NOTIFICACIONES
Publicación
- Fecha de publicación
- 12 de septiembre de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.445 · páginas 28–162
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
ART. 66 NOTIFICACIÓN SIMPLE.
I.- Con excepción de los casos expresamente señalados en este Código, las actuaciones judiciales se
tendrán por notificadas a todos quienes intervengan en el proceso el día siguiente hábil posterior a aquél
en el cual se produjeron, sin necesidad de otra constancia que su sola aparición en lista o lista electrónica
en la página web del Poder Judicial o la que lo remplace.
Dicha lista comprenderá todos los expedientes en los cuales hubiere recaído alguna providencia judicial
hasta el día precedente hábil, con excepción de las resoluciones en que se ordenen medidas precautorias.
II.- Los días de publicación en lista, el expediente en soporte papel deberá permanecer en Mesa de
Entradas a disposición de los interesados y si así no fuera, éstos dejarán debida constancia de que no se
les exhibió el expediente. En tal caso la notificación simple se producirá recién en el siguiente día hábil.
III.- Excepcionalmente, si ocurriere un inconveniente de fuerza mayor que impidiera el acceso al
expediente electrónico, deberá justificarlo ante el mismo Tribunal y se procederá de la misma manera
dispuesta en el apartado anterior.
ART. 67 NOTIFICACIÓN EN EL EXPEDIENTE Y POR RETIRO DEL EXPEDIENTE.
I.- El Jefe de Mesa de Entradas debe exigir que el profesional, sea representante o patrocinante, que
intervenga en el proceso y examine el expediente en soporte papel, se notifique expresamente de las
actuaciones del mismo, bajo su firma y la de aquel auxiliar o las de éste y el Secretario si se negare a
firmar.
II.- Igual procedimiento se empleará cuando el interesado comparezca personalmente a notificarse.
III.- El retiro en préstamo del expediente por el profesional, sea representante o patrocinante, implica la
notificación personal de éste y de la parte representada o patrocinada, de todos los actos anteriores.
IV.- Estas notificaciones suplen las que debieran practicarse por cualquier otro de los medios previstos en
este Código.
ART. 68 NOTIFICACIÓN A DOMICILIO Y POR CÉDULA.
Serán notificadas siempre por cédula y en el domicilio real o legal que corresponda:
1) Deberán notificarse a domicilio real o legal o especial o social del litigante:
a) El emplazamiento para comparecer a estar a derecho y el traslado de la demanda;
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b) La citación a comparendo y a audiencias; y
c) las medidas precautorias, una vez cumplidas.
Excepcionalmente, cuando no se conozca el domicilio real del destinatario de la notificación, y a petición
de la contraria, podrá ser notificado en el domicilio laboral que se denuncie, en cuyo caso la diligencia
deberá ser cumplida en forma personal.
2) Se notificará al litigante en el domicilio electrónico constituido:
a) La citación a intentar conciliación, practicar reconocimientos de firmas y documentos.
b) La citación a comparecer a la audiencia inicial y a la audiencia final.
c) La sentencia.
d) Toda providencia que el Tribunal de la causa disponga expresamente notificar a domicilio o por cédula
para mayor garantía de la defensa o mayor celeridad.
3) Serán notificadas en el domicilio procesal:
a) Todas las mencionadas en el inciso 2.
b) El traslado de todo documento presentado por los litigantes y que pueda ser impugnado por su
adversario.
c) Los autos de admisión de prueba y declaración de puro derecho.
d) Toda providencia que ponga el expediente a la oficina para conocimiento de las partes y para alegar.
e) Toda providencia que haga saber la presentación de dictámenes periciales e informes contables,
designación de martilleros, fecha de remate y aquellas que den cuenta de subastas fracasadas y
realizadas.
f) Los autos o providencias que por disposición expresa de la ley deban notificarse a domicilio.
g) Toda resolución que fije audiencia y autos dictados de oficio.
h) Toda providencia que ordene regir un término suspendido.
i) La primera providencia que recaiga luego de que el expediente haya sido paralizado a los términos del
Art. 59 inc. I de este Código.
ART. 69 NOTIFICACIÓN A PERSONAS INCIERTAS O DE IGNORADO DOMICILIO.
Si se tratare de personas inciertas o de ignorado domicilio, el emplazamiento para estar a derecho y la
sentencia, se notificarán por edictos y por cualquier medio útil a este fin debidamente autorizado por el
Juez. Estas circunstancias se acreditarán sumariamente y la notificación se practicará bajo juramento del
litigante contrario de desconocer a las personas y todo posible domicilio o el lugar donde se encuentra la
persona a notificar y bajo su responsabilidad.
ART. 70 A) FORMA DE LA NOTIFICACIÓN POR CÉDULA.
I.- La cédula, con tantas copias como personas en distinto domicilio deban notificarse, se confeccionará
por el receptor del Tribunal y contendrá: lugar, fecha, número y carátula del expediente, el domicilio donde
deba practicarse la diligencia, con expresión de su naturaleza y la resolución que se va a notificar.
Tratándose de auto o de sentencia, bastará a este último efecto con la transcripción de la parte dispositiva.
La cédula podrá ser confeccionada por las partes, bajo la firma del letrado de aquella que tenga interés en
la notificación.
En todos los casos serán firmadas por el receptor las cédulas que notifiquen embargos, medidas
precautorias, entrega de bienes o sentencias y las que correspondan a actuaciones en que no intervengan
letrados.
II.- La notificación se practicará en el domicilio denunciado o constituido según los casos. Si el interesado
no estuviere presente se efectuará la diligencia con la persona más caracterizada de la casa, mayor de
trece (13) años.
Si no hubiere persona hábil con quien formalizar la notificación, se ocurrirá al vecino más próximo que
sepa leer y escribir y que acepte el encargo de entregar el cedulón al interesado.
III.- El notificador hará conocer el objeto de la diligencia, entregará copia que fechará y firmará, como así
las que se adjunten a efecto de los traslados y hará constar la diligencia en la persona con quien se
entienda la notificación; en este último caso, debajo de la firma anotará las constancias de un documento
de identidad de quien firma. La cédula se agregará inmediatamente al expediente.
IV.- En el supuesto de que no se encontrara ninguna persona con quien diligenciar la notificación o se
negaran a recibirla, requerirá en lo posible, la presencia de dos testigos o de un agente de la fuerza pública
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y fijará o introducirá en la casa la copia de la cédula y demás acompañadas, debiendo los testigos o
agente suscribir la diligencia.
B) NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.
Las notificaciones por cédula previstas en el Art. 68 de este Código, que deban practicarse en domicilio
electrónico de las partes o en el domicilio procesal, podrán ser realizadas por medios electrónicos o
informáticos, a través de documentos firmados digitalmente, conforme la reglamentación que dicte al
efecto la Suprema Corte de Justicia, la que deberá respetar las siguientes pautas:
I.- La comunicación deberá contener los requisitos previstos en el Art. 70 para las cédulas, especialmente
la individualización clara y precisa de la persona a notificar; del número y carátula del expediente en que
se dictó el acto; del Tribunal en el que radica, de la naturaleza del domicilio y del acto procesal a
comunicar.
II.- Aseguramiento de la inviolabilidad de la comunicación desde su emisión hasta su recepción.
III.- Mecanismos que den certeza a la emisión de la comunicación y de su recepción por parte del
destinatario.
IV.- Precisión sobre los procedimientos tendientes a dejar constancia fehaciente en el expediente de la
comunicación del acto procesal.
V.- Realización de la notificación a través de servicios informáticos previstos a tal fin, que sean de
propiedad del Poder Judicial.
VI.- El sistema debe ser auditable.
ART. 71 FORMA DE LAS NOTIFICACIONES POSTAL, TELEGRÁFICA Y NOTARIAL.
Toda notificación que por disposición del Código se establezca podrá ser reemplazada, por autorización
del Tribunal a pedido del interesado, por telegrama colacionado, carta documento o acta notarial. La
Suprema Corte de Justicia se encuentra facultada para celebrar convenios con empresas de servicios
públicos o privados de correos a los fines de este Art. conforme a los sistemas de selección y adjudicación
previstos en las leyes.
ART. 72 DE LA FORMA POR EDICTOS Y DE SU NOTIFICACIÓN.
I.- Los edictos contendrán las mismas enunciaciones de las cédulas, con transcripción sumaria de la
resolución.
II.- La notificación por edictos se practicará mediante publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia y en
las páginas web del Poder Judicial y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Circunscripción que
corresponda, a fin de que cualquier interesado pueda acceder rápida y eficazmente a cualquier notificación
que se realice por dicho medio.
III.- Podrá disponerse también que se propale por radiofonía, prensa, televisión o cualquier otro medio
idóneo cuando el Tribunal lo considere necesario o lo solicitare el interesado.
IV.- El número de publicaciones será el que en cada caso determine este Código. En el caso del
emplazamiento para estar a derecho del Art. 68, se publicará el edicto tres (3) veces, con dos (2) días de
intervalo y la sentencia, una (1) sola vez.
V.- Se agregará al expediente el texto impreso del edicto, que contenga la fecha de la publicación y el texto
difundido. Además, podrá acompañarse el recibo correspondiente con indicación de la fecha de las
publicaciones o de la fecha y hora de las transmisiones.
ART. 73 NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN.
La notificación que se hiciere contraviniendo lo prescripto, será anulada y los empleados judiciales
encargados de practicarla o de transmitirla, responsables de la omisión o el defecto, serán pasibles de una
multa equivalente a un (1) JUS la primera vez y duplicada la segunda. La tercera será causal de cesantía a
través del procedimiento disciplinario que corresponda.
Si no se tratare de empleados judiciales, el Tribunal pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad que
corresponda, a efectos de que sean aplicadas las sanciones administrativas pertinentes.
En ambos casos, las sanciones que se apliquen, no obstan al ejercicio de las acciones civiles o penales
que puedan proceder.
Sin embargo, si del expediente resultara que la persona a quien se notificó o debió notificarse, tuvo
conocimiento de la actuación que la motivó, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, sin que ello
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obste a las sanciones previstas en el apartado precedente.
CAPITULO VI
REBELDÍA
ART. 74 CUANDO PROCEDE LA REBELDÍA.
Los litigantes originarios y sus sucesores procesales serán declarados rebeldes cuando no comparezcan
ni constituyan domicilio procesal en el plazo señalado para hacerlo, conforme el Art. 21 de este Código.
También lo serán los terceros citados a comparecer a pedido de interesados o por disposición judicial, en
el caso del Art. 45.
En caso de reconvención y con respecto a ella, será declarado rebelde el reconvenido que no la contestare
dentro del plazo concedido para hacerlo.
ART. 75 PROCEDIMIENTO Y EFECTOS DE LA REBELDÍA.
I.- Vencido el plazo señalado para comparecer o para contestar en el caso de reconvención, se declarará
rebelde al incompareciente, notificándose el decreto de rebeldía y la sentencia en la misma forma y en
igual domicilio en el que se le había notificado el emplazamiento.
II.- Las demás actuaciones judiciales se tendrán por notificadas conforme a lo dispuesto por el Art. 66.
Cuando la notificación se hubiera practicado en el domicilio real o procesal, la rebeldía constituye
presunción de la verdad de los hechos afirmados por la contraria; presunción cuya eficacia será apreciada
por el Tribunal, quien podrá decretar las medidas de prueba que creyere convenientes.
III.- En este caso, a pedido de interesado podrá decretarse una medida precautoria suficiente para cubrir el
resultado económico del proceso. Cuando la notificación se hubiera practicado a las personas y en la
forma prevista en el Art. 69, el incompareciente será representado por el Ministerio Público de la Defensa y
Pupilar, quien podrá responder sin admitir ni negar los hechos expuestos y el proceso seguirá el trámite
que corresponda, en todas sus etapas.
ART. 76 COMPARECENCIA DEL REBELDE.
El litigante que fue declarado rebelde, podrá comparecer en cualquier estado del procedimiento sin que por
ello se modifiquen los efectos de la rebeldía, ni retrotraerá el trámite.
ART. 77 RESCISIÓN.
En los casos en los cuales procede el incidente de nulidad conforme al Art. 94 o cuando se invoque y
pruebe la imposibilidad de haber conocido el emplazamiento o de comparecer o hacerse representar, por
fuerza mayor insuperable, podrá dejarse sin efecto la rebeldía, rescindirse lo actuado con posterioridad a
ella, siempre que el interesado comparezca y lo solicite dentro del plazo de diez (10) días de haber tenido
conocimiento del emplazamiento o de haber cesado la fuerza mayor. La solicitud de rescisión se
sustanciará y resolverá de acuerdo al trámite señalado para los incidentes en el Art. 93, siendo apelable el
auto resolutorio.
En caso de que el Juez declare improcedente la rescisión y si resultare maliciosa la actitud del
peticionante, violando el deber de probidad y lealtad que establece el Art. 22, el Juez podrá aplicar las
sanciones que autorizan los incisos 2, 3 y 4 del Art. 47.
CAPITULO VII
CADUCIDAD DE INSTANCIA
ART. 78 PLAZOS DE LA CADUCIDAD.
I.- Procederá la declaración de caducidad de la instancia cuando haya transcurrido el plazo de seis (6)
meses sin que haya existido petición o providencia judicial que tenga por finalidad impulsar el
procedimiento.
II.- En primera o única instancia, sólo será susceptible de producirse la caducidad hasta el momento en
que el Juez se pronuncie sobre la admisión de la prueba o declare la cuestión como de puro derecho. En
segunda o ulterior instancia no procede la caducidad. Tampoco en los trámites de ejecución de sentencia.
Los procesos de estructura monitoria son susceptibles de caducar hasta la notificación de la sentencia
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monitoria; notificada ésta, sólo será susceptible de perención el trámite eventual de oposición que dedujere
el ejecutado, hasta la admisión de pruebas.
III.- Tratándose de cuestiones incidentales, podrá declararse su caducidad, cualquiera sea la etapa
procesal o instancia en la que se produzcan.
ART. 79 PROCEDENCIA Y DECLARACION DE LA CADUCIDAD.
I.- La caducidad, salvo disposición especial en contrario, procede en contra de todo litigante aún cuando
sea el Estado.
II.- No caducará la instancia cuando el pleito se hubiere paralizado por fuerza mayor o por cualquier otra
causa independiente de la voluntad de los litigantes.
III.- La caducidad no puede ser renunciada, ni prolongados expresamente sus plazos. A los fines de su
cómputo serán contados los días corridos.
IV.- La perención debe ser declarada a pedido de parte. En primera o única instancia, por el demandado,
salvo en los procesos de estructura monitoria, en los que podrá solicitarla únicamente el actor contra la
oposición que se haya deducido, salvo que la caducidad la acuse el ejecutado antes de la notificación de la
sentencia monitoria. En los incidentes, por el contrario del que los hubiere promovido.
V.- La petición deberá formularse en el plazo de cinco (5) días de haber conocido el solicitante cualquier
actuación que tenga por finalidad impulsar el procedimiento después del plazo del Art. 78, y se sustanciará
con un traslado a la contraria.
ART. 80 EFECTOS DE LA CADUCIDAD.
I.- La caducidad declarada en primera instancia pone fin al proceso.
II.- La caducidad de la instancia principal, comprende la reconvención y los incidentes; la de éstos no
afecta la instancia principal.
III.-Las costas de los procedimientos caducos se impondrán al litigante sobre quien recaía primordialmente
la carga de instarlos.
IV.-La acción podrá ejercerse nuevamente, pero el plazo de la prescripción interrumpida por la demanda,
se computará como si la interrupción no se hubiera producido.
V.- La prueba rendida en el proceso caduco podrá utilizarse en otro proceso.
CAPÍTULO VIII
ALLANAMIENTO, DESISTIMIENTO, CONCILIACIÓN Y TRANSACCIÓN.
ART. 81 ALLANAMIENTO.
El demandado podrá allanarse a la demanda reconociendo sus fundamentos. En tal supuesto, el Tribunal
dictará sentencia conforme a derecho, sin más trámite.
Si estuviera interesado el orden público o la sentencia a dictarse pudiera afectar a terceros, el Tribunal
deberá disponer las medidas necesarias para la prueba de los hechos y el allanamiento carecerá de
efectos.
El allanamiento de un litisconsorte, no afecta a los demás y la sentencia estimatoria solo alcanzará al
allanado.
ART. 82 DESISTIMIENTO.
I.- Puede desistirse de la acción y del proceso.
II.- En el primer caso no se requiere conformidad de la contraria y se extingue la acción, que no podrá ser
nuevamente ejercitada.
III.- En el segundo caso, no puede declararse sin conformidad expresa de la contraria, si hubiera sido
notificada.
IV.- En ambos casos es aplicable lo dispuesto por el último apartado del Art. precedente.
ART. 83 INTENTO OBLIGATORIO DE CONCILIACIÓN.
I.- Los juzgadores deberán intentar que los litigantes arriben a una conciliación, siempre que no se afecte
el orden público. A tales efectos podrán convocarlos a una audiencia, en cualquier estado del juicio, antes
de dictar fallo.
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II.- Para ello les citarán e interrogarán personalmente, en cualquier momento, con preferencia antes de la
producción de la prueba.
III.- Pueden asistir con sus apoderados y letrados, y consultar a éstos sobre la conveniencia de la
conciliación, pero deberán responder en forma directa.
IV.- Podrá intentarse también la conciliación para solucionar incidentes, simplificar el litigio o la prueba y
acelerar el trámite.
V.- El Juez no podrá disponer la conducción del litigante citado a audiencia de conciliación, por la fuerza
pública. La no concurrencia deberá interpretarse como deseo de no conciliar.
VI.- Si no hubiera conciliación no se asentarán en el expediente las manifestaciones que hicieren las
partes, las cuales en ningún caso tendrán incidencia en la resolución del litigio.
ART. 84 EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN.
Los acuerdos conciliatorios celebrados por los litigantes ante el juzgador, cuya presencia y firma otorga
homologación al convenio, tendrán la calidad de autoridad de cosa juzgada y se procederá a su
cumplimiento como si se tratara de sentencia.
ART. 85 TRANSACCIÓN.
Toda cuestión en litigio puede ser transigida, conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de
la Nación y demás leyes sobre la materia.
CAPÍTULO IX
RESOLUCIONES JUDICIALES
ART. 86 RESOLUCIONES JUDICIALES.
I.- Tres (3) clases de resoluciones judiciales podrán dictarse en los procesos: decretos, autos y sentencias.
II.- Los decretos proveen, sin sustanciación, al desarrollo del proceso y deben ser pronunciados dentro de
los dos (2) días a contar desde la fecha del cargo, de la petición actuada o del vencimiento del plazo
conforme al tercer apartado del Art. 62.
III.- Los autos deciden todas las cuestiones que se planteen dentro del proceso que no deban ser resueltas
en la sentencia definitiva y deben ser pronunciados en los plazos fijados por este Código y, a falta de
aquéllos, dentro de los diez (10) días de quedar en estado.
IV.- Las sentencias deciden el fondo de las cuestiones motivo del proceso y deben ser pronunciadas, salvo
disposición expresa en contrario, en el plazo de treinta (30) días a contar desde la fecha en la cual el
proceso quedó en estado.
ART. 87 PUBLICIDAD DEL MOVIMIENTO DE RESOLUCIONES.
En cada Tribunal se llevará un registro de los expedientes que se encuentren en estado de resolver, bajo
responsabilidad del Secretario. Este registro estará a disposición de quien desee examinarlo.
ART. 88 FORMAS GENÉRICAS DE LAS RESOLUCIONES.
I.- Las resoluciones judiciales serán escritas; contendrán el lugar y fecha en que se dicten y cuando sean
pronunciadas en audiencias, se transcribirán íntegramente en el acta respectiva.
II.- Los fundamentos, cuando sean necesarios, se expresarán en forma breve, sencilla y clara, debiendo
citarse siempre las normas legales en las cuales se funda la aplicación que haga el derecho conforme a
los Arts. 148, 149 y 150 de la Constitución de la Provincia.
III.- Los decretos serán pronunciados y firmados por el Juez o Presidente del Tribunal; los de mero trámite
podrán serlo solo por el Secretario.
Los autos y sentencias lo serán por el Juez en los Tribunales Unipersonales y en los colegiados deberán
pronunciarse y firmarse por todos los miembros del Tribunal o Sala que entienda en la causa.
Sin embargo, en caso de vacancia, licencia u otro impedimento similar, del que debe haber en todos los
casos, constancia formal en los autos, la decisión podrá ser dictada por el voto de los restantes, siempre
que constituyeran la mayoría absoluta de los miembros del Tribunal o Sala y que concordaran en la
solución de la cuestión o cuestiones a resolver.
IV.- Todas las resoluciones judiciales se asentarán en el expediente. De los autos y sentencias se
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conservará una copia fiel, firmada por el Juez y Secretario que será encuadernada en libros de quinientas
(500) hojas, con su correspondiente índice, hasta tanto se hayan implementado los libros electrónicos de
autos y sentencias. En los Tribunales de primera instancia, el Secretario hará constar en cada una de
ellas: si la misma fue recurrida, resolución recaída en alzada y de haberse interpuesto alguno de los
recursos extraordinarios, sus resultancias.
V.- Las causas quedarán en estado de resolver desde la ejecutoria del respectivo llamamiento de autos, el
que se decretará de oficio o a petición de parte.
ART. 89 AUTOS.
Los autos serán fundamentados, con excepción de aquellos a los cuales este Código exime expresamente
de este requisito. Contendrán, además, una parte dispositiva expresa, clara y precisa, sobre las cuestiones
o puntos que los motivan. Toda decisión judicial deberá fundarse en derecho citando, por lo menos la
disposición legal correspondiente.
ART. 90 SENTENCIAS.
Las sentencias contendrán:
1) Lugar y fecha, número, carátula del expediente y el nombre de los litigantes.
2) Una relación sucinta de las cuestiones planteadas.
3) La consideración de las cuestiones, bajo su aspecto de hecho y jurídico, meritando la prueba y
estableciendo, concretamente, cuál o cuáles de los hechos conducentes controvertidos, se juzgan
probados.
4) Decisión expresa y precisa, total o parcialmente positiva o negativa, sobre cada una de las acciones y
defensas deducidas en el proceso o motivo del recurso.
5) El plazo en el cual debe ser cumplida, si la sentencia fuera susceptible de ejecución.
6) El monto de los frutos, daños y perjuicios e intereses, si contuviere condenación sobre ellos o las bases
para ser determinados.
7) La fijación prudencial y equitativa del crédito o del perjuicio reclamado, siempre que su existencia
estuviese legalmente comprobada y no resultase justificado su importe.
8) Pronunciamiento sobre costas y regulación de honorarios de todos quienes tengan derecho a ellos en el
proceso, conforme a lo dispuesto por los Arts. 35, 36 y 37.
ART. 91 REMEDIO CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.
Cuando no se dictaren las resoluciones judiciales en los plazos previstos en el Art. 86 o en los especiales
que este Código fija, salvo caso de fuerza mayor, los litigantes y los representantes del Ministerio Público,
deben denunciar el atraso por escrito en el expediente y se dejará constancia de la omisión en la foja de
servicios del funcionario o magistrado responsable.
Si se trata de auto o de sentencia, el juzgador perderá automáticamente competencia en el proceso,
debiendo el Secretario pasarlo de inmediato al Tribunal Subrogante. Éste comunicará el hecho al Tribunal
que ejerza la superintendencia y pronunciará la resolución en el plazo que corresponda, a contar desde la
ejecutoria del respectivo llamamiento de autos.
Al juzgador omiso se le aplicará una multa no inferior a un (1) JUS ni superior a cinco (5) JUS. Tres (3)
casos de la pérdida de competencia dentro del año calendario por atraso en las resoluciones podrá ser
causal de remoción.
CAPÍTULO X
INCIDENTES
ART. 92 REGLAS GENERALES.
Son incidentes las cuestiones accesorias que se susciten durante la sustanciación de un proceso y en
ocasión del mismo. Los que no tengan señalados en este Código un procedimiento especial, se tramitarán
conforme a las reglas establecidas en este Capítulo y en pieza separada que se agregará al expediente
principal una vez terminado el incidente.
Salvo disposición expresa de este Código o auto fundado del juzgador, no suspenderán la tramitación del
proceso y se sustanciarán por cuerda separada. Podrá disponerse judicialmente la suspensión, cuando por
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la naturaleza, gravedad y seriedad de la cuestión planteada obste a la prosecución del proceso en lo
principal. El auto de suspensión, en este caso, puede ser dejado sin efecto, de oficio o a petición del
interesado, sin sustanciación alguna, en cualquier momento.
El auto que ordena la suspensión del proceso y el que la deniega serán apelables. En ambos casos el
recurso interpuesto no suspenderá los efectos del auto apelado. El vencido y condenado en las costas del
incidente no podrá promover otro sin previo pago de aquéllas.
ART. 93 TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENTES.
I.- El que promueva un incidente deberá fundarlo clara y concretamente en los hechos y en derecho y
acompañar toda la prueba instrumental que no obre en el proceso, la lista de testigos, los que no podrán
exceder de tres (3).
II.- Del incidente se dará traslado a la contraria por cinco (5) días. Al evacuar el traslado deberán cumplirse
idénticos recaudos que al deducir el incidente, incluso respecto a las pruebas.
III.- Evacuado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, si no se hubiere ofrecido prueba, el incidente
quedará en estado de resolver.
IV.- Si se hubiera ofrecido prueba que el Tribunal considere pertinente, fijará una única audiencia para
sustanciar el incidente dentro de un plazo no mayor de diez (10) días. Los litigantes deberán obtener la
citación de testigos que no puedan hacer comparecer y la producción de la prueba que no haya de
recibirse en la audiencia.
V.- Encontrándose en estado de resolver, el juzgador deberá pronunciarse en el plazo de diez (10) días.
VI.- Las incidencias deducidas en audiencia sobre cuestiones relativas a su trámite se sustanciarán y
resolverán en ellas.
VII.- Si el incidente promovido fuera manifiestamente improcedente, el Juez deberá rechazarlo sin más
trámite.
ART. 94 INCIDENTE DE NULIDAD.
I.- Podrán ser anuladas las actuaciones procesales que no se hubieren ajustado a las normas establecidas
en este Código y por ello no se hubiere cumplido el fin para el cual estaban destinadas.
II.- Solamente puede ser pedida la nulidad por litigante afectado por ella que invoque interés jurídico en
que se declare, que no la provocó y siempre que no hubiere quedado subsanada por consentimiento
expreso o tácito. El consentimiento tácito resulta de no pedir la nulidad dentro de los cinco (5) días de tener
conocimiento del acto.
III.- Si el conocimiento resultare de una presentación al expediente, se tendrá por consentido el
procedimiento si no se le objetara en esa misma presentación.
IV.- El incidente de nulidad será sustanciado conforme a lo dispuesto por los Arts. 92 y 93, pudiendo ser
rechazado sin trámite alguno cuando fuera manifiesta su improcedencia. En todos los casos el auto que
resuelve será apelable.
V.- La anulación de un acto procesal no importa la de los precedentes ni la de aquellos posteriores
independientes del acto anulado.
VI.- La nulidad de resoluciones judiciales deberá encausarse por las vías previstas en los Arts. 131 y 133
de este Código, según corresponda.
CAPÍTULO XI
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
ART. 95 BENEFICIARIOS.
I.- El Estado Nacional, la Provincia, las municipalidades, las reparticiones autárquicas y las personas
jurídicas dedicadas exclusivamente a prestar servicios públicos gratuitos, litigarán sin pagar gastos.
II.- También gozan del beneficio las personas menores de edad, con capacidad restringida o incapacidad
que se presenten con patrocinio propio, según los supuestos previstos en el Art. 20 inc. V de este Código.
III.- Las personas que por su situación económica no puedan abonar los gastos iniciales del litigio, podrán
también obtener el beneficio, conforme a las disposiciones de este Capítulo.
ART. 96 TRÁMITES DEL BENEFICIO.
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I.- El pedido de litigar sin gastos, cuyo formulario deberá ser establecido por superintendencia, se sujetará
al trámite de las diligencias preliminares y deberá dársele intervención al Ministerio Público Fiscal.
Tramitará sin intervención de la contraria.
II.- Podrá solicitarse por cuerda separada para un proceso ya en trámite, sin que tenga efecto suspensivo
sobre dicho proceso.
III.- Si el beneficio lo solicitare el demandado, y le fuera denegado, pagará todas sus costas del proceso en
el cual interviniere.
IV.-En el trámite el peticionante podrá ser patrocinado por defensor oficial, si así lo solicitare y
correspondiere según la normativa vigente, pudiendo otorgar poder apud acta ante el Secretario.
V.- Es prueba necesaria que deberá ser acompañada junto con el escrito inicial (formulario), informes
respecto de:
1) La titularidad de bienes inmuebles y automotores.
2) La situación fiscal y previsional del solicitante
3) La certificación de empleo y constancia de remuneraciones si estuviera en relación de trabajo.
VI.- Previo dictamen del Ministerio Público Fiscal, el Juez se pronunciará sobre su concesión por auto
inapelable, el que deberá ser notificado a la contraria.
ART. 97 EFECTOS DEL BENEFICIO.
I.- El beneficio de litigar sin gastos comprende la facultad de no abonar al inicio impuesto de justicia y toda
otra erogación que implique el trámite del proceso para el que fue concedido, de que se publiquen y
difundan los edictos sin previo pago, de otorgar poderes ante el Secretario y de ser defendido por Defensor
Oficial.
II.- Solicitado el beneficio, se gozará del mismo provisoriamente desde la solicitud y hasta la resolución
sobre su concesión, condicionado a ésta.
III.- Concedido el beneficio se extiende hasta la finalización del proceso por resolución firme que decida la
condena en costas.
IV.- Revocación: El auto que acuerda el beneficio será notificado a los organismos de recaudación
correspondientes, quienes podrán solicitar su revocación en cualquier momento, si se comprueba que
cesaron las causales que motivaron su concesión.
V.- Los honorarios que se regulen por la defensa oficial, serán a cargo del defendido o de la contraria,
según se establezca en la condena en costas dictada en la sentencia y conforme la reglamentación que se
dicte al respecto.
VI. El litigante contrario al que goce del beneficio, podrá actuar provisoriamente en papel simple y sin
previo pago de impuesto de justicia, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva en la sentencia, salvo
lo previsto para adelanto de los gastos y depósito de honorarios mínimos de los peritos por él ofrecidos.
VII.- Dictada la sentencia y liquidados los gastos causídicos, se dará intervención a los organismos de
recaudación a los efectos que estimen corresponder.
CAPÍTULO XII
ACUMULACIÓN DE PROCESOS
ART. 98 ACUMULACIÓN DE PROCESOS. PROCEDENCIA.
Corresponde acumular dos o más procesos, cuando hubiera sido procedente la acumulación objetiva o
subjetiva de acciones, conforme a los Arts. 42 a 45 y, en general, siempre que la sentencia a dictarse en
uno de ellos haya de producir cosa juzgada en otro u otros.
Es necesario, además, que aún no haya sido dictada sentencia de primera instancia en los procesos que
se intente acumular, que puedan sustanciarse por los mismos trámites y que sea competente por materia
el Tribunal que deba entender en los procesos acumulados.
Podrán acumularse procesos sujetos a diversos trámites, siempre que pertenezcan a un mismo tipo y lo
acepten expresamente los interesados.
ART. 99 TRÁMITE DE LA ACUMULACIÓN.
I.- La acumulación de procesos podrá disponerse de oficio o a petición de interesados. Corresponde
disponerla al Tribunal competente que interviene en el proceso iniciado primero.
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II.- Podrá decretarse de oficio para integrar la litis en el caso del Art. 45. El Tribunal solicitará los demás
expedientes, oirá a los litigantes y al Ministerio Público Fiscal y resolverá mediante auto.
III.- Solicitada la acumulación, se pedirán los demás expedientes, se dará vista a los otros litigantes y al
Ministerio Público Fiscal y se dictará el auto resolutorio que corresponda.
IV.- Cuando se disponga la acumulación se hará saber a los Tribunales donde tramitaban los demás
procesos. Cualquiera de ellos, si no lo considera procedente, podrá plantear la cuestión, siguiéndose el
trámite señalado para la inhibitoria por el Art. 11, Sección III.
V.- Desde que se inicie o comunique el incidente, se suspenderá el trámite de todos los procesos, salvo las
medidas urgentes.
VI.- El auto que hace lugar a la acumulación y el que la deniega son apelables;
VII.- Por superintendencia se establecerá la forma segura de remisión en caso de expedientes electrónicos
por medio de la reglamentación de este Artículo.
ART. 100 TRÁMITES POSTERIORES A LA ACUMULACIÓN.
Los procesos acumulados se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero si el trámite resultara dificultoso,
podrá el Tribunal sustanciarlos separadamente, resolviéndolos en una sola sentencia.
CAPÍTULO XIII
OFICIOS Y EXHORTOS
ART. 101 NORMAS GENERALES RESPECTO A OFICIOS Y EXHORTOS.
I.- Excepto lo previsto en el Art. 34 inc. 7, toda comunicación o pedido de informes a la administración
pública o a particulares, ordenada judicialmente, que no sea citación para comparecer, se hará mediante
oficio, que firmará el Secretario.
II.- Cuando se dirija a autoridad judicial, al Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Presidentes de las
Cámaras Legislativas se hará mediante exhorto u oficio, que firmará el Juez o el presidente del Tribunal.
Se utilizará el oficio dentro del territorio nacional y el exhorto fuera del mismo.
En todos los supuestos se transcribirá la resolución en que se ordena la medida y demás recaudos que
sean necesarios para su diligenciamiento.
III.- En todo oficio o exhorto se expresará el lugar, fecha, destinatario, carátula del expediente y Tribunal
que lo emite; su objeto, personas autorizadas a diligenciarlo y retirarlo y cualquier otra circunstancia que
sea conveniente incluir en el mismo.
IV.- Según el supuesto correspondiente, podrá entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente o
remitirse por correo; y en casos urgentes, expedirse o anticiparse telegráficamente o por cualquier otro
medio idóneo.
V.- Se dejará copia fiel en el expediente de todo oficio o exhorto que se libre.
VI.- Los oficios podrán ser firmados digitalmente y diligenciados por vía electrónica, cumpliendo con los
recaudos exigidos en los apartados anteriores, según la reglamentación que a tales efectos dicte la
Suprema Corte de Justicia, adecuándose a las pautas establecidas en los incisos II a VI del Art. 70 inc. B).
VII.- En los casos que existan leyes, convenios o tratados que rijan las comunicaciones
interjurisdiccionales entre Tribunales y autoridades nacionales o extranjeras, se deberán cumplir los
requisitos que fijen las normas respectivas.
ART. 102 DILIGENCIAMIENTO DE EXHORTOS.
I.- Cuando se recibiere un exhorto de autoridad judicial del país, se dispondrá su cumplimiento, previa vista
al Ministerio Público Fiscal y siempre que no se invadiere la competencia del Tribunal exhortado.
