RESOLUCIONES

Resolución Nº 117

Fecha de publicación
28 de septiembre de 2017
Fecha de la norma
23 de junio de 2017
Referencia documental
Boletín Nº 30.457 · páginas 28–32
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 117 MENDOZA, 23 de junio de 2017 VISTO: El expediente Nº 9117-G-11-01409, en el cual obran las actuaciones sumariales contra INC S.A., CUIT Nº 30-68731043-4, con domicilio legal en Ruta Panamericana 2650, Palmares Boureau, 1º Piso, Of. “F”, Godoy Cruz, Mendoza y; CONSIDERANDO: Que a fs. 24/26 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la Resolución 044/12, por medio de la cual se aplica a la firma INC. S.A., CUIT Nº 30-68731043-4 una multa de Pesos Cuarenta Mil con 00/100 ($40.000,00) por violación al artículo 19º de la Ley 24.240 Que desde el punto de vista formal, el recurso es aceptado ya que ha sido presentado en tiempo y forma, con el pago de las tasas correspondientes. Que desde le punto de vista sustancial se defiende la sumariada negando que el vehículo en cuestión se encontrara estacionado en la playa del supermercado, no constando de las pruebas acompañadas que el mismo se encontrara en ese lugar. Que además, sostiene que la multa es arbitraria e infundada, ya que no se ha considerado el rechazo manifestado, y que la prueba aportada ha sido “escueta” (ticket de compra y denuncia policial). Por lo que el hecho no se encuentra probado. Que del análisis de los hechos esta Dirección entiende que con la prueba obrante en autos, se ha acreditado el incumplimiento al artículo 19º de la Ley 24.240, puesto que el rodado en cuestión, ha sido sustraído de la playa de estacionamiento sita en el local comercial denunciado, el día 19 de abril de 2011. Que reviste especial importancia, el ticket de compras, con fecha 19/04/11 y hora 21:18:55. (Aunque no es necesario consumir y/o comprar en el lugar para ser considerado consumidor — consumidor expuesto art. 1º Ley 24.240). Que también reviste suma importancia la denuncia policial del hecho, realizada, ante la comisaría o fiscalía con jurisdicción correspondiente al domicilio del lugar de los hechos. Que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala I, en fecha 5/03/2008, en autos “Díaz, Julio O. c. Open Mail S.A."Publicado en: La Ley Online; ha resuelto: “No resulta arbitraria la sentencia que condena a un hipermercado a indemnizar a un cliente por la sustracción de su vehículo acaecida en la playa de estacionamiento y para ello valora como prueba el ticket de compra emitido por la máquina de un negocio ubicado en sus instalaciones y la denuncia ante la aseguradora y la policía efectuada ese mismo día, pues, si bien es cierto que el actor no ha traído a juicio ninguna prueba testimonial que acredite que él se encontraba en ese lugar con su auto, esa omisión no alcanza para desvirtuar la serie de indicios aceptados y analizados en conjunto por los jueces de grado.” Que esta Dirección en modo alguno está ejerciendo funciones jurisdiccionales con el dictado de la Resolución Sancionatoria, sino que en ejercicio de sus funciones, está aplicando sanciones previstas en la Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00157274-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 28 de 100 Ley 24.240 de la cual es órgano de aplicación. Que la pretensión de la parte denunciante está basada en el incumplimiento por parte del local comercial denunciado, por la obligación tácita de seguridad en relación a la ley de defensa del consumidor. Que la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, en el fallo de fecha 21/09/2009, “Martín Edgardo F. c. Millan S.A.”, en LLGran Cuyo2010 (febrero), 87 - RCyS 2010-VI con nota de Joaquín Andrés Imaz RCyS 2010-VI, 83 RCyS 2010-VIII con nota de Paola Feliciotti CyS 2010-VIII, 114 AR/JUR/42380/2009., dicha obligación ha tenido una consagración legislativa expresa en el Art. 5° de la Iey 24.240, al señalar que las cosas y servicios deben ser prestados en forma tal, que utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro. Esta obligación tiene infinidad de campos de aplicación, aunque en el caso la vamos