RESOLUCIONES
Resolución Nº 150
- Fecha de publicación
- 4 de octubre de 2017
- Fecha de la norma
- 18 de julio de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.461 · páginas 17–20
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 150
MENDOZA, 18 de julio de 2017
VISTO:
EL expediente Nº 551-D-2014-00112, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA, CUIT Nº 30-50001091-2, con domicilio en calle Av. España nº 1275, Ciudad
de Mendoza, y con domicilio legal en calle Av. España nº 1275, 4º Piso, Ciudad, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que se inician las actuaciones por denuncia presentada por el Sr. Sanfurgo, Hugo Ricardo, DNI Nº
6.866.456, contra el Banco de la Nación Argentina, por haberse debitado de su caja de ahorro el monto
$900,00 sin haber recibido el dinero, y sin haber respondido su reclamo.
Que a fs. 05 se imputa infracción a la denunciada por violación al art. 20º de la Ley 5.547. Que la misma se
notifica en fecha 27 de Mayo de 2014, de conformidad con fs. 06 de autos.
Que a fs. 11 glosa descargo de la sumariada en el que manifiesta que el denunciante retiró dinero de un
cajero Banelco SP 339 el día 30/11/2013, que el denunciante concurrió el día 11/12/2013 a la sucursal del
Banco Nación donde está radicada su cuenta denunciando que en la fecha señalada, el cajero expendió
una suma menor a la solicitada. Que el cajero en cuestión no registró fallas. Adjunta comprobante y tirilla
del cajero de donde surge que el día denunciado expidió el dinero requerido.
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Que de la prueba acompañada por la sumariada, a fs. 13 la oficina “resolución de reclamos” informa que
conforme surge de la copia de la tira auditora remitida por Red Link, el dinero solicitado fue dispensado por
el cajero automático; a fs. 14/15 acompaña detalles del reclamo y su resolución del que surge que la fecha
de transacción fue el día 30/11/2013 y que la entidad destinataria fue Banelco S.A.; a fs. 16 la tira de
auditoría electrónica da cuenta que la extracción fue efectuada en fecha 30/11/2013. Que tales pruebas no
guardan relación con los hechos denunciados, ya que el denunciante reclama dinero no dispensado por el
cajero el día 02/12/13, lo que acredita con consulta de movimientos históricos de la caja de ahorros (fs. 3)
emitida por la propia sumariada.
Que para establecer la responsabilidad de la sumariada resulta determinante su carácter profesional, toda
vez que tal condición la responsabiliza de manera especial, en tanto la superioridad técnica que detenta,
les impone el deber de obrar con mayor prudencia y pleno conocimiento del negocio y le exige una
diligencia acorde con su objeto, con organización adecuada para desarrollar su giro. La conducta de la
sumariada debe apreciarse conforme al "standard" de responsabilidad agravada que el profesional titular
de una empresa con alto nivel de especialización tiene frente al usuario: puesto que en los contratos en los
que una de las partes detenta superioridad técnica, la otra soporta una situación de inferioridad jurídica. La
complejidad del trafico hace exigible una protección responsable del consumidor (CN: 42 y Ley 24240)
desde que la confianza como principio de contenido ético impone a los operadores un inexcusable deber
de honrar esas expectativas, y su quiebre implica la contravención de los fundamentos de toda
organización, tornando inseguro el tráfico (conf. Rezzonico, Juan Carlos, "principios fundamentales de los
contratos", ed. Astrea, Bs.As., 1999, pag.376 y ss.). (En igual sentido: Sala E, 15.5.07, "Creaciones Dairen
S.A. c/ Transportes Arias S.A. s/ Sumario.").
Que la responsabilidad del banco por un vicio en el sistema informático que opera para la prestación
remota de servicios, específicamente, respecto de la red de cajeros automáticos, es objetiva, sea que se
aplique la ley 24.240 o el CCIV: 1113; ello así pues, una de las obligaciones primordiales del banco, que
constituye el presupuesto básico de los servicios que ofrece, es que estos sean brindados, tanto cuando
se lo haga en forma personal como cuando lo sea por medio de elementos mecánicos o electrónicos, con
total seguridad para el cliente; además, en tanto estos servicios inciden directamente sobre el patrimonio
del usuario, tanto en sus operaciones pasivas como en las activas (ver clasificación de las operaciones
bancarias, Garrigues J., "curso de derecho mercantil”, T. IV, P. 165) y, en particular por ser sus
prestadores instituciones autorizadas para recibir los ahorros del público, el estado regula su actuación
mediante estrictas normativas tanto legislativas como de naturaleza administrativa, en pos de brindar
seguridad a los ciudadanos respecto de los fondos entregados; así, el banco central ha establecido y
reiterado en su normativa, la imposición a los bancos de contar con "mecanismos de seguridad
informática" que garanticen la confiabilidad de la operatoria (comunicación "a" 3323, 1.7.2.2., último
párrafo; comunicación "a" 3682, 4.).