II.- Cuando se denegare el diligenciamiento de exhortos de Tribunales del país, por invadir la competencia
del Juez exhortado, se procederá como lo dispone el Art. 11 para la inhibitoria.
III.- Tratándose de exhortos de autoridades judiciales extranjeras o para autoridades judiciales extranjeras,
se procederá conforme lo dispongan los tratados y acuerdos internacionales y conforme lo establece el Art.
2612 del Código Civil y Comercial de la Nación.
IV.-En este último caso deberá darse intervención necesaria al Organismo Especializado que la Suprema
Corte de Justicia disponga al efecto, por el término de cinco (5) días.
expedientes, oirá a los litigantes y al Ministerio Público Fiscal y resolverá mediante auto.
III.- Solicitada la acumulación, se pedirán los demás expedientes, se dará vista a los otros litigantes y al
Ministerio Público Fiscal y se dictará el auto resolutorio que corresponda.
IV.- Cuando se disponga la acumulación se hará saber a los Tribunales donde tramitaban los demás
procesos. Cualquiera de ellos, si no lo considera procedente, podrá plantear la cuestión, siguiéndose el
trámite señalado para la inhibitoria por el Art. 11, Sección III.
V.- Desde que se inicie o comunique el incidente, se suspenderá el trámite de todos los procesos, salvo las
medidas urgentes.
VI.- El auto que hace lugar a la acumulación y el que la deniega son apelables;
VII.- Por superintendencia se establecerá la forma segura de remisión en caso de expedientes electrónicos
por medio de la reglamentación de este Artículo.
ART. 100 TRÁMITES POSTERIORES A LA ACUMULACIÓN.
Los procesos acumulados se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero si el trámite resultara dificultoso,
podrá el Tribunal sustanciarlos separadamente, resolviéndolos en una sola sentencia.
CAPÍTULO XIII
OFICIOS Y EXHORTOS
ART. 101 NORMAS GENERALES RESPECTO A OFICIOS Y EXHORTOS.
I.- Excepto lo previsto en el Art. 34 inc. 7, toda comunicación o pedido de informes a la administración
pública o a particulares, ordenada judicialmente, que no sea citación para comparecer, se hará mediante
oficio, que firmará el Secretario.
II.- Cuando se dirija a autoridad judicial, al Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Presidentes de las
Cámaras Legislativas se hará mediante exhorto u oficio, que firmará el Juez o el presidente del Tribunal.
Se utilizará el oficio dentro del territorio nacional y el exhorto fuera del mismo.
En todos los supuestos se transcribirá la resolución en que se ordena la medida y demás recaudos que
sean necesarios para su diligenciamiento.
III.- En todo oficio o exhorto se expresará el lugar, fecha, destinatario, carátula del expediente y Tribunal
que lo emite; su objeto, personas autorizadas a diligenciarlo y retirarlo y cualquier otra circunstancia que
sea conveniente incluir en el mismo.
IV.- Según el supuesto correspondiente, podrá entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente o
remitirse por correo; y en casos urgentes, expedirse o anticiparse telegráficamente o por cualquier otro
medio idóneo.
V.- Se dejará copia fiel en el expediente de todo oficio o exhorto que se libre.
VI.- Los oficios podrán ser firmados digitalmente y diligenciados por vía electrónica, cumpliendo con los
recaudos exigidos en los apartados anteriores, según la reglamentación que a tales efectos dicte la
Suprema Corte de Justicia, adecuándose a las pautas establecidas en los incisos II a VI del Art. 70 inc. B).
VII.- En los casos que existan leyes, convenios o tratados que rijan las comunicaciones
interjurisdiccionales entre Tribunales y autoridades nacionales o extranjeras, se deberán cumplir los
requisitos que fijen las normas respectivas.
ART. 102 DILIGENCIAMIENTO DE EXHORTOS.
I.- Cuando se recibiere un exhorto de autoridad judicial del país, se dispondrá su cumplimiento, previa vista
al Ministerio Público Fiscal y siempre que no se invadiere la competencia del Tribunal exhortado.
II.- Cuando se denegare el diligenciamiento de exhortos de Tribunales del país, por invadir la competencia
del Juez exhortado, se procederá como lo dispone el Art. 11 para la inhibitoria.
III.- Tratándose de exhortos de autoridades judiciales extranjeras o para autoridades judiciales extranjeras,
se procederá conforme lo dispongan los tratados y acuerdos internacionales y conforme lo establece el Art.
2612 del Código Civil y Comercial de la Nación.
IV.-En este último caso deberá darse intervención necesaria al Organismo Especializado que la Suprema
Corte de Justicia disponga al efecto, por el término de cinco (5) días.
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TÍTULO V
DE LAS TERCERÍAS
CAPÍTULO I
NORMAS COMUNES
ART. 103 REGLAS GENERALES.
La intervención de terceros en un proceso pendiente, sea espontánea o por citación a pedido de litigantes
o de oficio, se ajustará a las normas establecidas en este Código, con las modificaciones que contiene
este Capítulo.
En cuanto sea pertinente, se aplicarán también las reglas específicas que corresponden al caso de
litisconsorcio voluntario o necesario Arts. 43, 44 y 45, a la sucesión y a la sustitución procesales.
En todo caso, la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada en contra o a favor del tercero interviniente.
ART. 104 INTERÉS JURIDICO DEL TERCERISTA.
Para intervenir en un proceso pendiente, con objeto de hacer valer un derecho total o parcialmente
excluyente, incluido en la litis, con relación a todos los litigantes originarios o a algunos de ellos, o para
coadyuvar con los mismos, es necesario invocar un interés jurídicamente protegido, conforme al Artículo
41.
CAPÍTULO II
TERCERÍAS EXCLUYENTES
ART. 105 A) INTERVENCIÓN. TERCERÍAS DE OPONIBILIDAD.
I.- Las tercerías de oponibilidad deberán fundarse en el mejor derecho que se ejerza por la posesión de los
bienes embargados o en el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con preferencia al embargante. La
tercería de oponibilidad deberá deducirse antes de que se otorgue la posesión de los bienes; la de mejor
derecho, antes de que se pague al acreedor.
II.- Si el tercerista dedujere su pretensión después de diez (10) días desde que tuvo o debió tener
conocimiento del embargo o desde que se rechazó el levantamiento sin tercería, abonará las costas que
originare su presentación.
III.- No se tramitará la tercería si no se probare, con instrumentos fehacientes o en forma previa y sumaria,
la verosimilitud del derecho en que se funda, o se prestare fianza para responder de los perjuicios que
pudiere producir la suspensión del proceso principal.
IV.- Si la tercería fuese de propiedad –derecho real excluyente– se suspenderá el procedimiento principal,
a menos que se tratare de bienes sujetos a desvalorización o desaparición o que irrogaren excesivos
gastos de conservación, en cuyo caso, continuará el procedimiento hasta la venta y su producido quedará
afectado al resultado de la tercería.
V.- Cuando resultare evidente la connivencia del tercerista con el embargado, el Juez ordenará, sin más
trámite, la remisión de los antecedentes a la justicia penal e impondrá al tercerista, al embargado y/o a los
profesionales que los hayan representado o patrocinado, las sanciones disciplinarias que correspondan
VI.- El tercero perjudicado por un embargo podrá pedir su levantamiento sin promover tercería,
acompañando el título del derecho real que se ejerza por la posesión u ofreciendo sumaria información
sobre su posesión, según la naturaleza de los bienes. Del pedido se dará traslado al embargante. La
resolución solo será apelable cuando haga lugar al desembargo. Si lo denegara, el interesado podrá
deducir directamente la tercería.
B) INTERVENCIÓN VOLUNTARIA.
Los terceristas excluyentes pueden comparecer al proceso en cualquier momento de su trámite, tomándole
en el estado en el cual lo encuentren, sin que les sea permitido obtener que se retrotraiga el
procedimiento.
Los plazos que estuvieren corriendo en el momento de su comparecencia, se computarán desde la fecha
de la última notificación a los litigantes originarios.
Su presentación deberá reunir los requisitos generales de forma y contenida prescripto por este Código y
los específicos correspondientes a la demanda o a su contestación en el proceso en el cual comparezcan y
los que resulten de este Capítulo.
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ART. 106 TRÁMITE DE LA TERCERÍA ESPONTÁNEA EXCLUYENTE.
El Tribunal, sin sustanciación, admitirá o rechazará la intervención, en auto inapelable para la primera
situación y apelable para la segunda.
En caso de admitirse la intervención, el Tribunal establecerá si ha de tramitarse en el mismo expediente o
por separado y en este último supuesto, el procedimiento que deba seguir, según la importancia y
naturaleza del pleito principal y de la tercería y si ha de suspenderse el principal y en qué estado. La
suspensión procederá siempre que la prosecución del trámite pueda ocasionar el tercerista un perjuicio
irreparable dentro del proceso, como en los casos de tercerías de oponibilidad y otros análogos.
ART. 107 INTERVENCIÓN COACTIVA.
Los terceros excluyentes, citados a comparecer por pedido de litigantes originarios o de oficio, tienen el
ejercicio de todas las facultades procesales, desde la demanda o responde, según sea su situación.
Cuando la citación haya sido pedida por uno de los litigantes originarios, se procederá como lo dispone el
artículo precedente.
Siendo la citación de oficio para integrar la litis, se suspenderá el procedimiento hasta que venza el plazo
de aquélla y se sustanciará en el mismo expediente.
ART. 108 FACULTADES PROCESALES DEL TERCERISTA EXCLUYENTE.
Sea que se tramite la tercería en la misma pieza o por separado, actor, demandado y tercerista serán
considerados contrarios entre sí, pudiendo ejercer cada uno de ellos todas las facultades procesales para
la sustanciación y fallo definitivo del litigio. Los traslados de las peticiones de cada uno, cuando
correspondan, se correrán a los otros dos.
CAPÍTULO III
TERCERÍAS COADYUVANTES
ART. 109 INTERVENCIÓN VOLUNTARIA DEL TERCERISTA.
El tercerista que por un interés propio originario o por defender un interés ajeno, que por convención o
disposición legal pueda incidir en el suyo, quiera intervenir como coadyuvante o sustituyendo a uno de los
sujetos del proceso, deberá ajustarse a lo dispuesto por el Art. 105, pero los plazos que estuvieren
corriendo se computarán desde la notificación del litigante al cual adhiere y sin perjuicio de lo dispuesto en
los Arts. 23 a 28 para los casos de intervención en ellos previstos.
La admisión o rechazo del pedido de intervención se ajustará a lo establecido por el primer apartado del
Art. 106.
ART. 110 INTERVENCIÓN COACTIVA DEL LITIGANTE.
Los terceristas coadyuvantes citados a comparecer a pedido de litigantes originarios tendrán los mismos
derechos de los excluyentes, aplicándose lo dispuesto por los dos primeros apartados del Artículo 107.
ART. 111 POSICIÓN PROCESAL DEL TERCERISTA COADYUVANTE.
El tercerista coadyuvante actuará como litisconsorte de aquel a quien ayuda y tendrá sus mismas
facultades procesales.
Podrá sustituir a quien pidió su citación, manteniendo éste la posición de litigante, coadyuvando con su
sustituto. La exclusión del litigante originario requiere la conformidad expresa de la contraria.
TÍTULO VI
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES
ART. 112 TRÁMITES COMUNES.
Las medidas precautorias que este Código y otras leyes autorizan serán ordenadas por auto, sujetándose
a las siguientes reglas, con las excepciones establecidas en este título.
I.- El solicitante deberá acreditar en forma sumaria el derecho que invoca. Este requisito no podrá ser
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suplido por ofrecimiento de garantías o fianzas.
II.- Acreditará también el peligro de pérdida o frustración de su derecho o la urgencia de la medida.
III.- Se concederán bajo la responsabilidad del solicitante, quien deberá otorgar la contracautela dispuesta
por la ley o por el Tribunal para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar en el caso de
haber sido pedida sin derecho. Podrán otorgarse seguros de caución, fianza de instituciones bancarias,
comerciales o de personas de conocida reputación y responsabilidad económica, pero no se admitirá
fianza de profesionales.
Podrá admitirse caución juratoria en los casos autorizados por las normas de fondo y en supuestos de
extrema vulnerabilidad del peticionante a criterio del Juez.
IV.- La sustanciación, resolución y cumplimiento de las medidas, se harán sin audiencia ni conocimiento de
la contraria, a la cual se le notificarán, de oficio, inmediatamente después de cumplidas.
V.- El Tribunal podrá disponer una medida distinta a la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la
importancia del derecho que se intenta proteger y para evitar perjuicios o vejámenes innecesarios al
demandado.
VI.- Son siempre provisorias; subsisten mientras duran las circunstancias que las determinaren.
VII.- El auto que acoge o rechaza el pedido, será apelable; en el primer caso sin efecto suspensivo. Podrá
reiterarse la solicitud rechazada, cuando se hubiere modificado la situación de hecho o de derecho,
sujetándose al mismo trámite.
VIII.- Las medidas precautorias cumplidas antes de la demanda, caducarán automáticamente, si dentro de
los quince (15) días de haberse cumplido no se deduce la acción y el Tribunal, de oficio, dispondrá su
levantamiento. El plazo se computará desde la traba de la primera medida cuando fueren varias. En tal
supuesto, los daños y perjuicios serán a cargo del solicitante de la medida, quien no podrá pedirla
nuevamente por la misma causa.
IX.- Los depositarios, interventores y administradores judiciales, aceptarán el cargo y jurarán
desempeñarlo fielmente, por acta, siendo responsables de los daños y perjuicios que ocasionaran por
negligencia o incumplimiento de los deberes a su cargo. Están obligados a informar al Tribunal de sus
actos y a rendir cuenta de lo percibido y gastado.
Cuando se trabe embargo, se cumpla un secuestro o se ponga en posesión a un interventor o
administrador judicial, se les entregará a éstos por el oficial de justicia una constancia de la medida
cumplida, de los bienes afectados por ella, causa en que se dispuso la medida, Tribunal en que se tramita
y en su caso el cargo que desempeña.
X.- En el escrito en el cual se solicite la medida, se ofrecerá la prueba, la cual deberá recibirse en el plazo
de un (1) día y dictarse pronunciamiento en idéntico plazo.
XI.- Las medidas precautorias se cumplirán con auxilio de la fuerza pública, allanamiento de domicilio y
habilitación de día, hora y lugar si fuera necesario.
XII.- El Tribunal a pedido de interesados, puede decretar cualquier medida idónea para asegurar
provisoriamente un derecho aún no reconocido por la justicia.
ART. 113 SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA PRECAUTORIA.
El afectado por la medida, sea el deudor o demandado o un tercero, podrá pedir, en cualquier momento,
sea sustituida, ofreciendo dinero u otras garantías equivalentes a juicio del Tribunal, quien resolverá sin
más sustanciación que una vista al solicitante de la medida precautoria.
ART. 114 VENTA DE BIENES SUJETOS A UNA MEDIDA PRECAUTORIA.
Existiendo peligro de pérdida o desvalorización de los bienes sujetos o afectados a una medida
precautoria, el Tribunal a pedido de interesados y con vista a la contraria, podrá disponer su venta en
pública subasta, depositándose el producido en el banco para depósitos judiciales donde quedará
embargado a los fines de aquél.
Para la venta se seguirá el procedimiento establecido para la subasta en proceso monitorio.
ART. 115 MEDIDAS ANTICIPATORIAS.
I.- Fuera de los casos regulados en los artículos anteriores podrá el Tribunal adoptar las medidas
provisionales y anticipativas que juzgue adecuadas para evitar que se cause a la parte, antes de la
sentencia, una lesión grave o de difícil reparación o para asegurar provisionalmente los efectos de la
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decisión sobre el fondo.
II.- Previo a resolver el Juez, correrá vista a la contraria, la que a contestarla deberá ofrecer toda la prueba
de que intente valerse.
III.- Excepcionalmente, cuando por la urgencia se diere la imposibilidad total de seguir el trámite previsto
en el inciso anterior, se encuentren afectadas garantías constitucionales o derechos fundamentales, podrá
otorgarla y diferir la vista a la contraparte, quien podrá, en tal caso, solicitar el levantamiento o apelarla,
ofreciendo la prueba de que se vio privado.
IV.- La resolución dictada es apelable para ambas partes sin efecto suspensivo.
CAPÍTULO II
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN Y CONSERVATORIAS
ART. 116 ENUMERACIÓN.
Para el aseguramiento anticipado de la ejecución forzosa, o de los bienes motivo de la litis o de un estado
de hecho, podrán solicitarse en cualquier clase de procesos y aún antes de iniciarlos, las siguientes
medidas:
1) El embargo preventivo o el secuestro de bienes determinados.
2) La intervención o administración judiciales.
3) La prohibición de contratar o de innovar.
4) La medida innovativa.
5) La anotación de litis.
6) La inhibición general.
ART. 117 EMBARGO PREVENTIVO.
Procede el embargo preventivo cuando se justifiquen los recaudos establecidos por el Art. 112 y siguiendo
el procedimiento allí señalado.
Procede también cuando exista rebeldía, allanamiento, confesión o sentencia favorable al solicitante, sin
más recaudo.
Se cumplirá en la forma dispuesta para el embargo en el proceso monitorio.
ART. 118 SECUESTRO.
I.- Procede el secuestro de los bienes muebles o semovientes, motivo del litigio, cuando el embargo
preventivo no bastare para asegurar el derecho invocado por el solicitante, siempre que se cumplieren los
recaudos establecidos por el Art. 112 y siguiendo el procedimiento allí señalado.
II.- El Tribunal, al ordenar el secuestro, individualizará claramente los bienes objeto de la medida y
designará depositario a un establecimiento público o a una institución o particular de suficiente
responsabilidad, fijando su remuneración y los actos que debe cumplir respecto a los bienes secuestrados.
III.- En caso de conformidad de ambos litigantes, podrá ser designado depositario uno de ellos, pero no
percibirá remuneración, ni podrá servirse de los bienes secuestrados.
ART. 119 INTERVENCIÓN JUDICIAL.
Podrá ordenarse la intervención judicial la que se ajustará a las siguientes disposiciones comunes:
1) El Juez apreciará su procedencia en la forma establecida por el Art. 112 y la ordenará a falta de otra
medida eficaz. La contracautela se fijará teniendo en consideración la clase de intervención, los perjuicios
que pudiere irrogar y las costas.
2) La designación del interventor recaerá en persona que posea los conocimientos necesarios para
desempeñarse en función de la naturaleza de los bienes o actividades en que intervendrá, no pudiendo ser
ninguno de los interesados.
3) La providencia que designe al interventor determinará la misión que debe cumplir y el plazo de duración,
que sólo podrá prorrogarse por resolución fundada.
4) Los gastos extraordinarios serán autorizados por el Juez previa vista a las partes, salvo cuando la
demora pudiere ocasionar perjuicios, en cuyo caso el interventor deberá informar al Juez dentro del tercer
día de realizados. La resolución que disponga los gastos extraordinarios deberá indicar a cargo de quién
se impone su pago provisoriamente.
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5) Las disposiciones del presente serán de aplicación supletoria respecto de la intervención judicial
prevista por las normas de fondo.
ART. 120 DEBERES Y FACULTADES DEL INTERVENTOR
I.- DEBERES
El interventor deberá:
1) Desempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta el Juez. El
nombramiento de auxiliares requerirá siempre de autorización previa del juzgador.
2) Presentar los informes periódicos que disponga el Juez y uno final, al concluir su cometido.
3) Evitar la adopción de medidas que no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de su
función, que comprometan su imparcialidad o puedan producir daño.
4) Dar cuenta al Tribunal de todo delito o abuso que advierta en la administración.
II.- REMOCIÓN. El interventor que no cumpliere eficazmente su cometido podrá ser removido de oficio; si
mediare pedido de parte, se dará traslado a las demás y al interventor previo al dictado de la resolución
correspondiente.
III.- HONORARIOS. El interventor sólo percibirá los honorarios a que tuviere derecho, una vez aprobado
judicialmente el informe final de su gestión. Si su actuación debiera prolongarse durante un plazo que a
criterio del Juez justificara el pago de anticipos, previa vista a las partes, se fijarán éstos en adecuada
proporción al eventual importe total de sus honorarios.
Para la regulación del honorario definitivo se atenderá a la naturaleza y modalidades de la intervención, al
monto de las utilidades realizadas, a la influencia que la gestión tuviere respecto del patrimonio y persona
de las partes, a la importancia y eficacia de la gestión, a la responsabilidad en ella comprometida, al lapso
de la actuación y a las demás circunstancias del caso.
Carecerá de derecho a cobrar honorarios el interventor removido del cargo por ejercicio abusivo; si la
remoción se debiere a negligencia, aquel derecho a honorarios o la proporción que corresponda será
determinada por el Juez.
El pacto de honorarios celebrado por el interventor será nulo e importará ejercicio abusivo del cargo.
ART. 121 INTERVENTOR RECAUDADOR.
A pedido de acreedor y a falta de otra medida cautelar eficaz o como complemento de la dispuesta, podrá
designarse un (1) interventor recaudador, si aquélla debiere recaer sobre bienes productores de rentas,
frutos o productos. Su función se limitará exclusivamente a la recaudación de la parte embargada, en la
medida en que lo ordene el Juez y sin injerencia alguna en la administración.
El importe de la recaudación deberá ser depositado a la orden del Tribunal en el modo y dentro del plazo
que éste determine.
ART. 122 INTERVENTOR INFORMANTE O VEEDOR.
De oficio o a petición de parte, el Juez podrá designar un interventor informante o veedor para que dé
noticia acerca del estado de los bienes objeto del juicio o de las operaciones o actividades, con la
periodicidad y extensión temporal que se establezca en la providencia que lo designe.
ART. 123 ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.
Cuando sea indispensable substituir la administración del intervenido, o cuando las divergencias entre
socios justifiquen la necesidad de la medida, el Tribunal designará administrador judicial a una persona
idónea, de suficiente responsabilidad, señalando sus facultades y deberes.
Serán de aplicación a la administración judicial las disposiciones establecidas para la intervención judicial
en la medida que sean compatibles.
ART. 124 PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.
Cuando por ley o por contrato, o para asegurar la ejecución forzosa, o los bienes motivo de la litis, proceda
la prohibición de contratar sobre determinados bienes, el Tribunal, previa comprobación de los recaudos
correspondientes según el caso, y ajustándose en los demás al Art. 112, ordenará la medida,
individualizará lo que sea motivo de la prohibición, disponiendo se inscriba en los registros
correspondientes y se notifique a los interesados y a los terceros que señale el solicitante.
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ART. 125 PROHIBICIÓN DE INNOVAR. MEDIDA INNOVATIVA.
En cualquier estado de un proceso, anterior a la sentencia definitiva, y cuando a juicio del Tribunal la
medida sea necesaria, podrá ordenarse la prohibición de innovar o una medida innovativa, en lo que sea
materia del pleito, debiendo acreditarse los recaudos establecidos en el Art. 112. Estas medidas
procederán en tal caso aún cuando materialmente se identifiquen con la pretensión principal. En este
supuesto, transcurridos tres (3) meses desde su concesión, el afectado podrá pedir su levantamiento, lo
que se resolverá con vista a la contraria.
ART. 126 ANOTACIÓN DE LITIS.
Cuando se promoviera demanda sobre el dominio de bienes registrables o sobre constitución, declaración,
modificación o extinción de cualquier derecho real o se ejercieren acciones vinculadas a tales bienes y la
sentencia haya de ser opuesta a terceros, podrá solicitarse y ordenarse la anotación de la litis, debiendo
acreditarse los recaudos establecidos en el Art.112, excepto el previsto por el inciso II.
ART. 127 INHIBICIÓN.
Cuando se hubiere decretado embargo preventivo y no se encontraren bienes suficientes para trabarlo,
podrá ordenarse la inhibición del deudor para transformar, modificar o transferir derechos reales sobre
inmuebles o bienes registrables, la cual será comunicada al registro que corresponda para su anotación,
individualizando con precisión al inhibido.
Esta medida podrá solicitarse conjuntamente con el embargo preventivo para hacerse efectiva en forma
subsidiaria a ella.
Se dejará sin efecto en cuanto al deudor ofrezca bienes suficientes al embargo y se extinguirá a los cinco
(5) años de la fecha de su anotación en el registro que corresponda, salvo que a petición de parte se
reinscribiera antes del vencimiento del plazo, por orden del Juez que entendió en el proceso.
CAPÍTULO III
OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS
ART. 128 ENUMERACIÓN.
Podrán también disponerse medidas preventivas para aseguramiento de pruebas, conservación de cosas.
Sin perjuicio de las que dispongan otras leyes o puedan decretar los jueces, podrá ordenarse:
1) La instrucción preventiva de un proceso iniciado o por iniciarse.
2) El depósito de cosas.
ART. 129 INSTRUCCIÓN PREVENTIVA.
I.- Existiendo temor justificado de que eventualmente pueda faltar o hacerse difícil la declaración de uno o
más testigos, podrá solicitarse que, con citación de la contraria, se los interrogue.
II.- Cuando existiere urgencia en comprobar el estado de lugares o de cosas o su calidad, podrá solicitarse
una inspección judicial o informe o dictamen técnico.
III.- Estas medidas se practicarán con citación de la contraria y siguiendo el procedimiento establecido en
las disposiciones pertinentes del período probatorio en el proceso ordinario.
IV.- Cuando por la urgencia excepcional u otras circunstancias debidamente justificadas, no fuere posible
la citación de la contraria, un defensor oficial deberá intervenir en el acto en su representación.
V.- En este caso no se exigirá contracautela.
ART. 130 DEPÓSITO DE COSAS.
Fuera de los casos de embargo preventivo y de secuestro, podrá disponerse, a pedido de quien los tiene
en su poder, el depósito de bienes muebles o semovientes, cuando las leyes lo autoricen o lo disponga el
Tribunal por las circunstancias especiales del caso.
El depósito se ajustará en lo pertinente, a lo dispuesto por el segundo apartado del Art. 118, debiendo
dejarse constancia de las cosas que se depositan, de su calidad y estado y se hará conocer a los
interesados que denunciare el solicitante.
La medida se tomará a costa y riesgo del solicitante, sin perjuicio de que repita los gastos de quien
procediere y en el proceso que corresponda.
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TÍTULO VII
DE LOS RECURSOS
CAPÍTULO I
RECURSOS ORDINARIOS
SECCIÓN PRIMERA
REPOSICIÓN Y ACLARATORIA
ART. 131 RECURSO DE REPOSICIÓN.
I.- Procede el recurso de reposición contra los decretos y autos inapelables, a fin de que el mismo Tribunal
los revoque o modifique por contrario imperio.
II.- En los Tribunales unipersonales lo resolverá el Juez y en los colegiados el presidente, salvo que se
tratara de autos del Tribunal, caso en el cual se pronunciará éste.
III.- El recurso deberá fundarse en el mismo escrito que se interponga y ser deducido en el plazo de cinco
(5) días siguientes a la notificación del auto o decreto en contra del cual se recurre.
IV.- Si la resolución hubiera sido dictada de oficio se resolverá el recurso sin sustanciación. Si lo hubiera
sido a pedido del interesado, se dará una vista por tres días al contrario del recurrente, salvo que fuera
manifiesta su improcedencia, caso en el cual deberá ser rechazado sin más trámite.
V.- El auto deberá dictarse en el plazo de cinco (5) días de interpuesto, contestada la vista o vencido el
plazo para hacerlo.
VI.- Comprende la nulidad que afecte a las resoluciones recurribles por la presente vía. En este supuesto,
el afectado por la decisión del recurso de reposición, a fin de no consentirla, podrá hacer reserva de
deducir el agravio en el eventual recurso de apelación contra la sentencia.
ART. 132 RECURSO DE ACLARATORIA.
I.- Procede el recurso de aclaratoria en contra de autos y de sentencias, a fin de que sean corregidos
errores materiales, subsanadas omisiones de pronunciamiento o aclarados conceptos oscuros.
II.- Tratándose de autos, el recurso deberá interponerse dentro del plazo de un (1) día posterior a la
notificación y de dos (2) si se tratara de sentencias.
III.- Mientras no hayan sido notificados, el Tribunal, de oficio, puede corregir, subsanar o aclarar autos y
sentencias, conforme a la primera sección de este artículo.
IV.- El recurso será resuelto en el plazo de dos (2) o cuatro (4) días, según se trate de auto o sentencia y
se notificará de la misma forma que la resolución aclarada.
V.- Si la resolución cuya aclaratoria se pide fuera recurrible, el plazo para ello empezará a contarse desde
el día siguiente a la notificación del auto que admite la aclaratoria, salvo lo dispuesto para los recursos
extraordinarios en el Art. 146.
SECCIÓN SEGUNDA
RECURSO DE APELACIÓN
ART. 133 PROCEDENCIA Y PLAZOS.
I.- Sólo procede el recurso de apelación en contra de las sentencias y de aquellos autos declarados
apelables expresamente, por este Código.
Excepcionalmente podrá concederse el recurso de apelación en contra de otros autos susceptibles de
provocar la frustración definitiva del derecho del recurrente, siempre que se fundamente sumariamente la
necesidad de la concesión.
II.- El recurso se interpondrá, sin fundarse, ante el Tribunal que dictó la resolución, en el plazo de cinco (5)
días, salvo disposición expresa en casos especiales, y a contar desde la notificación. El plazo es común
sólo para los litisconsortes.
En los supuestos en los que la resolución que se pretende recurrir por esta vía haya sido dictada en
audiencia en la que el interesado se encuentre presente, la apelación deberá ser interpuesta verbalmente
en el mismo acto.
Cuando proceda el recurso en forma abreviada, la interposición y fundamentación se regirá por lo previsto
en el Art. 142.
III.- El recurso se concederá por decreto en el plazo de dos (2) días de ser interpuesto. En el mismo plazo
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y mediante auto, podrá ser denegado. Si el recurso fuera interpuesto en audiencia, deberá concederse o
denegarse en el mismo acto, fundadamente en el último caso.
IV.- Comprende los agravios ocasionados por defectos en el procedimiento, no convalidados, o en la
sentencia.
ART. 134 EFECTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN.
I.- El recurso de apelación, puede ser concedido en forma libre o abreviada y ambos con efecto suspensivo
o sin él.
II.- La sentencia en proceso de conocimiento y en los procesos en los cuales así lo dispone expresamente
este Código, es apelable en forma libre. En los demás casos, procede el recurso abreviado.
III.- El recurso, cualquiera sea su trámite, tiene efecto suspensivo, a menos que este Código disponga lo
contrario en forma expresa.
IV.- Los recursos concedidos con trámite diferido, cuando las leyes así lo dispongan, se sustanciarán junto
con la apelación por trámite escrito que se interpusiera contra la sentencia.
ART. 135 TRÁMITES COMUNES.
I.- Mientras subsista el expediente en soporte papel, el envío del mismo deberá cumplirse dentro del plazo
de dos (2) días de concedido el recurso o de formada la pieza separada, en su caso, según el
procedimiento que se fije por reglamentación.
La remisión del expediente debe hacerse previo cumplimiento de todas las notificaciones y acompañada
de la documentación original si la hubiera, los elementos donde conste la reproducción de la
documentación, videoconferencias o de las audiencias inicial o final o de cualquier otra audiencia y de
todos los expedientes conexos ofrecidos y admitidos como prueba, bajo apercibimiento de multas desde
un décimo (1/10) de JUS y de hasta un (1) JUS al funcionario responsable, que serán impuestas por la
Cámara que entienda en la causa.
II.- Si el recurso se concediere sin efecto suspensivo o cuando se apelen solamente decisiones accesorias,
tratándose de expediente en soporte papel, se dispondrá, a cargo del apelante, la formación de compulsa
con copias certificadas de las piezas necesarias para la decisión del recurso, la que se elevará a sus
efectos; el expediente permanecerá en el juzgado de origen para la continuación del trámite
correspondiente. El apelante deberá acompañar las copias necesarias para la formación de la compulsa,
dentro de los cinco (5) días de concedido el recurso, bajo apercibimiento de deserción del recurso.
III.- Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán impulsadas de oficio, sin perjuicio del derecho
de las partes a instarlas.
ART. 136 ATRIBUCIONES DE LA CÁMARA DE APELACIONES:
I.- Recibido el expediente o compulsa por la Cámara de Apelaciones, antes de sustanciarlo y de oficio,
controlará el cumplimiento de los recaudos formales de admisión del recurso. Puede modificar la forma de
concesión o denegarlo, si hubiera sido mal concedido.
II.- Podrá también, en su oportunidad, sin sustanciación y mediante auto fundado, declarar desierto el
recurso por defecto en la expresión de agravios o fundamentación a los términos del Art. 137 de este
Código.
III.- El Tribunal de Alzada podrá denegar el recurso por estar mal concedido o declararlo desierto por las
razones referidas previamente, en cualquier estado del trámite y no obstante haberse sustanciado el
recurso, hasta el momento previo a analizar el fondo de la causa.
IV.- En los supuestos anteriores, las costas del trámite recursivo serán impuestas al apelante.
V.- En el caso de haberse deducido más de un recurso de apelación contra la misma resolución, el
Tribunal, de oficio, dispondrá el orden en el que deberá fundarse y contestarse sucesivamente cada uno
de ellos. Mientras se cumple con la expresión de agravios y su contestación de cada uno, los
procedimientos de los restantes quedarán suspendidos, sin necesidad de declaración, reanudándose en
forma automática cuando corresponda.
VI.- En todo momento, la Cámara podrá, a pedido de parte o de oficio, fijar una audiencia oral a los fines
de que las partes intenten la conciliación.
ART. 137 APELACIÓN LIBRE.
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I.- Efectuado el control previsto en el Art. 136, se decretará que el apelante exprese agravios en el plazo
de cinco (5) días de notificado.
II.- De la expresión de agravios se dará traslado por igual plazo al apelado, notificándole a domicilio.
III.- La expresión de agravios deberá ser clara, crítica, precisa y concreta, puntualizando las causales de
nulidad, si las hubiere, y los errores en la apreciación de las pruebas o en el derecho aplicado en la
sentencia, refiriéndose a los considerandos impugnados, a los medios de prueba analizados y a las
normas legales cuya aplicación se discute, siendo obligatorio el patrocinio letrado.
IV.- Si en el plazo señalado no se expresaran agravios o el escrito no reuniera los recaudos exigidos en
este Art., el Tribunal, sin sustanciación, declarará desierto el recurso, disponiendo se devuelva el
expediente a primera instancia, siendo las costas de la alzada a cargo del apelante.
ART. 138 PRUEBA EN LA ALZADA.
Al expresar o contestar agravios los litigantes podrán proponer medidas de pruebas, en los siguientes
casos:
1) Que se trate de documentos que bajo juramento afirmen haber conocido o podido proporcionárselos
recién después de pasada la oportunidad de ofrecerlos en primera instancia.
2) Que aleguen algún hecho nuevo y conducente al pleito, ignorado antes, o posterior a la oportunidad de
ofrecer prueba en primera instancia.
