RESOLUCIONES
Resolución Nº 117
- Fecha de publicación
- 28 de septiembre de 2017
- Fecha de la norma
- 23 de junio de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.457 · páginas 28–32
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 117
MENDOZA, 23 de junio de 2017
VISTO:
El expediente Nº 9117-G-11-01409, en el cual obran las actuaciones sumariales contra INC S.A., CUIT Nº
30-68731043-4, con domicilio legal en Ruta Panamericana 2650, Palmares Boureau, 1º Piso, Of. “F”,
Godoy Cruz, Mendoza y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 24/26 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la Resolución 044/12, por medio de
la cual se aplica a la firma INC. S.A., CUIT Nº 30-68731043-4 una multa de Pesos Cuarenta Mil con 00/100
($40.000,00) por violación al artículo 19º de la Ley 24.240
Que desde el punto de vista formal, el recurso es aceptado ya que ha sido presentado en tiempo y forma,
con el pago de las tasas correspondientes.
Que desde le punto de vista sustancial se defiende la sumariada negando que el vehículo en cuestión se
encontrara estacionado en la playa del supermercado, no constando de las pruebas acompañadas que el
mismo se encontrara en ese lugar.
Que además, sostiene que la multa es arbitraria e infundada, ya que no se ha considerado el rechazo
manifestado, y que la prueba aportada ha sido “escueta” (ticket de compra y denuncia policial). Por lo que
el hecho no se encuentra probado.
Que del análisis de los hechos esta Dirección entiende que con la prueba obrante en autos, se ha
acreditado el incumplimiento al artículo 19º de la Ley 24.240, puesto que el rodado en cuestión, ha sido
sustraído de la playa de estacionamiento sita en el local comercial denunciado, el día 19 de abril de 2011.
Que reviste especial importancia, el ticket de compras, con fecha 19/04/11 y hora 21:18:55. (Aunque no es
necesario consumir y/o comprar en el lugar para ser considerado consumidor — consumidor expuesto art.
1º Ley 24.240).
Que también reviste suma importancia la denuncia policial del hecho, realizada, ante la comisaría o fiscalía
con jurisdicción correspondiente al domicilio del lugar de los hechos.
Que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, en fecha 5/03/2008, en autos
“Díaz, Julio O. c. Open Mail S.A."Publicado en: La Ley Online; ha resuelto: “No resulta arbitraria la
sentencia que condena a un hipermercado a indemnizar a un cliente por la sustracción de su vehículo
acaecida en la playa de estacionamiento y para ello valora como prueba el ticket de compra emitido por la
máquina de un negocio ubicado en sus instalaciones y la denuncia ante la aseguradora y la policía
efectuada ese mismo día, pues, si bien es cierto que el actor no ha traído a juicio ninguna prueba
testimonial que acredite que él se encontraba en ese lugar con su auto, esa omisión no alcanza para
desvirtuar la serie de indicios aceptados y analizados en conjunto por los jueces de grado.”
Que esta Dirección en modo alguno está ejerciendo funciones jurisdiccionales con el dictado de la
Resolución Sancionatoria, sino que en ejercicio de sus funciones, está aplicando sanciones previstas en la
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Ley 24.240 de la cual es órgano de aplicación.
Que la pretensión de la parte denunciante está basada en el incumplimiento por parte del local comercial
denunciado, por la obligación tácita de seguridad en relación a la ley de defensa del consumidor.
Que la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, en el
fallo de fecha 21/09/2009, “Martín Edgardo F. c. Millan S.A.”, en LLGran Cuyo2010 (febrero), 87 - RCyS
2010-VI con nota de Joaquín Andrés Imaz RCyS 2010-VI, 83 RCyS 2010-VIII con nota de Paola Feliciotti
CyS 2010-VIII, 114 AR/JUR/42380/2009., dicha obligación ha tenido una consagración legislativa expresa
en el Art. 5° de la Iey 24.240, al señalar que las cosas y servicios deben ser prestados en forma tal, que
utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro. Esta obligación tiene
infinidad de campos de aplicación, aunque en el caso la vamos a referir exclusivamente al supuesto de los
establecimientos comerciales.
