RESOLUCIONES

Resolución Nº 158

Fecha de publicación
29 de septiembre de 2017
Fecha de la norma
20 de julio de 2017
Referencia documental
Boletín Nº 30.458 · páginas 43–46
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 158 MENDOZA, 20 de julio de 2017 VISTO: El expediente Nº 13796-A-2010-01409, en el cual obran las actuaciones contra la firma Telefónica Móviles Argentina S.A., CUIT Nº 30-67881435-7, con domicilio real Garibaldi nº 70, Ciudad, Mendoza, y con domicilio legal en calle Serú nº 72, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución Nº 034/2014, la ex Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del Consumidor, actual Dirección de Defensa del Consumidor, aplica a TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-67881435-7, una multa de pesos un mil quinientos ($1.500), por violación al Artículo 19º de la Ley Nº 24.240, conforme al Artículo 47º inciso b) del mismo cuerpo legal. Que la sumariada presenta recurso de revocatoria interpuesto en contra la mencionada Resolución. Que desde su aspecto formal, el recurso cabe ser aceptado, por haber sido presentado en tiempo y forma. Que desde el punto de vista sustancial, el recurrente reitera la incompetencia como ya lo hizo a fs. 21/27, y sostiene que el servicio se desenvuelve en el marco de la Ley 19.798, y que el órgano de contralor es la Comisión Nacional de comunicaciones. Manifiesta que el fuero federal corresponde a la causa rationae materiae y no rationae personae y el órgano competente es la C.N.C. Que expone también, que la misma ley 24.240 en su art. 25 establece la absoluta incompetencia de la Dirección para entender en el tema al disponer “los servicios domiciliarios con legislación específica y cuya actuación controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose la presente Iey supletoriamente”. Que seguidamente sostiene la irrenunciabilidad e improrrogabilidad de la competencia; habla del poder de policía en materia de comunicaciones y cita a Marienhoff, autor éste que menciona la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la nación- pero respecto de los servicios públicos de carácter “interprovincial" para luego continuar señalando que no es la Municipalidad de la Capital o su Dirección de Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00158769-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 43 de 142 Defensa del Consumidor a quien le corresponde labrar acta de infracción ni entender en casos de publicidad. Que analizado el planteo de incompetencia sostenido por la parte denunciada corresponde tener en cuenta, que a partir del 16 de abril de 2.008, la Ley 24.240 fue reformada por la Ley 26.361, que introdujo modificaciones sustanciales en temas como el de marras. Si bien no se desconoce ni la normativa legal que cita el denunciado, ni la competencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones, debe tenerse presente que la Ley 26.361 entre sus modificaciones introdujo el concepto de “relación de consumo" en su art. 3°, siendo éste más abarcativo que el concepto anterior de “contrato de consumo", y en este sentido el artículo citado, establece claramente que “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica". El legislador refuerza la preeminencia de este estatuto tuitivo por sobre otra legislación especial aplicable a las relaciones de consumo: Ley de Seguros, normativa de IGJ a planes de ahorro previo, Ley de Telecomunicaciones, normativa de transporte, turismo etc. En consecuencia, y ante el caso de que alguna empresa de algún sector de actividad especial plantee una incompetencia por la materia ante Defensa del Consumidor, argumentando que su actividad -seguros, transporte, comunicaciones, etc.- tiene una legislación específica, resulta claro que, en lo atinente a la “relación de consumo" establecida entre el consumidor y la empresa y la consecuente prestación del servicio contratado, siempre se aplica la Ley 24.240 sin perjuicio de la aplicación que proceda respecto de la legislación especial por parte del organismo de control y la intervención e injerencia que puedan darse en las cuestiones sistémicas de la actividad, hacia el interior del régimen, es decir, que hacen al buen funcionamiento “general” de cada sector por ej., dictado de normas regulatorias, etc. (Lepíscopo Leonardocomentarios a la Reforma de la Ley 24.240). Que a su vez debe recordarse que Ia reforma mantiene en su art. 65º el carácter de ley de orden público, entendiendo así que en ella está interesada de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad social , las buenas costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral. Dicho en otras palabras, las leyes de orden público son las leyes fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización social, teniéndose especialmente en cuenta que responde a un interés general, colectivo, resultando así su aplicación imperativa e irrenunciable. Que en cuanto al artículo 25º citado por la sumariada, hoy ese artículo con la ley 26.361 mereció una trascendente reforma puesto que señala para los “los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas Y POR LA PRESENTE LEY. En caso de duda la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor”. Prescribiendo que los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por la legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley, estableciéndose de esta manera una competencia concurrente entre ambas instituciones. La Constitución Nacional, en su reforma de 1994, incorporó en el Artículo 42 los derechos de los consumidores. Allí se define al conjunto de los consumidores y usuarios de bienes y servicios —tanto públicos como privados— como un grupo merecedor de derechos con relación al consumo. Que debe tenerse en cuenta que el vínculo jurídico existente entre el cliente de telefonía móvil y la empresa prestadora es una relación de consumo, y que la prestadora posee el carácter de proveedora en los términos del art. 2° de la Ley 24.240. “Teniendo en cuenta el origen, la génesis de la singular defensa que en el mundo moderno se brinda al consumidor, como también el propósito de esa protección, debemos concluir en que lo especial es, precisamente, la relación de consumo y las circunstancias que la provocan y rodean en que damos en Ilamar la sociedad de consumo. Son antiguos los servicios bancarios, de seguros, turísticos, de telefonía, de atención de la salud o de