3) Cuando el Tribunal resuelva la pertinencia de medios de prueba denegados en primera instancia,
respecto de los cuales se haya hecho la reserva, en los supuestos en los que no se prevea expresamente
la apelabilidad del rechazo de prueba por el tipo de proceso de que se trate.
4) Que por motivos no imputables al solicitante no se hubiera practicado en primera instancia alguna
prueba oportunamente ofrecida.
Si la prueba se propusiere por el apelante, el apelado podrá expedirse sobre la petición y ofrecer
contraprueba al contestar la expresión de agravios. Si la propusiere el apelado, se correrá vista por tres (3)
días al apelante para que se expida sobre ella y ofrezca contrapruebas. Acto seguido mediante auto, el
Tribunal admitirá o rechazará las pruebas y en el primer caso, fijará audiencia, con un intervalo no mayor
de diez (10) días para recibirlas.
El procedimiento será el fijado para la primera instancia en ese proceso, llevando la palabra al presidente
del Tribunal. Los vocales, con su venia, podrán formular las preguntas que consideren necesarias a los
litigantes, testigos o peritos, según los casos.
ART. 139 APELACIÓN POR ADHESIÓN DE LA PARTE CONTRARIA.
Al contestar la expresión de agravios, podrá el apelado, que no dedujo recurso, adherir al de su contrario,
expresando a su vez los agravios que le causa la sentencia, cuando ésta le haya sido parcialmente
desfavorable. No podrá ejercer esta facultad quien hubiera apelado previamente en forma principal la
misma resolución, en los casos de que su apelación haya sido denegada o declarada desierta.
De la parte del escrito del apelado en la cual expresa agravios, se correrá traslado por cinco (5) días al
apelante.
Cuando por cualquier causa no llegue a abrirse la instancia para el primer apelante, la adhesión quedará
sin efecto.
ART. 140 PLAZOS PARA DICTAR SENTENCIA.
Contestada la expresión de agravios o vencido el plazo para hacerlo y finalizada la recepción de la prueba
en su caso, se llamará autos para sentencia fijando el orden de los votos, la que será dictada en el plazo
señalado por el Art. 86, el que empezará a correr al día siguiente de la notificación del referido decreto.
El Secretario entregará el expediente al Juez de Cámara que deba votar en primer lugar, dejando
constancia de la fecha, bajo firma de quien lo recibe y la suya, en un libro destinado a tal fin.
El primer Juez deberá emitir su voto en el plazo de veinte (20) días y se procederá en la misma forma con
los demás Jueces de la Cámara o Sala, quienes contarán con cinco (5) días cada uno.
ART. 141 FORMA DE LOS AUTOS Y DE LAS SENTENCIAS.
I.- Los acuerdos se tomarán por simple mayoría de votos de la totalidad de los miembros del Tribunal o
Sala que deba conocer, pudiendo integrarse en caso de discordia, en la forma que corresponda.
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Sin embargo, en caso de vacancia, licencia u otro impedimento similar del que debe haber –en todos los
casos– constancia formal en los autos, la decisión podrá ser dictada por el voto de los restantes, siempre
que constituyeran la mayoría absoluta de los miembros del Tribunal o Sala y que concordaran en la
solución de la cuestión o cuestiones a resolver.
II.- Si en la expresión de agravios se hubiera tachado de nulo el procedimiento o la sentencia, el Tribunal
considerará en primer lugar esta cuestión.
III.- Si anulara procedimientos fundamentales para la defensa de los derechos, enviará el expediente al
juzgado de origen para que tome nota y lo remita al subrogante legal, quien deberá sustanciarlo, desde el
acto anulado, y fallarlo de nuevo.
IV.- En los demás casos se examinarán las cuestiones de hecho y derecho sometidas a la decisión del
Juez de primera instancia, aunque la sentencia de primer grado no contenga pronunciamiento sobre ellas y
no se haya pedido aclaratoria, siempre que hubiesen sido materia de agravios. Quedan implícitamente
sometidas a la alzada las cuestiones propuestas en primera instancia por la parte que, vencedora en la
misma, no ha podido deducir recursos de apelación, sin necesidad de que ésta vuelva a plantearlos al
contestar los agravios de la apelante. Cuando la sentencia o resolución fuere revocatoria o modificatoria de
la de primera instancia, el Tribunal adecuará las costas y el monto de los honorarios al contenido de su
pronunciamiento, aunque no hubiesen sido materia de apelación.
V.- No se podrá modificar el contenido de la resolución impugnada en perjuicio de la parte apelante, salvo
que la contraria también hubiere recurrido en forma directa o por adhesión.
VI.- Si se hubiera apelado un auto, se resolverá también mediante auto en el plazo de diez (10) días.
ART. 142 APELACIÓN ABREVIADA.
Cuando el recurso de apelación se hubiera concedido en forma abreviada, se aplicará en lo pertinente lo
previsto en el art. 137 de este Código, con las siguientes excepciones:
I.- El plazo para fundar el recurso y contestar el traslado del mismo, será de tres (3) días;
II.- No procederá la apelación adhesiva al recurso ni ofrecimiento ni producción de prueba.
III.- Si se tratare de sentencia se procederá como lo dispone el segundo apartado del Art. 140 y el Art. 141.
Si se tratare de auto, se resolverá, sin voto individual, con sujeción a lo dispuesto por el Art. 89. En ambos
casos la resolución deberá dictarse en los plazos previstos por el Art. 86 de este Código.
SECCIÓN TERCERA
RECURSO DIRECTO Y DE QUEJA.
ART. 143 RECURSO DIRECTO.
I.- Denegado un recurso de apelación y dentro de tres (3) días de la notificación de la denegatoria, podrá el
apelante interponer recurso directo ante el Juzgado de primera instancia que dictó la resolución
denegatoria.
II.- El recurso se interpondrá fundado y requiere patrocinio letrado.
III.- El Juzgado de primera instancia, remitirá el recurso junto con el expediente, con intervención de Mesa
de Entradas Central, a la Cámara de Apelaciones que corresponda por sorteo, salvo prevención. En caso
de resultar imposible o inconveniente, a criterio del Juez de primera instancia, la remisión del expediente,
atento el estado de la causa y naturaleza del proceso, dispondrá la formación y elevación de pieza
separada a tales efectos, a la que deberá agregarse copia fiel de las constancias del expediente que
resulten necesarias para la decisión. La remisión de las actuaciones deberá cumplirse en el término de dos
(2) días de proveído el recurso o de formada la pieza, en su caso.
IV.- Recibido por la Cámara de Apelaciones, el Tribunal podrá disponer la suspensión de procedimientos y
resolverá mediante auto, dictado en acuerdo, en el plazo de diez (10) días.
V.- Si dispusiera conceder el recurso, lo comunicará al Tribunal apelado y se seguirá el trámite que
corresponda. Si se denegare, remitirá las actuaciones al juzgado de primera instancia.
ART. 144 RECURSO DE QUEJA.
Vencidos los plazos para dictar resoluciones conforme el Art. 86 o los especiales que este Código fija los
litigantes deberán solicitar por escrito, pronunciamiento, haciendo conocer al Tribunal que ejerza la
superintendencia su presentación.
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Si no obstante lo solicitado no se dictara pronunciamiento y vencidos los plazos señalados por el Art. 91,
los litigantes deberán presentarse en queja ante el Tribunal que ejerza la superintendencia, pidiendo la
aplicación de los remedios previstos por dicho Art., sin perjuicio de lo que allá se disponga.
En caso de trámites judiciales con plazos para cumplirlos, vencidos éstos sin que se cumplan, deberá
solicitarse por escrito su cumplimiento, procediéndose como lo dispone este artículo. El magistrado,
funcionario o empleado culpable de la demora, será apercibido la primera vez y luego, en caso de una
nueva falta, se le aplicará una multa no menor a un décimo (1/10) de JUS y de hasta cinco (5) JUS, sin
perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder según la gravedad del caso.
CAPÍTULO II
RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL
ART. 145 PROCEDENCIA. OBJETO. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA.
I.- El recurso extraordinario provincial sólo procede contra las resoluciones definitivas que impidan la
prosecución de la causa en las instancias ordinarias, que no hayan sido consentidas por el recurrente y
siempre que no sea posible plantear nuevamente la cuestión en otro recurso o proceso. No procede contra
sentencias de la Corte Provincial.
II.- El recurso extraordinario provincial tiene los siguientes objetivos:
a) Mantener la supremacía de la Constitución de la Nación o de la Provincia respecto a su propio
ordenamiento jurídico, el orden de prelación de las normas jurídicas, la debida fundamentación de las
resoluciones judiciales, el aseguramiento de la defensa judicial de los derechos; y
b) Asegurar y mantener la uniformidad de la interpretación de las normas jurídicas provinciales y
nacionales, y su justa aplicación.
El recurso extraordinario provincial procede en los siguientes casos:
a) Cuando en un litigio se ha cuestionado la validez de una ley, decreto, ordenanza, resolución o
reglamento, como contraria a la Constitución Nacional o Provincial.
b) Cuando en un litigio se haya cuestionado la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución de la
Nación o de la Provincia.
c) Cuando una resolución haya sido pronunciada en violación del derecho de defensa, siempre que el
recurrente no la haya consentido.
d) Cuando la resolución carezca de los requisitos y formas indispensables establecidas por la Constitución
y en este Código, no se encuentre razonablemente fundada, o sea arbitraria.
e) Cuando la resolución haya resuelto cuestiones no pedidas.
f) Cuando se intente cumplir una resolución en contra de quien no fue citado como litigante al proceso en
el cual se dictó.
g) Cuando se haya aplicado una ley o una norma expresa que no correspondiere, o haya dejado de
aplicarse la que corresponde, o cuando se haya interpretado erróneamente una norma legal. En ambos
casos, la errónea aplicación o interpretación debe haber determinado una resolución contraria a las
pretensiones del recurrente.
III.- El recurso extraordinario provincial que este Código autoriza, es de interpretación y aplicación
restrictiva en razón de la naturaleza especial de esta instancia.
Los diversos motivos de agravio del recurso, deben ser interpuestos en una misma presentación, no
pudiendo completarse con posterioridad, ni ampliar o modificar ésta en ningún sentido.
ART. 146 INTERPOSICIÓN. PLAZO. PATROCINIO. DEPÓSITO.
I.- El recurso extraordinario provincial debe interponerse ante la Suprema Corte o facultativamente ante su
delegación administrativa que por circunscripción judicial corresponda; ésta lo remitirá al Superior Tribunal
en el término de dos (2) días.
II.- En el escrito de interposición debe constituirse domicilio procesal.
III.- El recurso debe ser interpuesto dentro de los quince (15) días de la notificación de la resolución
recurrida. El recurso de aclaratoria no interrumpe el plazo para recurrir cuando versa sobre cuestiones
accesorias que no constituyen objeto del recurso extraordinario, o cuando ha sido desestimado por su
manifiesta improcedencia. En caso de que el recurso se interponga ante la delegación administrativa de la
Suprema Corte de Justicia no regirá la ampliación de plazo en razón de la distancia.
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IV.- Requiere patrocinio letrado desde su presentación y un depósito en el banco destinado a tal fin, del
cinco por ciento (5%) del valor económico discutido ante la Suprema Corte de Justicia. La
Superintendencia determinará anualmente los montos máximos, mínimo y el correspondiente a los
procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria. Sólo se encuentran exentas de abonar el depósito las
instituciones y personas que gozan del beneficio de litigar sin gastos.
V.- El depósito será devuelto a quien lo hizo en el supuesto de prosperar el recurso deducido. Si no se
cumpliera con el depósito o el mismo fuere insuficiente, se emplazará al recurrente a integrarlo
debidamente en el plazo de tres (3) días, bajo apercibimiento de desestimación formal del recurso.
ART. 147 FUNDAMENTACIÓN.
El recurso extraordinario provincial debe ser fundado, conteniendo una relación sucinta de los hechos y el
derecho o doctrina que se ha aplicado, y estableciendo clara y concretamente:
1) Cuál es la norma cuestionada y en qué forma se le ha dado validez en contra de disposición
constitucional, o cuál cláusula constitucional ha sido cuestionada y en qué forma se ha desconocido su
validez; o cuál es la garantía de la defensa que ha sido violada, cuál la forma indispensable omitida en la
resolución o de qué manera se intentó cumplir ésta en contra del recurrente.
2) Cuál es la finalidad perseguida y qué parte de la resolución podría ser modificada si el recurso prospera.
3) De qué manera la cuestión constitucional puede tener eficacia para modificar la resolución recurrida.
4) Cuál es la ley o norma explicitada que no correspondía o que correspondía aplicar o en qué consiste la
errónea interpretación legal.
5) En qué forma la errónea aplicación o interpretación de la norma, ha determinado que la resolución
recurrida sea total o parcialmente contraria a las pretensiones del recurrente en el proceso.
ART. 148 ADMISIÓN FORMAL. SUSPENSIÓN DEL JUICIO PRINCIPAL.
I.- Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán impulsadas de oficio, sin perjuicio del derecho
de las partes de instarlas.
II.- El Tribunal podrá desestimar formalmente el recurso, en el plazo de tres (3) días, mediante auto y sin
sustanciación, cuando fuere manifiesta su improcedencia.
III.- De lo contrario, recabará la remisión de los autos principales. Recibidos éstos, previa petición de la
contraria u oficiosamente en el supuesto de considerarlo pertinente, llamará al acuerdo y, en el plazo de
diez (10) días, resolverá sobre la admisión total o parcial del recurso interpuesto, por auto y sin
sustanciación.
IV.- En la misma resolución puede ordenar la suspensión del juicio principal.
V.- Excepcionalmente, el Tribunal puede suspender provisoriamente la causa principal, antes de la
admisión formal, cuando se acrediten en debida forma circunstancias graves que impidan esperar la
recepción del proceso principal.
VI.- Desestimado formalmente el recurso no podrá ser interpuesto nuevamente y el depósito tendrá el
destino previsto en el Art. 47.
VII.- Contra el auto que desestima formalmente el recurso sólo procede el recurso de reposición, en el
supuesto de existencia de un error grosero.
ART. 149 SUSTANCIACIÓN Y FALLO.
I.- Admitido el recurso se correrá traslado a la parte contraria por el plazo de quince (15) días.
La contestación deberá ajustarse en lo pertinente a lo dispuesto para la interposición del recurso y para la
demanda.
II.- Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal, a pedido de parte u oficiosamente,
dará vista al señor Procurador General, por diez (10) días.
III.- Contestada la vista o vencido el plazo se procederá conforme lo disponen los Arts. 139 y 140 de este
Código.
ART. 150 SENTENCIA. CONTENIDO. RECURSOS.
I.- Cuando la Corte revoque o anule la resolución en recurso y se tratare de cualquiera de los casos
previstos en los incisos a) y b) del Art. 147, deberá avocarse al conocimiento del litigio, decidiéndolo como
corresponde.
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II.- En los casos de los incisos c) y d) del Art. 147, si declara nula la resolución recurrida, procederá
conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente; si estimara que no puede cumplirse en contra de quien
no fue citado como litigante en el proceso en el cual se dictó la resolución recurrida, así lo declarará; si
anulara procedimiento sustancial, remitirá el proceso al tribunal que deba reemplazar el que intervenía y
allí proseguirá la sustanciación.
III.- Cuando la Corte estimare que la resolución recurrida ha aplicado una ley o norma expresa, conforme a
los Arts. 148 y 149 de la Constitución de la Provincia, que no correspondía o ha dejado de aplicar la que
correspondía, obstando de ese modo al reconocimiento de las pretensiones del recurrente, así lo
declarará, expresando cuál es la ley o norma aplicable al caso.
IV.- Cuando estimare que se ha interpretado erróneamente una norma legal, así lo declarará, expresando
cuál es la interpretación correcta.
V.- En los últimos dos supuestos, se avocará al conocimiento del litigio, decidiéndolo con arreglo a la ley o
norma que declare aplicable o a la interpretación correcta de aquélla.
VI.- Contra la sentencia de la Corte sólo proceden los recursos de aclaratoria y el extraordinario federal.
ART. 151 UNIFORMIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA.
La doctrina legal sentada por la Suprema Corte de Justicia en pleno, con la finalidad de uniformar o unificar
jurisprudencia discordante, resultará de obligatoria aplicación para sus Salas y para los Tribunales
inferiores, hasta que sea modificada de igual manera.
LIBRO SEGUNDO
DE LOS PROCESOS TÍPICOS COMUNES: DE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO
Y DE LOS PROCESOS DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
TÍTULO I
DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO
CAPÍTULO I
PERIODO INTRODUCTIVO
ART. 152 DILIGENCIAS PRELIMINARES.
I.- Cuando se solicitaren diligencias preliminares se indicará el nombre de la futura parte contraria, su
domicilio si fuere conocido y los fundamentos de la petición.
El Juez o Tribunal accederá a las medidas sólo si las estimare necesarias para la interposición válida de la
demanda.
Podrán aplicarse sanciones al interpelado que no cumpliere o diere información falsa o induzca a error o
destruyere u ocultare los elementos requeridos.
II.- Si se produjera oposición la misma se sustanciará y resolverá en la forma prescripta para los
incidentes.
III.- Finalizada la diligencia así será declarado por Secretaría dejándose la constancia respectiva.
IV.- Si no se dedujera la demanda en el término de tres (3) meses de practicadas las diligencias, se
procederá al archivo de las actuaciones a los términos del Art. 59.
ART. 153 PRUEBA ANTICIPADA.
Podrá solicitarse:
1) La declaración anticipada de testigos, siempre que existiese temor justificado de que, eventualmente,
pueda faltar o hacerse difícil su posterior comparecencia.
2) Inspección judicial o informe o dictamen técnico para la comprobación del estado o calidad de lugares o
cosas, cuando existiere urgencia.
Estas medidas se practicarán con citación de la contraria y siguiendo el procedimiento establecido en las
disposiciones pertinentes.
Cuando por la urgencia excepcional u otras circunstancias debidamente justificadas, no fuere posible la
citación contraria, un defensor oficial deberá intervenir en el acto en su representación.
ART. 154 OTROS SUPUESTOS.
Antes de promoverse un proceso de conocimiento podrá prepararse el mismo pidiendo lo siguiente:
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a) Que la persona a quien se demandará sea citada a prestar declaración ante el Juez en el plazo que éste
le fije sobre hechos o circunstancia relativos a su persona o legitimación, sin cuyo conocimiento o
comprobación no pueda promoverse la acción.
b) La exhibición por el poseedor o tenedor de:
1) la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su depósito o de la medida
precautoria que corresponda. Su estado, calidad, condición o localización podrán ser verificados con
acompañamiento de perito.
2) de un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero, legatario o albacea o se pretenda
solicitar su nulidad, si no puede obtenerlo sin recurrir a la justicia.
3) de los títulos o instrumentos referidos a la cosa vendida tanto por el vendedor o comprador, en caso de
evicción.
4) de los libros o papeles de comercio en los casos indicados en el Código y leyes de fondo.
5) los documentos de la sociedad o comunidad para que los preste o exhiba el socio o comunero o quien
los tenga en su poder.
La exhibición se realizará en el tiempo, modo y lugar que determine el Juez atendiendo a las
circunstancias del caso. Cuando el requerido no los tuviere en su poder deberá indicar, si lo conoce, el
lugar en que se encuentren o quién los tiene. Efectuada la exhibición, se dejará constancia detallada de las
cosas exhibidas, testimonio del testamento o del título y compulsa de libros.
c) Que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra acción que exija conocer el
carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover, exprese a título de qué la tiene.
d) Que se indique el nombre del tutor o apoyo o curador para el juicio de que se trate
e) Que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer se tendrá por admitida dicha obligación.
f) La citación a reconocimiento del documento privado por aquel a quien se le atribuya autoría o firma, bajo
apercibimiento de tenérselo por reconocido en forma ficta.
g) Podrá también admitirse otras medidas destinadas a lograr la interposición válida de la demanda, que
resulten aptas conforme el futuro objeto de proceso a criterio del Juez o Tribunal.
ART. 155 PROCESOS DE CONOCIMIENTO. ÁMBITO.
I.- Todas las contiendas judiciales que no tengan una tramitación especial serán sustanciadas y decididas
en proceso de conocimiento.
II.- Cuando las leyes especiales remitan al juicio o proceso sumario o sumarísimo, se entenderá que el
litigio tramitará conforme al procedimiento del juicio de conocimiento, sin perjuicio de la concentración de
actos conforme lo previsto en el Art. 2 inc. f) de este Código.
ART. 156 REQUISITOS.
La demanda será deducida por escrito en soporte papel o electrónico y contendrá ineludiblemente los
siguientes datos, sin perjuicio de aquellos que se disponga por acordada de la Suprema Corte de Justicia
para una mejor gestión de las causas:
1) Respecto del Actor deberá indicarse:
En caso de personas humanas deberá expresar nombre, apellido y/o seudónimo, mención de datos de un
documento oficial de identidad, domicilio real y electrónico, edad, nacionalidad, profesión y cualquier otro
que se considere de relevancia.
En caso de personas jurídicas privadas deberá indicarse nombre o razón social, tipo, domicilio funcional o
social vigente y, en su caso, datos de su inscripción y autoridades.
2) Respecto del Demandado:
Deberá indicar nombre, apellido y/o seudónimo y domicilio.
De lo contrario las diligencias realizadas para conocerlos, los datos que puedan servir para
individualizarlos y el último domicilio conocido.
Si se demandara a personas jurídicas se indicarán iguales datos que los requeridos en el inc.1, en la
medida que sean conocidos.
3) Objeto: La designación precisa de lo que se demanda con indicación del valor de lo reclamado o su
apreciación si se tratare de bienes.
4) Los hechos en que se funde explicados con claridad y precisión. Deberán indicarse los jurídicamente
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relevantes a los fines de la pretensión conforme el derecho que se invoca.
5) Instrucción de parte: El ofrecimiento y acompañamiento de los instrumentos donde conste toda la
prueba instrumental, informativa y pericial, que haga a su derecho y que haya sido obtenida en la
instrucción previa tramitada en el caso por los asesores legales o expertos.
6) Respecto de documentos deberán ofrecerse y acompañarse cuando obren en su poder; caso contrario,
deberán ofrecerse y procederse a su descripción, indicando el lugar donde se encuentren, la persona en
cuyo poder están y su contenido.
7) Los informes tramitados por los asesores legales ante organismos u obtenidos por medios informáticos,
debiendo indicarse el día y hora en que se realizó la consulta de los datos obtenidos.
También deberán adjuntarse los dictámenes técnicos y/o científicos y/o periciales realizados con
anticipación.
8) Ofrecimiento toda la prueba: También deberá ofrecerse todo tipo de prueba de que intente valerse
cumpliendo los recaudos que correspondan para cada una, según el caso.
9) El derecho expuesto sucintamente. En caso de hacer referencia a precedentes jurisprudenciales y/o
doctrina que hagan al objeto de la pretensión deberá indicarse los datos que permitan su constatación.
10) Cuando se solicite la declaración de inconstitucionalidad de alguna norma, deberá indicarse con
precisión:
a) la norma atacada;
b) los fundamentos concretos de la solicitud;
c) las normas constitucionales violadas;
d) los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales, si los hubiera; y
e) la solución pretendida.
En caso de no cumplirse estos recaudos, el Tribunal podrá rechazar el planteo de inconstitucionalidad por
abstracto.
11) La petición o peticiones en términos claros, precisos y positivos.
ART. 157 SUBSANACIÓN DE DEFECTOS.
El Tribunal verificará si se han cumplido los requisitos exigidos por el Art. precedente y los que se
establecen en forma especial para el tipo de pretensión deducida.
Si así no fuera, resolverá, por auto que se cumpla, subsanándose los defectos u omisiones en el plazo de
tres (3) días. Si así no lo hiciere, la presentación será desestimada sin más sustanciación. En este caso se
procederá al archivo de las actuaciones, con devolución al interesado de la documentación original, en su
caso.
ART. 158 DEMANDA Y CONTESTACIÓN CONJUNTAS.
El demandante y el demandado, de común acuerdo, podrán presentar al Juez la demanda y contestación
en la forma prevista, ofreciendo la prueba en el mismo escrito.
El Juez sin otro trámite procederá a fijar audiencia inicial.
ART. 159 IMPROPONIBILIDAD.
Si el Tribunal estimare que la demanda es manifiestamente improponible, previa vista al Ministerio Público
Fiscal, la rechazará sin más, expresando los fundamentos de su decisión. El auto que lo resuelve es
apelable.
En caso de que exista prejudicialidad o de no haberse agotado la instancia previa fijada por las normas
pertinentes, el Tribunal, previa vista al Ministerio Público Fiscal, ordenará la suspensión del procedimiento
hasta que la causa prejudicial sea finalizada o se cumpla con la instancia previa.
ART. 160 TRASLADO DE LA DEMANDA.
Presentada la demanda en la forma prescripta por el Art. 156 o subsanadas las deficiencias conforme el
Art. 157, se correrá traslado de ella al demandado, con citación y emplazamiento de veinte (20) días para
que comparezca y responda.
Si fueren dos o más los demandados el plazo será común y si procediera la suspensión o ampliación
conforme al Art. 64 respecto a uno, se suspenderá o ampliará respecto a todos.
Si el demandado residiere fuera de la República, el Juez fijará el plazo en que haya de comparecer,
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atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones, el que no podrá exceder
de tres (3) meses.
ART. 161 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
I.- Será formulada por escrito y en el soporte papel o en el que indiquen las acordadas que lo reglamenten.
II.- Contendrá en lo pertinente los recaudos exigidos para la demanda.
Deberá, además:
1) Reconocer o negar categóricamente: a) los hechos expuestos en la demanda, b) la autenticidad de los
instrumentos acompañados que se le atribuyan al accionado, c) la recepción de cartas, telegramas u otros
medios de comunicación informáticos o digitales a él dirigidos cuyas constancias se adjunten, pudiendo
estimarse su silencio o sus respuestas evasivas o ambiguas como reconocimiento de la verdad de los
hechos, de la autenticidad de los documentos o de su recepción.
No se aplicará esta regla en el caso de que el demandado fuera sucesor a título universal o particular de
quien intervino en los hechos o suscribió o recibió los documentos, ya sea en soporte papel o electrónico,
si manifestase ignorar la verdad de unos y la autenticidad o recepción de los otros.
Sin embargo, si en el curso del proceso se probare que esa ignorancia era simulada y cualquiera fuese la
suerte del pleito, se le aplicarán las costas de las diligencias para probar los hechos o la autenticidad de
los documentos, sin perjuicio de otras sanciones que pudieren corresponder.
2) Oponer todas las defensas, incluso las que tengan el carácter de previas o hagan a la insuficiencia o
inexistencia de los presupuestos procesales.
3) Hechos: especificar con claridad y precisión los hechos que invoque como fundamento de su defensa,
determinando los jurídicamente relevantes en su oposición.
4) Prueba: Ofrecer toda la prueba en la forma prescripta para el actor.
5) El derecho en que se funda de igual forma que lo requerido para la demanda.
6) Cuando se deduzca inconstitucionalidad de alguna norma deberán cumplir iguales recaudos que los
exigidos en la demanda.
ART. 162 RECONVENCIÓN.
Juntamente con la contestación de la demanda podrá el demandado reconvenir ajustándose a lo prescripto
por el Art.156.
De la reconvención se dará traslado a la actora quien deberá contestar en el plazo señalado en el Art. 165
de este Código.
ART. 163 El demandado podrá reconvenir aún cuando la demanda reconvencional debiera tramitarse por
la vía monitoria. En estos supuestos, la deducción de la reconvención importará la renuncia a la vía
monitoria, tramitando la reconvención por el procedimiento de conocimiento.
ART. 164 MODIFICACIONES DE LA DEMANDA Y DEL RESPONDE.
Mientras no se haya notificado el traslado de la demanda o de la reconvención, el actor o reconviniente
según el caso podrán modificarla o ampliarla.
El demandado o reconvenido podrán modificar o ampliar sus respondes mientras no se haya notificado al
actor o reconviniente el traslado para negar nuevos hechos y ofrecer nueva prueba sobre éstos.
ART. 165 TRASLADO DEL RESPONDE.
Del escrito de contestación de la demanda se dará traslado al actor o reconviniente, quien dentro del
término de diez (10) días podrá ampliar su prueba respecto de los hechos nuevos introducidos por el
demandado, así como en la reconvención y contestar las excepciones de previo y especial
pronunciamiento deducidas.
También podrá deducir la falta de presupuestos procesales del demandado.
En el mismo plazo y oportunidad deberá el actor expedirse conforme lo establece el Art. 161 respecto de
los documentos que se le atribuyan y a la recepción de cartas, telegramas o comunicaciones informáticas
o electrónicas.
ART. 166 CARGA PROBATORIA DINÁMICA.
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Una vez trabada la litis, de acuerdo a la naturaleza del proceso, las cuestiones a probar y la legislación de
fondo, el Juez puede distribuir la carga de la prueba, ponderando cuál de las partes se halla en mejor
situación para aportarla. En el auto que ordene la carga probatoria dinámica, fijará un plazo para ofrecer
nuevos medios de comprobación, el que no podrá ser superior a diez (10) días. Del nuevo ofrecimiento se
dará vista a la contraria. El auto será apelable en forma abreviada y sin efecto suspensivo.
ART. 167 NUEVAS PRUEBAS. NUEVOS HECHOS.
I.- NUEVAS PRUEBAS. Fuera de las oportunidades establecidas en los Art.s precedentes, no se admitirá
ninguna clase de pruebas. Excepcionalmente, podrán admitirse documentos de fecha posterior o anterior
siempre que se preste juramento de no haberlos conocido antes.
Esta facultad podrá ejercerse mientras no se haya fijado la fecha para la audiencia final.
II.- HECHOS NUEVOS Y SU PRUEBA. Dentro del mismo plazo podrán alegarse hechos nuevos y
ofrecerse prueba sobre ellos.
III.- INCIDENTE- TRÁMITE. Se sustanciará con un traslado a la contraria por cinco (5) días. Al contestar el
traslado el litigante deberá ajustarse a lo dispuesto por el Art. 161 inc. 1. Tendrá derecho a ofrecer
contraprueba para desvirtuar el hecho nuevo o las nuevas pruebas alegadas y su naturaleza.
Si el incidente se sustanciara hasta cinco (5) días antes de la fecha fijada para la realización de la
audiencia inicial, el Tribunal se pronunciará sobre la admisión o el rechazo de la nueva prueba o nuevo
hecho en ésta. Si fuera posterior, emitirá pronunciamiento mediante auto.
CAPÍTULO II
EXCEPCIONES
ART. 168 EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO.
I.- Conjuntamente con la contestación podrá el demandado o reconvenido oponer excepciones de
pronunciamiento previo en forma conjunta y subsidiaria, así como la prueba de que quisiese valerse.
II.- El actor podrá denunciar la falta de presupuestos procesales del demandado al contestar el traslado de
la contestación de demanda del Art.165 de la misma forma indicada en el párrafo anterior. El demandado
podrá contestar dentro de los cinco (5) días posteriores a la notificación simple del decreto que provee
dicha petición.
III.- Todas las excepciones previas serán resueltas en la audiencia inicial, dejándose constancia.
IV.- Sólo son admisibles como excepciones previas:
1) Incompetencia.
2) Litispendencia. Es prueba necesaria para su admisión acompañar testimonio del escrito de demanda del
juicio pendiente.
3) Cosa Juzgada adjuntando testimonio de la sentencia respectiva. En tal caso deberá efectuarse el
examen integral de las documentaciones a fin de demostrar que se trata del mismo asunto sometido a
decisión judicial, o que, por existir coincidencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia
firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o pretensión deducida en el nuevo juicio que se
promueve.
4) Falta de capacidad procesal o de personería en los litigantes o en quienes los representen.
5) Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
6) Falta de cumplimento de las obligaciones derivadas del proceso anterior en los casos que este Código o
las leyes de fondo así lo establezcan.
7) Transacción, conciliación, acuerdo de mediación, desistimiento o caducidad del derecho. Para su
admisión debe adjuntarse conjuntamente los instrumentos o testimonios que lo acrediten.
8) La defensa sustancial de prescripción.
ART. 169 PROHIBICIÓN DE DEDUCIRLAS POSTERIORMENTE-DECLARACIÓN DE OFICIO.
Las excepciones enumeradas en el artículo precedente, no podrán ser deducidas vencido el plazo que
dicha norma señala, pero el juzgador podrá declarar de oficio, en la audiencia preliminar y antes de
pronunciarse sobre las pruebas, su incompetencia en razón de la materia, de la cuantía o del grado; o que
existen litispendencia o cosas juzgada o falta de personería.
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ART. 170 SUSTANCIACIÓN.
En caso de haberse ofrecido prueba que deba producirse, contestado por el actor en el traslado del Art.
165, se suspenderá el proceso y se procederá a su sustanciación, pronunciándose sobre la admisión de la
prueba de las excepciones y ordenando su producción en un plazo de diez (10) días. Producida la prueba
se dará vista al Ministerio Público Fiscal. Evacuada la vista o vencido el plazo para ello, se reanudará el
proceso.
ART. 171 EFECTOS DEL AUTO QUE ACOGE EXCEPCIONES PREVIAS.
I.- Al pronunciarse sobre las excepciones previas, en la oportunidad prevista en el Art. 173 inc. c) de este
Código, primero deberá hacerlo sobre la competencia, la cosa juzgada y la litispendencia. En caso de
declararse competente, resolverá al mismo tiempo sobre las demás excepciones previas.
II.- Si se acogieren definitivamente excepciones previas se procederá:
a) Si se tratare de incompetencia, dispondrá la remisión del expediente al Tribunal que estime competente,
por la vía pertinente.
b) Si se tratare de litispendencia, cosa juzgada o prescripción liberatoria, se ordenará el archivo del
expediente.
c) Si se tratare de litispendencia por conexidad, se remitirá al Tribunal donde tramita el otro proceso. Si
ambos procesos fueran idénticos, se procederá al archivo.
d) En caso de defecto legal o falta de capacidad procesal o de personería, falta de cumplimiento de
obligaciones derivadas de proceso anterior, emplazará a que se subsanen los defectos en el plazo previsto
en el Art. 157. Vencido sin que el litigante cumpla lo resuelto, se lo tendrá por desistido de su pretensión,
con costas a su cargo.
III.- La resolución sobre excepciones de previo y especial pronunciamiento será apelable, con efecto
suspensivo.
CAPÍTULO III
PERIODO PROBATORIO. AUDIENCIA INICIAL
ART. 172 AUDIENCIA INICIAL.
I.- Cumplidas las etapas previas, si se estimare que las constancias obrantes en las actuaciones son
suficientes para la resolución del litigio o la cuestión es de puro derecho, así lo declarará el Tribunal, de
oficio o a petición de parte, por auto. La decisión será apelable, con efecto suspensivo. Firme, procederá a
dictar sentencia.
