RESOLUCIONES
Resolución Nº 158
- Fecha de publicación
- 29 de septiembre de 2017
- Fecha de la norma
- 20 de julio de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.458 · páginas 43–46
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 158
MENDOZA, 20 de julio de 2017
VISTO:
El expediente Nº 13796-A-2010-01409, en el cual obran las actuaciones contra la firma Telefónica Móviles
Argentina S.A., CUIT Nº 30-67881435-7, con domicilio real Garibaldi nº 70, Ciudad, Mendoza, y con
domicilio legal en calle Serú nº 72, Ciudad, Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 034/2014, la ex Dirección de Fiscalización, Control y Defensa del
Consumidor, actual Dirección de Defensa del Consumidor, aplica a TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA
S.A., CUIT Nº 30-67881435-7, una multa de pesos un mil quinientos ($1.500), por violación al Artículo 19º
de la Ley Nº 24.240, conforme al Artículo 47º inciso b) del mismo cuerpo legal.
Que la sumariada presenta recurso de revocatoria interpuesto en contra la mencionada Resolución.
Que desde su aspecto formal, el recurso cabe ser aceptado, por haber sido presentado en tiempo y forma.
Que desde el punto de vista sustancial, el recurrente reitera la incompetencia como ya lo hizo a fs. 21/27, y
sostiene que el servicio se desenvuelve en el marco de la Ley 19.798, y que el órgano de contralor es la
Comisión Nacional de comunicaciones. Manifiesta que el fuero federal corresponde a la causa
rationae materiae y no rationae personae y el órgano competente es la C.N.C.
Que expone también, que la misma ley 24.240 en su art. 25 establece la absoluta incompetencia de la
Dirección para entender en el tema al disponer “los servicios domiciliarios con legislación específica y cuya
actuación controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas, aplicándose
la presente Iey supletoriamente”.
Que seguidamente sostiene la irrenunciabilidad e improrrogabilidad de la competencia; habla del poder de
policía en materia de comunicaciones y cita a Marienhoff, autor éste que menciona la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la nación- pero respecto de los servicios públicos de carácter
“interprovincial" para luego continuar señalando que no es la Municipalidad de la Capital o su Dirección de
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Defensa del Consumidor a quien le corresponde labrar acta de infracción ni entender en casos de
publicidad.
Que analizado el planteo de incompetencia sostenido por la parte denunciada corresponde tener en
cuenta, que a partir del 16 de abril de 2.008, la Ley 24.240 fue reformada por la Ley 26.361, que introdujo
modificaciones sustanciales en temas como el de marras. Si bien no se desconoce ni la normativa legal
que cita el denunciado, ni la competencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones, debe tenerse
presente que la Ley 26.361 entre sus modificaciones introdujo el concepto de “relación de consumo" en su
art. 3°, siendo éste más abarcativo que el concepto anterior de “contrato de consumo", y en este sentido
el artículo citado, establece claramente que “las relaciones de consumo se rigen por el régimen
establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que
desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica". El legislador refuerza la preeminencia
de este estatuto tuitivo por sobre otra legislación especial aplicable a las relaciones de consumo: Ley de
Seguros, normativa de IGJ a planes de ahorro previo, Ley de Telecomunicaciones, normativa de
transporte, turismo etc. En consecuencia, y ante el caso de que alguna empresa de algún sector de
actividad especial plantee una incompetencia por la materia ante Defensa del Consumidor, argumentando
que su actividad -seguros, transporte, comunicaciones, etc.- tiene una legislación específica, resulta claro
que, en lo atinente a la “relación de consumo" establecida entre el consumidor y la empresa y la
consecuente prestación del servicio contratado, siempre se aplica la Ley 24.240 sin perjuicio de la
aplicación que proceda respecto de la legislación especial por parte del organismo de control y la
intervención e injerencia que puedan darse en las cuestiones sistémicas de la actividad, hacia el interior
del régimen, es decir, que hacen al buen funcionamiento “general” de cada sector por ej., dictado de
normas regulatorias, etc. (Lepíscopo Leonardocomentarios a la Reforma de la Ley 24.240).