Que el art. 20º de la Ley 5547 establece que “Quienes presten servicios de cualquier naturaleza a
usuarios según el criterio del art. 20 de la presente ley, están obligados a respetar los términos, plazos y
condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hubieren ofrecido,
publicitado o convenido con el usuario la prestación del mismo... “.
Que respecto a la prestación de servicios, el artículo 20º del mencionado cuerpo legal, se refiere a
servicios de cualquier naturaleza que se subsuman en una relación de consumo sin importar la clase de
estos incluso aquellos que se prestan a título gratuito.
Que la infracción a la ley es de las que se condicen con el tipo “formal”, ya que no necesitan de factor de
atribución subjetivo (dolo o culpa), siendo por lo tanto necesario y suficiente la mera conducta contraria al
precepto legal. Se trata de una responsabilidad objetiva por las infracciones formales, donde la verificación
de tales hechos hace nacer por sí la responsabilidad del infractor. Corresponde señalar que la inexistencia
de daño alguno con relación al usuario resulta irrelevante en la consideración de las obligaciones
impuestas por la Ley 5.547. Ello es así porque lo que sanciona la ley de defensa del consumidor es la
omisión o incumplimiento de los deberes u obligaciones a cargo de los prestadores de bienes y servicios
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que fueron impuestos como forma de equilibrar la relación prestatarioconsumidor.
Que por lo expuesto, ha quedado configurada la infracción imputada.
Que el artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 8923, Art. 11º) indica que “las infracciones
serán reprimidas con las siguientes penas: … b) MULTAS (Ley 5547 ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde
1.250,00 a 125.000; 2. Moderado desde 125.001 a 375.000; 3. Grave desde 375.001 a 2.500.000; 4.
Gravísima desde 2.500.001 hasta 5.000.000,00. La Reincidencia duplicará el monto de la Multa
anteriormente aplicada…h) publicación de la resolución sancionatoria a costa del infractor...”.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación del Artículo 59º de la misma normativa, el cual prevé la aplicación y graduación de las multas,
estableciendo como parámetros: a) el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario y b)
el número de infracciones cometidas por los responsables obligados por la presente ley.
Qué asimismo, y en concordancia con el artículo 59º de la Ley 5547, se tienen en cuenta los criterios de
graduación de la Ley Nacional Nº 24.240, que en el Artículo 49º, precisa que en la aplicación y graduación
de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario,
la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos.
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no dio
cumplimiento en debida forma con el servicio financiero contratado, ni tampoco presenta pruebas
contundentes en su defensa. Y que si bien el denunciante reclama la suma de $900, debe tenerse en
cuenta lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin perjuicio de que el daño al
consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la multa, de ello no se sigue que
sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto de la sanción deba guardar
una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos caratulados: ”SONY
ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA CÁMARA DE
APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el
Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración
de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo
amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones
matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec.
de Comercio e Inversiones).
Que la sumariada no reparó el daño sufrido por el consumidor, habiendo transcurrido tres años desde el
hecho objeto del reclamo.
Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la
firma Banco de la Nación Argentina, conforme lo permite la escala legal, equivalente a pesos treinta mil
con 00/100 ($30.000,00.-), por la infracción verificada y analizada.
Que no obstante ello, considerando el informe del Registro de infracciones y antecedentes realizado por la
Dirección de Defensa del Consumidor obrante a fs. 25 vta., donde se visualiza que la firma Banco de la
Nación Argentina, CUIT Nº 30-50001091-2 registra antecedentes, corresponde duplicar el monto de la
multa anteriormente impuesta (artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 8923, Art. 11º), por lo
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que se considera razonable imponer la sanción de multa conforme lo permite la escala legal
correspondiente, equivalente a PESOS SESENTA MIL con 00/100 ($ 60.000,00) por la infracción
verificada y analizada.
Que el monto fijado a la sanción, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos en la norma que
la determina y se halla cerca del mínimo legal establecido ($ 1.250) y extremadamente lejos de su máximo
($ 5.000.000), y que dentro de la escala de la Ley nº 5547, es considerada como una multa LEVE.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la
Ley 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
RESUELVE
ARTÍCULO 1º - IMPÓNGASE al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, CUIT Nº 30-50001091-2, con
domicilio legal en calle Av. España nº 1275, 4º Piso, Ciudad, Mendoza, la sanción de multa consistente en
el pago de PESOS SESENTA MIL con 00/100 ($60.000,00), de conformidad con lo prescripto en el artículo
57º inc. b) de la Ley Nº 5547, por la violación al artículo 20º del mismo cuerpo legal.
ARTÍCULO 2° - INTIMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 5547,
correspondiente al Código Tax 017- 925, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador
ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTÍCULO 4º - INSCRÍBASE esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa
del Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 5º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance
Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley
Nacional Nº 24.240).
ARTÍCULO 6º - NOTIFIQUESE al infractor de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7º - ARCHIVESE.
LIC. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
04/10/2017 (1 Pub.)