En caso de acumulación objetiva de pretensiones escindibles y previo acuerdo de partes, el Juez podrá
resolver parcialmente el proceso sobre ellas. Esta resolución causará ejecutoria y podrá, en caso de
incumplimiento, ser continuada por el procedimiento de la ejecución de sentencia.
II.- En caso contrario y existiendo hechos conducentes acerca de los cuales no haya conformidad entre los
litigantes, y aunque ellos no lo pidieran, el Tribunal señalará día y hora para la realización de la audiencia
inicial, la que deberá realizarse dentro de los veinte (20) días siguientes.
Esta audiencia deberá notificarse por cédula a domicilio real, a la dirección electrónica de los litigantes y al
domicilio procesal electrónico.
III.- COMPARECENCIA. Como regla general, las partes deberán comparecer a la audiencia inicial en
forma personal. Excepcionalmente, cuando por previsión legal u orden judicial no sea posible la presencia
personal simultánea de ambos litigantes o ello sea inconveniente por razones fundadas, sólo se admitirá la
comparecencia de los litigantes por medio de apoderado. En los demás supuestos, mediando petición de
parte por motivos fundados, a juicio del Tribunal, se autorizará que se presente por medio de
representantes, quienes deberán concurrir con instrucciones suficientes para el normal desarrollo de la
audiencia. La falta o insuficiencia de instrucciones no podrá ser invocada para la suspensión de la
audiencia, salvo lo previsto en el Art. 48 inc. 4 de este Código.
Los incapaces y las personas jurídicas los harán por medio de su representante o asesor letrado con
instrucciones específicas sobre la posible conciliación. Las personas con capacidad restringida deberán
concurrir acompañadas por su apoyo.
Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, una de las partes no pudiera comparecer a la
audiencia ni dar instrucciones a sus representantes, podrá diferirse ésta por una (1) sola vez.
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IV.- INCOMPARECENCIA:
a) La incomparecencia injustificada de cualquiera de los litigantes o sus representantes, no suspenderá la
realización de la audiencia, la que se celebrará por el Tribunal con la presencia de la parte que concurra.
b) A la parte incompareciente, el Juez podrá tener por desistida la prueba por ella ofrecida que no esté
hasta ese momento incorporada al proceso, salvo la instrumental que se encuentre en poder de terceros.
c) Las partes quedarán notificadas de todas las decisiones que el Tribunal adopte en el caso en forma
simple.
d) Concluida la audiencia, las partes no podrán en lo sucesivo plantear cuestión alguna respecto de las
resoluciones que se pronuncien en el curso de la misma.
e) En caso de incomparecencia de ambas partes, se fijará por única vez una nueva audiencia. De
reiterarse en ésta la incomparecencia de ambas partes, se dictará el sobreseimiento de la causa y se
ordenará el archivo de las actuaciones.
ART. 173 CONTENIDO DE LA AUDIENCIA INICIAL.
La audiencia inicial deberá ser dirigida en forma indelegable y bajo pena de nulidad, por el Juez de la
causa.
En su desarrollo se cumplirán las siguientes actividades:
a) Se invitará a las partes a una conciliación, conforme al Art. 83 y siguientes, u otra forma de solución de
conflictos que acordarán en la audiencia. Debe procurarse un avenimiento parcial o total del litigio.
b) Las partes pueden rectificar errores materiales en que hubieren incurrido en sus escritos iníciales.
c) El Tribunal resolverá las excepciones opuestas de previo y especial pronunciamiento. También podrá
dictar medidas para sanear el proceso o presupuestos procesales faltantes que no hayan sido deducidos
por las partes.
d) Oídas las partes, el Tribunal fijará en forma definitiva los hechos objeto del proceso y aquéllos sobre los
cuales versará la prueba.
e) El Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas por las partes, ordenando las
medidas necesarias para su producción. Podrá rechazar, de oficio, fundadamente la prueba prohibida por
la ley y la notoriamente impertinente e innecesaria. El rechazo de prueba será apelable en forma abreviada
y sin efecto suspensivo.
Si se tratare de prueba pericial, la designación de los peritos, en la forma prevista en este Código, deberá
realizarse en la misma audiencia.
f) El Tribunal podrá ordenar prueba de oficio, conforme el Art. 46 inc. 5, para una mejor búsqueda de la
verdad.
g) Fijar el plazo dentro del cual deberá producirse toda la prueba que no deba rendirse en la audiencia
final. Este plazo podrá ser ampliado prudencialmente por el juzgado a petición de parte, por única vez.
h) El Juez podrá fijar de común acuerdo con las partes, según las características del caso, la fecha de la
audiencia final.
ART. 174 PRUEBA FUERA DE LA SEDE DEL TRIBUNAL.
I.- Si las pruebas o algunas de ellas hubieran de recibirse necesariamente fuera de la sede del Tribunal,
pero dentro del radio urbano del lugar, el Juez o un miembro del Tribunal colegiado, las recibirá
personalmente en forma indelegable.
II.- Si hubiera de serlo fuera del radio urbano, pero dentro de la circunscripción judicial, podrá trasladarse el
Juez o un miembro del Tribunal Colegiado a recibirla o encomendar su recepción a un Juez de Paz,
mediante oficio.
La inspección judicial deberá ser realizada necesariamente por el Juez de la causa, salvo que deba
practicarse fuera de la circunscripción judicial, en cuyo caso podrá ser delegada al Juez de igual clase y
grado con jurisdicción en el lugar.
III.- Si hubiera de serlo fuera de la circunscripción judicial pero dentro del país, se encomendará su
recepción al Juez o Tribunal de igual grado y materia que tenga competencia en el lugar, mediante oficio.
IV.- Si hubiera de serlo fuera del país, al Magistrado judicial que correspondiera, mediante exhorto. En este
caso, quien ofreció la prueba deberá afianzar los gastos que la contraria debiera efectuar para vigilar su
recepción.
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ART. 175 CARGA DE LA PRUEBA.
I.- En general, cada litigante debe aportar la prueba de los hechos que invocó y que no fueron reconocidos
por la contraria.
En particular, corresponde la prueba de los hechos constitutivos a quien los invoca como base de su
pretensión; las de los hechos extintivos e impeditivos, a quien los invoca como base de su resistencia.
II.- Es carga procesal de cada litigante producir las medidas de prueba que hubiese ofrecido, en cuanto
dependa de su actividad. Podrá ser producida también por los demás litigantes.
III.- Salvo la prueba que deba producirse en la audiencia final, la admitida que no se encontrará producida
dentro del plazo fijado a los términos del Art. 173 inc. g), caducará automáticamente.
ART. 176 MEDIOS DE PRUEBA.
Son medios de prueba: los documentos, el dictamen e informe de peritos y expertos, la declaración de
testigos, el examen judicial, reproducciones y experiencias y cualquier otro no prohibido por la ley en
general o para casos particulares, que sea idóneo y pertinente.
El juzgador podrá invocar las presunciones o indicios y los hechos notorios, aunque no hayan sido
invocados.
ART. 177 PRUEBA INSTRUMENTAL.
Los instrumentos públicos, privados y particulares no firmados ofrecidos como prueba, que no fueran
observados oportunamente, se tendrán como auténticos, lo que se decidirá en la audiencia inicial.
Cuando se hubieran acompañado copias simples o referencias de instrumentos conforme al Art. 156 inc. 6
se procederá en la siguiente forma:
1) Si se tratare de actuaciones judiciales o administrativas, se solicitará su remisión y si no fuere legal o
materialmente posible, el envío de testimonio del mismo o de sus partes pertinentes.
2) Si se encontrare en poder de terceros, se les intimará para que lo presenten, pudiendo solicitar su
oportuna devolución dejando testimonio en el expediente. Podrán negarse a su presentación si el
instrumento fuere de su exclusiva propiedad y su exhibición pudiera ocasionarles perjuicio. El Tribunal
resolverá la oposición con vista al litigante que ofreció la prueba, siguiendo el trámite señalado para los
incidentes. Una vez resueltas las oposiciones que pudieran plantearse, el documento podrá ser extraído o
testimoniado coactivamente.
3) Si se encontrare en poder de la contraria, se le intimará para que lo presente en el plazo que el Tribunal
señale. Si no lo presentare, sin negar poseerlo sin su culpa, el Tribunal podrá tener por exacto su
contenido o los datos del mismo proporcionados por quien lo ofreció como prueba. La negativa a poseerlo
será sustanciada como los incidentes.
ART. 178 IMPUGNACIÓN DE INSTRUMENTOS.
I.- Cuando se impugne un instrumento público o privado, total o parcialmente, o se declare ignorar la
autenticidad de un instrumento privado o particular no firmado, en caso del Art. 161 inc. II.1.b,
conjuntamente, se darán los fundamentos de esa actitud, y si se tratare de impugnación, se solicitarán las
medidas necesarias para comprobarla. Si el impugnante fuera el actor se dará vista al demandado. En el
caso del segundo párrafo del inciso II), quien ofreció el instrumento debe probar su autenticidad.
El cotejo de letras y dictamen de calígrafos, son medios de prueba que deberán siempre decretarse en
estos casos.
II.- Cuando se impugnare instrumentos privados o particulares no firmados atribuidos a terceros, deberán
ser reconocidos ante el Tribunal dentro del plazo previsto en el Art. 175 inciso III. A tal fin, a petición del
oferente, el tercero podrá ser emplazado a comparecer dentro del plazo que se le fije, bajo apercibimiento
de sanciones conminatorias.
III.-En la sentencia se resolverá lo que corresponda sobre la impugnación o desconocimiento, pudiendo
disponerse hacer conocer el hecho al Tribunal en materia penal que correspondiere, por si la conducta de
algunos de los litigantes configurara un delito.
ART. 179 ESTADO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS.
De todo instrumento que se presente se deberá extraer copia digital, devolviéndose el original al
presentante, quien deberá conservarlo y exhibirlo en caso de serle requerido. En caso de que el Tribunal
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careciera de los medios técnicos para ello, el oferente deberá acompañar con el original copia en soporte
digital en formato que garantice su inalterabilidad.
Las copias simples, fotocopias y otras reproducciones de instrumentos, sólo valdrán como auténticas si no
son observadas por la contraria.
ART. 180 DICTAMENES E INFORMES DE PERITOS Y EXPERTOS.
I.- Cuando se ofrezca prueba de informe o de dictámenes de peritos o de expertos, habiéndose
acompañado oportunamente los puntos sobre las cuales versará, estos auxiliares de la justicia serán
designados en la forma establecida en este artículo.
II.- Los peritos o expertos serán uno (1) o tres (3) según la importancia y complejidad del asunto, a criterio
del Tribunal. Si fueran tres, deberán actuar y dictaminar conjuntamente, pudiendo, en caso de
discrepancia, asentar cada uno su dictamen o informe, sobre los puntos en desacuerdo, pero dentro de un
mismo escrito.
III.- Idoneidad: Si la profesión estuviese reglamentada, el perito deberá tener título habilitante en la ciencia,
arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales
deba expedirse. En caso contrario, o cuando no hubiere en el lugar del proceso perito con título habilitante,
podrá ser nombrada cualquier persona con conocimientos en la materia.
IV.- Forma de designación. En caso de ser tres, cada parte propondrá uno y el Juez el tercero. Si fuere
uno, el Juez invitará a las partes a designarlo de común acuerdo. Si hubiere discrepancia, se efectuará un
sorteo de la lista correspondiente. Si no se hubiera conformado lista de la especialidad requerida, el Juez
lo nombrará directamente.
V.- Si la pericia hubiera sido ofrecida por alguno de los litigantes, admitida la misma, el oferente que no
goce del beneficio de litigar sin gastos, deberá acreditar en el plazo de cinco días, el depósito de un
importe equivalente al monto mínimo de honorarios previsto en el Art. 184. El incumplimiento de esta carga
importará el desistimiento de la prueba sin necesidad de declaración alguna. Este importe será librado a
favor del perito, a cuenta de honorarios, una vez presentado el informe o dictamen.
VI.- El o los peritos designados, deberán aceptar el cargo en la forma, plazo y bajo el apercibimiento
previstos en el Art. 19. En caso de dejarse sin efecto la designación por falta de aceptación, se procederá
de oficio a designar por sorteo un nuevo perito.
ART. 181 CONSULTOR TÉCNICO.
Sin perjuicio de la facultad de proponer perito, cada parte podrá designar un consultor técnico. Esta
facultad no podrá ejercerse luego de concluida la audiencia inicial. Cuando los litisconsortes no
concordaran en la designación del consultor técnico de su parte, el Juez sorteará uno entre los propuestos.
El consultor técnico podrá ser reemplazado por la parte que lo designó; el reemplazante no podrá
pretender una intervención que importe retrogradar la práctica de la pericia. Los honorarios del consultor
técnico serán soportados exclusivamente por la parte que lo hubiere designado y no integrarán la condena
en costas.
ART. 182 RECONOCIMIENTO O EXAMEN PREVIOS. ANTICIPO DE GASTOS.
I.- El perito deberá comunicar al Tribunal fecha y hora para el reconocimiento o examen, si correspondiere,
el que se llevará a cabo dentro de un plazo no mayor a diez (10) días desde la aceptación del cargo. En
este caso se les notificará a las partes a domicilio, quienes podrán asistir a la diligencia acompañados de
sus consultores técnicos en su caso y hacer las observaciones que creyeren necesarias. El Juez, de oficio
o a pedido de parte, podrá limitar esta facultad de los litigantes, según el tipo de pericia de que se trate, en
la medida que la misma puedan resultar afectados derechos personalísimos.
II.- Previo a la elaboración del dictamen los peritos podrán solicitar el adelanto de los gastos necesarios
para la labor, en forma fundada y presentando el presupuesto correspondiente. De estimarlo total o
parcialmente procedente, el Juez emplazará al oferente de la prueba a depositar el importe
correspondiente en el plazo de cinco (5) días, bajo igual apercibimiento del previsto en el inciso IV del Art.
180. En el caso de que la pericia hubiera sido ofrecida en forma directa o por adhesión, por ambas partes,
el adelanto deberá ser aportado en forma conjunta. En el caso de que los oferentes de la pericia gocen del
beneficio de litigar sin gastos, no les será exigible este adelanto, sin perjuicio de que los gastos deban ser
soportados, oportunamente, por quien resulte condenado en costas. De igual forma se procederá cuando
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la pericia hubiera sido dispuesta de oficio. Conjuntamente con la presentación del informe, el perito deberá
rendir cuenta documentada de la utilización de tales fondos que le hubieran sido adelantados y depositar,
en su caso, el remanente.
III.- Para los supuestos previstos en el inciso anterior en los que no les sea exigible al oferente de la pericia
el adelanto de gastos o la medida de prueba haya sido dispuesta de oficio, el perito podrá excusarse de
realizar la pericia, sin que ello lo haga pasible de sanción alguna.
ART. 183 FORMA DE DICTAMINAR. OMISIONES Y DEFICIENCIAS.
I.- El informe o dictamen deberá ser producido en el plazo de veinte (20) días de aceptado el cargo o de
realizado el reconocimiento o examen previos, en su caso. Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de
los peritos previo a su vencimiento, en cinco (5) días más, si la complejidad del asunto lo justificare, a juicio
del Tribunal. El incumplimiento sin causa justificada, importará la remoción automática de los peritos y la
pérdida del derecho a cobro de honorarios por las actuaciones que pudieran haber cumplido, debiendo
restituir el total del importe adelantado para gastos, hayan sido o no utilizados. Además, podrá el Juez
aplicarles una multa de hasta un (1) JUS, sin perjuicio de los daños y perjuicios que su omisión pudiera
ocasionar.
II.- En el caso de la remoción previsto en el inciso anterior, el Juez procederá en forma inmediata a
designar un nuevo perito directamente o mediante sorteo de la lista correspondiente.
III.- El dictamen deberá ser imparcial y detallar los principios científicos o prácticos, las operaciones
experimentales o técnicas en las cuales se funde y las conclusiones, respecto a cada punto sometido.
IV.- Si el informe o dictamen no comprendiera todos los puntos propuestos por los litigantes o señalados
por el juzgador o no se ajustare a lo dispuesto por los dos artículos precedentes o adoleciera de otras
deficiencias que pudieran restarle eficacia, de oficio o a pedido de cualquiera de los litigantes, se dispondrá
que, en el plazo de cinco (5) días, sean subsanadas las omisiones y deficiencias. Los litigantes podrán
ejercer esa facultad dentro de los cinco (5) días de la notificación por cédula del decreto que dispone su
agregación. La falta de cumplimiento de la orden judicial hará perder a los peritos el derecho a honorarios
sin perjuicio de lo dispuesto por el Art. 19 de este Código. En este caso, deberá reintegrar las sumas
recibidas a cuenta de honorarios y/o como adelanto de gastos conforme lo previsto en los dos Art.s
precedentes.
V.- A petición de parte o de oficio, en caso de ser necesario, se podrá citar a los peritos a comparecer a la
audiencia final, donde podrán solicitárseles aclaraciones sobre los puntos que les fueron sometidos. Al
efecto serán debidamente notificados. Si no pudieran comparecer con justa causa, deberán hacerlo saber
al Tribunal con una antelación de cinco (5) días. La incomparecencia sin justa causa a la audiencia, los
hará pasibles de una multa de hasta un JUS, sin perjuicio de que puedan ser obligados a comparecer por
la fuerza pública.
ART. 184 HONORARIOS DE LOS PERITOS.
I.- Por su labor, el perito percibirá honorarios equivalentes al cuatro por ciento (4%) del monto del juicio,
pero nunca por un monto inferior a un cuarto (1/4) de JUS ni superior a veinte (20) JUS. El porcentaje
referido podrá ser incrementado hasta el seis por ciento (6%), prudencial y fundadamente por el Juez,
cuando la pericia se destacara por su complejidad y relevancia probatoria para la solución del caso, no
pudiendo en ningún supuesto superar el límite máximo previsto en este inciso.
II.- Si se hubiesen designado tres peritos para el mismo dictamen los honorarios conjuntos se elevarán al
seis por ciento (6%) y se distribuirán en partes iguales entre ellos. En este caso el mínimo y el máximo del
inciso anterior se duplicará.
III.- Cuando hubiera multiplicidad de pericias, el conjunto de regulaciones no podrá superar el nueve por
ciento (9%) del monto del juicio, en ningún caso. Dicho importe será distribuido prudencialmente entre los
beneficiarios, conforme la labor desarrollada, complejidad, completitividad y claridad informativa de cada
pericia y su valor e incidencia probatoria en la resolución del proceso.
IV.- A los fines regulatorios, los intereses y la depreciación monetaria, cuando ésta sea procedente,
integran el monto del juicio. Si al momento de practicarse la regulación éstos no estuvieran determinados,
el perito tendrá derecho a una regulación complementaria cuando los citados rubros queden establecidos.
V.- Los jueces no podrán dar por terminado ningún expediente, ni ordenarán levantamiento de embargos,
inhibiciones o cualquier otra interdicción, ni harán entrega de fondos o valores depositados, mientras no
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resulte de autos haber sido pagados los honorarios y gastos de los peritos intervinientes, cuando tales
medidas interesen al condenado en costas o a la parte vencedora que hubiera propuesto la prueba. El
pago puede ser suplido por la conformidad presentada por escrito en autos o por depósito judicial de la
suma que el juez fije para responder a honorarios no regulados o susceptibles de algún recurso.
ART. 185 PRUEBA DE TESTIGOS.
I.- Puede ser testigo y está obligada comparecer, declarar y decir la verdad, toda persona mayor de trece
(13) años, que no tenga algún impedimento para hacerlo. Exceptúense a los parientes y afines en línea
recta, los hermanos, los cónyuges aún cuando estuvieran separados de hecho y los convivientes de
cualquiera de los litigantes.
II.- El número de testigos ofrecidos por los litigantes podrá ser limitado prudencialmente por el Tribunal
atendiendo a los hechos concretos que se pretende probar por tal medio y que se manifestaran al ofrecer
dicha prueba.
III.- Al ofrecer la prueba de testigos, se indicará nombre, datos personales que se conozcan y domicilio de
cada uno de ellos. Si se desconociere alguno de estos datos, se proporcionarán los necesarios para
individualizar al testigo y hacer posible su citación.
IV.- Es facultativo acompañar pliego de interrogatorio.
V.- Sin perjuicio de la citación de los testigos por parte del Tribunal, será carga de quien los ofrece
asegurar su presencia en la audiencia final, en la cual deberán declarar.
ART. 186 LUGAR DE LA DECLARACIÓN.
I.- Los testigos prestarán declaración ante el Tribunal de la causa en la oportunidad que se fije a tales
fines. Sin embargo, cualquiera de las partes tendrá derecho a solicitar que el testigo domiciliado en extraña
circunscripción judicial declare ante el Juez o Tribunal de su domicilio antes de la audiencia final.
Si la inspección del lugar contribuyese a la claridad del testimonio, podrán ser examinados los testigos en
dicho lugar.
II.- Cuando haya de recibirse declaración por exhorto, oficio o informe, deberá emplazarse al oferente para
que en el término de dos (2) días acompañe el pliego de interrogatorio, si no lo hubiere hecho al ofrecer la
prueba. El interrogatorio deberá ser exhibido a la contraria para que ésta pueda formular por escrito
aclaraciones a las preguntas formuladas o nuevas preguntas sobre los hechos controvertidos, sin perjuicio
de asistir o de hacerse representar si la declaración se encomendara a otro Tribunal.
III.- El Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Gobernador y Vicegobernador de la Provincia o los de
cualquiera otra provincia argentina, los Intendentes Municipales, los Ministros Nacionales y Provinciales,
las Dignidades Eclesiásticas, los Miembros del Congreso y de las Legislaturas provinciales, los
Magistrados Judiciales y los Jefes Superiores de las Fuerzas Armadas prestarán declaración mediante
informe.
IV.- En caso de imposibilidad de un testigo, permanente o muy prolongada, para comparecer a la sede del
Tribunal, y de ser imprescindible su declaración, el Juez o un miembro del Tribunal colegiado, lo examinará
en el lugar donde se encuentre, con la asistencia de litigantes o sin ella, según se disponga, en atención a
las circunstancias del caso.
ART. 187 CITACIÓN DE TESTIGOS. INDEMNIZACIÓN.
Los testigos serán citados por lo menos dos (2) días antes de la fecha de su declaración, debiendo estar
presentes al momento de la audiencia final, haciéndoseles saber que, si no comparecieren sin justa causa,
serán conducidos con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las sanciones que el Tribunal
considerara aplicables conforme al Art. 47.
Si la comparecencia del testigo ocasionase gastos de alojamiento, traslados u otros, serán a cargo de
quien lo propuso, sin perjuicio de su restitución, si correspondiere, por el condenado en costas.
ART. 188 INTERROGATORIOS, AMPLIACIONES, REPREGUNTAS Y PREGUNTAS.
Sin perjuicio de los pliegos de interrogatorios que pudieran haber acompañado las partes, los testigos
serán interrogados libremente. Las preguntas del interrogatorio serán pertinentes, claras y precisas, no
conteniendo cada una de ellas más de una cuestión. Se evitará la forma sugestiva.
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El proponente podrá ampliar el interrogatorio y la contraria repreguntar a fin de que el testigo concrete y
aclare sus declaraciones y preguntar sobre cualquiera de los hechos controvertidos, con sujeción a lo
dispuesto por el primer párrafo de este artículo.
El juzgador puede limitar el interrogatorio, las ampliaciones, repreguntas y preguntas, si las considerase
superfluas o excesivas y resolverá acto continuo, cualquier oposición que se dedujere.
ART. 189 RECEPCIÓN DE DECLARACIONES.
I.- Los testigos serán examinados individual y sucesivamente, empezando, de ser posible, con los
ofrecidos por el actor. Una vez examinados permanecerán en la sala de audiencias hasta la terminación
del acto, salvo autorización concedida por el juzgador para retirarse antes, por motivos justificados.
Deberá procurarse que los testigos que hayan declarado no tomen contacto con los que aún no lo
hubieren hecho.
II.- Prestarán juramento de decir la verdad y serán informados de las sanciones penales del falso
testimonio.
III - Acto continuo cada testigo será interrogado.
1) Por su nombre, edad, nacionalidad, profesión, estado y domicilio.
2) Por el conocimiento de los litigantes y si es cónyuge, conviviente o si es pariente de alguno de ellos y en
qué grado.
3) Si es amigo con frecuencia de trato o enemigo, acreedor, deudor, empleado o empleador o tiene algún
otro género de relación o vínculo con cualquiera de los litigantes.
IV.- Luego se les examinará de acuerdo al interrogatorio y ampliaciones; repreguntas y preguntas de la
contraria, sin perjuicio de las preguntas y pedidos de aclaraciones que el juzgador estime conveniente
formular. En todo caso deberán dar razón de sus dichos.
V.- El testigo deberá justificar su identidad con el documento idóneo correspondiente, dejándose
constancia de ello en el acta. Si no pudiera hacerlo, se tomará su declaración, emplazándolo a acreditar su
identidad en el plazo de un (1) día bajo apercibimiento de no ser considerada la misma ni expedirle
constancia.
ART. 190 OPOSICIONES Y TACHAS.
I.- Si la persona que comparece, de acuerdo a sus datos personales y demás antecedentes, no fuera la
misma que se ofreció como testigo o no reuniera los requisitos exigidos por el Art. 185, el Tribunal, de
oficio o a pedido de la contraria, no admitirá su declaración.
II.- Las preguntas del pliego y ampliaciones; las repreguntas y preguntas de la contraria, que no se
ajustaren a lo dispuesto por el Art. 188, serán modificadas o desestimadas, de oficio.
III.- Antes de la audiencia final podrán las partes oponerse a la declaración de algún testigo debiendo
justificarla debidamente.
En el acto de ésta, los litigantes podrán tachar a los testigos por causales que permitan presumir
parcialidad en sus declaraciones y ofrecer la prueba de los hechos en los cuales la funden. Si se tratara de
testigos, no podrán ofrecerse más de tres, por cada testigo tachado. Esa prueba se recibirá en la misma
audiencia. Si los testigos ofrecidos para justificar la tacha no estuvieran presentes, serán inmediatamente
citados por el medio idóneo más ágil posible. Si no comparecieran caducará el ofrecimiento. El planteo de
la tacha no suspenderá la audiencia, siendo el mérito de la misma apreciado en la sentencia.
IV.- Si el testigo se negara a declarar invocando secreto profesional o inminencia de daño moral o material
para él, su cónyuge, su conviviente, ascendientes, descendientes, personas menores de edad o con
capacidad restringida a su cargo, el juzgador le escuchará privadamente sobre los motivos y
circunstancias de su negativa y le permitirá o no abstenerse de contestar. No podrá invocar el secreto
profesional cuando el interesado exima al testigo del deber de guardar el secreto, salvo que el Juez, por
razones vinculadas al orden público, lo autorice a mantenerse en él.
ART. 191 CAREOS.
Únicamente es admisible el careo entre testigos. El pedido de esta medida podrá ser admitida por el
juzgador siempre que sea útil y pertinente.
Si fuera admitido, comenzará con la lectura de las declaraciones de quienes han de ser careados y luego
se les concederá la palabra sucesivamente, sobre los puntos en los cuales estuvieran en desacuerdo,
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asentándose lo que manifiesten al respecto.
ART. 192 SANCIONES A LOS TESTIGOS.
Los testigos que sin justa causa se negaran a declarar o a responder a determinadas preguntas o se
manifestaran en forma irrespetuosa o de cualquier manera dificultaran el esclarecimiento de la verdad o el
desarrollo de la audiencia, podrán ser sancionados de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 47.
Si la declaración ofreciere indicios graves de falso testimonio o de otro delito, el juzgador podrá decretar,
en ese mismo acto, la detención de los culpables, remitiéndolos a disposición de la justicia penal, con
testimonio o certificado de las piezas de donde surgieren los indicios. Igual actitud podrá adoptar en el
momento de pronunciar sentencia.
ART. 193 INSPECCIÓN Y EXAMEN JUDICIAL.
I.- Cuando haya sido solicitado oportunamente por los litigantes, el examen judicial de personas o
inspección de lugares, cosas o circunstancias idóneas y pertinentes, dentro de la circunscripción del
Tribunal y el juzgador considerare conveniente admitir esa prueba o decretarla de oficio en el auto al cual
se refiere el Art. 172, individualizará lo que haya de ser motivo del examen y el lugar, fecha y hora de su
realización. Podrá, si lo creyere conveniente, disponer la concurrencia de peritos.
II.- En ningún caso el Juez de la causa o el requerido conforme lo dispuesto en el Art. 173, podrá delegar
la función encomendada bajo pena de nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad que le quepa, pudiendo
concurrir a realizar la medida con un funcionario que lo asista. Sin embargo, si la inspección o examen
debiera realizarse a más de treinta kilómetros (30km) de la sede del Tribunal, sin que pueda
encomendarse a otro Magistrado y su realización en forma personal provocara desajustes en el normal
funcionamiento del Juzgado, el Juez podrá, a través de resolución fundada en la que se haga referencia a
ambos requisitos, delegar la medida al Oficial de Justicia u otro funcionario idóneo, y disponer la utilización
de los medios de documentación del acto correspondiente, en especial, la utilización de filmación en
soporte digital, de contar con este medio.
III.- Los litigantes podrán comparecer, salvo que el Tribunal resuelva lo contrario; y hacer las
observaciones que estimaren necesarias.
IV.- Se labrará acta del resultado del examen.
ART. 194 REPRODUCCIONES.
En el caso de examen judicial o separadamente de él, podrá disponerse de oficio o a petición de litigantes,
la reproducción gráfica de personas, lugares, cosas, filmaciones, fotos, grabaciones o medios idóneos y
pertinentes como elementos de prueba, usando el medio técnico más fiel y adecuado al fin que se
persiguiere.
En el auto previsto en el Art. 172 o en la audiencia final, se tomarán las medidas para la recepción de esta
prueba y su agregación al expediente, si fuere ello posible, o su conservación en el Tribunal en caso
contrario, como asimismo sobre la designación de perito o experto encargado de su reproducción.
ART. 195 EXPERIENCIAS.
Podrá también disponerse experiencias sobre personas o cosas y reconstrucciones de hechos, siempre
que no exista peligro para la vida y la salud de los sujetos de ellas.
Se aplicarán las reglas establecidas en los Arts. 193 y 194.-
ART. 196 COLABORACIÓN DE TERCEROS O DE LITIGANTES.
I.- Los terceros están obligados a facilitar los exámenes, reproducciones, experiencias y reconstrucciones,
salvo en cuanto a su persona. Si se opusieren podrá allanarse el domicilio y hacerse uso de la fuerza
pública, a menos que su oposición se fundare en que la diligencia les ocasionará daño cuyo pago no se los
garantizare, o agravios morales de consideración. El Tribunal resolverá lo que corresponda, previa vista al
litigante que ofreció la prueba.
II.- La colaboración de los litigantes es obligatoria en todo caso y se procederá en igual forma. Pero si se
opusieren por tratarse de diligencias sobre su persona, el Tribunal dejará sin efecto la medida y, si
careciere su oposición de motivos razonables, el Juez meritará su postura al momento de dictar sentencia.
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ART. 197 En la inspección, reproducción gráfica o experiencia con personas, se tomarán todas las
precauciones que la técnica aconseja para asegurar su eficacia y la menor molestia posible para aquéllas.
ART. 198 OTROS MEDIOS DE PRUEBA.
Cuando se ofreciere un medio de prueba idóneo y pertinente, no previsto por la ley, el Tribunal establecerá
la manera de diligenciarlo, aplicando en lo posible, por analogía, el procedimiento previsto para otras
pruebas.
ART. 199 APRECIACIÓN DE LA PRUEBA.
Todas y cada una de las pruebas serán apreciadas según las reglas de la sana crítica, salvo disposición
expresa de la ley en contrario.
CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN Y SENTENCIA
ART. 200 AUDIENCIA FINAL.
I.- Producida la totalidad de la prueba que no pueda recibirse oralmente o acaecida su caducidad, el Juez
o Tribunal, fijará audiencia final emplazando a las partes, testigos y peritos cuando correspondiere, a
concurrir bajo apercibimiento de realizarse con la parte que se encuentre presente. De no haberse fijado
fecha de audiencia final conforme a lo previsto en el inciso h) del Art. 173, la audiencia deberá fijarse para
que tenga lugar dentro de un plazo mínimo de diez (10) días y máximo de veinte (20) días.
II.- Será carga de las partes notificar a los testigos y peritos de los que pretendan valerse.
III.- Será a cargo del Tribunal notificar a los demás interesados, como los Amigos del Tribunal, el Ministerio
Público Fiscal o Pupilar.
IV.- Es carga del litigante que ofreció la prueba personal verificar que las notificaciones no fracasen por
cambio de domicilio, en cuyo caso oportunamente deberá denunciar el nuevo hasta cinco (5) días antes de
la audiencia, caso contrario se lo tendrá por desistido de dicha prueba si el citado no compareciere.
V.- Fijada la audiencia final, la renuncia al mandato sólo se notificará al mandante y tendrá efecto una vez
concluida la misma y no podrá utilizarse como motivo o causal de suspensión.
VI.- Únicamente podrá suspenderse la audiencia por un término no superior a quince (15) días cuando:
a) deba resolverse alguna cuestión incidental que por su naturaleza no pueda decidirse en la misma
audiencia.
b) Cuando el Tribunal no se encuentre integrado por razones debidamente justificadas.
c) Cuando no comparecieren los testigos o peritos debidamente notificados o faltare agregar algún
elemento cuya intervención o agregación el Juez o Tribunal considere indispensable, podrá suspenderse la
audiencia. En ese caso se fijará el día y hora de la nueva audiencia y ello valdrá de notificación a los
comparecientes. A los incomparecientes que no hubieran justificado debidamente su ausencia, se los
tendrá por notificados. Los restantes deberán ser notificados por las partes, según corresponda.
ART. 201 REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA.
I.- El debate será oral, público y continuo. Cuando la publicidad resulte inconveniente o afecte el orden
público, por resolución motivada, podrá disponerse que se realice a puertas cerradas.
