se trata del deber de restituir una cosa obligación de dar, y por lo tanto, la obligación es de
resultado, y no es de medios; por ello, la cosa objeto mediato de la obligación a la ve que inmediato real o
sustantivo del contrato, debe ser entregada o reintegrada al acreedor en el caso, quien antecedentemente
había estacionado el automóvil, no verificado lo cual es procedente la acción indemnizatoria. La potencial
exención de responsabilidad sólo podrá venir de la mano del quiebre del nexo causal; tal es el caso del
eximente de la fuerza mayor extraña a su ámbito o el hecho de un tercero por quien no debe responder o
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el hecho del acreedor, es decir, la causa ajena. En definitiva, los hipermercados y “shopping centers” son
responsables por los daños y perjuicios sufridos por el vehículo durante el tiempo que está bajo su guarda
salvo que pruebe una eximente de fuerza mayor. En otras palabras: si el automóvil ha desaparecido o
sufrido daños, aquellos responden; a menos que prueben la eximente referenciada, y sin que competa al
dueño del vehículo la prueba de la culpa en el proceder de los mencionados centros comerciales o de sus
dependientes (BORETTO, Mauricio, “Responsabilidad empresaria: shopping centers y supermercados.
Estacionamiento gratuito. Cláusulas exonerativas de la responsabilidad: ineficacia”. LL Gran Cuyo 2001,
385),
“También se ha expresado que el hipermercado, ante la sustracción del vehículo de su playa de
estacionamiento es responsable, en primer lugar, porque ha incumplido con el deber expreso de seguridad
respecto de los intereses económicos del consumidor que impone el art. 42º de la Constitución Nacional y
porque la Ley N° 24.240 expresamente la impone tal consecuencia, ante la deficitaria prestación del
servicio. Es decir, que si el sujeto pasivo de la ley N° 24.240, regla un servicio con la finalidad de
incrementar las posibilidades de que el negocio se concrete, lo cual puede suceder o no, será responsable
por las consecuencias que se deriven del mismo (ver CC3°, L.S. 113:132)".
Que la Corte de la Provincia de Mendoza ha tratado la problemática sub examen, “respecto a la
reparación de los daños y perjuicios derivados de un robo de automóvil, producido en la playa de
estacionamiento de un hipermercado, la dificultad probatoria que presentan estos casos, impone que no
pueda exigírsele al actor la prueba diabólica de que dejó el auto en la playa de estacionamiento, bastando
con acreditar la concordancia de indicios graves, precisos y concordantes para acreditar la existencia del
daño causado” (Expediente N° 89.531, “Céspedes Córdoba Florencio en J° 124.991/9.252 Céspedes
Córdoba Florencio C/Cencosud S.A. P/Daños y perjuicios S/Inconstitucionalidad”, 04/06/2008, LS
389:240).
Que por todo lo expuesto se entiende que ha quedado configurada la infracción al artículo 19º de la Ley
24.240, por lo que corresponde sancionar a la sumariada.
Que el artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 8923, Art. 11º) indica que las infracciones
serán reprimidas con las siguientes penas: “…b) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde
1.250,00 a 125.000; 2. Moderado desde 125.001 a 375.000; 3. Grave desde 375.001 a 2.500.000; 4.
Gravísima desde 2.500.001 hasta 5.000.000,00. La Reincidencia duplicará el monto de la Multa
anteriormente aplicada y la Clausura por dos (2) días…”
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 59º de la misma normativa, el cual prevé la aplicación y graduación de las multas,
estableciendo como parámetros: a) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario y b)
el número de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley.
Que asimismo, y en concordancia con el artículo 59º de la Ley 5547, se tienen en cuenta los criterios de
graduación de la Ley Nacional Nº 24.240, que en el Artículo 49º, precisa que en la aplicación y graduación
de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario,
la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de las sumariadas
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos,
teniendo en cuenta que “Carrefour” es una empresa con “34 años de compromiso y confianza en la
Argentina, Mas de 585 sucursales a nivel nacional, Presentes en 22 provincias con 4 formatos para
satisfacer
las
necesidades
de
nuestros
clientes.”
(fuente:
http://www.carrefour.com.ar/content/enargentina/).
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Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada han
incumplido el deber de seguridad respecto del vehículo estacionado en su playa de estacionamiento. Que
respecto al perjuicio sufrido por el consumidor, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia ha dicho en
cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora
de graduar la multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni
que el monto de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº
2810-0- Autos caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE
DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES –
SALA I- 24/10/2011, publicado por el Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración
de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo
amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones
matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec.
de Comercio e Inversiones).
Que la sumariada no ha reparado el daño sufrido por el consumidor, habiendo transcurrido seis años
desde el hecho objeto del reclamo.
Que por el incumplimiento a la normativa en cuestión, resulta razonable sancionar a la firma INC S.A. por
la suma de Pesos Veinte Mil con 00/100 ($20.000,00).
Que también se valora el informe del Registro de infracciones y antecedentes realizado por la Dirección de
Defensa del Consumidor, donde se visualiza que la firma INC S.A. CUIT Nº 30-68731043-4 registra
antecedentes (ver fs. 26/29), por lo que corresponde duplicar el monto de la multa anteriormente impuesta
(artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 8923, Art. 11º). Por ello se considera razonable
imponer la sanción de multa conforme lo permite la escala legal correspondiente, equivalente a PESOS
CUARENTA MIL con 00/100 ($ 40.000,00) por la infracción verificada y analizada.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la
Ley 24.240”.
Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que
la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido ($ 1.250) y extremadamente lejos de su máximo
($ 5.000.000), y que dentro de la escala de la Ley nº 5547, es considerada como una multa LEVE.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE
ARTÍCULO 1º - IMPÓNGASE al INC S.A. CUIT Nº 30-68731043-4 con domicilio en Acceso Este y Lateral
Sur entre Rondeau y Urquiza, Guaymallen, Mendoza, la sanción de multa consistente en el pago de Pesos
Cuarenta Mil con 00/100 ($40.000,00) de conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley
Nº 24.240, por la violación al artículo 19º del mismo cuerpo legal.
ARTÍCULO 2°- INTIMESE por la presente al pago de la multa, en la cuenta Correspondiente a Cuenta Ley
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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N° 24.240, código TAX 017-417, CODIGO RESUMIDO 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º- ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTICULO 4º- PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance
Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley
Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5°- INSCRIBASE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 6º - NOTIFIQUESE al infractor de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7º - ARCHIVESE.
LIC. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
21/11/2017 (1 Pub.)