Que a su vez debe recordarse que Ia reforma mantiene en su art. 65º el carácter de ley de orden público,
entendiendo así que en ella está interesada de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad
social , las buenas costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral. Dicho en otras palabras, las
leyes de orden público son las leyes fundamentales y básicas que forman el núcleo sobre el que está
estructurada la organización social, teniéndose especialmente en cuenta que responde a un interés
general, colectivo, resultando así su aplicación imperativa e irrenunciable.
Que en cuanto al artículo 25º citado por la sumariada, hoy ese artículo con la ley 26.361 mereció una
trascendente reforma puesto que señala para los “los servicios públicos domiciliarios con legislación
específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas
normas Y POR LA PRESENTE LEY. En caso de duda la normativa aplicable, resultará la más favorable
para el consumidor”. Prescribiendo que los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante
la autoridad instituida por la legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley,
estableciéndose de esta manera una competencia concurrente entre ambas instituciones. La Constitución
Nacional, en su reforma de 1994, incorporó en el Artículo 42 los derechos de los consumidores. Allí se
define al conjunto de los consumidores y usuarios de bienes y servicios —tanto públicos como privados—
como un grupo merecedor de derechos con relación al consumo.
Que debe tenerse en cuenta que el vínculo jurídico existente entre el cliente de telefonía móvil y la
empresa prestadora es una relación de consumo, y que la prestadora posee el carácter de proveedora en
los términos del art. 2° de la Ley 24.240. “Teniendo en cuenta el origen, la génesis de la singular defensa
que en el mundo moderno se brinda al consumidor, como también el propósito de esa protección,
debemos concluir en que lo especial es, precisamente, la relación de consumo y las circunstancias que la
provocan y rodean en que damos en Ilamar la sociedad de consumo. Son antiguos los servicios bancarios,
de seguros, turísticos, de telefonía, de atención de la salud o de administración de planes de ahorro para
fines determinados, por citar sólo unos pocos; antigua es también la provisión de alimentos, o de
medicamentos. Cada una de estas actividades, como otras, tuvo desde antaño su propia regulación y, en
muchos casos, una autoridad administrativa para aplicarla, conformándose así una suerte de
superintendencia integral de cada una de ellas. Así, se organiza el sistema, garantizándose con normas y
autoridades su funcionamiento. En ocasiones, junto a muchas otras que apuntan a diversos objetivos
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sistémicos, esas normas que estructuran un determinado sector de actividad protegen al consumidor
respecto de alguna cuestión puntual. Entretanto, se desarrolla el consumo moderno, con las
particularidades que lo caracterizan: masividad, anonimato, expansión del crédito, vigor publicitario,
sofisticación, dinámica renovación productiva y compleja comercialización, entre otras.
En este nuevo escenario, con la sanción de la Iey 24.240, de Defensa del Consumidor, el legislador
argentino, al igual que el de la mayoría de los países desarrollados, establece una doble protección:
protege al consumidor individual afectado en sus derechos subjetivos, y protege el orden público
comercial, más precisamente el consumo público, al que la sociedad le otorga un status especial como
parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su conjunto por la falta cometida contra alguno
de sus miembros. Estos son los bienes jurídicos protegidos por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor,
mediante los tipos que crea y el régimen de sanciones contra los que la violan. Pero el legislador
argentino, en ejercicio del poder de policía, no sólo limita los derechos individuales en función de los
bienes jurídicos que quiere proteger de manera singular -un consumo transparente y relaciones de
consumo equitativas- sino que instaura un andamiaje normativo institucional para garantizar la vigencia
efectiva del nuevo derecho”.