II.- El día y hora fijados, se declarará abierto el acto con las partes que hayan concurrido y se observarán
las siguientes reglas:
a) Se intentará la solución del conflicto por modos alternativos, pudiendo en la misma intervenir un
mediador por un plazo no mayor de treinta (30) minutos.
b) Las partes deberán concurrir personalmente o en su caso otorgar instrucciones expresas para conciliar
o no, bajo apercibimiento de pérdida de los honorarios de los asesores letrados. Cuando por previsión
legal u orden judicial no sea posible la presencia personal simultánea de ambos litigantes o ello sea
inconveniente por razones fundadas, sólo se admitirá la comparecencia de los litigantes por intermedio de
apoderado.
c) En caso de no arribar a un acuerdo, se dará lectura a la prueba a recibirse en la causa y se informará de
los convenios efectuados por los litigantes respecto del objeto del proceso, los hechos sobre los que
coincidan como probados, así como las pruebas que renuncian o desisten y aquellas que hayan de
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producirse en audiencia.
d) El Juez deberá:
1) Dirigir el debate, ordenar las lecturas, formular las advertencias que corresponda, recibir juramentos,
moderar las discusiones e impedir derivaciones impertinentes, sin coartar el derecho de defensa;
2) Procurar obtener de la prueba oral los elementos necesarios para establecer la verdad de los hechos;
3) Mantener el orden de la sala y ordenar el desalojo del público o persona cuando se efectúen
manifestaciones o se adopten actitudes que entorpezcan su desarrollo.
e) A continuación se recibirán las pruebas, pudiendo el Tribunal y las partes interrogar, primero por el
pliego de preguntas y luego libremente a los peritos y testigos, en ese orden, sin otra limitación que el
objeto mismo del proceso. Debe guardarse lo dispuesto para las preguntas por este Código. En los casos
que el Tribunal considere prudente podrá prorrogarla hasta un máximo de cinco (5) días.
f) Alegatos: Rendida la prueba oral, las partes se expedirán sobre el mérito total de la causa pudiendo
cada parte disponer de veinte (20) minutos para su alegato. El plazo podrá ampliarse por el Tribunal
cuando lo justifique la complejidad del caso. A petición de la contraria, podrá otorgarse por una sola vez
cinco (5) minutos a cada parte para ejercer el derecho a réplica y súplica. Podrá el Tribunal a pedido de
parte recibir memorial o admitir su presentación por escrito en un plazo común no mayor de cinco (5) días.
Las pruebas y constancias podrán ser consultadas en el Tribunal o electrónicamente. No será motivo de
préstamo del expediente papel el tener que formular alegato por escrito.
g) En el mismo momento podrán también incorporarse o escucharse lo meritado por los Amigos del
Tribunal cuando éstos hayan sido admitidos.
h) Formulados los alegatos, el Juez o Tribunal declarará cerrado el debate y llamará inmediatamente autos
para sentencia, la que será pronunciada en el término de treinta (30) días a contar desde la ejecutoria del
llamamiento.
i) La audiencia no terminará hasta que no sean ventiladas las cuestiones propuestas y dictado el fallo.
ART. 202 ACTA.
Se levantará acta de lo sustancial de la audiencia consignando nombre de los comparecientes, de los
peritos y testigo. Podrá consignarse alguna circunstancia especial a pedido de partes siempre que el
Tribunal lo considere pertinente.
ART. 203 DOCUMENTACIÓN DE LA AUDIENCIA.
La audiencia deberá ser documentada por los medios técnicos que posea el Tribunal, ya sea grabación o
video o cualquier otro mecanismo apto para contener los datos, del que pueda obtenerse copia, para el
caso que las partes lo requieran, la que será a su costa.
TÍTULO II
DE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO ESPECIALES
CAPÍTULO I
PROCESOS DE CONSUMO DE MAYOR CUANTÍA
ART. 204 BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA.
I.- Cuando los consumidores o usuarios inicien actuaciones judiciales de conformidad con las normas de
fondo que regulan las relaciones de consumo en virtud de un derecho o un interés individual gozarán del
beneficio de justicia gratuita, con los efectos previstos en el Art. 97 de este Código, sin necesidad de
trámite o declaración alguna. El inicio de la causa deberá ser comunicado a los organismos recaudadores
para que en su caso ejerzan la facultad prevista en el inc. III del Art. 97.
Los instrumentos que presentare el consumidor o usuario deberán ser admitidos aún cuando no tuvieren el
sellado de ley, sin que ello obste a la sustanciación de la causa y sin perjuicio de lo que disponga el
Código Fiscal.
II.- COSTAS
En los procesos de consumo, rigen las reglas generales dispuestas en los Arts. 35 y 36. Por excepción el
Tribunal podrá eximirlas, total o parcialmente, cuando el consumidor vencido por circunstancias especiales
demuestre haber litigado con razón probable y buena fe.
Asimismo, no será aplicable al consumidor o usuario la limitación del Art. 92 parte final de este Código.
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ART. 205 PRINCIPIOS APLICABLES.
El proceso derivado de las relaciones de consumo se regirá por los principios establecidos en el Art. 2° de
este Código, así como por el principio de protección para el consumidor o usuario, de conformidad con lo
establecido por la Constitución Nacional y las leyes de fondo.
ART. 206 NORMAS DEL PROCESO DE CONSUMO.
El proceso se ajustará a las normas generales del proceso de conocimiento, con las siguientes
particularidades:
1) No se admitirá la reconvención. Si al contestar la demanda se dedujeran excepciones previas serán
resueltas en la sentencia.
2) El plazo para contestar la demanda será de diez (10) días.
3) Se admitirán como máximo cinco (5) testigos por parte;
4) Es obligatoria la intervención del Ministerio Público Fiscal.
5) Todo pago que deba realizarse al consumidor o usuario se deberá efectivizar mediante depósito judicial
a la orden del juzgado interviniente, bajo pena de nulidad.
6) Sólo serán apelables las resoluciones que admitan o denieguen medidas precautorias, el auto que
resuelva excepciones previas, la sentencia y los autos que pongan fin al proceso. El recurso de apelación
se concederá sin efecto suspensivo cuando se acoja la demanda.
Deberá interponerse dentro de los cinco (5) días de la notificación de la resolución. Si se tratare de
sentencia, el recurso deberá fundarse en el mismo escrito de interposición. No será admisible el
ofrecimiento de nueva prueba en la alzada ni la adhesión al recurso. El plazo para dictar sentencia será de
veinte (20) días en cualquier instancia. El recurso contra las demás resoluciones apelables, tramitará en
forma abreviada.
ART. 207 CARGA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA.
Sin perjuicio de la distribución de la carga de la prueba que pueda realizar el Juez, los proveedores
demandados deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme
a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la
cuestión debatida en el juicio. En caso de duda sobre la interpretación de los hechos y de la valoración de
la prueba, prevalecerá la más favorable al consumidor.
ART. 208 SANCIÓN POR LITIGAR SIN RAZÓN VALEDERA.
Cuando la parte demandada negare o declarare desconocer los hechos invocados por el consumidor o
usuario injustificadamente, si se hace lugar a la demanda, la sentencia contendrá la sanción a la parte
condenada, de un adicional de hasta un cincuenta por ciento (50%) del total establecido como
resarcimiento, a favor del demandante, en concepto de perjuicios adicionales por la tramitación del
proceso.
CAPÍTULO II
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
ART. 209 PROCESOS POR PRESCRIPCIÓN.
En los procesos por prescripción adquisitiva se seguirán las reglas del proceso de conocimiento, con las
siguientes particularidades:
I.- Con la promoción de la demanda de prescripción adquisitiva deberá adjuntarse:
a) Copia certificada del informe de dominio y gravámenes, cuando se tratare de cosas registrables.
b) Plano de mensura para título supletorio suscripto por profesional matriculado, aprobado por la oficina
técnica provincial correspondiente, cuando se tratare de inmuebles.
II.- La resolución que ordene correr traslado de la demanda al titular registral y/ o propietario será
notificada por cédula al domicilio que corresponda. Además, se dispondrá:
a) La citación a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble, la que se notificará por edictos
debiendo publicarse por cinco (5) días en forma alternada, sin perjuicio de la mayor publicidad que
disponga el Juez de conformidad con lo previsto en el Art. 72 inc. III de este Código.
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b) La citación a la Municipalidad o a la Provincia, según la ubicación del inmueble, para que se expidan
sobre la existencia de interés público comprometido.
c) La anotación de la litis en el asiento registral de la cosa.
d) La colocación de un cartel indicativo con las referencias necesarias acerca de la existencia del juicio, en
especial número y carátula, juzgado de radicación, nombre del pretendiente y del titular registral y en su
caso superficie pretendida. El cartel deberá ser colocado en el lugar del inmueble que sea visible desde el
principal camino de acceso y su mantenimiento estará a cargo del actor durante toda la tramitación del
juicio. Las medidas del cartel serán fijadas prudencialmente por el Tribunal con el objeto de garantizar la
efectiva visibilidad del mismo. El actor deberá acreditar el cumplimiento de esta disposición mediante
fotografía certificada por escribano público o constatación de oficial de justicia.
III.- Será necesaria la intervención del defensor oficial en representación de los presuntos interesados
ausentes.
IV.- La prueba de los extremos necesarios debe valorarse teniendo en miras el interés público
comprometido en el saneamiento de títulos. Si bien se admitirá toda clase de pruebas, la sentencia no
podrá basarse exclusivamente en la testimonial y será necesaria la inspección judicial del inmueble, todo
ello bajo pena de nulidad.
ART. 210 SENTENCIA.
La sentencia que declara adquirido el dominio establecerá:
a) La fecha exacta de adquisición del derecho real.
b) La inscripción en los registros públicos, a los fines de su oponibilidad contra terceros.
c) No se aplicarán costas a los demandados y terceros comparecientes que no hubieren formulado
oposición.
d) La sentencia que rechace la demanda no impedirá la iniciación de un nuevo juicio con el mismo objeto.
CAPÍTULO III
ACCIONES POSESORIAS Y DE TENENCIA.
ART. 211 REGLAS GENERALES.
Los procesos especiales previstos en este Capítulo seguirán las reglas del proceso de conocimiento, con
las particularidades que en cada caso se establecen.
ART. 212 ACCIÓN DE ADQUIRIR.
Cuando el actor intentare adquirir la posesión o tenencia, deberá acudir a las vías procesales
correspondientes a la causa que dio origen a su derecho, sin perjuicio de las facultades del Juez en orden
a la anotación de litis en prevención de los terceros.
ART. 213 ACCIÓN DE DESPOJO.
I.- En la acción de despojo, serán de aplicación las reglas del proceso de conocimiento, con las siguientes
particularidades:
a) Sólo se admitirá prueba que acredite la posesión o tenencia invocadas, el desapoderamiento y la fecha
en que se produjo.
b) Será prueba necesaria la Inspección judicial.
c) El Juez podrá ordenar una medida cautelar de no innovar, con apercibimiento de aplicar sanciones
conminatorias.
II.- En caso de obra nueva se deben observar las siguientes reglas:
a) La obra debe estar en una fase inicial de desarrollo. Si la obra está concluida o próxima a su
terminación, no será procedente esta acción.
b) La acción podrá dirigirse contra quien esté a cargo de la obra, si el dueño fuere desconocido o su
localización fuere difícil.
c) El Juez podrá ordenar preventivamente la suspensión de la obra.
d) En caso de incumplimiento por el condenado, se podrán realizar las tareas por el actor y a costa del
vencido.
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ART. 214 ACCIÓN DE MANTENER.
I.- En la acción de mantener serán de aplicación las siguientes reglas procesales:
a) Sólo se admitirá prueba que acredite la posesión o tenencia actual invocadas, los actos de turbación
atribuidos y la fecha en que se produjeron.
b) El Juez podrá ordenar una medida cautelar de no innovar, con apercibimiento de aplicar sanciones
conminatorias.
II.- Esta acción comprende la turbación producida por la amenaza fundada de sufrir un desapoderamiento
y los actos que anuncian la inminente realización de una obra.
CAPÍTULO IV
REPOSICIÓN DE TÍTULOS
ART. 215 NORMA ESPECIAL.
I.- Cuando se requiera autorización judicial para el otorgamiento de segunda copia o la reposición de
escrituras públicas, conforme lo previsto por la ley de fondo, el proceso de conocimiento se sustanciará
con quienes intervinieron en ellas y con el Ministerio Público Fiscal.
II.- SEGUNDAS COPIAS. En el caso que no se obtuviere la entrega de los títulos del bien objeto de la
ejecución, y sin perjuicio de lo dispuesto en este Código, se entenderán cumplidos, los presupuestos
necesarios para la expedición de segunda copia de escritura, con la constancia referida a la subasta.
Estarán legitimados para deducir la pretensión pertinente, además de los titulares de la propiedad, el
ejecutante y el mejor postor, indistintamente.
CAPÍTULO V
DIVISIÓN DE BIENES COMUNES.
ART. 216 DIVISIÓN DE COSAS COMUNES.
La división de cosas comunes se regirá por las reglas del proceso de conocimiento, con las siguientes
particularidades:
a) Procede sólo cuando los copropietarios conserven su calidad de coposeedores.
b) Cuando se presenten los documentos que acrediten el derecho real, se aplicarán las reglas del proceso
monitorio.
c) El Juez citará a todos los interesados en la división de bienes comunes y resolverá fundadamente,
aprobando o rechazando la división.
d) Las cuestiones relativas a los modos de efectuar la partición se tramitarán en la ejecución de la
sentencia, conforme las reglas previstas para la división de herencias, en tanto sean compatibles.
CAPÍTULO VI
RENDICIÓN DE CUENTAS
ART. 217 PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Cuando exista obligación de rendir cuentas y éstas no sean presentadas, el proceso de conocimiento
tramitará con las siguientes particularidades:
1) Si el demandado no rindiera las cuentas, ni dedujere oposición en el plazo señalado para contestar la
demanda, podrá formularlas el actor. También las formulará éste si el demandado no cumple la sentencia
que lo condena a rendirlas.
2) Cuando se presentan cuentas voluntariamente, a raíz de la demanda o en cumplimiento de la sentencia
que manda rendirlas o por el actor, se dará traslado de ellas a la contraria por diez (10) días. Si no la
observara serán aprobadas. Si fueran observadas, se procederá de acuerdo a lo preceptuado para los
incidentes, y el auto será apelable.
3) Para el cobro del saldo reconocido por quien rinda las cuentas o de las aprobadas judicialmente se
seguirá en lo pertinente, el trámite fijado para la ejecución de sentencia.
CAPÍTULO VII
DEL PROCESO DE PEQUEÑAS CAUSAS
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ART. 218 PROCEDIMIENTO.
I.- SUPUESTOS DE APLICACIÓN.
El procedimiento previsto en este Capítulo, será aplicable a los siguientes supuestos:
a) Causas que versen sobre conflictos de derecho privado entre vecinos, originados exclusivamente en su
carácter de tales, siempre que no encuadre en otra competencia por materia, con excepción a las causas
relativas a derechos reales sobre inmuebles, delitos, contravenciones o faltas.
b) En las cuestiones derivadas de relaciones de consumo de menor cuantía en las que el valor económico
del reclamo no supere el equivalente a tres (3) JUS, cuando la acción sea ejercida por el consumidor o
usuario en forma individual. En los demás procesos por cuestiones derivadas de relaciones de consumo
de menor cuantía, se aplicará el procedimiento de conocimiento previsto en los Art.s 204 y siguientes de
este Código.
II.- BENEFICIO DE GRATUIDAD.
En este procedimiento las partes gozan del beneficio de gratuidad sin más trámite.
III.- DEMANDA.
La demanda deberá interponerse con patrocinio letrado, expresarse en lenguaje simple y deberá contener:
a) datos personales del actor, denuncia de su domicilio real y constitución de domicilio electrónico;
b) nombre y domicilio del demandado;
c) expresión clara de lo que se demanda y su apreciación pecuniaria, si la hubiera;
d) descripción sucinta de los hechos y fundamentos de la petición;
e)- ofrecimiento de la totalidad de la prueba que asiste a su derecho, debiendo adjuntar la instrumental que
obre en su poder y pudiendo ofrecer hasta dos testigos, salvo que la complejidad de la causa justifique un
número mayor.
A opción del actor, para su interposición podrá utilizarse el formulario tipo que, vía reglamentaria, fije la
Suprema Corte de Justicia a efectos de facilitar el acceso a la justicia.
IV.- AUDIENCIA
a) Interpuesta la demanda, el Juez fijará audiencia dentro de un plazo mínimo de quince (15) días y
máximo de treinta (30) días, ordenando el traslado de la demanda y se emplazará a la demandada para
que esté a derecho, constituya domicilio electrónico y ejerza su defensa en el momento de la celebración
de la audiencia.
b) Las partes deberán comparecer a dicha audiencia. La incomparecencia injustificada del actor importará
el desistimiento del proceso. Ante la incomparecencia injustificada del demandado se tendrán por
afirmativos los hechos expuestos en la demanda y por reconocida la documental acompañada.
c) La audiencia será pública e informal y la tomará personalmente el Juez, bajo pena de nulidad.
d) Abierto el acto, el actor oralmente ratificará sus pretensiones y los hechos en que se fundan y el
demandado contestará la demanda también oralmente, pudiendo incorporar un memorial.
e) Acto seguido el Juez intentará conciliar a las partes. Si se llega a un acuerdo, ya sea por conciliación o
por mediación, el Juez deberá homologarlo para que adquiera fuerza ejecutiva.
f) Fracasado el intento conciliatorio, las partes intercambiarán la prueba instrumental acompañada, que
podrán aceptar u observar; en tal caso el Juez resolverá sobre su procedencia y admisibilidad en el mismo
acto.
g) El Juez escuchará a los testigos, cuya comparecencia será a cargo de la parte oferente.
h) Las partes podrán acompañar como prueba documental los informes emanados de expertos en la
materia tratada, quienes brindarán su opinión técnica en los mismos.
i) Si se suscitare alguna cuestión incidental durante el curso de la audiencia que por su naturaleza pueda
interferir en la continuación de la misma, será resuelta en el momento por el Juez, de lo contrario se
resolverá en la sentencia.
j) Si el Juez, excepcionalmente, considera necesario sustanciar alguna prueba, podrá ordenar un cuarto
intermedio a fin de rendirla en la forma y bajo los lineamientos dispuestos por este Código.
k) De lo actuado en la audiencia, sólo se consignará por escrito el acuerdo conciliatorio y la sentencia,
salvo que situaciones excepcionales ameriten que en el acta se consignen otras circunstancias.
V.- RESOLUCIÓN Y RECURSOS
a) Producida la prueba, el Juez procederá a dictar sentencia en la misma audiencia o, excepcionalmente,
si la complejidad de los hechos lo tornare imprescindible, dentro del término de cinco (5) días.
b) La sentencia dictada en la audiencia se pronunciará oralmente, expresando y documentando los
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elementos de convicción y las normas jurídicas tenidas en cuenta para la decisión.
c) En la sentencia, en caso de ser favorable al actor, deberá determinarse el plazo otorgado para el
cumplimiento y se consignará la cantidad líquida condenada a pagar, si correspondiere. En caso de
obligación de hacer, podrán imponerse sanciones conminatorias para procurar su cumplimiento.
d) Dictada la sentencia o en su caso homologado el acuerdo, el Juez podrá, si lo estima pertinente,
notificar dichas resoluciones a la Autoridad Administrativa que corresponda.
e) Sólo será apelable la sentencia en forma abreviada. En el caso que el recurrente sea el proveedor, el
recurso será sin efecto suspensivo y no gozará del beneficio de gratuidad previsto en el apartado II de este
Artículo.
VI- En cuanto resulte pertinente, será aplicable a este procedimiento lo previsto para el proceso de
conocimiento de consumo, en especial lo relativo a costas, prohibición de deducir reconvención, requisitos
de validez de los pagos al consumidor, carga y valoración de la prueba, y sanción al proveedor por litigar
sin razón valedera.
TÍTULO III
DE LOS PROCESOS DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
CAPÍTULO I
PROCESOS ANTE LA PRIMERA INSTANCIA. AMPARO Y HÁBEAS DATA.
ART. 219 REGLAS GENERICAS.
I.- Podrá interponerse acción de amparo en contra de todo hecho, acción u omisión emanado de órganos o
agentes de la Administración Pública Provincial o Municipal o de personas humanas o jurídicas particulares
que, en forma actual o inminente y con ostensible arbitrariedad o ilegalidad, altere, amenace, lesione,
restrinja o de cualquier modo impida el normal ejercicio de los derechos expresa o implícitamente
reconocidos por las Constituciones Nacional o Provincial, un tratado o una ley, con exclusión del derecho a
la libertad física.
II.- AMPARO POR AUSENCIA DE REGLAMENTACIÓN: Será igualmente procedente la acción de amparo
contra la omisión del Poder Ejecutivo Provincial en reglamentar las leyes dentro de los plazos que éstas
determinen.
III.- AMPARO POR MORA: También se podrá articular la acción de amparo contra omisión de la
Administración Pública Provincial o Municipal en resolver las peticiones formuladas por los administrados
dentro de los términos legales, siempre que la demora sea excesiva y resulte perjudicial para los derechos
de los accionantes.
IV.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:
a) La acción de amparo sólo será procedente cuando previamente se hayan agotado las acciones
administrativas o judiciales previstas como vías normales para la impugnación del acto, o cuando no
existan otras vías administrativas o judiciales para impugnar el acto arbitrario o ilegal o cuando existiendo
éstas la remisión del examen de la cuestión al procedimiento previsto para la sustanciación de las mismas
o cuando la necesidad de agotar la vía administrativa, cause o pueda causar un daño grave e irreparable.
b) La acción de amparo procederá aún cuando el hecho, acto u omisión tachado de arbitrario o ilegal,
encuentre sustento en una norma de carácter general notoriamente contraria a las Constituciones Nacional
o Provincial. En tales casos los Jueces deberán declarar la inconstitucionalidad de la ley, decreto,
reglamento u ordenanza que sirve de fundamento al hecho, acto u omisión cuestionado.
c) PLAZOS PARA INTERPONERLA:
1) La acción de amparo, como principio, deberá articularse dentro de los quince (15) días corridos a partir
de la fecha en que el afectado tomó conocimiento del hecho, acto u omisión que repute violatorio de sus
derechos constitucionales. Excepcionalmente cuando la conducta lesiva se prolongue en el tiempo será
posible interponerla en todo momento mientras subsista la afectación.
2) En los casos previstos en el inciso II la acción podrá intentarse en cualquier tiempo posterior al
vencimiento del plazo establecido por la misma ley para su reglamentación. Si la ley no fijara plazo para su
reglamentación, la acción podrá iniciarse en cualquier tiempo, transcurridos seis (6) meses a contar de la
fecha de promulgación de la misma.
3) El amparo de urgimiento, previsto por el inciso III, deberá articularse en el plazo de treinta (30) días
corridos que se computarán a partir del vencimiento de los términos legales previstos para resolver la
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petición. Si la Administración Pública no estuviese legalmente obligada a resolver la petición dentro de un
plazo preestablecido, el amparo sólo podrá articularse después de haber transcurrido treinta (30) días
desde que se formuló la petición y dentro de los treinta (30) días subsiguientes.
VI.- La acción de amparo no será admisible cuando:
a) El acto impugnado emanare de un órgano del Poder Judicial, en ejercicio de la función jurisdiccional;
b) La intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de
la prestación de un servicio público esencial.
ART. 220 DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA.
I.- La acción de amparo podrá ser articulada por toda persona humana o jurídica, por sí o por intermedio de
sus representantes legales o convencionales, que sea titular del derecho constitucional afectado por el
hecho, acto u omisión, público o privado, que se repute arbitrario o ilegal.
En caso de impedimento del titular del derecho constitucional afectado, podrá deducir la acción de amparo
un tercero en su nombre, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra si hubiera actuado en forma
maliciosa.
II.- En los casos contemplados en el inciso II del Art. 219, sólo podrán articular la acción de amparo las
personas que resulten directamente beneficiarias de la ley o norma de carácter general no reglamentada,
sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso I de este artículo para la legitimación procesal.
ART. 221 COMPETENCIA.
I.- Serán competentes para entender en las acciones de amparo, el Juez de primera instancia con
competencia específica conforme lo establecido el Art. 5 inc. II de este Código, con competencia territorial
en el lugar en que el hecho, acto u omisión que se impugne se haya ejecutado o deba ejecutarse.
II.- Cuando se promuevan varias acciones de amparo en razón de un mismo hecho, acto u omisión, será
competente para conocer de ellas el Juez que hubiese prevenido. Se aplicarán, en lo pertinente, las
normas sobre acumulación de acciones y procesos previstas en este Código, siempre que no cause grave
retardo en la sustanciación de los procedimientos anteriores.
III.- No es admisible la recusación sin expresión de causa.
ART. 222 TRÁMITE ESPECÍFICO.
I.- Inmediatamente, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la demanda, aún si fueran inhábiles, el
Juez deberá proveerla.
II.- Cuando se tratare de hechos, actos u omisiones de órganos o agentes de la Administración Pública, el
Juez requerirá a éstos un informe circunstanciado acerca de los antecedentes de las medidas impugnadas
y de sus fundamentos, el que deberá ser evacuado en un plazo perentorio de tres (3) días.
III.-Tratándose de hechos, actos u omisión imputable a particulares, se les correrá traslado de la demanda
por un plazo de tres (3) días.
IV.-Las partes no podrán articular excepciones previas, demandas reconvencionales ni incidentes de
ninguna naturaleza. El Juez deberá subsanar, de oficio o a petición de parte, los vicios de procedimiento
que se produjeren, asegurando, dentro de la naturaleza sumarísima de la acción de amparo, la vigencia
plena del principio de contradicción.
V.- DE LA PRUEBA. Si de la contestación del informe o de la demanda, surgiere la necesidad de producir
prueba, a los efectos de su recepción se fijará audiencia dentro del tercer día de evacuado el informe o
contestada la demanda. La producción de la prueba se regirá por las normas generales de este Código,
con las siguientes limitaciones:
a) El número de testigos propuestos no podrá exceder de tres (3) por cada parte.
b) La prueba informativa propuesta por las partes y admitida por el Juez deberá evacuarse en un plazo
máximo de dos (2) días, siendo carga de la parte que la propuso urgir su producción. En todo oficio que se
libre recabando informe se hará constar el plazo establecido para su contestación. El remiso en el
cumplimiento de esta disposición será pasible de una multa de hasta un (1) JUS por cada día de retardo,
que se aplicará de oficio, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por ley.
VI.- DE LA SENTENCIA.
1) El Juez deberá dictar sentencia dentro del quinto día de quedar en estado la causa.
2) Si la sentencia concediera el amparo, al mismo tiempo que se notifique a las partes se despachará el
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mandamiento respectivo, que deberá contener:
a) La determinación precisa de lo que debe o no hacerse o de lo que debe darse;
b) El plazo para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso podrá exceder de dos (2) días.
c) El plazo prudencial en que deba producirse la reglamentación de la ley o norma general.
3) El órgano o agente de la Administración Pública a quien el mandamiento se dirija, deberá cumplirlo sin
que pueda oponer excusa alguna ni ampararse en la obediencia jerárquica.
4) Si por cualquier circunstancia el mandamiento no pudiera diligenciarse con la autoridad a quien está
dirigido, se entenderá con su reemplazante o, a falta de éste, con su superior jerárquico.
VII.- Tanto la notificación de la demanda como el mandamiento que haga cumplir la sentencia, se
diligenciarán en el plazo de un (1) día debiendo arbitrarse los medios a tal fin.
VIII.- La sentencia de amparo deja subsistente el ejercicio de las acciones ordinarias que puedan
corresponder a las partes.
IX.- Las actuaciones del proceso de amparo están exentas de sellado y de todo otro impuesto o aporte
previsional, los que se repondrán al concluir el mismo.
X.- DEL RECURSO DE APELACIÓN
a) Contra la sentencia y el auto que resuelva medidas cautelares, procede el recurso de apelación que
será concedido sin efecto suspensivo cuando se acoja el amparo o se haga lugar a la medida.
b) Este recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) días de notificarse las resoluciones expresadas,
debiéndose fundarse en el escrito de interposición.
c) El recurso debe ser acordado o denegado en el día y es deber del Secretario arbitrar los medios
necesarios para que el Tribunal de grado reciba las actuaciones dentro de un (1) día de concedido.
d) De los fundamentos del recurso se correrá traslado al apelado por el término de dos (2) días.
e) Contestados los agravios y rendida en su caso la prueba que se hubiese admitido u ordenado de oficio,
el Tribunal dictará resolución dentro del quinto día de estar la causa en estado.
XI.- REGLAS PROCESALES COMPLEMENTARIAS.
1) En cualquier estado de la instancia el Juez o Tribunal, a petición de parte y con el objeto de afianzar la
garantía constitucional afectada y siempre que exista riesgo de daño irreparable, podrá ordenar las
medidas innovativa o de no innovar idóneas, las que se cumplimentarán en forma inmediata, sin perjuicio
de su ulterior notificación. En caso de hacerse lugar, el Juez o Tribunal exigirá la contracautela adecuada
para responder de los daños que dichas medidas pudieran ocasionar. La solicitud deberá resolverse en el
mismo día de su presentación.
2) Ante la solicitud de cualquier medida contra hechos, acciones u omisiones de la Administración Pública,
el Juez podrá correr vista por dos (2) días a la demandada y resolverá sin sustanciación, en el plazo de un
(1) día de contestada la vista o vencido el término para hacerlo, aplicándose en las demás cuestiones las
disposiciones de este Código.
3) Los trámites relativos a las medidas previstas en este inciso, no suspenderán en ningún caso los
procedimientos o términos de la acción principal, debiendo en su caso, disponerse la formación de pieza
separada.
ART. 223 ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS.
Toda persona podrá interponer acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y
de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer
informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística en
ningún caso.
CAPÍTULO II
PROCESOS EN INSTANCIA ÚNICA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECCIÓN PRIMERA
REGLAS GENÉRICAS
ART. 224 PROCEDENCIA.
En los casos en los cuales proceda la instancia única ante la Suprema Corte de Justicia, se aplicarán las
disposiciones establecidas para el proceso de conocimiento en cuanto no resulten expresamente
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modificadas por este título.
ART. 225 SUSTANCIACIÓN.
El trámite en estos procesos será dirigido por el miembro del Tribunal especialmente designado por el
cuerpo. Sus resoluciones sólo son susceptibles de los recursos de aclaratoria y de reposición.
Las audiencias inicial y final deberán realizarse con la presencia de todos los miembros de la Sala que
hayan de pronunciar la sentencia.
ART. 226 SENTENCIA Y RECURSOS.
I.- La manera de estudiar el expediente y la forma de la sentencia se ajustarán a lo dispuesto por los Arts.
140 y 141 de este Código.
II.- Contra las sentencias dictadas en estos procesos, sólo procede el recurso de aclaratoria y el
extraordinario federal. Es también aplicable lo dispuesto en este Código sobre uniformidad y obligatoriedad
de la jurisprudencia.
SECCIÓN SEGUNDA
REGLAS ESPECÍFICAS
ART. 227 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
I.-La acción de inconstitucionalidad que puede promover el Fiscal de Estado, conforme el Art. 177,
segundo párrafo de la Constitución Provincial, deberá deducirse dentro del plazo de un (1) mes desde la
fecha de la vigencia de la ley, decreto, reglamento u ordenanza o desde que se formalizó el contrato o
convenio o se dictó la resolución.
II.- La acción de inconstitucionalidad que pueden deducir los particulares conforme el Art. 48 de la
Constitución Provincial, deberá ser promovida dentro del plazo de un (1) mes a contar desde el día en el
cual la norma afecte el interés del accionante.
III.- La demanda mencionará en forma expresa y concreta, la cláusula constitucional violada y la norma en
contra de la cual se acciona. Si se tratara de particulares, se expresará si existe lesión actual y en qué
consiste y en caso contrario en qué consiste el interés legítimo que se invoca para demandar.
IV.- En la etapa final del proceso, presentados o no alegatos, y previo a llamarse al acuerdo para dictar
sentencia, necesariamente debe darse vista al Procurador General de la Corte por diez (10) días. No
corresponde su intervención en la etapa inicial ni en cuestiones accesorias.
V.- La sentencia hará la declaración que corresponda sobre la norma impugnada.
ART. 228 RESPONSABILIDAD DE JUECES, MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS y EMPLEADOS
JUDICIALES.
I.- Los jueces, magistrados, funcionarios y empleados judiciales, son personalmente responsables por los
daños que causaren por mal desempeño de sus funciones, cuando se demuestre falta de probidad en el
uso de sus facultades. Los perjudicados pueden exigir el resarcimiento sin necesidad de suspensión o
remoción previa del inculpado.
II.- En los casos de demanda para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de los magistrados
judiciales será competente la Suprema Corte Justicia y se sustanciará con el Juez o Jueces a quienes se
atribuye la responsabilidad, debiendo concurrir con patrocinio letrado o por intermedio de mandatario.
III.- Al interponerse la demanda, deberá el actor acompañar el depósito en el banco destinado a tal efecto,
del dos por ciento (2%) del valor económico del pleito. El depósito no podrá ser inferior a un (1) JUS. En
caso de rechazo de la acción, el depósito tendrá el destino previsto en el Art. 47. Quedan exentas de este
depósito, las instituciones y personas que gocen de beneficio de litigar sin gastos.
IV.- Se aplicarán las normas del proceso de conocimiento.
ART. 229 PROCEDIMIENTO ANTE LA JUNTA ELECTORAL PARA LA PROCLAMACIÓN DE LOS
CANDIDATOS ELECTOS.
En el caso previsto en el Art. 56 de la Constitución de la Provincia y Art. 71 de la ley 2551, la proclamación
de los candidatos electos será resuelta, en primera instancia, por la Junta Electoral y su decisión es
revisable en segunda y última instancia por los cuerpos colegiados: Asamblea Legislativa, Convención
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Constituyente, Concejo Deliberante, Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, que tienen a cargo la
aprobación definitiva del proceso electoral. La decisión de estos Cuerpos agota la instancia electoral y
habilita la instancia jurisdiccional por vía de recurso extraordinario provincial.
ART. 230 CONFLICTOS DE PODERES.
En los casos de conflictos de competencia entre autoridades o poderes públicos de la Provincia y en los
conflictos internos entre las diversas ramas de éstos a los cuales se refiere el Art. 144 inc. 4° de la
Constitución Provincial, cualquiera de ellos podrá solicitar a la Suprema Corte de Justicia que dirima el
conflicto.
Tramitarán conforme las siguientes reglas:
I.- Con la petición se deberán acompañar los antecedentes constitutivos del conflicto.
II.- El peticionante deberá suspender todo procedimiento y mantener el estado de situación actual. Igual
conducta deberá observar la contraria después de haber tomado conocimiento de la intervención de la
Suprema Corte de Justicia.
III.- Se sustanciará con los otros poderes, ramas o autoridades en conflicto, a los cuales se les correrá
traslado de la demanda por diez (10) días. Con el traslado de la demanda se requerirá la remisión de los
antecedentes constitutivos del conflicto, bajo apercibimiento de ser resuelto con lo presentado por el
peticionante.
IV.- El proceso tramitará conforme a las reglas establecidas para el proceso de conocimiento, pudiendo
reducir plazos conforme la importancia o complejidad del conflicto, salvo que se trate de una cuestión de
puro derecho, que así lo declarará y llamará autos para sentencia, previo dictamen del Procurador General
de la Corte.
V.- La sentencia será dictada por el Tribunal en pleno en un plazo no superior a veinte (20) días.