Que si bien el Art. 5° de la Iey 24.240 parece limitarlo a la seguridad del producto o servicio, la doctrina y
jurisprudencia ha ido adoptando una visión expansiva, extendiendo la responsabilidad a todas las cosas a
través de las cuales la relación de consumo se establece.
Que en el Art. 42º CN ha quedado conformado un principio general de seguridad en beneficio de los
consumidores o usuarios, con un despliegue claramente preventivo.
Que doctrinariamente se ha sostenido que: "... a la par del deber de custodia que pesa sobre los
supermercados sobre los vehículos que se estacionan en las playas de estacionamiento, existe también un
deber de seguridad, como deber secundario de conducta, que tiene por objeto la integridad física u otros
bienes de los clientes o potenciales clientes que ingresan al establecimiento comercial..." (Moeremans,
Daniel, "Responsabilidad de los supermercados por daños sufridos por clientes o potenciales clientes en
las playas de estacionamiento", en Responsabilidad Civil y Seguros, LA LEY, 2000-351).
Que el mismo autor enseña: "el consumidor, al concurrir al supermercado, no sólo confía que su vehículo
será resguardado en su integridad, sino también en que se trata de un lugar seguro para su integridad
física y sus bienes, ya que cuentan normalmente con personal específico dedicado a esa tarea. Esa
confianza se basa incluso en propaganda que realizan algunos centros de compra, incentivando la
concurrencia a los mismos. AI ser entonces un elemento que es utilizado dentro de la estrategia de
mercadeo de los centros de compra, éste debe soportar igualmente los daños que se produzcan como
consecuencia de la frustración de la confianza depositada" (Op. cit. Pág. 359).
Que asimismo, la jurisprudencia ha sostenido: “Sea cual sea el encuadre de la relación en análisis, no
cabe duda alguna de que los shopping centers y/o supermercados asumen, con motivo de su deber de
custodia, guarda y restitución de los rodados estacionados en la playa de estacionamiento, una obligación
de resultado, ya que dichas empresas comerciales se comprometen, aunque pretendan desconocer su
compromiso con cláusulas de exoneración de la responsabilidad, a custodiar con éxito el vehículo y a
restituir efectivamente ese mismo e idéntico rodado. Por otro Iado, la obligación que tienen aquellas
empresas de restituir el rodado, así como también hacerlo sin deterioros, se asemeja a la obligación que
pesa sobre el depositario; por tanto le son aplicables, por analogía, los mismos principios.” CAMPOS,
MIGUEL ANGEL / C/LIBERTAD S.A.” Fecha: 07/12/2006. Tribunal: Primera Cámara Civil. Expediente:
38128. Ubicación: S168-062).
Que también se ha sostenido que “...quien estaciona un vehículo en un Iugar destinado a ese fin ..., se
establece una relación comercial atípica, con carácter asimilable al depósito, a la locación de cosas y
servicios, por lo cual resultan aplicables al segundo de ellos, por analogía, las disposiciones pertinentes de
la legislación de fondo.” CONTRATO DE GUARDA Y CUSTODIA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO-
DAñOS Y PERJUICIOS- VEHICULOS ESTACIONADOS - URTIAGA DE PALOMBO / LIGA MENDOCINA
DE FúTBOL Y CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA Fecha: 07/10/1988. Tribunal: Segunda Cámara Civil.
Expediente: 143662. Ubicación: S077-123.
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Que siguiendo la corriente mayoritaria, respecto de la responsabilidad de estos establecimientos
comerciales por la sustracción de los vehículos de los clientes que allí los estacionan, cuando concurren a
realizar compras en ellos, la Cuarta de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de la Primer
Circunscripción Judicial, ha sostenido: en los autos ? 33.982/152.281 caratulados “YACIOFANO, HUGO
C/CENCOSUD S.A. - JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. P/DAÑOS Y PERJUICIOS” ?32.634/128.561
caratulados "Oliva, Érica Elizabeth c/Hipermercado Libertad S.A. p/Daños y Perjuicios” y en los ?