Que parte del funcionamiento de esa sistematizada estructura se basa en este artículo 3° y en el principio
integrativo que incorpora. Hace centro en la propia ley 24.240, de Defensa del Consumidor, la fórmula
adoptada por el artículo 3°, cuando dice que "Las disposiciones de esta ley se integran con las normas
generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo…". Como se advierte, no establece la
mencionada Iey que las normas generales y especiales se integran con las disposiciones de "esta" norma
sino, al contrario, que "esta" ley se integra con aquéllas. Y es lógico que así sea pues, como se ha dicho, el
legislador argentino entiende que la especialidad radica en la relación de consumo como tal, en sí misma,
y a ella se aplican la legislación especial de consumo y los institutos, principios y criterios de este derecho
(antecedentes parlamentarios Ley 26.361).
Que por lo tanto, si bien en el caso concreto puede no resultar aplicable los artículos de servicios públicos
domiciliarios contenidos en la Ley 24240, conforme a lo explicado ut supra, no existe duda que entre las
partes media una relación de consumo encuadrable en la prestación de servicios, quedando por tanto la
sumariada sujeta a las obligaciones impuestas en el capítulo V de la mencionada Iey (“De la prestación de
servicios"), incluyendo por tanto el artículo 19º cuya violación fue imputada a la firma denunciada mediante
la correspondiente acta.
Que finalmente, debe tenerse presente que cuando el legislador quiso expresamente excluir la aplicación
de la Iey 24.240 a un determinado sector de actividad, lo previó claramente en la propia ley, por ejemplo el
caso del art. 63.
Que el art. 41 de la Ley 24.240 de Defensa del consumidor establece que “La Secretaría de Comercio
Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la autoridad nacional de aplicación de
esta ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de
aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normas
reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas en sus respectivas jurisdicciones”.
En virtud de la normativa citada, mediante Decreto N° 2140/1994 se establece: art. 1° “la Dirección de
Defensa del Consumidor y de la Competencia, será la Autoridad de aplicación en el orden provincial, de la
Ley Nacional N° 24.240, con las facultades conferidas por el art. 41° de la misma...” Por tanto, conforme
surge de la normativa citada la Dirección de Defensa del Consumidor es competente para entender en
protección del consumidor y sus derechos en un caso como el de autos. En consecuencia la Provincia de
Mendoza posee competencia para entender en temas relacionados con el servicio de telefonía celular y
esto es reafirmado por la modificación introducida por la Ley 26.361.
Que por lo expuesto, corresponde declarar por última vez la competencia de esta Dirección.
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Que respecto al aspecto de fondo, el recurrente no ha invocado hechos distintos a los merituados al
momento de dictarse la resolución de sanción, por lo tanto se reiteran los argumentos expuestos en
dictamen de fs. 29/34, en cuanto a que la sumariada no ha acompañado pruebas que desvirtúen la
infracción imputada, considerando que el denunciante manifiesta que no ha realizado los consumos
facturados, y que la prestataria del servicio es quien debe aportar la prueba que acredite que los consumos
efectivamente fueron realizados.
Que por otra parte, no corresponde merituar los argumentos respecto a la infracción al art. 4 de la Iey, ya
que dicha norma no ha sido imputada en los presentes obrados; como tampoco procede merituar la
nulidad planteada a la resolución 489, ya que la misma no corresponde al expediente en análisis.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE
ARTÍCULO 1º - ACEPTESE desde el punto de vista formal y RECHACESE desde el aspecto sustancial el
recurso interpuesto por la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. contra la Resolución Nº 34/2014 la que
se mantiene en todas sus partes ratificando la sanción de multa de Pesos Un Mil Quinientos con 00/100
($1.500,00).
ARTÍCULO 2° - INTIMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240,
correspondiente al Código Tax 017- 417, COD. RESUMIDO 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTÍCULO 4º - INSCRÍBASE esta Resolución en el Registro de Resoluciones de la Dirección de Defensa
del Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 5º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance
Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley
Nacional Nº 24.240).
ARTÍCULO 6º - NOTIFIQUESE al infractor de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7º - ARCHIVESE.
LIC. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
29/09/2017 (1 Pub.)