ART. 231 ACCIÓN AUTÓNOMA DE REVISIÓN DE LA COSA JUZGADA.
l.- La acción autónoma de revisión de la cosa juzgada tiene por objeto hacer posible un nuevo examen de
conocimiento de procesos finiquitados por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, con el fin de
reparar agravios que no pudieren ser subsanados por otra vía judicial. La admisibilidad de la pretensión se
realizará con criterio restrictivo.
II.- La acción procede:
1) Por adolecer la sentencia de vicios esenciales, tales como haber sido culminación de un proceso
aparente o írrito, simulado o fraudulento, o resultar de actividades que hayan determinado vicios de la
voluntad u otros sustanciales.
2) En los casos receptados por el Código Civil y Comercial;
3) Por los motivos enumerados en el Art. 144 inc. 9° de la Constitución de Mendoza.
III.- La acción debe ser fundada, estableciendo clara y concretamente cuál de los supuestos previstos en el
apartado anterior contempla el caso.
IV.- La acción tramitará por el proceso de conocimiento.
V.- La Suprema Corte de Justicia deberá rever la sentencia y en su caso declararla írrita, anulando el
proceso originario y, sin solución de continuidad, resolverá sobre el fondo del asunto, ajustando su
decisión a lo dispuesto en Art. 90.
LIBRO TERCERO
TITULO I
PROCESOS DE ESTRUCTURA MONITORIA Y DE EJECUCIÓN
CAPITULO I
PROCESO DE ESTRUCTURA MONITORIA
ART. 232 SUPUESTOS. Se aplicarán las normas del presente Título a las controversias que versen sobre:
a) Obligación exigible de dar cantidades de cosas o valores mobiliarios o de dar cosas muebles ciertas y
determinadas;
b) Las obligaciones de dar sumas líquidas de dinero derivadas de contratos de locación de inmuebles, ya
sea de alquileres o por cualquier otro concepto.
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c) Desalojo de bienes inmuebles urbanos y rurales por vencimiento del plazo contractual y/o por falto de
pago de los cánones locativos siempre que se hayan cursado las intimaciones fehacientes que en su caso
dispongan las normas pertinentes.
d) Restitución de la cosa inmueble o mueble dada en comodato siempre que se hayan cursado las
intimaciones fehacientes que en su caso dispongan las normas pertinentes;
e) Los títulos ejecutivos, en los casos autorizados por este Código u otras leyes, con excepción de la
ejecución de sentencia.
f) Títulos emitidos en moneda extranjera.
g) Deudas por expensas comunes.
h) Deudas por tarjetas de crédito.
i) El saldo deudor de cuenta corriente bancaria.
j) Los demás títulos que tuvieran fuerza ejecutiva por ley o por convención privada y no estén sujetos a un
procedimiento especial.
k) Fletes de transportes, acreditados con la póliza de fletamiento o conocimiento, o carta de porte o
documento análogo, en su original, y en su caso, el recibo de las mercaderías.
l) Ejecución de sentencia por prescripción adquisitiva Ley 14.159.
ART. 233 PREPARACIÓN DE LA VÍA MONITORIA. Puede preparase la vía monitoria, pidiendo:
I.- Que el requerido reconozca como suya la firma puesta en instrumento privado, o la firma de su
causante. A tal efecto se le citará bajo apercibimiento de tener por reconocida la firma, si no compareciere
injustificadamente o compareciendo, no contestare categóricamente.
1)- Si el requerido no reconociera la firma que se le atribuye, el Juez, a pedido del ejecutante, previo
dictamen de un perito designado de oficio, declarará si la firma es auténtica. Si lo fuere, se tendrá por
preparada la vía y se impondrá al ejecutado las costas y una multa a favor del ejecutante, equivalente al
monto de la deuda, que aquél deberá dar a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones,
que quisiera plantear. Si no las opusiere, el importe de la multa integrará el capital a los efectos del
cumplimiento de la sentencia de remate. La resolución que declare la autenticidad de la firma o imponga la
multa, será apelable.
2)- Tratándose de la firma de su causante, podrá manifestar que ignora si es auténtica. Reconocida la
firma, el documento adquiere fuerza ejecutiva, aunque se niegue o impugne su contenido. Si fuere negada
la firma, el proceso tramitará como de conocimiento.
II.- Si la firma hubiera sido puesta por autorización que conste en instrumento público se indicará el registro
donde se haya otorgado. Pedido y agregado testimonio se citará al mandatario en la forma prevenida.
III.- Que el requerido manifieste si es o ha sido locatario y en caso afirmativo, exhiba el último recibo.
Citado en la forma señalada en el inciso precedente, si no cumpliere el requerimiento quedará preparada
la vía. Si negare su carácter de locatario el proceso tramitará como de conocimiento.
IV.- Que el Juez señale plazo para el cumplimiento, si el instrumento en que consta la obligación no lo
señalare. En tal caso el Juez convocará a los interesados a una audiencia, bajo apercibimiento de
realizarla con quien concurra, oirá lo que se exprese respecto al plazo y resolverá en el acto.
V.- FIRMA POR AUTORIZACIÓN O A RUEGO. - Si el instrumento privado hubiese sido firmado por
autorización o a ruego del obligado, y dicha autorización no resultara de instrumento público, quedará
expedita la vía monitoria si, citado el autorizante, declarase que otorgó la autorización o que es cierta la
deuda que el documento expresa. Si la autorización resultare de un instrumento público, bastará citar al
autorizado para que reconozca la firma.
ART. 234 REQUISITOS.
I.- Para acceder al proceso monitorio, el actor deberá presentar título con fuerza ejecutiva conforme la
legislación de fondo, instrumento público o privado reconocido judicialmente o cuya firma estuviere
certificada por escribano público y que de su contenido surja el derecho en que se funda la acción.
II.- SENTENCIA MONITORIA. Solicitada la apertura del procedimiento monitorio, el Juez examinará
cuidadosamente si el título cumple con los recaudos legales. En caso afirmativo, dictará sentencia
monitoria en el plazo de cinco (5) días conforme a las particularidades que en cada caso establecen las
leyes. La sentencia mandará seguir la ejecución adelante conforme la naturaleza de cada pretensión,
ordenando las medidas pertinentes.
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En caso de sumas de dinero deberá fijar la cantidad que estime provisoriamente para responder a
intereses y costas. En la misma decisión, en caso de corresponder, ordenará trabar embargo conforme a
las normas de este Código.
III.- NOTIFICACIÓN. La sentencia monitoria se notificará en el domicilio que corresponda del demandado,
agregándose las copias de la demanda y documental acompañadas por medio del oficial de justicia, o por
notificación electrónica si fuese posible.
IV.- NULIDAD DE LA VÍA MONITORIA. El ejecutado podrá solicitar, dentro del plazo de cinco (5) días de
haber tomado conocimiento, que se declare la nulidad del trámite monitorio.
ART. 235 OPOSICIÓN A LA SENTENCIA MONITORIA.
I.- Dentro del plazo de cinco (5) días, salvo disposición en contrario, el demandado podrá articular
oposición mediante escrito. La deberá fundar en los hechos y el derecho, incumbiéndole la carga de la
prueba. Las defensas y excepciones oponibles por el demandado y las pruebas admisibles para acreditar
los hechos en que las funde se rigen por lo establecido en cada caso por este Código o las leyes
especiales según el supuesto de que se trate.
II.- Salvo disposición especial, las únicas excepciones admisibles son:
1) Incompetencia.
2) Falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad
civil para estar en juicio o de representación suficiente.
3) Litispendencia.
4) Falsedad o inhabilidad del título con que se pide la ejecución. La primera podrá fundarse únicamente en
la falsedad material o en la adulteración del documento; la segunda se limitará a las formas extrínsecas del
título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Si hubiera mediado reconocimiento expreso de la
firma no procederá la excepción de falsedad.
Estas excepciones son inadmisibles si no se ha negado la existencia de la deuda.
5) Prescripción.
6) Pago total o parcial suficientemente documentado.
7) Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución.
8) Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentados.
9) Cosa juzgada.
III.- RECHAZO. Deberá rechazarse sin más trámite aquella oposición que, sobre el fondo de la cuestión,
no sea fundada o no ofrezca prueba tendiente a desacreditar la eficacia del documento que fue base de la
sentencia monitoria.
Las disposiciones del párrafo anterior no se aplicarán a los procesos de ejecución de resoluciones
judiciales, los que se regirán por sus normas específicas.
IV.- PRUEBA ADMISIBLE. La prueba para fundar la oposición planteada no podrá limitarse, en ninguno de
los supuestos, exclusivamente a la declaración de testigos.
En los casos del inciso c) del Art. 232, sólo se admitirá el ofrecimiento de prueba documental y la pericial
para fundar la oposición.
V.- EJECUCIÓN. COSTAS. Vencido el plazo y no existiendo oposición a la sentencia monitoria, se
considera firme y se continuará con su ejecución aplicándose en cuanto fuere compatible, las normas
correspondientes según la naturaleza de la prestación debida.
La falta de oposición no obstará a la impugnación de la condena en costas y la regulación de honorarios
mediante el recurso de apelación.
ART. 236 TRÁMITES.
I.- Admitida formalmente la oposición, el Juez deberá ordenar suspender la ejecución monitoria, sin
levantamiento de las medidas ordenadas y correrá traslado de la oposición al actor, quien podrá contestar
en el plazo de cinco (5) días, ofreciendo toda la prueba.
II.- Pronunciado el Tribunal sobre la admisión de las pruebas, fijará una audiencia para su sustanciación en
la que deberán agregarse y producirse todas las pruebas admitidas. El plazo para la audiencia será fijado
prudencialmente por el Juez a la mayor brevedad, conforme las circunstancias de cada caso.
III.- La sentencia que resuelva la oposición deberá dictarse en el plazo de diez (10) días de quedar en
estado la causa y tendrá los efectos que correspondan conforme la naturaleza procesal y sustancial de la
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pretensión deducida por vía monitoria. Rechazada la oposición por decisión firme, se continuará con la
ejecución de la sentencia monitoria por el proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en este
Código.
En caso de rechazo de la oposición, al ejecutado que hubiese litigado con temeridad o malicia u obstruido
el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de cualquier manera
hubiese demorado injustificadamente el trámite, se le impondrá una multa a favor del ejecutante, cuyo
monto será fijado entre el cinco (5%) y el treinta (30%) por ciento del importe de la deuda, según la
incidencia de su inconducta procesal sobre la demora del procedimiento.
En caso de acogerse la oposición se impondrá igual multa al ejecutante que hubiese litigado con temeridad
o malicia.
CAPÍTULO II
PROCESOS MONITORIOS ESPECIALES
SECCIÓN PRIMERA
DESALOJO
ART. 237 REGLAS ESPECIALES.
I.- SUJETOS DEL PROCESO. El proceso de desalojo se sustanciará:
a) Entre locador y el locatario de inmuebles y los sucesores de uno y otros a título singular o universal cuya
obligación de restituir se haya hecho exigible. Asimismo, a opción del locador podrán ser demandados los
garantes por las costas.
b) Entre usufructante y usufructuario y comodante y comodatario cuya obligación de restituir sea exigible
por haber vencido el contrato y cualquier ocupante.
II.- DISPOSICIONES ESPECIALES PARA EL JUICIO DE DESALOJO
El proceso por desalojo se regirá por las normas del proceso monitorio con las siguientes modificaciones.
1) Para acceder al proceso monitorio por falta de pago o vencimiento de contrato en las locaciones
urbanas o rurales y por vencimiento de contrato en los comodatos y usufructo, el actor deberá acompañar
instrumento público, privado cuya firma esté reconocida o hubiera sido certificada por escribano público,
de cuyo contenido surja el derecho en que funda la acción y constancia de intimación fehaciente de
desocupación. Además, deberá denunciar la existencia de sublocatarios u ocupantes, según corresponda.
2) SENTENCIA. Solicitada la apertura del procedimiento monitorio, el Juez examinará cuidadosamente los
instrumentos acompañados a fin de verificar si cumplen con los recaudos legales y en caso afirmativo
dictará sentencia monitoria en el plazo de cinco (5) días conforme la pretensión deducida, ordenando el
desahucio en quince (15) días.
3) NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA. Se notificará en el domicilio real o especial según corresponda del
demandado por intermedio del oficial notificador, agregando copia de la demanda y documental
acompañada. En caso de que el domicilio locado no coincida con el real, deberá notificarse en ambos.
4) El oficial notificador deberá hacer conocer la sentencia monitoria a cada uno de los subinquilinos u
ocupantes presentes, aunque no hubieren sido denunciados, previniéndoles que la sentencia producirá
sus efectos contra todos ellos. En el mismo acto los emplazará para que ejerzan los derechos que estimen
corresponder dentro del plazo fijado para el lanzamiento.
El oficial notificador deberá identificar a los presentes e informar al Juez el carácter que invoquen.
Asimismo, informará acerca de otros sublocatarios u ocupantes cuya presunta existencia surja de las
manifestaciones de aquéllos.
Aunque existieren sublocatarios u ocupantes ausentes en el acto de la notificación, no se suspenderán los
efectos de la sentencia de desalojo. Para el cumplimiento de su cometido, el notificador podrá requerir el
auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y exigir la exhibición de documentos de identidad u otros que
fueren necesarios.
5) OCUPANTES MENORES DE EDAD. Si en el inmueble residen niños, niñas o adolescentes, el Juez
comunicará al Organismo local de protección de derechos a fin de que disponga las medidas
administrativas que estime corresponder. Asimismo dará intervención al Ministerio Público de la Defensa y
Pupilar en los términos del Art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación.
6) UBICACIÓN DEL INMUEBLE. Si faltare la chapa indicadora del número del inmueble donde debe
practicarse la notificación, el oficial notificador procurará localizarlo inquiriendo a los vecinos. Si obtuviese
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indicios suficientes, requerirá en el inmueble así localizado, la identificación de los ocupantes, pidiéndoles
razón de su relación con el demandado.
En este caso, si el notificador hallase al demandado personalmente y lo identificase, le notificará. En caso
contrario devolverá la cédula informando el resultado de su diligencia.
7) En caso de no existir oposición quedará firme la sentencia monitoria y se procederá el desahucio.
8) OPOSICIÓN. En el plazo otorgado por la sentencia para proceder al desalojo, el locatario, garante y
ocupante, podrán oponer defensas, las cuales deberán ser documentadas o surgir expresamente de la
instrumental acompañada.
9) RECHAZO IN LIMINE. Se ajustará a lo establecido por el Art. 235 - III.
10) De ser formalmente procedente la oposición, se correrá traslado por cinco (5) días al actor, quien podrá
ofrecer prueba tendiente a desacreditar la misma, quedando suspendida la ejecución de la sentencia
monitoria.
11) PRUEBA ADMISIBLE. La prueba a ofrecer para fundar la oposición planteada se ajustará a lo
normado por el Art. 235 – IV.
12) PLAZO PARA RESOLVER LA OPOSICIÓN. El plazo para resolver la oposición será de diez (10) días
a partir de que quede firme el decreto que llama auto para resolver.
13) ALCANCE DE LA SENTENCIA. La sentencia se hará efectiva contra todos los que ocupen el
inmueble, aunque no hayan sido mencionados en la diligencia de notificación o no se hubieren presentado
en el juicio. La sentencia no prejuzga sobre el dominio, posesión o preferente derecho que puedan alegar
los interesados o terceras personas.
14) CONDENA ANTICIPADA. La demanda de desalojo podrá interponerse antes del vencimiento del plazo
convenido para la restitución del bien o del vencimiento del plazo legal de la locación.
Las costas serán soportadas en el orden causado si el demandado se allanare de inmediato a la demanda,
o no la contestare, cumpliendo además en término, en ambos casos con su obligación de restituir el bien
en el plazo convenido o al vencimiento del plazo legal.
15) APELACIÓN. El auto que rechaza o que hace lugar a la oposición será apelable en el plazo de tres (3)
días. El recurso se concederá en forma abreviada y con efecto suspensivo.
ART. 238 RECUPERACIÓN DEL INMUEBLE.
Denunciado por parte interesada que el ocupante ha abandonado el inmueble sin dejar quien haga sus
veces, el Juez mediante constatación verificará el estado de abandono y dispondrá averiguaciones entre
los vecinos para saber de la existencia y paradero de su ocupante. Si no lo obtuviere ordenará la entrega
definitiva del inmueble y dará por resuelto el vínculo contractual con la salvedad establecida en la segunda
parte del inc. 14 del Art. 237.
ART. 239 PROCESO DE CONOCIMIENTO.
Si no se pudiere optar por el procedimiento monitorio, la acción de desalojo de inmuebles urbanos y
rurales se sustanciará por el procedimiento establecido para el proceso de conocimiento con las
especificaciones pertinentes del proceso monitorio que fueren compatibles con aquél, en cuanto a la
citación de los ocupantes y/o terceros posiblemente afectados.
SECCIÓN SEGUNDA
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS REALES
ART. 240 DE LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
I.- EXCEPCIONES ESPECIALES ADMISIBLES. -
Además de las excepciones previstas en el Art. 235 podrá invocarse también la caducidad de la inscripción
hipotecaria y la nulidad por violación de los principios de especialidad y accesoriedad, con los efectos que
determina la ley de fondo.
II.- Al dictarse la sentencia monitoria se ordenará la anotación del embargo y que los registros informen:
a) sobre los gravámenes que afecten al inmueble hipotecado, con indicación del importe de los créditos,
sus titulares y domicilios;
b) sobre las transferencias que se hubieran efectuado desde la fecha de constitución de la garantía
hipotecaria; a favor de quiénes, y domicilio de los adquirentes.
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III.- En la sentencia monitoria se conminará al deudor para que en el plazo de cinco (5) días denuncie
nombre y domicilio de los acreedores privilegiados, embargantes y terceros poseedores del inmueble
hipotecado.
IV.- Si por el informe del registro inmobiliario o denuncia del ejecutado, se tuviere conocimiento de la
existencia de otros acreedores hipotecarios, se citará a éstos para que concurran a ejercer sus derechos.
Si hubiera otra u otras ejecuciones hipotecarias sobre el mismo inmueble, podrán acumularse.
V.- Si la hipoteca hubiere sido constituida por un tercero, o del informe del registro inmobiliario o por
denuncia del ejecutado, surgiere que el deudor hubiere transferido el inmueble hipotecado, se ampliará la
sentencia monitoria respecto del tercero poseedor quien dentro del plazo del Art. 235 inc. I de este Código,
podrá pagar la deuda, abandonar el inmueble o plantear oposición en los términos del Art. 235 inc. II. La
sustanciación y resolución de las excepciones tramitarán en la forma y con los efectos previstos en el Art.
236, aunque el deudor no haya deducido oposición.
VI. -Para la ejecución especial de la hipoteca deberá observarse el trámite previsto por la legislación de
fondo.
ART. 241 SUPUESTOS ESPECIALES.
En aquellos casos en que el gravamen hipotecario afecte a un inmueble destinado a vivienda única y
familiar, o a una actividad productiva sea agropecuaria, comercial o industrial y siempre que la misma se
caracterice como micro, pequeña o mediana empresa en los términos de la legislación vigente, previo a la
subasta, el deudor podrá solicitar al Tribunal que:
1) Previa vista al Ministerio Fiscal, dicte resolución reduciendo los intereses adeudados por exceso de la
tasa o del sistema pactado, debiendo en tal caso practicar liquidación indicando con claridad las pautas
empleadas. Esta liquidación no podrá afectar el capital de sentencia, salvo que se constatare capitalización
de intereses.
2) Firme la liquidación, el deudor podrá optar por pagar la suma resultante en el plazo de diez (10) días, o
pedir el procedimiento de mediación, a fin de convenir con el acreedor alguna modalidad de pago del total
liquidado.
3) El plazo máximo para sustanciar el procedimiento de mediación será de treinta (30) días.
4) Si cumplido este procedimiento el deudor no paga, o la mediación no llega a una solución del conflicto,
inmediatamente, a pedido del acreedor, se proseguirá con los trámites tendientes a la subasta.
ART. 242 DE LA EJECUCIÓN PRENDARIA.
I.- PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO. En la ejecución de la prenda sin desplazamiento, sólo serán
oponibles las excepciones que se mencionan en el Art. 235 y las sustanciales que derivan de la legislación
de fondo.
II.- PRENDA CON REGISTRO. En la ejecución de prenda con registro sólo
procederán las excepciones previstas en el Art. 235, además de la caducidad de la inscripción y otras
defensas derivadas de la legislación de fondo.
III.- EJECUCIÓN PRIVADA DE LA PRENDA CON REGISTRO. Queda excluido el trámite monitorio para la
ejecución privada de la prenda con registro en la que deberá observarse el trámite previsto por la
legislación de fondo.
IV.- En la ejecución de prenda con registro, si existieran acreedores con privilegio reconocido por la
legislación de fondo, se citará a estos para que dentro del tercer día comparezcan al proceso con los
títulos de sus créditos. Si comparecieren, se fijará una audiencia dentro de los cinco (5) días de la
presentación. Los citados comparecientes, el ejecutante y el ejecutado deberán concurrir con la prueba
que haga a sus derechos. El Juez resolverá sobre los créditos y sus privilegios en el plazo de cinco (5)
días.
V.- Vendidos los bienes se procederá a proyectar la distribución, de acuerdo al orden de preferencia
establecido. El proyecto se pondrá en la oficina a disposición de los interesados, por tres (3) días,
resolviéndose sin más trámite, las observaciones que se formularen. Aprobada la distribución, se harán los
pagos en la forma que corresponda.
SECCIÓN TERCERA
DEUDAS POR EXPENSAS
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ART. 243 ACCIÓN POR DEUDAS DE EXPENSAS.
El crédito por expensas o gastos comunes o de servicios constituirá título ejecutivo en los siguientes casos:
a) Se trate de créditos provenientes de la administración de bienes sujetos a propiedad horizontal,
propiedad horizontal especial o conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y cementerio privado.
b) Se acompañe certificado de deuda que reúna los requisitos exigidos por el reglamento correspondiente
y la ley.
c) Constancia de la deuda líquida y exigible expedida por el administrador o quien haga sus veces y de la
intimación fehaciente a los propietarios y/o poseedores para abonarla.
d) En el escrito en que se promueva la ejecución deberán acompañarse testimonio de la escritura del
reglamento de copropiedad y administración.
SECCIÓN CUARTA
DEUDAS POR TARJETAS DE CRÉDITO
ART. 244 En los casos de deudas emergentes de la utilización de tarjetas de crédito o de pago, deberá
prepararse la vía e integrarse el título de conformidad con lo dispuesto por el Art. 39 de la Ley 25.065.
SECCIÓN QUINTA
PAGARÉ DE CONSUMO
ART. 245 PRESUNCIÓN. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN.
Cuando en el proceso monitorio cambiario resultare que subyace una relación de consumo, el Juez, a
pedido de parte o de oficio, ordenará que sean acompañados los antecedentes documentales que
acrediten el cumplimiento de lo dispuesto por los Art.s 8 bis, 36, 37 y cc. de la Ley Nº 24.240; y Arts. 1097,
1119, 1120 y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación.
El Juez podrá presumir la existencia de una relación de consumo de la sola calidad de las partes de la
relación cambial, conforme a las constancias del título ejecutado.
La presente norma será aplicable incluso cuando el título hubiere circulado.-
SECCIÓN SEXTA
JUICIO MONITORIO DE APREMIO.
ART. 246 SUPUESTOS DE PROCEDENCIA.
La Administración Tributaria Mendoza, Municipalidades, entes descentralizados, Cajas de Previsión Social,
Colegios Profesionales y los demás entes según las leyes establezcan, tendrán a su cargo el cobro
compulsivo de los créditos tributarios y no tributarios y sus intereses, recargos y multas, así como de
cualquier otro valor adeudado a la Provincia, que se le encargue expresamente siempre que exista título
suficiente, por medio del procedimiento de apremio que se establece en el presente Capítulo.
ART. 247 COMPETENCIA. PUBLICIDAD.
I.- Deberán entender en los juicios de apremio los Tribunales con competencia tributaria de la Provincia
correspondientes al domicilio fiscal o especial del contribuyente si estos se encuentran fijados dentro de la
provincia. En los demás casos podrán serlo, a opción del actor, Tribunales con competencia tributaria que
correspondan al lugar de ubicación del bien, actividad o hecho gravado.
II.- El proceso de apremio será público en su totalidad, salvo que, por su estado o naturaleza, corresponda
la reserva de las actuaciones.
III.- Autorícese la utilización del expediente electrónico en los Tribunales con competencia Tributaria
mediante, firma electrónica y digital, conforme la reglamentación que establezca la Suprema Corte de
Justicia de Mendoza.
ART. 248 REPRESENTACIÓN. RECAUDADORES FISCALES. REGISTRO.
I.- La representación en el juicio de apremio será ejercida por los Recaudadores abogados o procuradores
nombrados por los entes ejecutantes. Acreditarán su personería con la respectiva resolución de
nombramiento o copia íntegra de la misma certificada.
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II.- Los recaudadores de entes fiscales no podrán actuar como patrocinantes, defensores o mandatarios en
contra del Estado Provincial, sus dependencias y reparticiones descentralizadas o desconcentradas, sus
empresas, Sociedades del Estado y/o Municipalidades ya sea en recursos administrativos o acciones
judiciales, salvo lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley 4976. Esta limitación no rige para recaudadores de
entes no fiscales.
III.- Créase el Registro de Recaudadores con competencia en materia Tributaria que estará a cargo de la
Oficina de Profesionales de la Primera Circunscripción Judicial y en las Delegaciones de la Suprema Corte
de Justicia en las restantes circunscripciones. El registro deberá ser público, gratuito y con acceso vía
internet. La inscripción vigente en el registro, sin más trámite, acreditará su representación en los
procedimientos de apremio en los que actúen.
IV.- HONORARIOS. Los profesionales intervinientes en el juicio de apremio por los entes recaudadores y
los oficiales de justicia ad- hoc, no tendrán derecho a cobrar honorarios a los entes que los hubieran
nombrado, en ningún caso. Sólo podrán percibir del ejecutado, cuando éste fuere vencido en costas, los
honorarios regulados en la sentencia o los que resulten de la liquidación administrativa efectuada al
deudor. En ningún caso los honorarios podrán superar el veinte por ciento (20 %) del total del crédito
cobrado por su gestión.
V.- RECAUDADORES. FACULTADES. Los recaudadores no podrán percibir fuera del juicio los rubros
ejecutados. Sus honorarios y gastos causídicos, sea en forma total o parcial, serán calculados y cobrados
con intervención del ente al cual representan, conforme a la liquidación que el mismo practique o la que
apruebe el Tribunal. Tampoco podrán desistir, transar, conceder esperas, paralizar o suspender los
procedimientos, sin autorización escrita del ente recaudador. Los jueces no proveerán tales peticiones sin
que se acredite esta circunstancia. Los recaudadores serán personalmente responsables de los valores
cuyo cobro y percepción se les haya encargado y cuya exigibilidad se prescriba por su dolo o culpa.
ART. 249 TÍTULO. REQUISITOS.
I.- El título para iniciar el juicio de apremio será la boleta de deuda, firmada por el ente recaudador, la que
debe contener los siguientes recaudos: 1) Número. 2) Nombre del recaudador. 3) Nombre y domicilio del
deudor. 4) Importe y naturaleza del crédito, discriminado por conceptos. 5) Lugar y fecha del libramiento. 6)
Plazo para el pago administrativo de la deuda, el cual no podrá ser inferior a cinco (5) días.
II.- La firma inserta al pie de la boleta a que se refiere la primera parte de este Art., podrá ser impresa por
medios electrónicos e intervenida mediante el sistema de timbrado. A tal fin se deberán adoptar las
medidas de control y seguridad que sean necesarias para garantizar su autenticidad.
III.- Cuando se verifiquen cambios en los sujetos pasivos y/o en los domicilios de éstos, insertos en el
título, podrán denunciarse los mismos y anotarse las modificaciones que correspondan en la boleta de
deuda, la que será avalada con la firma del funcionario competente.
ART. 250 PROCEDIMIENTO DE APREMIO. REGISTRO.
I.- Con la boleta de deuda se emplazará al deudor para que haga efectivo el débito y el porcentaje que al
recaudador le corresponda en el plazo fijado, bajo apercibimiento de iniciarse la acción judicial con más los
gastos que establezca la reglamentación. Este emplazamiento pude ser practicado en el domicilio fiscal
electrónico del demandado. No cancelada la deuda en el plazo indicado, el recaudador iniciará el juicio de
apremio.
II.- MEDIDAS CAUTELARES: En cualquier momento, y aún antes de iniciarse el procedimiento de
apremio, podrá solicitarse cualquier medida cautelar en resguardo del crédito fiscal por la cantidad que
adeuden o presumiblemente adeuden los contribuyentes, responsables o sujetos pasivos sobre cualquiera
de sus bienes, inclusive cuentas o activos bancarios y financieros. A los efectos del otorgamiento de la
medida cautelar preventiva, constituirá prueba suficiente la certificación de deuda emitida por las entidades
recaudadoras en la forma que establezca la reglamentación, sin que resulten exigibles los extremos del
Art. 112 de este Código. El pedido deberá ser resuelto por el juez dentro de los dos (2) días desde la
presentación. Los embargos preventivos o medidas dispuestas por el Juez serán susceptibles de ser
sustituidos por garantías reales o seguros de caución suficientes, y caducarán automáticamente si en el
término de seis (6) meses de su traba, la parte actora no iniciara el correspondiente procedimiento de
apremio. Si el afectado hubiere planteado recursos en sede administrativa, la caducidad del embargo
preventivo se extenderá hasta seis (6) meses posteriores a que quede firme la resolución que agote la
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instancia administrativa. Si la medida precautoria fuera dispuesta sobre activos que el sujeto pasivo tenga,
depositados en las entidades financieras regidas por la Ley 21.526, la misma se podrá diligenciar mediante
oficio librado por el Juez interviniente al Banco Central de la República Argentina. Asimismo, el ejecutante
podrá pedir, desde la iniciación del juicio y en cualquier estado del mismo, sin necesidad de cumplir con los
requisitos que prevé el Art. 112 de este Código, la inhibición general de los deudores, siendo suficiente la
sola presentación del título ejecutivo en que conste la deuda.
III.- Los recaudadores podrán proponer la designación de Oficiales de Justicia y Receptores Ad-Hoc,
quienes deberán previamente estar inscriptos en un registro que a tal fin llevarán los Tribunales con
competencia en materia Tributaria. La inscripción deberá realizarse mediante petición firmada por el
Recaudador y el encargado de la oficina de Apremio del ente recaudador o quien cumpla esa función.
Podrán inscribirse hasta un máximo de dos Oficiales de Justicia y dos Receptores Ad-Hoc por cada
Recaudador. Como condición de la inscripción estos auxiliares deberán prestar caución bajo de alguna de
las formas previstas en el Art. 112 inc. III de este Código. La inscripción tendrá una vigencia de dos (2)
años, renovable por petición expresa y en las mismas condiciones. El registro deberá ser público y
gratuito.
IV.- El Juez examinará cuidadosamente el título y si hallare que éste reúne todos los recaudos de
procedibilidad, dictará sentencia monitoria conforme dispone el Art. 235 de este Código.
V.- El término para oponerse a la ejecución será de cinco (5) días
VI.- EXCEPCIONES ADMISIBLES. Sólo son admisibles como excepciones: a) Incompetencia. b) Pago
total o parcial. c) Exención fundada en ley. d) Prórroga. e) Litispendencia. f) Cosa juzgada. g) Pendencia
de recurso administrativo. h) Prescripción. i) Inhabilidad extrínseca del título. j) Falta de legitimidad
sustancial pasiva.
La interposición de la acción procesal administrativa no impide la iniciación del juicio de apremio, salvo
resolución en contrario de la Suprema Corte de Justicia.
En el juicio de apremio no podrá cuestionarse la inconstitucionalidad del tributo cuyo pago se persigue ni
plantearse cuestión alguna sobre el origen del crédito ejecutado.
VII.- MEDIOS DE PRUEBAS.
1) La excepción de pago total o parcial sólo podrá acreditarse con los recibos oficiales pertinentes o
constancias existentes en expedientes administrativos o judiciales aceptando o declarando válido el pago o
por compensado el mismo. En estos dos casos, como también en los supuestos de exención fundada en
ley o prórroga, la excepción es únicamente admisible si ha sido resuelta administrativa o judicialmente
mediante resolución firme anterior a la notificación de la boleta de deuda.
2) La de cosa juzgada puede oponerse respecto de la existencia de una sentencia judicial o de una
resolución administrativa.
3) La pendencia de recurso administrativo, sólo es viable si el recurso es de fecha anterior al requerimiento
administrativo de la boleta de deuda y es del tipo de los autorizados por la legislación respectiva.
4) La excepción de inhabilidad extrínseca del título sólo puede oponerse por defectos formales del mismo.
5) La falta de legitimación sustancial pasiva únicamente puede oponerse si no hay identidad entre la
persona ejecutada y el verdadero sujeto pasivo de la obligación.
VIII.- RECHAZO SIN MÁS TRÁMITE. TRASLADO. SUSTANCIACIÓN. Si se opusieren otras excepciones
o defensas que las enumeradas o se intentara probar las admisibles en otra forma que la autorizada,
procederá su rechazo sin más trámite, quedando ejecutoriada la sentencia monitoria.
En los demás casos, de las excepciones opuestas se correrá traslado a la parte actora por el plazo de
cinco (5) días para que las conteste y ofrezca prueba.
Vencido el término del traslado, el Tribunal se pronunciará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas
y ordenará su recepción, la que deberá producirse totalmente en el plazo de treinta (30) días bajo el
apercibimiento previsto en el Art. 179 inc. IV de este Código.
IX.- SENTENCIA DE APREMIO: La misma deberá ser dictada conforme lo dispone el Art. 235 inc. III de
este Código.
X.- EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ADJUDICACIÓN ACTORA. Durante la realización de la subasta y a
criterio de la actora, ésta podrá adjudicarse los bienes por un monto igual al de la mejor oferta, siempre
que dicho monto no supere la liquidación de la deuda que se pretende ejecutar, con más los honorarios y
gastos causídicos. No habiendo posturas, el ejecutante podrá pedir que se efectúe una nueva subasta sin
base o pedir su adjudicación conforme con los siguientes montos:
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a) Bienes inmuebles: por el avalúo fiscal.
b) Bienes muebles: por la tasación del bien que establezca el martillero.
Cuando el embargo versare sobre títulos de créditos y/o valores, la actora podrá adjudicarse directamente
los mismos, sin subasta previa, por su valor nominal o por su valor de cotización, si lo tuvieren,
respectivamente. En casos de no existir postura o cuando se den las circunstancias expresadas en el
párrafo anterior, la actora deberá pagar los gastos de justicia preferentes, considerándose tales, sin que la
enumeración sea taxativa, honorarios y participación, comisión del martillero, movilidad, etc. debidamente
acreditados y la publicación de edictos.