180.346/33.072, caratulados “Palacio, Francisco Javier c/Hipermercado Libertad S.A. p/D. y P.”, “que en
los centros comerciales se desarrollan parte de la vida pública de los habitantes y las causas de ello se
encuentran en las propias exigencias de los consumidores y consecuentes estudios de marketing y
campañas publicitarias que los empresarios desarrollan, no sólo para satisfacer y dar respuesta a esas
exigencias, sino también para generar nuevas necesidades e inducir al consumo que no está
condicionado, solamente por la necesidad y los recursos, sino por todo aquello que resulta impuesto desde
los medios masivos de comunicación. Los consumidores prefieren comprar en lugares que ofrecen
variedad de propuestas, de prestaciones accesorias, tales como estacionamiento, seguridad, climatización,
muchas de las cuales, incluso, constituyen los elementos que tipifican estas estructuras contractuales;
asimismo, el hipermercado acompaña la compra con servicios o beneficios para sus potenciales clientes,
logrando que los consumidores obtengan lo que necesiten y disfruten de momentos agradables. La
publicidad es, pues, la que ha ocupado un lugar privilegiado en estas estructuras contractuales induciendo
al consumo no sólo por el ofrecimiento que se hace a través de aquella de ciertos y determinados bienes,
sino también de prestaciones accesorias y complementarias de la prestación principal, muchas de las
cuales son decisivas al momento de la contratación. A través de la publicidad se trata de crear, con el
producto o servicio inducido, un estado de bienestar que no siempre se condice con la ejecución de la
prestación y el goce del bien o servicio. “No se discute, entonces, la fuerza de la publicidad en la
generación de conductas en los consumidores, menos aún cuando la propia Iey N° 24.240 en su Art. 7°
admitió la oferta dirigida a consumidores potencialmente indeterminados y en su Art. 8° consagró el
principio de la fuerza vinculante de aquella inducción mediática. En el análisis de la cuestión relativa a la
responsabilidad por la sustracción del vehículo de un consumidor de la playa de estacionamiento privado
que utiliza el hipermercado y que éste ofrece como servicio accesorio a sus potenciales clientes, no puede
dejarse de contemplar los efectos de la publicidad en la relación contractual que se genera entre ellos, las
características y alcances de la oferta realizada por el empresario y las obligaciones que surgen en
consecuencia. Entendiendo al contrato como un todo complejo en cuya formación tiene gran incidencia la
publicidad y, aludiendo específicamente al que se concluye entre el hipermercado y los consumidores,
aquél tiene la obligación, porque así lo ha ofrecido en sus campañas publicitarias de brindar el servicio de
estacionamiento gratuito, mientras los consumidores se encuentren en el establecimiento. Dicha
prestación accesoria y complementaria -servicio de estacionamiento gratuito- que genera los débitos para
el mercado de custodia y guarda del vehículo y de restitución del mismo e idéntico aparcado, es
determinante para el consumidor, quien confía en que el oferente va a adoptar las medidas y precauciones
necesarias para alcanzar ese fin, durante ese tiempo. Los deberes que el empresario ha asumido le
imponen tener una organización, ajena al conocimiento de los consumidores, acorde a la importancia de
los bienes cuya custodia y guarda prometió y cuya publicidad fue determinante para contratar, por la
generación de confianza consecuente, todo lo cual motiva que aún cuando no se pague suma alguna por
el servicio accesorio aprovechado, no merezcan los usuarios del mismo ser defraudados con un inefectivo
o aún inexistente control en la playa de marras. En el contrato celebrado entre quien adhiere a la oferta
hecha pública por un hipermercado y éste, hay deberes principales y accesorios, incluyéndose entre estos
últimos, por las características de lo que se ha ofrecido, algunos similares a los que incumben a todo
posadero de vigilar las cosas introducidas por los viajeros; ello implica que si los vehículos dejados por los
potenciales consumidores en playas de estacionamiento que usufructúa el hipermercado no importa en