a referir exclusivamente al supuesto de los establecimientos comerciales. Que si bien el Art. 5° de la Iey 24.240 parece limitarlo a la seguridad del producto o servicio, la doctrina y jurisprudencia ha ido adoptando una visión expansiva, extendiendo la responsabilidad a todas las cosas a través de las cuales la relación de consumo se establece. Que en el Art. 42º CN ha quedado conformado un principio general de seguridad en beneficio de los consumidores o usuarios, con un despliegue claramente preventivo. Que doctrinariamente se ha sostenido que: "... a la par del deber de custodia que pesa sobre los supermercados sobre los vehículos que se estacionan en las playas de estacionamiento, existe también un deber de seguridad, como deber secundario de conducta, que tiene por objeto la integridad física u otros bienes de los clientes o potenciales clientes que ingresan al establecimiento comercial..." (Moeremans, Daniel, "Responsabilidad de los supermercados por daños sufridos por clientes o potenciales clientes en las playas de estacionamiento", en Responsabilidad Civil y Seguros, LA LEY, 2000-351). Que el mismo autor enseña: "el consumidor, al concurrir al supermercado, no sólo confía que su vehículo será resguardado en su integridad, sino también en que se trata de un lugar seguro para su integridad física y sus bienes, ya que cuentan normalmente con personal específico dedicado a esa tarea. Esa confianza se basa incluso en propaganda que realizan algunos centros de compra, incentivando la concurrencia a los mismos. AI ser entonces un elemento que es utilizado dentro de la estrategia de mercadeo de los centros de compra, éste debe soportar igualmente los daños que se produzcan como consecuencia de la frustración de la confianza depositada" (Op. cit. Pág. 359). Que asimismo, la jurisprudencia ha sostenido: “Sea cual sea el encuadre de la relación en análisis, no cabe duda alguna de que los shopping centers y/o supermercados asumen, con motivo de su deber de custodia, guarda y restitución de los rodados estacionados en la playa de estacionamiento, una obligación de resultado, ya que dichas empresas comerciales se comprometen, aunque pretendan desconocer su compromiso con cláusulas de exoneración de la responsabilidad, a custodiar con éxito el vehículo y a restituir efectivamente ese mismo e idéntico rodado. Por otro Iado, la obligación que tienen aquellas empresas de restituir el rodado, así como también hacerlo sin deterioros, se asemeja a la obligación que pesa sobre el depositario; por tanto le son aplicables, por analogía, los mismos principios.” CAMPOS, MIGUEL ANGEL / C/LIBERTAD S.A.” Fecha: 07/12/2006. Tribunal: Primera Cámara Civil. Expediente: 38128. Ubicación: S168-062). Que también se ha sostenido que “...quien estaciona un vehículo en un Iugar destinado a ese fin ..., se establece una relación comercial atípica, con carácter asimilable al depósito, a la locación de cosas y servicios, por lo cual resultan aplicables al segundo de ellos, por analogía, las disposiciones pertinentes de la legislación de fondo.” CONTRATO DE GUARDA Y CUSTODIA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO- DAñOS Y PERJUICIOS- VEHICULOS ESTACIONADOS - URTIAGA DE PALOMBO / LIGA MENDOCINA DE FúTBOL Y CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA Fecha: 07/10/1988. Tribunal: Segunda Cámara Civil. Expediente: 143662. Ubicación: S077-123. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00157274-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 29 de 100 Que siguiendo la corriente mayoritaria, respecto de la responsabilidad de estos establecimientos comerciales por la sustracción de los vehículos de los clientes que allí los estacionan, cuando concurren a realizar compras en ellos, la Cuarta de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas de la Primer Circunscripción Judicial, ha sostenido: en los autos ? 33.982/152.281 caratulados “YACIOFANO, HUGO C/CENCOSUD S.A. - JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. P/DAÑOS Y PERJUICIOS” ?32.634/128.561 caratulados "Oliva, Érica Elizabeth c/Hipermercado Libertad S.A. p/Daños y Perjuicios” y en los ? 