En caso de adjudicación al ejecutante, el deudor puede recobrar la propiedad del bien subastado si no
hubieran transcurrido seis (6) meses desde que tal adjudicación se dispuso judicialmente, abonando la
totalidad de la deuda reclamada, sus intereses, actualización monetaria, costas y demás gastos
causídicos. Este derecho podrá ser ejercido siempre que antes del plazo indicado el ejecutante no haya
transmitido el dominio del bien.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES
ART. 251 AMPLIACIÓN DE LA EJECUCIÓN.
Dictada la sentencia monitoria o la que desestima la oposición, si vencieren nuevos plazos de la obligación
en cuya virtud se procede y lo pidiere el actor, puede ampliarse la ejecución por su importe,
considerándose comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido. Del pedido se correrá
traslado al ejecutado por tres (3) días y si no se opusiere, se ampliará la ejecución, mediante auto, sin más
trámite. Si se opusiere, se procederá como está dispuesto para lo principal, formándose piezas separadas,
si así lo solicitare el actor, para no suspender el trámite de aquél.
ART. 252 RECURSOS.
I.- Es apelable la sentencia que resuelve la oposición. El recurso deberá interponerse en el plazo de tres
(3) días
II.- El actor podrá apelar en igual plazo y con los mismos efectos el auto denegatorio de la ampliación por
cuotas posteriores a la sentencia monitoria. El demandado sólo podrá apelar la resolución que admite la
ampliación, si se hubiera opuesto al incremento.
ART. 253 PROCESO DE CONOCIMIENTO POSTERIOR AL MONITORIO DE TÍTULOS EJECUTIVOS.
Lo resuelto en el proceso monitorio, en los supuestos previstos en los incisos e), f), g) h), i), j), y k) del Art.
232 de este Código, podrá ser revisado en proceso de conocimiento posterior. Este proceso sólo podrá
promoverse cuando haya quedado ejecutoriada la sentencia pronunciada en el proceso monitorio.
Para conocer en el proceso de conocimiento posterior, cualquiera sea la naturaleza de la demanda que se
interponga, será competente el mismo Tribunal que hubiere entendido en la primera instancia del proceso
monitorio.
El derecho a obtener la revisión de lo resuelto en el proceso monitorio caducará a los sesenta (60) días de
ejecutoriada la sentencia pronunciada en éste.
CAPÍTULO IV
DE LA TRABA DEL EMBARGO
ART. 254 EMBARGO.
A falta de pago o entrega de los bienes reclamados y de las sumas fijadas provisoriamente para costas, el
oficial de justicia trabará embargo en bienes del deudor.
A tal fin se autorizará el uso de la fuerza pública, el allanamiento de domicilio y la habilitación de día, hora y
lugar, si así se solicitare y fuere necesario.
Si la sentencia monitoria no expresara los bienes sobre los cuales debe recaer el embargo o estos no se
encontraren o fueren insuficientes, se trabará en los que ofrezca el ejecutado o, en su defecto, en los que
indique el actor o persona autorizada por él; y, en último término en los que el Oficial de Justicia determine.
En todo caso corresponde al Oficial de Justicia establecer el orden de la traba, teniendo en cuenta la
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suficiencia de los bienes, la mayor o menor facilidad y economía de su realización y su embargabilidad.
Debe procurar que la medida garantice suficientemente al actor, sin ocasionar perjuicios o vejámenes
innecesarios al demandado.
ART. 255 DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS.-
I.- Los bienes embargados se depositarán: si se tratara de dinero o de valores, en el banco oficial
correspondiente, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, a la orden del Tribunal y como
pertenecientes a los autos de referencia.
Si se tratare de bienes muebles o semovientes, en el establecimiento que la ley señale o bien en poder del
deudor o de un tercero, si así lo convinieren los litigantes.
II.- Si se embargare bienes a empresas o materiales afectados a un servicio público, si procediere, se hará
la traba sin afectar la regularidad del mismo y se designará depositario al gerente o administrador.
III.- Embargándose establecimientos agrícolas, industriales o comerciales, el depositario, que nombrará el
Juez, desempeñará las funciones de administrador.
IV.- Cuando se embargaren bienes afectados en forma esencial al funcionamiento de una empresa, no
podrán retirarse del local donde prestan servicios, ni inmovilizarse, pudiendo ser designado un interventor
que vigile su permanencia y conservación.
V.- Si se embargaren bienes inmuebles, se ordenará su anotación en el registro público correspondiente,
y, con posterioridad, siempre que el actor lo solicite, se constatará por el Oficial de Justicia que los mismos
están en posesión de las personas a cuyo nombre figuran Inscriptos. Podrá pedir el actor en tal caso la
designación de depositario la que recaerá en la persona del propio deudor, salvo que existieran razones
fundadas para nombrar un tercero.
Si se comprobare que un tercero está en posesión del bien, el actor podrá solicitar la subasta del inmueble
en el estado en que se encuentra, a lo que se proveerá de conformidad, previa vista al ejecutado,
haciéndose constar en los edictos el estado de posesión.
VI.- Cuando se embargaren fondos o valores en poder de instituciones bancarias, de ahorro u otras
análogas, deberá hacerse constar los datos que permitan individualizar con precisión a la persona
afectada por la medida, salvo casos de urgencia que el Juez apreciará. El embargo que se hubiera trabado
sin estos requisitos, caducará de pleno derecho a los treinta (30) días de anotado, si antes no se hubieran
cumplido aquellos actos que permitan individualizar con precisión a la persona afectada por la medida,
salvo casos de urgencia que el Juez apreciará.
VII.- Si se embargaren créditos con garantía real se hará la anotación en el Registro Público respectivo y
se notificará al deudor del crédito. Si el embargo recayese sobre créditos, sueldos u otros bienes en poder
de terceros, se notificará a éstos, intimándolos a que oportunamente hagan los depósitos judiciales de los
mismos.
ART. 256 LIMITACIÓN EN EL USO DE LAS COSAS EMBARGABLES.
En tanto el acreedor no obtenga el secuestro efectivo o la administración judicial de las cosas embargadas,
el deudor podrá continuar sirviéndose de ellas.
No podrá impedirse que funcionen, mientras permanezcan embargadas, las cosas afectadas a un servicio
público.
ART. 257 LÍMITES AL EMBARGO DE BIENES.
Son inembargables:
1) Las remuneraciones por cualquier concepto de los empleados públicos y privados y las pensiones,
jubilaciones y retiros, en la medida y cantidad que las leyes establezcan.
2) Las prendas de uso personal del deudor y de su familia y los muebles y útiles contenidos en su casa
habitación, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles o de alquileres de la
casa. Se exceptúan de la inembargabilidad, los bienes suntuarios de alto valor.
3) Los libros relativos a la actividad laboral del deudor, las máquinas e instrumentos de que se sirva el
deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte o para el ejercicio de su oficio o profesión, salvo el caso
de bienes prendados para garantizar el precio de la adquisición.
4) Los alimentos y combustibles que existan en poder del deudor, hasta la concurrencia de lo necesario
para el consumo de su familia durante tres (3) meses.
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5) El lecho cotidiano del ejecutado, de su cónyuge, su conviviente, los hijos y demás parientes o personas
menores de edad, incapaces o de capacidad restringida a su cargo.
6) El inmueble donde esté constituido el hogar del deudor cuyo valor no exceda el de una vivienda de
carácter social, salvo que se reclame su precio de venta o de construcción o no estuvieren aplicados a su
destino.
7) Los demás bienes declarados inembargables por las leyes de la Nación o de la Provincia.
ART. 258 AMPLIACIÓN, LIMITACIÓN, SUSTITUCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE EMBARGO.
I.- Si por la deducción de tercería sobre los bienes embargados, limitación o levantamiento de embargo o
por cualquier otra circunstancia, resultara insuficiente lo embargado, a juicio del Juez, podrá decretarse, a
pedido del ejecutante y sin sustanciación, que se amplíe el embargo.
II.- Cuando el ejecutado pidiere que se limite el embargo, se resolverá la pretensión, mediante auto y
previa vista al ejecutante.
III.- Si los bienes embargados no fueren los reclamados en la demanda y no se encontraren afectados con
garantía real al crédito en ejecución, el ejecutado podrá solicitar sustitución de embargo, que se resolverá
como en el caso precedente. Si se ofreciere en sustitución del embargo dinero en efectivo, en cantidad
suficiente a juicio del Juez, éste la dispondrá, sin vista a la contraria.
IV.- En la misma forma se resolverá el pedido de levantamiento de embargo que formule el ejecutado, por
cualquier circunstancia.
V.- Toda persona está autorizada a requerir, en calidad de tercero perjudicado por el embargo, su
levantamiento. Esta gestión será tramitada con vista por cinco (5) días a los demás interesados. De la
resolución que recaiga no habrá recurso si se rechazara la pretensión del tercero, quien podrá deducir la
acción de tercería. Las demás resoluciones relativas a ampliación, limitación, sustitución y levantamiento
del embargo, serán apelables en forma abreviada, en el primer caso sin efecto suspensivo y con tal efecto
en los demás.
VI.- En el caso de que la Provincia haya declarado la emergencia cuando se hayan producido terremotos,
aluviones o cualquier otro siniestro que afecten a la población en general, no podrán embargarse los
bienes del afectado que se encuentre ejecutado. En caso de embargos trabados con anterioridad, el
afectado podrá pedir su levantamiento. Para ejercer este beneficio deberá acreditarse la calidad de
damnificado con certificado expedido por la autoridad administrativa que corresponda. El ejecutado deberá
además acompañar la documentación que acredite la propiedad sobre los bienes. Este beneficio podrá ser
invocado hasta el plazo de un (1) año a computar desde la declaración administrativa de emergencia y no
suspenderá la tramitación del proceso.
ART. 259 VENTA DE BIENES EMBARGADOS
Cuando los bienes embargados fueren de difícil o costosa conservación o hubiere peligro de que se
desvaloricen, cualquiera de los litigantes podrá solicitar su venta, resolviendo el Juez, mediante auto,
previa vista a la contraria.
En caso de ordenarse la venta, se procederá como está dispuesto para la ejecución de la sentencia.
CAPÍTULO V
CUMPLIMIENTO O EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA MONITORIA
ART. 260 CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.
Si el ejecutado no se opone a la sentencia monitoria y satisface la pretensión, se practicará liquidación por
secretaría o por parte interesada, y previa vista a los interesados, el Juez la aprobará o modificará,
ordenando las entregas y los pagos que no se hubieran efectuado. En lo pertinente será de aplicación lo
dispuesto para la ejecución de sentencia.
ART. 261 DINERO EMBARGADO. PAGO INMEDIATO. -
Cuando lo embargado fuese dinero, una vez firme la sentencia, por secretaría o por el acreedor se
practicará liquidación del capital, intereses y costas, de la que se dará vista al ejecutado. Aprobada la
liquidación, se hará pago inmediato al acreedor del importe que de ella resultare.
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ART. 262 VENTA O ADJUDICACIÓN DE BIENES.
I.- Si se hubieren embargado valores negociables o créditos, el acreedor podrá solicitar que se le
adjudiquen por su valor nominal, y tratándose de títulos o acciones cotizables por su precio en la Bolsa de
Comercio más próxima, a la fecha de la sentencia.
II.- De lo contrario y tratándose de valores negociables, se procederá a su venta por un comisionista o
corredor de bolsa designado en la forma prescripta por el Art. 46, inciso 6.
III.- En caso de embargo de créditos, acciones o derechos litigiosos, podrá el ejecutante ejercer la acción
subrogatoria.
IV.- Para la realización del valor de otros bienes embargados, se procederá a su venta en remate público
y, una vez aprobada la subasta y cubiertos los gastos de su realización, con su producido se mandará
pagar a los acreedores preferentes y al ejecutante el monto resultante de la liquidación, en la forma y
condiciones que se establecen a continuación en esta Sección.
CAPÍTULO VI
DILIGENCIAS PREVIAS A LA SUBASTA
ART. 263 MARTILLERO.-
I.- La subasta será realizada por el martillero que designe el Tribunal a propuesta del ejecutante, sin
perjuicio de las disposiciones en contrario de leyes especiales.
II.- No podrá ser recusado. La ejecutada podrá solicitar que la actora reemplace al profesional propuesto
dentro de los cinco (5) días de efectuado su nombramiento, si mediaren graves circunstancias que deberá
acreditar. Previa vista al ejecutante, el Tribunal resolverá la petición mediante auto inapelable.
III.- Aceptado su cargo, no podrá delegar sus funciones en otro profesional, salvo autorización expresa del
Tribunal y conformidad del ejecutante.
ART. 264 INMUEBLES.
Para la subasta de inmuebles se observarán las siguientes reglas:
I.- Se constatará el estado del bien a subastar, debiendo indicar detalladamente en su caso personas que
lo ocupan y carácter en que lo hacen. Esta diligencia será practicada por el Oficial de Justicia del Tribunal
que corresponda, en asocio del martillero interviniente, y en caso de ser necesario, se dispondrá el
allanamiento de domicilio y el auxilio de la fuerza pública.
II.- Bajo su responsabilidad, el Martillero acompañará al expediente informes emitidos en los últimos
noventa (90) días respecto:
a) Deudas por impuestos, tasas y contribuciones, y prestatarios de servicios públicos.
b) Deudas por expensas o gastos comunes, si se tratare de unidades de propiedad horizontal o
comunidades con régimen legal similar.
c) Condiciones registrales del dominio y gravámenes que lo afecten.
d) Avalúo fiscal o base imponible para el pago del impuesto inmobiliario.
e) Copia certificada del título de la propiedad.
A tal fin los registros, reparticiones públicas y consorcios de propietarios deberán rendir los citados
informes a solo requerimiento del Martillero interviniente.
III.- El ejecutante indicará la base sobre la cual partirán las ofertas, la que no podrá ser inferior al avalúo
fiscal. Igualmente, indicará los incrementos mínimos entre las eventuales posturas.
ART. 265 MUEBLES.-
En caso de subasta de bienes muebles se observarán las siguientes reglas:
a) Se intimará al ejecutado para que en el plazo de tres (3) días manifieste si los bienes están prendados o
embargados; en el primer caso, indicando nombre y domicilio del acreedor y monto del crédito, y en el
segundo, el Tribunal, secretaría y carátula del expediente.
b) Si se tratare de bienes registrables, se requerirá informe al registro correspondiente acerca de las
condiciones de dominio y gravámenes.
c) Se ordenará el secuestro de los bienes poniéndolos a disposición del martillero.
CAPÍTULO VII
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RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA SUBASTA
ART. 266 CONTENIDO.-
Cumplimentadas las diligencias previas se ordenará la venta en remate público fijándose al efecto:
a) Lugar, día y hora de la subasta.
b) Modalidad de subasta, a elección del ejecutante de acuerdo al bien de que se trate.
c) Publicidad a realizarse.
d) Base e incrementos mínimos entre las posturas.
e) Forma del pago del precio y comisión del martillero, la que se regirá por la ley especial.
ART. 267 NOTIFICACIÓN.-
I.- Se notificará a las partes, martillero y a los acreedores hipotecarios o prendarios si los hubiere, por
cédula u oficio según corresponda, con una anticipación no inferior a diez (10) días de la fecha de la
subasta.
II.- De existir acreedores de grado preferente al ejecutante, dentro del plazo de cinco (5) días, podrán
solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de sus créditos.
De la misma forma se pondrá en conocimiento de los Tribunales por cuya orden se anotaron o trabaron
embargos u otras medidas cautelares.
III.- En caso que se trate de bienes inmuebles, deberá notificarse a los ocupantes del mismo para que
previo a la subasta ejerzan los derechos que estimen corresponder.
IV.- En idéntico caso, deberá oficiarse al registro respectivo a los fines de tomar razón de la debida
publicidad noticia.
ART. 268 PROHIBICIÓN DE COMPRA EN COMISIÓN. SUBASTA PROGRESIVA
I.- En ningún caso se admitirá la compra en comisión.
II.- Si se hubiere dispuesto el remate de varios bienes y a pedido del ejecutado, el Tribunal podrá ordenar
que la subasta de los mismos se realice individualmente en distintas fechas.
Cuando el precio obtenido de los bienes subastados alcanzare a cubrir los créditos preferentes, el monto
de la liquidación aprobada y los gastos de la subasta, se suspenderá el remate de los bienes restantes,
salvo pedido en contrario del ejecutado.
ART. 269 LUGAR, DÍA Y HORA DE SUBASTA. SUPUESTOS ESPECIALES
Podrá disponerse que la subasta se lleve a cabo en donde se encuentren los bienes, y en día y hora
inhábil, si conviniere para obtener un mejor resultado. En tal caso se tramitará por el Tribunal competente
de igual grado, al cual deberá oficiarse encomendando la diligencia.
ART. 270 PUBLICACIÓN DE EDICTOS
I.- La subasta se anunciará por edictos que se publicarán de dos (2) a cinco (5) veces, según la
importancia de los bienes.
II.- Las publicaciones deberán hacerse dentro del período que fije el Tribunal, no mayor de veinte (20) días
precedentes a la fecha de la subasta, no pudiendo realizarse la última el día designado para llevar a cabo
el acto.
III.- El Tribunal podrá modificar, a pedido de parte y por resolución fundada, los plazos fijados en este
artículo.
ART. 271 CONTENIDO DE LOS EDICTOS
Los edictos contendrán:
a) Tribunal y secretaría donde tramita el juicio.
b) Carátula del expediente.
c) Nombre, matrícula y domicilio del martillero, y sus datos de contacto.
d) Lugar, día y hora en que se hará la subasta.
e) Ubicación y descripción sucinta de los bienes y, en su caso, su inscripción registral.
f) La base mínima de las posturas y el monto mínimo de sus incrementos.
g) Las condiciones de pago del precio de compra.
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h) El lugar y horario de exhibición de los bienes.
i) El estado de ocupación de los bienes.
j) En el caso de inmuebles, se hará saber a los oferentes que al momento de la inscripción del inmueble
adjudicado en la subasta es a su cargo tramitar y acompañar certificado catastral aprobado y debidamente
actualizado, bajo apercibimiento de no procederse a su inscripción.
ART. 272 PUBLICIDAD SUPLEMENTARIA
A pedido de las partes o del martillero, el Tribunal podrá autorizar publicidad suplementaria cuando la
importancia de los bienes lo justificare en procura de un mejor resultado, debiendo ser afrontada por quien
efectúa la solicitud.
ART. 273 EXIMICIÓN DE CONSIGNAR
El actor podrá, antes de la subasta, pedir se lo exima de consignar el precio de compra, hasta el monto de
la liquidación aprobada de su crédito, si resultare adjudicatario. Para resolver la petición, el Tribunal deberá
tener en cuenta la existencia de acreedores preferentes.
ART. 274 SUSPENSIÓN DE LA SUBASTA
El ejecutado podrá solicitar la suspensión de la subasta si en el mismo acto consigna un importe adecuado
para cubrir capital, intereses y costas, con más los gastos que se hubieren originado con posterioridad a la
sentencia y consten en autos, y la comisión del martillero que corresponda, cualquiera fuere la causa que
se alegue.
Si, practicada la liquidación definitiva, resultare un saldo impago, se lo emplazará para que lo consigne
bajo apercibimiento de disponer una nueva subasta.
Lo dispuesto precedentemente no regirá cuando la suspensión fuere consecuencia de la admisión de otras
peticiones.
Si el remate se suspendiere, fracasare, o se anulare sin culpa del Martillero, se le reintegrarán los gastos, y
el monto de su comisión será fijado por el Tribunal de acuerdo con la importancia del trabajo realizado.
CAPÍTULO VIII
SUBASTAS A VIVA VOZ
ART. 275 REGLAS APLICABLES
I.- Se podrán realizar a viva voz las subastas judiciales de bienes muebles e inmuebles.
II.- En tal caso, el acto del remate comenzará con la lectura del edicto.
El martillero deberá hacer las aclaraciones e informar los datos que le requieran los asistentes, dejándose
constancia en el acta si así se pidiere.
Se anunciarán las posturas que se admitan y el bien se adjudicará al autor de la última, cuando no haya
quien la mejore.
III.- El acta de la subasta deberá ser suscripta por los adjudicatarios, quienes deberán constituir domicilio
legal; las partes, si hubieren concurrido y desearen hacerlo; el martillero y el Secretario que el Tribunal
hubiere designado para autorizar el acto.
ART. 276 FORMA DE PAGO
Salvo disposición judicial en contrario, el precio de compra en subasta se pagará, en efectivo o cheque
certificado:
a) En el caso de bienes muebles no registrables, de contado con más la comisión del martillero a cargo del
comprador.
b) En el caso de bienes muebles registrables e inmuebles, el diez por ciento (10%) con más la comisión
del martillero a cargo del comprador en el acto de la subasta, y el saldo al aprobarse el remate.
CAPÍTULO IX
SUBASTAS EN SOBRE CERRADO.
MODALIDAD MIXTA CON PUJA ENTRE MEJORES OFERENTES
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ART. 277 REGLAS APLICABLES.
I.- Las subastas judiciales de bienes muebles registrables e inmuebles se podrán realizar a través de
posturas efectuadas en sobre cerrado, debiendo en tal caso cada oferente acompañar con su oferta un
depósito judicial de garantía equivalente a un diez por ciento (10%) de la base, o una suma razonable que
determinará el Tribunal si la subasta fuere sin base.
Los depósitos de quienes no resultaren ganadores serán reintegrados de manera inmediata.
Dichos fondos no podrán ser gravados por impuesto o tasa alguna.
II.- Salvo que el Tribunal considere necesario un plazo distinto, se recibirán
los sobres con las posturas durante cinco (5) días, debiendo el Tribunal indicar fecha y hora de inicio y
finalización de este trámite. En cada caso, se deberá labrar el acta pertinente.
III.- Al vencimiento del plazo, el Secretario procederá a la apertura de los sobres en presencia del Martillero
interviniente, y de los oferentes que así lo deseen. El bien se adjudicará al autor de la oferta más alta.
IV.- A petición de parte, el Tribunal podrá disponer una modalidad mixta. En tal caso, una vez efectuada la
apertura de sobres, se individualizará a aquellos oferentes que hayan efectuado las tres (3) posturas más
altas, quienes acto seguido podrán pujar entre sí con intervención del Martillero actuante y en presencia
del Secretario, hasta lograr la adjudicación.
CAPÍTULO X
SUBASTAS ELECTRÓNICAS
ART. 278 REGLAS APLICABLES.
Las subastas judiciales de bienes, de cualquier naturaleza, podrán realizarse a través de un portal digital
de subastas judiciales electrónicas habilitado al efecto por la Suprema Corte de Justicia, excepto que por
sus características, su valor probable de venta u otro motivo suficiente a criterio del Tribunal interviniente,
justifique su venta por otros medios.
Dicho portal digital cumplirá con todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y
accesibilidad permanente al mismo.
ART. 279 REGISTRO DE POSTORES
I.- Al efecto previsto en el Art. anterior, deberá crearse dentro del ámbito de la Oficina de Subastas un
Registro General de Postores, en el cual cualquier persona humana o jurídica podrá inscribirse para
participar en las subastas judiciales electrónicas que se dispongan. Dicha inscripción tendrá una vigencia
de dos (2) años, contados a partir de la admisión del postulante, plazo que transcurrido producirá
automáticamente la caducidad de la inscripción. Los interesados podrán reinscribirse, debiendo
cumplimentar nuevamente el procedimiento de admisión establecido.
II.- Las solicitudes de inscripción se formalizarán en los formularios previstos al efecto por la Oficina de
Subastas, los que revestirán carácter de declaración jurada. Cumplido ello, el sistema generará una
constancia de admisión en la que se consignarán los datos personales ingresados por el solicitante, la cual
será enviada a la dirección de correo electrónico que aquél denunciara.
III.- En los casos que el usuario resulte adjudicatario remiso en los términos previstos en este Código, será
inhabilitado por el plazo de seis (6) meses y en el supuesto de reincidencia, durante la vigencia del mismo
período de inscripción, la inhabilitación será por el lapso de dos (2) años.
IV.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas y compromisos asumidos por el usuario, facultará
al Encargado responsable de la Oficina de Subastas a revocar su inscripción y darlo de baja en el sistema,
por un plazo de hasta dos (2) años. Las sanciones establecidas en la presente norma y en la precedente,
podrán ser impugnadas por la vía administrativa que correspondiere.
ART. 280 PUBLICIDAD
I.- Las subastas judiciales electrónicas serán publicadas en un único portal digital, donde se ofrecerá
información de los bienes en subasta al público en general. Sólo los usuarios registrados que no se
encuentren inhabilitados en el caso concreto, podrán pujar válidamente a través de la modalidad
electrónica que aquí se regula.
II.- A los fines de la adecuada publicidad en el Portal, se informarán además de los datos pertinentes
establecidos en el decreto de subasta, una descripción más detallada del bien, sus fotografías y/o video
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–siempre que su carácter lo permita–; y demás datos exigidos para los edictos.
III.- Los Tribunales deberán fijar fecha de subasta con una antelación no menor a veinte (20) días de su
inicio –salvo que se trate de bienes perecederos–, a efectos de una adecuada publicidad del remate en el
Portal.
ART. 281 DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS SUBASTAS ELECTRÓNICAS
I.- Los usuarios registrados en el Portal, podrán acceder a todas las subastas judiciales electrónicas en las
que pretendan participar como postores.
II.- El acto de subasta tendrá una duración de diez (10) días hábiles judiciales durante los cuales los
usuarios registrados podrán efectuar sus posturas en el Portal de Subastas, sin interrupción entre la hora
de inicio y finalización; salvo que el Tribunal considere necesario un plazo distinto.
La puja podrá ser continua, alternativa y permanente entre usuarios registrados.
III.- Se adjudicará el bien a quien hubiere realizado la oferta más alta al momento de la finalización.
IV.- En caso de que el Tribunal dispusiere suspender o cancelar la subasta, deberá comunicar de
inmediato tal circunstancia a la Oficina respectiva, para conocimiento de los interesados.
ART. 282 DE LA CONCLUSIÓN DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA
I.- El cierre de la subasta se producirá en el día y hora señalados, de manera automática a través del
Portal de Subastas. Concluido el acto de subasta y determinado el adjudicatario, éste será notificado a la
dirección de correo electrónico que hubiere denunciado al momento de su inscripción, así como en su
Panel de Usuario del Portal. Asimismo, automáticamente se comunicará al Tribunal, al Martillero y a la
Oficina de Subastas, que el remate ha concluido, los datos personales y de contacto del adjudicatario para
cada uno de los bienes en subasta y del segundo mejor postor.
II.- El Tribunal agregará al expediente, a requerimiento del Martillero, la constancia –como acta provisoria
de subasta- del resultado del remate.
III.- El adjudicatario deberá efectivizar el pago dentro del plazo de tres (3) días a través de las modalidades
autorizadas en el Portal de Subastas. Una vez verificado el pago en su Panel de Control por el Tribunal, se
procederá a la confección del acta definitiva de remate, que será suscripta por el funcionario judicial y
Martillero interviniente, a quien se lo habilitará para la entrega de los bienes subastados a los respectivos
compradores. No verificado el pago por el adjudicatario en el plazo indicado, se deberá dar aviso al
segundo postor, para que en el caso que mantenga su interés en la compra, cumplimente lo establecido en
los párrafos precedentes. Caso contrario, la subasta se declarará desierta.
CAPÍTULO XI
TRÁMITES POSTERIORES A LA SUBASTA.
ART. 283 PERCEPCIÓN DE LA COMISIÓN DEL MARTILLERO
Inmediatamente de efectuada la subasta, el Martillero percibirá su comisión del adjudicatario, debiendo
extender a su favor el recibo correspondiente.
Si con posterioridad, por disposición judicial se ordenara la restitución de las sumas percibidas por el
Martillero en tal concepto, éste deberá depositarlas a la orden del Tribunal en el plazo de tres (3) días, bajo
apercibimiento de disponer su exclusión de la matrícula respectiva, sin perjuicio de otras sanciones y
penalidades que pudieren aplicársele.
ART. 284 RESULTADO Y CUENTA DE LA SUBASTA
Dentro del plazo de tres (3) días posteriores a la subasta, el martillero deberá rendir cuenta detallada al
Tribunal del resultado de la misma.
Dicha rendición deberá contener individualización del adjudicatario; gastos efectuados con sus respectivos
comprobantes; constancia de depósito de lo percibido en concepto de seña; y formal carta de pago por la
comisión recibida.
La omisión injustificada de esta obligación hará pasible al Martillero de una multa entre uno (1) y tres (3)
JUS, sin perjuicio de otras sanciones y penalidades que pudieren aplicársele.
ART. 285 TRÁMITE.
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I.- Del acto de subasta y rendición de cuentas se correrá vista a los litigantes por cinco (5) días.
II.- Si no hubiere observación alguna, se aprobará la venta y la cuenta de gastos.
III.- Si hubiere observación, el Tribunal la resolverá previa vista por cinco (5) días a la totalidad de los
litigantes y al martillero, siguiéndose el trámite señalado para los incidentes si hubiere cuestiones de hecho
controvertidas.
IV.- En el supuesto de remate de bienes inmuebles, hasta el dictado del auto de aprobación de subasta, el
demandado o el ocupante del inmueble subastado, podrán sobreseer los trámites de aquélla, depositando
el monto por el que resultó adjudicado el bien, con más la comisión del martillero y gastos.
ART. 286 ENTREGA DE BIENES MUEBLES NO REGISTRABLES
Verificado el remate de bienes muebles no registrables, el pago por parte del adquirente del impuesto
fiscal, comisión del martillero y precio total, se hará entrega provisoria de ellos al adjudicatario, quien se
constituirá en depositario judicial. Una vez aprobada la subasta, dicha entrega se reputará definitiva.
ART. 287 BIENES MUEBLES REGISTRABLES E INMUEBLES
Ejecutoriada la resolución que aprueba el remate de bienes muebles registrables o inmuebles, se ordenará
al adjudicatario el pago del impuesto fiscal y del saldo del precio en el plazo de cinco (5) días o, en su
caso, en las condiciones establecidas para la subasta, el que deberá depositarse judicialmente a la orden
del Tribunal, bajo apercibimiento de rescisión y de las sanciones previstas en este Código.
ART. 288 POSTOR REMISO. RESPONSABILIDAD
Cuando por culpa del postor a quien se hubiesen adjudicado los bienes, la venta no se formalizare, se
ordenará un nuevo remate.
Dicho postor será responsable de la disminución del precio que se obtuviere en la segunda subasta, de los
intereses acrecidos y de las costas causadas por ese motivo, sin perjuicio de otras sanciones que pudieren
aplicársele.
El cobro del importe que resultare tramitará, previa liquidación, por el procedimiento de ejecución de
sentencia, quedando embargadas a ese efecto las sumas que hubiere entregado.
ART. 289 PERFECCIONAMIENTO DE LA ADQUISICIÓN EN SUBASTA
La adquisición en subasta judicial sólo quedará perfeccionada cuando se haya aprobado la subasta,
cancelado el precio en su totalidad, y se hubiere hecho entrega de posesión del bien al adjudicatario.-
Cumplidos estos recaudos, cuando se trate de bienes registrables, el adquirente podrá solicitar el
libramiento de copias certificadas a su cargo de las actuaciones pertinentes como así también que se oficie
al registro correspondiente para inscribir el nuevo dominio.
ART. 290 DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE SUBASTADO.
En caso de que el inmueble subastado se encontrare ocupado, y procediere su entrega al adquirente libre
de ocupantes, el Tribunal –previa audiencia a los ocupantes, y de practicar una amplia encuesta ambiental
y dar intervención a los organismos estatales pertinentes– fijará un plazo razonable, en atención a las
particularidades del caso, para la desocupación del mismo, el que no podrá exceder de ciento ochenta
(180) días. Dicha resolución será apelable.
ART. 291 LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
Aprobada la subasta, el ejecutante practicará liquidación de capital, intereses y costas, procediéndose para
su aprobación en la forma prevista en este Código.
ART. 292 PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN
I.- Aprobada la liquidación, el ejecutante practicará proyecto de distribución de las sumas obtenidas en
subasta, teniendo presente para ello la concurrencia de privilegios y otros acreedores.
Las costas causadas para la defensa del ejecutado no podrán ser pagadas con el producido de la
ejecución antes de cubrirse totalmente los créditos preferentes y la liquidación definitiva del ejecutante.
II.- Del proyecto de distribución se correrá vista a los litigantes y terceros interesados por cinco (5) días. Si
no hubiere observación se aprobará.
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III.- Si hubiere observaciones, el Tribunal resolverá respecto de ellas previa vista por cinco (5) días a los
litigantes y terceros interesados. Dicha resolución será apelable.
ART. 293 ORDEN DE PAGO
I.- Aprobada la liquidación, se dispondrá el pago al acreedor y a los profesionales.
II.- Si el ejecutado lo pidiere, el ejecutante prestará fianza para percibir el capital y sus intereses, la cual
quedará cancelada automáticamente, si aquél no promueve el proceso de conocimiento en el plazo de
treinta (30) días de constituida la fianza. El ejecutante no estará obligado a dar fianza si la entrega se
practicara sesenta (60) días después de la ejecutoria de la sentencia sin que el deudor hubiera promovido
el juicio de conocimiento repetición.
III.- Los embargos ejecutorios ordenados en trámite de ejecución de sentencias y en procesos monitorios
con sentencia definitiva, acuerdan preferencia en el pago, en el orden de su anotación o traba, sin perjuicio
de las preferencias o privilegios establecidos por otras leyes.
IV- En caso de concurrencias de preferencias o privilegios, se formulará por secretaría un proyecto de
distribución, que será puesto de manifiesto por cinco (5) días y si no fuere observado, se aprobará. Si
hubiere observaciones, el juzgador las resolverá, mediante auto apelable, sin más trámite.
TÍTULO II
EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES
CAPÍTULO I
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y DE LAUDOS LOCALES
ART. 294 RESOLUCIONES EJECUTABLES
Consentida o ejecutoriada la sentencia de un Tribunal Judicial o Arbitral y vencido el plazo fijado para su
cumplimiento, se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se
establecen en este Capítulo.
ART. 295 APLICACIÓN A OTROS TÍTULOS EJECUTABLES
Las disposiciones de este Título serán, asimismo aplicables:
1) A la ejecución de transacciones o acuerdos homologados.
2) A la ejecución de multas procesales y sanciones conminatorias.
3) Al cobro de honorarios regulados judicialmente.-
ART. 296 SUMA LÍQUIDA. EMBARGO
I.- Si la sentencia contuviere condena al pago de cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación
aprobada, a instancia de parte y dentro del mismo expediente se dispondrá, mediante auto, llevar la
ejecución adelante y ordenará el embargo de bienes.
II.- La notificación de esta resolución podrá realizarse simultáneamente con el embargo, si debieren
cumplirse en el mismo domicilio.
III.- Se entenderá que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el
monto de la liquidación, aún cuando aquél no estuviese expresado numéricamente.
IV.- Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá
procederse a la ejecución de la primera, sin esperar a que se liquide la segunda.