qué carácter, pues es otra de las relaciones ajenas al conocimiento de los consumidores, sufren daños o
son sustraídos, debe responder el oferente, no sólo por hechos de sus dependientes sino también por
aquellas personas con las que no tiene vinculo de dependencia alguna pero cuya actividad le permite
alcanzar el objeto de los contratos celebrados con los consumidores, incluyendo aquello que ha publicitado
y que ha sido uno de los factores posibilitantes de la contratación principal. Eximir de responsabilidad al
empresario en supuestos como el analizado, sería incluso desvirtuar uno de los elementos esenciales del
contrato como es la causa y equivaldría a descalificar la voluntad de las partes, expresada a través del
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consentimiento; el fundamento de ello radica en los motivos que llevan a cada uno de los potenciales
consumidores a adherir a la oferta hecha pública y a abocarse a perfeccionar por consiguiente una
genérica relación de consumo bajo las condiciones ofrecidas. (CUIÑAS RODRÍGUEZ, ManuelDÍAZ
PALACIO, Eugenia, “Hipermerca-dos. Estacionamiento de vehículos en playa y responsabilidad sobrevi-
níente”, La Ley 1998-E, 393 y sgtes.)"... “Ahora bien, sea cual sea el encuadre de la relación en análisis,
no cabe duda alguna de que los shopping centers y/o supermercados asumen, con motivo de su deber de
custodia, guarda y restitución de los rodados estacionados en la playa de estacionamiento, una obligación
de resultado, ya que dichas empresas comerciales se comprometen, aunque pretendan desconocer su
compromiso con exoneración de la responsabilidad, a custodiar con éxito el vehículo y a restituir
efectivamente ese mismo e idéntico rodado. De manera tal que, si no se restituye el automóvil o se lo
restituye deteriorado, no han cumplido con éxito la obligación asumida, y por tanto, se deriva sin más el
incumplimiento. Por otro Iado, la obligación que tienen aquellas empresas de restituir el rodado, así como
también hacerlo sin deterioros, se asemeja a la obligación que pesa sobre el depositario; por tanto le son
aplicables, por analogía, los mismos principios (Art.16 del Código Civil); en este sentido, como todo deudor
de cuerpo cierto (pues se debe restituir el "automotor tal" o "el objeto ”tal" entregado por el potencial
cliente o depositante), según el caso, el depositario y en su caso, las empresas comerciales que no lo
restituye/n o lo restituye/n deteriorado, se presume/n culposo/s. La potencial exención de responsabilidad
sólo podrá venir de la mano del quiebre del nexo causal; tal es el caso del eximente de la fuerza mayor
extraña a su ámbito o el hecho de un tercero por quien no debe responder o el hecho del acreedor, es
decir, la causa ajena. En definitiva, los hipermercados y "shopping centers" son responsables por los
daños y perjuicios sufridos por el vehículo durante el tiempo que está bajo su guarda, salvo que pruebe un
eximente de fuerza mayor. En otras palabras: si el automóvil ha desaparecido o sufrido daños, aquellos
responden; a menos que prueben la eximente referenciada, y sin que competa al dueño del vehículo la
prueba de la culpa en el proceder de los mencionados centros comerciales o de sus dependientes.
(BORETTO,
Mauricio,
“Responsabilidad
empresaria:
shopping
centers
y
su-permercados.
Estacionamiento gratuito. Cláusulas exonerativas de la res-ponsabilidad: ineficacia", LLGran Cuyo 2001,
3851."
La Corte de la Provincia de Mendoza ha tratado la problemática sub examen, “respecto a la reparación de
los daños y perjuicios derivados de un robo de automóvil, producido en la playa de estacionamiento de un
hipermercado, la dificultad probatoria que presentan estos casos, impone que no pueda exigírsele al actor
la prueba diabólica de que dejó el auto en la playa del estacionamiento, bastando con acreditar la
concordancia de indicios graves, precisos y concordantes para acreditar la existencia del daño causado"
(Expediente N° 89.531, "Céspedes Córdoba Florencio en J° 124.991/9.252 Céspedes Córdoba Florencia
C/Cencosud S.A. P/Daños y perjuicios S/Inconstitucionalidad", 04/06/2008, LS 389:240).