180.346/33.072, caratulados “Palacio, Francisco Javier c/Hipermercado Libertad S.A. p/D. y P.”, “que en los centros comerciales se desarrollan parte de la vida pública de los habitantes y las causas de ello se encuentran en las propias exigencias de los consumidores y consecuentes estudios de marketing y campañas publicitarias que los empresarios desarrollan, no sólo para satisfacer y dar respuesta a esas exigencias, sino también para generar nuevas necesidades e inducir al consumo que no está condicionado, solamente por la necesidad y los recursos, sino por todo aquello que resulta impuesto desde los medios masivos de comunicación. Los consumidores prefieren comprar en lugares que ofrecen variedad de propuestas, de prestaciones accesorias, tales como estacionamiento, seguridad, climatización, muchas de las cuales, incluso, constituyen los elementos que tipifican estas estructuras contractuales; asimismo, el hipermercado acompaña la compra con servicios o beneficios para sus potenciales clientes, logrando que los consumidores obtengan lo que necesiten y disfruten de momentos agradables. La publicidad es, pues, la que ha ocupado un lugar privilegiado en estas estructuras contractuales induciendo al consumo no sólo por el ofrecimiento que se hace a través de aquella de ciertos y determinados bienes, sino también de prestaciones accesorias y complementarias de la prestación principal, muchas de las cuales son decisivas al momento de la contratación. A través de la publicidad se trata de crear, con el producto o servicio inducido, un estado de bienestar que no siempre se condice con la ejecución de la prestación y el goce del bien o servicio. “No se discute, entonces, la fuerza de la publicidad en la generación de conductas en los consumidores, menos aún cuando la propia Iey N° 24.240 en su Art. 7° admitió la oferta dirigida a consumidores potencialmente indeterminados y en su Art. 8° consagró el principio de la fuerza vinculante de aquella inducción mediática. En el análisis de la cuestión relativa a la responsabilidad por la sustracción del vehículo de un consumidor de la playa de estacionamiento privado que utiliza el hipermercado y que éste ofrece como servicio accesorio a sus potenciales clientes, no puede dejarse de contemplar los efectos de la publicidad en la relación contractual que se genera entre ellos, las características y alcances de la oferta realizada por el empresario y las obligaciones que surgen en consecuencia. Entendiendo al contrato como un todo complejo en cuya formación tiene gran incidencia la publicidad y, aludiendo específicamente al que se concluye entre el hipermercado y los consumidores, aquél tiene la obligación, porque así lo ha ofrecido en sus campañas publicitarias de brindar el servicio de estacionamiento gratuito, mientras los consumidores se encuentren en el establecimiento. Dicha prestación accesoria y complementaria -servicio de estacionamiento gratuito- que genera los débitos para el mercado de custodia y guarda del vehículo y de restitución del mismo e idéntico aparcado, es determinante para el consumidor, quien confía en que el oferente va a adoptar las medidas y precauciones necesarias para alcanzar ese fin, durante ese tiempo. Los deberes que el empresario ha asumido le imponen tener una organización, ajena al conocimiento de los consumidores, acorde a la importancia de los bienes cuya custodia y guarda prometió y cuya publicidad fue determinante para contratar, por la generación de confianza consecuente, todo lo cual motiva que aún cuando no se pague suma alguna por el servicio accesorio aprovechado, no merezcan los usuarios del mismo ser defraudados con un inefectivo o aún inexistente control en la playa de marras. En el contrato celebrado entre quien adhiere a la oferta hecha pública por un hipermercado y éste, hay deberes principales y accesorios, incluyéndose entre estos últimos, por las características de lo que se ha ofrecido, algunos similares a los que incumben a todo posadero de vigilar las cosas introducidas por los viajeros; ello implica