administración de planes de ahorro para fines determinados, por citar sólo unos pocos; antigua es también la provisión de alimentos, o de medicamentos. Cada una de estas actividades, como otras, tuvo desde antaño su propia regulación y, en muchos casos, una autoridad administrativa para aplicarla, conformándose así una suerte de superintendencia integral de cada una de ellas. Así, se organiza el sistema, garantizándose con normas y autoridades su funcionamiento. En ocasiones, junto a muchas otras que apuntan a diversos objetivos Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00158769-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 44 de 142 sistémicos, esas normas que estructuran un determinado sector de actividad protegen al consumidor respecto de alguna cuestión puntual. Entretanto, se desarrolla el consumo moderno, con las particularidades que lo caracterizan: masividad, anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica renovación productiva y compleja comercialización, entre otras. En este nuevo escenario, con la sanción de la Iey 24.240, de Defensa del Consumidor, el legislador argentino, al igual que el de la mayoría de los países desarrollados, establece una doble protección: protege al consumidor individual afectado en sus derechos subjetivos, y protege el orden público comercial, más precisamente el consumo público, al que la sociedad le otorga un status especial como parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su conjunto por la falta cometida contra alguno de sus miembros. Estos son los bienes jurídicos protegidos por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, mediante los tipos que crea y el régimen de sanciones contra los que la violan. Pero el legislador argentino, en ejercicio del poder de policía, no sólo limita los derechos individuales en función de los bienes jurídicos que quiere proteger de manera singular -un consumo transparente y relaciones de consumo equitativas- sino que instaura un andamiaje normativo institucional para garantizar la vigencia efectiva del nuevo derecho”. Que parte del funcionamiento de esa sistematizada estructura se basa en este artículo 3° y en el principio integrativo que incorpora. Hace centro en la propia ley 24.240, de Defensa del Consumidor, la fórmula adoptada por el artículo 3°, cuando dice que "Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo…". Como se advierte, no establece la mencionada Iey que las normas generales y especiales se integran con las disposiciones de "esta" norma sino, al contrario, que "esta" ley se integra con aquéllas. Y es lógico que así sea pues, como se ha dicho, el legislador argentino entiende que la especialidad radica en la relación de consumo como tal, en sí misma, y a ella se aplican la legislación especial de consumo y los institutos, principios y criterios de este derecho (antecedentes parlamentarios Ley 26.361). Que por lo tanto, si bien en el caso concreto puede no resultar aplicable los artículos de servicios públicos domiciliarios contenidos en la Ley 24240, conforme a lo explicado ut supra, no existe duda que entre las partes media una relación de consumo encuadrable en la prestación de servicios, quedando por tanto la sumariada sujeta a las obligaciones impuestas en el capítulo V de la mencionada Iey (“De la prestación de servicios"), incluyendo por tanto el artículo 19º cuya violación fue imputada a la firma denunciada mediante la correspondiente acta. Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación de la Iey 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia ley, por ejemplo el caso del art. 63. Que el art. 41 de la Ley 24.240 de Defensa del consumidor establece que “La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones”. En virtud de la normativa citada, mediante Decreto N° 2140/1994 se establece: art. 1° “la Dirección de Defensa del Consumidor y de la Competencia, será la Autoridad de aplicación en el orden provincial, de la Ley Nacional N° 24.240, con las facultades conferidas por el art. 41° de la misma...” Por tanto, conforme surge de la normativa citada la Dirección de Defensa del Consumidor es competente para entender en protección del consumidor y sus derechos en un caso como el de autos. En consecuencia la Provincia de Mendoza posee competencia para entender en temas relacionados con el servicio de telefonía celular y esto es reafirmado por la modificación introducida por la Ley 26.361. Que por lo expuesto, corresponde declarar por última vez la competencia de esta Dirección. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00158769-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 45 de 142 Que respecto al aspecto de fondo, el recurrente no ha invocado hechos distintos a los merituados al momento de dictarse la resolución de sanción, por lo tanto se reiteran los argumentos expuestos en dictamen de fs. 29/34, en cuanto a que la sumariada no ha acompañado pruebas que desvirtúen la infracción imputada, considerando que el denunciante manifiesta que no ha realizado los consumos facturados, y que la prestataria del servicio es quien debe aportar la prueba que acredite que los consumos efectivamente fueron realizados. Que por otra parte, no corresponde merituar los argumentos respecto a la infracción al art. 4 de la Iey, ya que dicha norma no ha sido imputada en los presentes obrados; como tampoco procede merituar la nulidad planteada a la resolución 489, ya que la misma no corresponde al expediente en análisis. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTÍCULO 1º - ACEPTESE desde el punto de vista formal y RECHACESE desde el aspecto sustancial el recurso interpuesto por la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. contra la Resolución Nº 34/2014 la que se mantiene en todas sus partes ratificando la sanción de multa de Pesos Un Mil Quinientos con 00/100 ($1.500,00). ARTÍCULO 2° - INTIMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240, correspondiente al Código Tax 017- 417, COD. RESUMIDO 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º - ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original. ARTÍCULO 4º - INSCRÍBASE esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 5º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTÍCULO 6º - NOTIFIQUESE al infractor de la presente Resolución. ARTÍCULO 7º - ARCHIVESE. LIC. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 29/09/2017 (1 Pub.)