Que en consecuencia, por los fundamentos vertidos, y la Jurisprudencia citada, esta Dirección entiende
que corresponde mantener la sanción dispuesta.
Que en relación a la graduación de la multa, objetada por la sumariada, tiene dicho la jurisprudencia que,
científicamente el fin de la pena no es ni que se haga justicia, ni que el eventual ofendido sea vengado, ni
que sea resarcido el daño padecido, ni que se amedrenten los ciudadanos, ni que el infractor expíe su
falta, ni que obtenga su enmienda, ya que si bien todas esas pueden ser consecuencias accesorias de la
pena y alguna de ellas ser deseables, la pena continuará siendo acto no criticable, aún cuando todos esos
resultados faltasen. El fin primero de la pena es el bien general, representado por el orden que se procura
mediante la tutela de la Iey jurídica (conf. Sentencia Nº 47, Camara en lo Criminal y Correccional de 9°
nominación, Córdoba, 25/12/97).
Que en el presente expediente se encuentra acreditado que fue sustraído el rodado de la denunciante, el
que se encontraba estacionado en la playa de estacionamiento de la sumariada, debiendo considerarse
como cuantum del daño padecido por aquélla, la suma de pesos CATORCE MIL QUINIENTOS ($14.500),
teniendo en cuenta los presupuestos adjuntados a fs. 4/5, no habiendo sido los mismos cuestionados por
la firma INC S.A.
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Que sin perjuicio de lo expuesto, debe remarcarse que en el caso de marras, la multa se gradúa teniendo
en consideración, no solo la cuantía del beneficio indebidamente obtenido, sino también su proyección
económica, la gravedad del perjuicio, las circunstancias del caso, el peligro de su generalización para los
consumidores y demás circunstancias relevantes, de conformidad con lo ordenado por el artículo 49º de la
ley “24.240, valorándose asimismo el carácter ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria, atento a
que no sólo se trata de condenar al que viola la Iey, sino de proteger el derecho concreto de los usuarios
(Conf. C.N.A.C.A.F, Sala I, “Sevel Argentina S.A. c/ S.C.I.", 06/05/99).
Que por ello, es que resulta necesario, conforme a la actividad que desarrolla el sumariado, corregir dicho
comportamiento a fin de disuadir al mismo de no cometer, en el futuro, posibles nuevas infracciones.
Que del Registro de Infractores surge la existencia de antecedentes contravencionales a nombre de la
sumariada, lo que se acredita, acompañando copia del mismo (fs. 53/56).
Que a más ahondar la graduación de la sanción según la apreciación de la gravedad de la falta cometida
traduce el ejercicio de facultades propias de la administración, ese ejercicio no puede considerarse que ha
sido irrazonable ya que se observa que el monto de la multa impugnado se encuentra mucho más cerca
del mínimo previsto que del limite máximo de graduación establecido y por lo tanto el acto administrativo es
válido.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE
ARTÍCULO 1º - ACEPTESE en su aspecto formal y RECHACESE en su aspecto sustancial el Recurso de
Revocatoria interpuesto por INC S.A., CUIT Nº 30-68731043-4, con domicilio legal en Ruta Panamericana
2650, Palmares Boureau, 1º Piso, Of. “F”, Godoy Cruz, Mendoza, contra la Resolución Nº 044/12, la que
se mantiene en todas sus partes.
ARTÍCULO 2º - INTÍMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 24.240 - COD. TAX 017-417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante
el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º- ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTICULO 4º- PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance
Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley
Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5°- INSCRIBASE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 6º - NOTIFIQUESE al infractor de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7º - ARCHIVESE
LIC. MÓNICA S. LUCERO
S/Cargo
28/09/2017 (1 Pub.)