que si los vehículos dejados por los potenciales consumidores en playas de estacionamiento que usufructúa el hipermercado no importa en qué carácter, pues es otra de las relaciones ajenas al conocimiento de los consumidores, sufren daños o son sustraídos, debe responder el oferente, no sólo por hechos de sus dependientes sino también por aquellas personas con las que no tiene vinculo de dependencia alguna pero cuya actividad le permite alcanzar el objeto de los contratos celebrados con los consumidores, incluyendo aquello que ha publicitado y que ha sido uno de los factores posibilitantes de la contratación principal. Eximir de responsabilidad al empresario en supuestos como el analizado, sería incluso desvirtuar uno de los elementos esenciales del contrato como es la causa y equivaldría a descalificar la voluntad de las partes, expresada a través del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00157274-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 30 de 100 consentimiento; el fundamento de ello radica en los motivos que llevan a cada uno de los potenciales consumidores a adherir a la oferta hecha pública y a abocarse a perfeccionar por consiguiente una genérica relación de consumo bajo las condiciones ofrecidas. (CUIÑAS RODRÍGUEZ, ManuelDÍAZ PALACIO, Eugenia, “Hipermerca-dos. Estacionamiento de vehículos en playa y responsabilidad sobrevi- níente”, La Ley 1998-E, 393 y sgtes.)"... “Ahora bien, sea cual sea el encuadre de la relación en análisis, no cabe duda alguna de que los shopping centers y/o supermercados asumen, con motivo de su deber de custodia, guarda y restitución de los rodados estacionados en la playa de estacionamiento, una obligación de resultado, ya que dichas empresas comerciales se comprometen, aunque pretendan desconocer su compromiso con exoneración de la responsabilidad, a custodiar con éxito el vehículo y a restituir efectivamente ese mismo e idéntico rodado. De manera tal que, si no se restituye el automóvil o se lo restituye deteriorado, no han cumplido con éxito la obligación asumida, y por tanto, se deriva sin más el incumplimiento. Por otro Iado, la obligación que tienen aquellas empresas de restituir el rodado, así como también hacerlo sin deterioros, se asemeja a la obligación que pesa sobre el depositario; por tanto le son aplicables, por analogía, los mismos principios (Art.16 del Código Civil); en este sentido, como todo deudor de cuerpo cierto (pues se debe restituir el "automotor tal" o "el objeto ”tal" entregado por el potencial cliente o depositante), según el caso, el depositario y en su caso, las empresas comerciales que no lo restituye/n o lo restituye/n deteriorado, se presume/n culposo/s. La potencial exención de responsabilidad sólo podrá venir de la mano del quiebre del nexo causal; tal es el caso del eximente de la fuerza mayor extraña a su ámbito o el hecho de un tercero por quien no debe responder o el hecho del acreedor, es decir, la causa ajena. En definitiva, los hipermercados y "shopping centers" son responsables por los daños y perjuicios sufridos por el vehículo durante el tiempo que está bajo su guarda, salvo que pruebe un eximente de fuerza mayor. En otras palabras: si el automóvil ha desaparecido o sufrido daños, aquellos responden; a menos que prueben la eximente referenciada, y sin que competa al dueño del vehículo la prueba de la culpa en el proceder de los mencionados centros comerciales o de sus dependientes. (BORETTO, Mauricio, “Responsabilidad empresaria: shopping centers y su-permercados. Estacionamiento gratuito. Cláusulas exonerativas de la res-ponsabilidad: ineficacia", LLGran Cuyo 2001, 3851." La Corte de la Provincia de Mendoza ha tratado la problemática sub examen, “respecto a la reparación de los daños y perjuicios derivados de un robo de automóvil, producido en la playa de estacionamiento de un hipermercado, la dificultad probatoria que presentan estos casos, impone que no pueda exigírsele al actor la prueba diabólica de que dejó el auto en la playa del estacionamiento, bastando con acreditar la concordancia de indicios graves, precisos y concordantes para acreditar la existencia del daño causado" (Expediente N° 89.531, "Céspedes Córdoba Florencio en J° 124.991/9.252 Céspedes Córdoba Florencia C/Cencosud S.A. P/Daños y perjuicios S/Inconstitucionalidad", 04/06/2008, LS 389:240). Que en consecuencia, por los fundamentos vertidos, y la Jurisprudencia citada, esta Dirección entiende que corresponde mantener la sanción dispuesta. Que en relación a la graduación de la multa, objetada por la sumariada, tiene dicho la jurisprudencia que, científicamente el fin de la pena no es ni que se haga justicia, ni que el eventual ofendido sea vengado, ni que sea resarcido el daño padecido, ni que se amedrenten los ciudadanos, ni que el infractor expíe su falta, ni que obtenga su enmienda, ya que si bien todas esas pueden ser consecuencias accesorias de la pena y alguna de ellas ser deseables, la pena continuará siendo acto no criticable, aún cuando todos esos resultados faltasen. El fin primero de la pena es el bien general, representado por el orden que se procura mediante la tutela de la Iey jurídica (conf. Sentencia Nº 47, Camara en lo Criminal y Correccional de 9° nominación, Córdoba, 25/12/97). Que en el presente expediente se encuentra acreditado que fue sustraído el rodado de la denunciante, el que se encontraba estacionado en la playa de estacionamiento de la sumariada, debiendo considerarse como cuantum del daño padecido por aquélla, la suma de pesos CATORCE MIL QUINIENTOS ($14.500), teniendo en cuenta los presupuestos adjuntados a fs. 4/5, no habiendo sido los mismos cuestionados por la firma INC S.A. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00157274-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 31 de 100 Que sin perjuicio de lo expuesto, debe remarcarse que en el caso de marras, la multa se gradúa teniendo en consideración, no solo la cuantía del beneficio indebidamente obtenido, sino también su proyección económica, la gravedad del perjuicio, las circunstancias del caso, el peligro de su generalización para los consumidores y demás circunstancias relevantes, de conformidad con lo ordenado por el artículo 49º de la ley “24.240, valorándose asimismo el carácter ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria, atento a que no sólo se trata de condenar al que viola la Iey, sino de proteger el derecho concreto de los usuarios (Conf. C.N.A.C.A.F, Sala I, “Sevel Argentina S.A. c/ S.C.I.", 06/05/99). Que por ello, es que resulta necesario, conforme a la actividad que desarrolla el sumariado, corregir dicho comportamiento a fin de disuadir al mismo de no cometer, en el futuro, posibles nuevas infracciones. Que del Registro de Infractores surge la existencia de antecedentes contravencionales a nombre de la sumariada, lo que se acredita, acompañando copia del mismo (fs. 53/56). Que a más ahondar la graduación de la sanción según la apreciación de la gravedad de la falta cometida traduce el ejercicio de facultades propias de la administración, ese ejercicio no puede considerarse que ha sido irrazonable ya que se observa que el monto de la multa impugnado se encuentra mucho más cerca del mínimo previsto que del limite máximo de graduación establecido y por lo tanto el acto administrativo es válido. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE ARTÍCULO 1º - ACEPTESE en su aspecto formal y RECHACESE en su aspecto sustancial el Recurso de Revocatoria interpuesto por INC S.A., CUIT Nº 30-68731043-4, con domicilio legal en Ruta Panamericana 2650, Palmares Boureau, 1º Piso, Of. “F”, Godoy Cruz, Mendoza, contra la Resolución Nº 044/12, la que se mantiene en todas sus partes. ARTÍCULO 2º - INTÍMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley Nº 24.240 - COD. TAX 017-417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º- ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original. ARTICULO 4º- PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 5°- INSCRIBASE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 6º - NOTIFIQUESE al infractor de la presente Resolución. ARTÍCULO 7º - ARCHIVESE LIC. MÓNICA S. LUCERO S/Cargo 28/09/2017 (1 Pub.)