ART. 297 LIQUIDACIÓN
I.- Si condenare el pago de cantidad ilíquida y la sentencia estableciera las bases para la liquidación, se
practicará ésta por secretaría y, previa vista a los litigantes por tres (3) días, el Juez la aprobará o
modificará, según corresponda, sin más trámite, procediéndose luego como lo dispone el artículo anterior.
II.- Si condenare al pago de cantidad ilíquida proveniente de frutos, se intimará al deudor, en el plazo que
el Tribunal señale, para que presente la liquidación con arreglo a las bases fijadas en la sentencia y bajo
apercibimiento de que será efectuada por el acreedor, sino la presentare.
Presentada la liquidación, se dará vista a la contraria por tres (3) días y si no es observada, se aprobará.
Quien observare la liquidación, en el mismo escrito ofrecerá sus pruebas. De las observaciones se dará
vista por tres (3) días a quien presentó la liquidación, debiendo éste ofrecer sus pruebas en el mismo
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plazo, procediéndose en lo sucesivo por el trámite previsto para los incidentes.
III.- Si condenare el pago de cantidad ilíquida procedente de perjuicios, el ejecutante presentará la
liquidación sobre las bases establecidas en la sentencia y se procederá como lo dispone el inciso
precedente.
IV.- El auto que resuelve la liquidación es apelable en forma abreviada con efecto suspensivo.
ART. 298 CONDENA A HACER
En caso de que la sentencia contuviese condena a hacer alguna cosa, si la parte no cumpliese con lo que
se le ordenó para su ejecución dentro del plazo señalado por el Juez, se hará a su costa o se le obligará a
resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, a elección del acreedor.
Podrán imponerse las sanciones conminatorias.
La determinación de los daños y perjuicios tramitará ante el mismo Juez, por vía de incidente, salvo que la
sentencia haya fijado su monto o las bases para determinarlo.
ART. 299 CONDENA A NO HACER
Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa, y el obligado la quebrantase, el acreedor tendrá opción
para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban y a costa del deudor, o que se le
indemnicen los daños y perjuicios, conforme a lo prescripto en el Art. anterior.
ART. 300 CONDENA A ENTREGAR COSAS
Cuando la condena fuera de entregar alguna cosa o cantidades de ellas, a pedido de parte se librará
mandamiento para desapoderar de ellas al vencido quien podrá deducir excepciones en los términos
establecidos en este Capítulo. Si no se dedujeren, los bienes desapoderados se entregarán en carácter de
cumplimiento de la sentencia. Si la condena no pudiera cumplirse, se le obligará a la entrega del
equivalente de su valor, previa determinación, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. La fijación de
su monto se hará ante el mismo Juez.
ART. 301 LIQUIDACIÓN EN CASOS ESPECIALES
Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y difícil determinación o
requirieren conocimientos especiales, se requerirá el dictamen de perito o experto que designe el Juez. Del
dictamen se correrá vista a las partes por tres (3) días y el Juez resolverá dentro de los cinco (5) días.
Aprobada la liquidación se procederá conforme lo previsto en los artículos anteriores.
ART. 302 EXCEPCIONES. PRUEBA.
I.- Dentro del tercer día de notificada personalmente o por cédula electrónica al domicilio constituido, la
resolución que manda llevar adelante la ejecución y traba de embargo ejecutorio, podrán deducirse las
siguientes excepciones:
1) Incompetencia.
2) Falsedad material de la ejecutoria.
3) Inhabilidad de título, por no estar ejecutoriado, no haber vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o
no resultar de ellos lo reclamado, o la falta de legitimación activa o pasiva.
4) Prescripción de la ejecutoria.
5) Pago documentado, total o parcial, quita, espera o remisión posterior a la ejecutoria.
6) Compensación de crédito líquido que resulte de sentencia o laudo o pericia arbitral.
7) Falta de personería en el ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes, por carecer de capacidad
civil para estar en juicio o de representación suficiente.
II.- PRUEBA. Las excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia, laudo o pericia
arbitral. Se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se
acompañarán al deducirlas, con exclusión de todo otro medio probatorio. Si no se acompañasen los
documentos, el Juez rechazará la excepción sin sustanciarla. La resolución será irrecurrible.
ART. 303 RESOLUCIÓN. RECURSOS
I.- Vencidos los tres (3) días sin que se dedujere oposición, se mandará continuar la ejecución sin recurso
alguno.
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Si se hubiese deducido oposición, el Juez, previo traslado al ejecutante por tres (3) días resolverá. Si
rechazare la excepción opuesta, mandará continuar la ejecución. Si la declarase, ordenará el
levantamiento del embargo.
A pedido de parte el Juez establecerá las modalidades de la ejecución o ampliará o adecuará las que
contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.
II.- La resolución que decida sobre las excepciones será apelable en forma abreviada con efecto
suspensivo.
CAPÍTULO II
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y LAUDOS EXTRANJEROS
ART. 304 EFICACIA DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS
Las sentencias de Tribunales extranjeros y los Laudos Arbitrales extranjeros tendrán la fuerza ejecutoria
que establezcan los tratados celebrados con el país del cual provengan.
Cuando no hubiese tratados, serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos:
1) Que la sentencia emane de Tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción
internacional. También podrá ejecutarse sentencias que provengan de Tribunal que guarde lazos de
relevante proximidad con el caso, y siempre que no se vulneren las normas de jurisdicción nacional.
2) Que haya pasado en autoridad de cosa juzgada en el estado en que haya sido dictada.
3) Que la obligación que haya dado lugar al proceso, sea válida según nuestras leyes.
4) Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente
citada y se haya garantizado debidamente su defensa en juicio;
5) Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino;
6) En materia de litispendencia internacional, la situación se regirá por las leyes de fondo.
ART. 305 REQUISITOS FORMALES
La sentencia extranjera cuya ejecución se pida, deberá venir íntegramente transcripta, en copia fehaciente,
debidamente legalizada. Deberá expresar, además, que existen los requisitos establecidos en el Art.
precedente. Para el caso en que dichos requisitos no resulten del texto de la sentencia misma, deberá
exigirse las actuaciones que acrediten que se ha cumplido con dichos extremos. En los casos en que el
pronunciamiento esté redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse traducción suscripta por
traductor matriculado.
ART. 306 COMPETENCIA Y TRÁMITE
La sentencia extranjera cuyo reconocimiento o ejecución se solicite, se presentará para su tramitación por
ante el Juez de Primera Instancia según la materia que trate. Se dictará un auto homologando la sentencia
o denegando su homologación. Este auto será apelable.
ART. 307 CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
Ejecutoriado el auto homologatorio, se procederá a la ejecución de la sentencia en la forma establecida
para la ejecución de sentencias pronunciadas por Tribunales argentinos.
ART. 308 LAUDOS EXTRANJEROS
Serán sometidos a reconocimiento y ejecución los laudos arbitrales dictados fuera del territorio argentino y
las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado y que tengan
su origen en controversias de carácter patrimonial e internacional entre personas humanas o jurídicas.
Dichos laudos podrán ser ejecutados por el procedimiento establecido en los artículos anteriores siempre
que:
1) Se cumplieren los recaudos de los Arts. 314 y 315 de este Código y, en su caso, la prórroga de
jurisdicción hubiese sido admisible en los términos de los Arts. 2605 a 2607 del Código Civil y Comercial
de la Nación.
2) Las cuestiones que hayan constituido el objeto del compromiso no se encuentren excluidas del arbitraje
y puedan ser objeto de transacción.
rechazare la excepción opuesta, mandará continuar la ejecución. Si la declarase, ordenará el
levantamiento del embargo.
A pedido de parte el Juez establecerá las modalidades de la ejecución o ampliará o adecuará las que
contenga la sentencia, dentro de los límites de ésta.
II.- La resolución que decida sobre las excepciones será apelable en forma abreviada con efecto
suspensivo.
CAPÍTULO II
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y LAUDOS EXTRANJEROS
ART. 304 EFICACIA DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS
Las sentencias de Tribunales extranjeros y los Laudos Arbitrales extranjeros tendrán la fuerza ejecutoria
que establezcan los tratados celebrados con el país del cual provengan.
Cuando no hubiese tratados, serán ejecutables si concurriesen los siguientes requisitos:
1) Que la sentencia emane de Tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción
internacional. También podrá ejecutarse sentencias que provengan de Tribunal que guarde lazos de
relevante proximidad con el caso, y siempre que no se vulneren las normas de jurisdicción nacional.
2) Que haya pasado en autoridad de cosa juzgada en el estado en que haya sido dictada.
3) Que la obligación que haya dado lugar al proceso, sea válida según nuestras leyes.
4) Que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiese sido personalmente
citada y se haya garantizado debidamente su defensa en juicio;
5) Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino;
6) En materia de litispendencia internacional, la situación se regirá por las leyes de fondo.
ART. 305 REQUISITOS FORMALES
La sentencia extranjera cuya ejecución se pida, deberá venir íntegramente transcripta, en copia fehaciente,
debidamente legalizada. Deberá expresar, además, que existen los requisitos establecidos en el Art.
precedente. Para el caso en que dichos requisitos no resulten del texto de la sentencia misma, deberá
exigirse las actuaciones que acrediten que se ha cumplido con dichos extremos. En los casos en que el
pronunciamiento esté redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse traducción suscripta por
traductor matriculado.
ART. 306 COMPETENCIA Y TRÁMITE
La sentencia extranjera cuyo reconocimiento o ejecución se solicite, se presentará para su tramitación por
ante el Juez de Primera Instancia según la materia que trate. Se dictará un auto homologando la sentencia
o denegando su homologación. Este auto será apelable.
ART. 307 CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
Ejecutoriado el auto homologatorio, se procederá a la ejecución de la sentencia en la forma establecida
para la ejecución de sentencias pronunciadas por Tribunales argentinos.
ART. 308 LAUDOS EXTRANJEROS
Serán sometidos a reconocimiento y ejecución los laudos arbitrales dictados fuera del territorio argentino y
las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado y que tengan
su origen en controversias de carácter patrimonial e internacional entre personas humanas o jurídicas.
Dichos laudos podrán ser ejecutados por el procedimiento establecido en los artículos anteriores siempre
que:
1) Se cumplieren los recaudos de los Arts. 314 y 315 de este Código y, en su caso, la prórroga de
jurisdicción hubiese sido admisible en los términos de los Arts. 2605 a 2607 del Código Civil y Comercial
de la Nación.
2) Las cuestiones que hayan constituido el objeto del compromiso no se encuentren excluidas del arbitraje
y puedan ser objeto de transacción.
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CAPÍTULO III
REGLAS ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DE HONORARIOS REGULADOS
JUDICIALMENTE.
ART. 309 EJECUCIÓN DE HONORARIOS.-
I.- La ejecución procede en contra del patrocinado, mandante o persona que propuso la medida que dio
lugar al trabajo, o bien del condenado en costas, si el honorario estuviere incluido en dicha condena y en la
proporción allí establecida, a opción del ejecutante. Si el honorario fuera solo parcialmente a cargo del
condenado en costas, podrá ejecutarse a ambos, en la proporción establecida en la sentencia o auto
regulatorio.
Si la ejecución se dirigiera contra el patrocinado, mandante o persona que propuso la medida, y este
justificare mediante declaración del ejecutante o recibos, que ha abonado los honorarios, podrá seguirse la
ejecución en la misma pieza por quien los abonó, contra el condenado en costas.
II.- En el caso de honorarios devengados en medidas decretadas de oficio, ambos litigantes son
responsables del cincuenta por ciento (50%), sin perjuicio del derecho de repetición concedido por este
Art. en contra del condenado en costas.
III.- Los titulares del honorario regulado judicialmente podrán optar porque se incluyan en la ejecución de la
sentencia, haciéndolo saber al Tribunal.
ART. 310 COMPETENCIA. NOTIFICACIÓN. EXCEPCIONES ADMISIBLES Y PRUEBA.
I.- Será Tribunal competente el de Primera Instancia del proceso donde se prestaron los servicios o el Juez
con competencia en ejecuciones, que corresponda al domicilio del ejecutante, si se tratare de proceso
tramitado ante la Suprema Corte de Justicia en instancia única.
II.- Si la ejecución se sigue en contra del condenado en costas, la resolución que manda seguir adelante la
ejecución se notificará por cédula electrónica en el domicilio electrónico denunciado y en el procesal
electrónico constituido en el proceso principal. A falta de dichos domicilios, la notificación se practicará en
el domicilio real.
III.- Cuando se ejecute al patrocinado, mandante o a quien propuso la medida, la notificación se practicará
en el domicilio real y en el electrónico denunciado.
IV.- Sólo son admisibles las siguientes excepciones:
1) falsedad de la sentencia o auto regulatorio.
2) falta de legitimación sustancial pasiva.
3) prescripción.
4) pago.
5) compensación de crédito en dinero que conste en título con fuerza ejecutiva.
6) quita, espera o renuncia.
V.- La prueba de las excepciones debe surgir del proceso donde se devengaron los honorarios y se
practicó la regulación, o de documento.
CAPÍTULO IV
REGLAS ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE MULTAS
Y SANCIONES CONMINATORIAS
ART. 311 COMPETENCIA
I.-Será Tribunal competente el de Primera Instancia del proceso donde se impusieron las multas o
sanciones conminatorias. Si se tratare de proceso tramitado ante la Suprema Corte de Justicia en instancia
única, será competente el Juez de ejecuciones, que corresponda al domicilio del ejecutante.
II.- Las multas procesales serán ejecutadas a pedido del Ministerio Público Fiscal y las sanciones
conminatorias por su beneficiario.
LIBRO CUARTO
DE LOS PROCESOS ATÍPICOS
TÍTULO I
PROCESOS ESPECIALES
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CAPÍTULO I
PROCESO POR DESLINDE
ART. 312 PROCEDENCIA DEL PROCESO POR DESLINDE
La acción de deslinde seguirá las reglas del proceso de conocimiento, con las siguientes modificaciones:
a) Sólo procede cuando exista incertidumbre acerca del lugar exacto por donde debe pasar la línea
divisoria entre inmuebles contiguos.
b) Deberá citarse a todos aquellos que posean los inmuebles colindantes en virtud de derechos reales y a
la autoridad catastral competente.
c) Será esencial la prueba de Perito Agrimensor quien deberá realizar las operaciones con citación de las
partes, y en presencia de Oficial de Justicia, que labrará acta de todo cuanto acontezca. Deberá presentar
su informe a los diez (10) días de realizadas las operaciones. Se admitirá video grabación de la diligencia.
d) La sentencia establecerá una línea separativa. Si no es posible determinarla por los vestigios de límites
antiguos, por los títulos ni por la posesión, el Juez debe distribuir la zona confusa entre los colindantes,
fundadamente, según, lo considere adecuado.
CAPÍTULO II
JUICIO DE ARBITROS
ART. 313 PROCEDENCIA DEL ARBITRAJE
Cuando la ley así lo disponga o lo convengan los interesados, podrá deferirse la resolución de una o más
cuestiones determinadas, al juicio de árbitros de derecho, amigables componedores o peritos árbitros.
El arbitraje voluntario no procede sobre derechos indisponibles o cuando está interesado el orden público.
ART. 314 COMPROMISO ARBITRAL
El compromiso arbitral debe contener:
1) Lugar y fecha de su otorgamiento.
2) Nombre de los otorgantes, su edad, su domicilio real y electrónico y el domicilio especial que
constituyen a los efectos del arbitraje.
3) La cuestión o cuestiones determinadas que se someten al juicio de árbitros.
4) Nombre y domicilio de los árbitros y si procederán como árbitros de derecho, amigables componedores
o peritos árbitros. El Tribunal Arbitral deberá estar constituido por uno (1) o tres (3) árbitros, nombrados de
común acuerdo por los interesados, quienes designarán también un Secretario de actuación. A falta de
acuerdo hará las designaciones el Juez.
5) La sede en que actuará el Tribunal y el plazo para laudar. Si se omitieren algunos de estos requisitos y
siempre que estuvieren determinadas o pudieren determinarse la cuestión o cuestiones litigiosas, el Juez
completará el compromiso en la forma dispuesta en el Art. siguiente, pudiendo previamente disponerse
subsanen los defectos.
6) La determinación de una multa, que deberá pagar, a favor de la contraria, el compromitente que no
cumpla con los actos indispensables para hacer efectivo el compromiso.
ART. 315 INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA
En el caso previsto en el último apartado del Art. precedente, cuando cualquiera de los compromitentes se
resistiere al cumplimiento de lo pactado o a otorgar el compromiso, podrá demandarse por constitución de
Tribunal Arbitral.
ART. 316 CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
I.- Otorgado el compromiso y resueltas en su caso por el Juez las cuestiones suscitadas, se constituirá el
Tribunal, debiendo prestar juramento los Árbitros y el Secretario, ante el Juez de Primera Instancia
competente para entender en la controversia.
II.- En caso de no aceptación o renuncia de los nombrados, se procederá a reemplazarlos en la forma
dispuesta para su nombramiento.
III.- Los Árbitros designados judicialmente son recusables, en la forma y por
las causas establecidas para los Jueces; los designados por los compromitentes, sólo pueden serlo por
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causas posteriores a su designación.
IV.- Los Árbitros y el Secretario, una vez cumplida su misión, tienen derecho a cobrar honorarios, que, a
falta de convención, serán regulados por el Juez.
V.- Son responsables por omisión o retardo en el cumplimiento de los deberes a su cargo.
ART. 317 ÁRBITROS DE DERECHO
I.- Si se tratare de Tribunal que debe laudar con arreglo a derecho, los árbitros deberán ser abogados y el
Secretario abogado, escribano o procurador.
II.- La sustanciación será la convenida por los compromitentes y a falta de convenio al respecto, la del
proceso de conocimiento. En todo caso asegurará, la audiencia de los litigantes y la recepción de la
prueba pertinente que los mismos ofrezcan.
III.- El laudo se ajustará a lo dispuesto para las Sentencias por este Código.
IV.- Contra el Laudo solamente procede el Recurso de Apelación, debiendo ser interpuesto en la forma y
plazo establecidos para las sentencias dictadas en proceso conocimiento.
V.- Si en el compromiso se hubiera hecho renuncia expresa del recurso de apelación, el Tribunal solo
podrá examinar si los Árbitros han laudado sobre cuestiones no comprometidas, fuera del plazo para
laudar o con violación de las garantías que asegura el segundo apartado de este Art.; en estos dos últimos
casos, siempre que el apelante no hubiera consentido expresa o tácitamente la demora, o el vicio o
defecto. Si se hubiera convenido una multa por alzarse, deberá abonarse ésta con carácter previo a la
interposición del recurso.
ART. 318 AMIGABLES COMPONEDORES
I.- Los amigables componedores deben ser personas mayores de edad, en pleno ejercicio de su capacidad
jurídica. El Secretario del Tribunal deberá ser abogado, escribano o procurador.
II.- Procederán sin sujeción a formas legales, limitándose a recibir los antecedentes que los litigantes
presentaren y a pedirles las explicaciones necesarias.
III.- Resolverán el laudo según su saber y entender, en el plazo convenido por los litigantes y a falta de él,
en el fijado para dictar sentencia para el proceso de conocimiento.
IV.- En contra del Laudo sólo procede el recurso de apelación en forma abreviada, por haberse
pronunciado sobre cuestiones no comprometidas o haber omitido pronunciamiento sobre cuestiones
comprometidas.
Deberá interponerse en el plazo de tres (3) días a contar desde la notificación.
V.- El Tribunal competente circunscribirá el Laudo a los puntos comprometidos u ordenará a los amigables
componedores que se pronuncien sobre los puntos comprometidos o anulará el Laudo, según el caso.
ART. 319 SOLUCIÓN DE CONFLICTO ENTRE MIEMBROS DE PUEBLOS ORIGINARIOS.
La resolución de conflictos entre miembros de comunidades indígenas podrá sujetarse a sus normas
internas, siempre que se respete el debido proceso legal y el orden público.
ART. 320 PERITOS. ÁRBITROS
I.- Procede la Pericia Arbitral cuando las leyes establecen el juicio de árbitro, arbitradores, peritos o peritos
árbitros para resolver cuestiones de hecho determinadas.
II.- Los Peritos Árbitros podrán actuar sin necesidad de Secretario y requieren las mismas condiciones
exigidas a los Amigables Componedores y especialidad en la materia. Procederán en la misma forma.
III.- Sólo procede el recurso de apelación en la forma y en los casos establecidos en el apartado IV del Art.
317.
TÍTULO II
DE LOS PROCESOS UNIVERSALES
CAPÍTULO I
DE LOS PROCESOS SUCESORIOS
SECCIÓN PRIMERA
TRÁMITES PREVIOS
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ART. 321 MEDIDAS PREVENTIVAS, CONSERVATORIAS y URGENTES:
Antes de iniciados los trámites del proceso sucesorio y durante el mismo, a pedido de parte interesada o
de oficio, cuando no hubiere herederos conocidos o cuando todos ellos estuvieren ausentes o fueran
personas menores de edad, con capacidad restringida o incapaces, los jueces, aunque sean
incompetentes, procederán a dictar las medidas preventivas y conservatorias indispensables para la
seguridad de los bienes, libros y papeles de la sucesión, entre ellas:
I.- Tomar las medidas de seguridad sobre las personas de los herederos menores de edad, con capacidad
restringida o incapaces, que sean necesarias y suficientes.
II.- Autorizar la constatación judicial de bienes muebles e inmuebles que componen el acervo hereditario.
III.- Autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias
IV.- Autorizar la percepción de fondos indivisos o el otorgamiento de actos para los cuales sea necesario el
consentimiento de los demás sucesores, si la negativa de éstos pone en peligro el interés común.
V.- Sellar todos los lugares o muebles donde hubiere papeles o bienes, nombrando depositario al cónyuge
que viviera en compañía del causante, al conviviente o a los parientes más próximos. Si hubiera alhajas
y/o joyas y/o documentación importante ordenará su depósito, pudiendo los posibles herederos, por
mayoría de capital, decidir que queden bajo la custodia de alguno o algunos de ellos.
VI.- Designar administrador provisorio.
VII.- Prohibir el desplazamiento de cosas muebles y atribuir a uno o a algunos de los coherederos el uso
personal de éstas.
VIII.- Toda otra medida que juzgue oportuno, levantando acta de todo lo obrado.
IX.- Remitir las actuaciones al Juez competente.
ART. 322 FORMALIDADES
Cuando las medidas urgentes fueran solicitadas por parte interesada, se deberá cumplir con los requisitos
determinados para las medidas precautorias, con excepción de la contracautela.
ART. 323 OTRAS MEDIDAS URGENTES:
Iniciado el proceso sucesorio, a pedido de parte interesada, el Juez podrá adoptar las medidas urgentes
contempladas en la legislación de fondo.
ART. 324 TRÁMITES PREVIOS EN LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA.
Quien promueva el proceso sucesorio deberá acreditar la muerte o ausencia del causante, su legitimación
y, en caso de poseer testamento ológrafo, presentarlo o denunciar quién lo tiene o en qué lugar se
encuentra.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Juez procederá a solicitar informe al Registro de
Actos de Última Voluntad a fin de constatar la existencia de testamento ológrafo, por acto público o
consular realizado por el causante. En caso afirmativo, deberá remitirlo al juzgado o indicar, en su defecto,
el nombre y domicilio del escribano que lo ostenta, a fin de requerir la remisión.
Presentado testamento ológrafo por interesado o remitido por el Registro de Actos de Última Voluntad o a
través del escribano que lo tiene en custodia, el Juez fijará una audiencia con un intervalo no menor a diez
(10) días. En dicha audiencia, se dará cumplimento a los trámites previstos por el Código Civil y Comercial
de la Nación. En caso de que todos los interesados reconozcan la autenticidad de la escritura y la firma del
testador y no mediare oposición de terceros, podrán abstenerse de realizar pericial caligráfica para su
comprobación.
En estos trámites, debe intervenir necesariamente, el Ministerio Público Fiscal.
Remitido el testamento por acto público, el Juez dictará el auto de apertura, conforme las pautas del Art.
326 de este Código.
SECCIÓN SEGUNDA
SUCESIONES INTESTADAS Y TESTAMENTARIAS
ART. 325 INICIO DEL PROCESO SUCESORIO
I.- Además de los recaudos exigidos en el Art. 323 primer párrafo de este Código, quien promueva el
proceso sucesorio, deberá necesariamente denunciar el nombre y domicilio de los herederos conocidos,
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bajo apercibimiento de cargar con las costas de toda actuación que generare el reconocimiento judicial
posterior con más los daños y perjuicios.
El Juez, dictará un auto, haciendo lugar o desestimando la apertura del proceso sucesorio. En este último
caso, el auto será apelable.
II.- Los terceros interesados pueden exigir a los herederos la apertura del proceso sucesorio. A tal efecto,
deberán solicitar emplazamiento por treinta (30) días ante el Juez competente para que inicien el proceso
sucesorio, bajo apercibimiento de declarar la apertura a instancia del tercero peticionante.
Dicho emplazamiento deberá efectuarse en forma personal con respecto de los herederos conocidos y
además publicarse edictos, a efectos de notificar a los herederos desconocidos o de ignorado domicilio,
por tres (3) veces en un mes en la forma prevista por este Código.
A los efectos de este inciso, no se consideran terceros interesados a los acreedores de los herederos,
quienes deberán ejercer la acción subrogatoria.
III.- La Dirección General de Escuelas, como organismo designado para los trámites de sucesiones
vacantes, no podrá peticionar la apertura del proceso sucesorio, sino hasta transcurridos seis (6) meses de
la muerte del causante.
ART. 326 AUTO DE APERTURA.
En el auto de apertura de la sucesión, se dispondrá:
I- La fijación de una audiencia, con un intervalo no mayor de treinta (30) días, debiendo el promotor hacer
la publicación edictal con una antelación no inferior a diez (10) días de la fecha fijada.
II- La citación y emplazamiento para concurrir a ella a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante, quienes deberán ser notificados por cédula, oficio o exhorto, según
corresponda, en los domicilios denunciados o constituidos. Se les hará saber que deberán acreditar los
derechos que invoquen.
III- La notificación edictal a todos los interesados desconocidos o de ignorado domicilio por una (1) vez en
la forma prevista en el Art. 72 de este Código, a los fines de la concurrencia a la audiencia fijada.
IV- La citación al Ministerio Público Fiscal, al Organismo Recaudador de la Provincia y al Ministerio Público
de la Defensa y Pupilar en caso de haberse denunciado herederos personas menores de edad, incapaces
o con capacidad restringida.
V- Hacer saber a los acreedores del causante que podrán comparecer al proceso el día de la audiencia,
acompañando los títulos que justifiquen su derecho.
ART. 327 AUDIENCIA.
I- El día y la hora señalados, se realizará la audiencia con las personas que concurran.
II- El promotor del proceso deberá acreditar la notificación por edicto, conforme el punto III del artículo
anterior.
III- Los presuntos herederos que no hubieren presentado antes los documentos que acrediten su derecho,
deberán hacerlo en esa oportunidad y los acreedores exhibirán los títulos de sus créditos, si no lo hubieren
hecho antes.
IV- Si concurren todos los herederos denunciados, fueran capaces y acreditaren su vínculo conforme a
derecho, podrán reconocer en forma expresa y unánime a los acreedores del causante que soliciten la
declaración de legítimo abono de sus créditos. Asimismo, podrán reconocer coherederos, sin que ello
importe reconocimiento del vínculo de familia.
V- Los presuntos herederos comparecientes podrán proponer administrador definitivo y perito.
ART. 328 DECLARATORIA DE HEREDEROS. -
I- Acreditado el vínculo de todos o reconocidos por quienes lo acreditaren, previo dictamen del Ministerio
Público Fiscal, se dictará sentencia de declaratoria de herederos o de aprobación de testamento si
correspondiera.
II- En la declaratoria de herederos se designará administrador definitivo y peritos, conforme lo dispuesto
por el Art. 332, en su caso, para que realicen las operaciones de inventario, avalúo y partición, fijándoseles
el plazo para la realización de las dos (2) primeras, según lo dispone el Art. 350 de este Código. Además,
se fijará el procedimiento para el pago de los acreedores que se hubieren presentado, de acuerdo a las
reglas fijadas en el Código Civil y Comercial de la Nación.
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ART. 329 HEREDEROS AUSENTES O QUE NO JUSTIFIQUEN EL VÍNCULO.
I.- Se dictará declaratoria de herederos a favor de quienes se haya acreditado el vínculo, sin perjuicio del
emplazamiento que pudiera dirigirse, a petición de interesado, a los herederos no comparecientes a los
términos del Art. 2289 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.- El heredero omitido o denunciado que no haya justificado el vínculo, podrá pedir con posterioridad la
ampliación de la declaratoria de herederos, acreditando su condición.
III.- Para el caso en que ningún heredero acreditare el vínculo o se presentase, el Juez declarará la
sucesión vacante y designará curador de los bienes al representante de la Dirección General de Escuelas.
La declaración de vacancia se inscribirá en el registro que corresponda, por oficio judicial.
III.- La sentencia de declaratoria de herederos y de declaración de vacancia es apelable mediante
procedimiento escrito.
ART. 330 INVESTIDURA DE LA CALIDAD DE HEREDERO.-
Los ascendientes, descendientes y cónyuge sobreviviente quedan investidos de la calidad de herederos
desde el día de la muerte del causante. No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes
registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria de herederos.
En los demás casos, la investidura de heredero será otorgada por sentencia de declaratoria de herederos
o de aprobación del testamento.
ART. 331 DESIGNACIÓN DE PERITO.
Cuando correspondiere, conforme a los artículos precedentes, el Juez procederá a la designación de
administrador y de perito, en la siguiente forma:
1) Se nombrará un perito avaluador, Licenciado en Ciencias Económicas o Contador Público Nacional, que
hará también el inventario, si fuera de necesidad. El nombramiento se efectuará por sorteo de una lista que
formará anualmente la Suprema Corte de Justicia de Contadores inscriptos para el cargo. Podrá
designarse perito a propuesta de los herederos declarados y que se encuentren presentes en la audiencia,
si todos ellos fueran mayores, capaces y lo acuerden por unanimidad en el profesional a designar.
2) Podrá también designarse un perito partidor en la forma señalada en el inciso precedente, quien
practicará la cuenta particionaria de conformidad a lo estipulado en el Código Civil y Comercial de la
Nación. Los herederos declarados, por mayoría, podrán resolver que el perito avaluador haga también la
partición. Si correspondiere la partición judicial y no se hubiese designado perito partidor, el perito
avaluador hará también la partición.
ART. 332 CUESTIONES SOBRE DERECHOS HEREDITARIOS. -
Las acciones judiciales que se susciten respecto de los derechos a la sucesión, se sustanciarán en pieza
separada y en procedimiento de conocimiento.-
El trámite del proceso sucesorio no se paralizará, salvo en cuanto sea indispensable por hallarse
condicionado a la resolución de las cuestiones a las cuales se refiere el primer apartado. La suspensión
deberá resolverse por auto fundado y será apelable.
ART. 333 LÍMITES A LA INTERVENCION DE INTERESADOS Y FUNCIONARIOS.-
La actuación de las personas y funcionarios que puedan promover el proceso sucesorio o intervenir en él,
tendrá las siguientes limitaciones:
1) El Ministerio Público Fiscal cesará de intervenir una vez aprobado el testamento, dictada la declaratoria
de herederos o reputada vacante la herencia, sin perjuicio de la intervención que pueda corresponderle en
los procesos que se promuevan conforme al Art. 331.
2) El Ministerio Público Pupilar sólo intervendrá cuando existan personas menores, con capacidad
restringida o incapaces y terminará cuando cese la minoría de edad, la restricción de la capacidad o la
incapacidad de éstos o se inscriban los bienes.
3) Los tutores dejarán de intervenir cuando sus pupilos alcancen la mayoría de edad; los tutores especiales
cuando cese el conflicto de intereses que dio lugar a su designación; los apoyos y curadores cuando cese
la restricción de capacidad o la incapacidad del heredero.
4) Los defensores de ausentes, en los casos previstos en el Art. 334 de este Código, hasta tanto
comparezcan los herederos del fallecido o se forme hijuela a su nombre.
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5) Los funcionarios encargados de la percepción de la tasa judicial intervendrán hasta que exista
declaratoria de herederos ejecutoriada y desde ese momento al solo efecto de vigilar la liquidación y
percepción del tributo.
6) Los legatarios y cesionarios, intervendrán al solo efecto de percibir su legado o hasta que se le
adjudiquen los bienes al cesionario.
7) Los acreedores del causante o de los herederos, sin perjuicio de que puedan ejercer la acción
subrogatoria, cesarán de intervenir cuando se les pague o garantice la percepción de sus créditos.
8) La autoridad encargada de recibir la herencia vacante deberá ser notificada de los procesos en los que
pudiera llegar a tener intervención. Las actuaciones sólo se les remitirán cuando se declare vacante la
herencia. Su intervención cesará una vez aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos.
ART. 334 FALLECIMIENTO DE HEREDEROS.
I - El fallecimiento de herederos no suspenderá el trámite del proceso sucesorio.
II.- Si existieren herederos del fallecido, deberán comparecer bajo una sola representación, en el plazo que
se les señale, acompañando la respectiva declaratoria. Mientras no exista declaratoria en la sucesión del
heredero o presunto heredero, podrá comparecer el administrador de ésta.
III.- Si no comparecieren, se separarán los bienes correspondientes al heredero fallecido y en la partición
se formará hijuela a su nombre, actuando en defensa de sus intereses, el defensor de ausentes.
IV.- Cuando varios procesos sucesorios tramiten ante un mismo juzgado y se relacionen entre sí, por
razones prácticas podrá el Juez disponer su sustanciación en forma coordinada y/o por cuerda separada.
SECCIÓN TERCERA
SUCESIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO PRESUNTO
ART. 335 INICIACIÓN DEL TRÁMITE
Inscripta la sentencia de fallecimiento presunto, con la partida de defunción expedida por el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, quienes tengan algún derecho reconocido por las leyes a los
bienes dejados por el ausente, podrán promover el proceso sucesorio. Además de los requisitos exigidos
en esta sección, el Juez deberá observar lo dispuesto por la ley de fondo respecto de la entrega de los
bienes y la prenotación.
SECCIÓN CUARTA
HERENCIA VACANTE
ART. 336 HERENCIA VACANTE
Vencido el plazo establecido para aceptar o repudiar la herencia, si no se hubieran presentado herederos,
los presentados no hubieran acreditado su calidad de tales o si el causante no ha distribuido la totalidad de
los bienes mediante legados, la sucesión se declarará vacante y se designará curador al representante de
la Dirección General de Escuelas, quien desde ese momento será parte, atento a lo dispuesto por el Art.
338 de este Código.
ART. 337 INVENTARIO Y AVALÚO
El inventario y el avalúo se practicarán por peritos designados a propuesta de la Dirección General de
Escuelas y se realizará en la forma prevista en el Capítulo de Inventario y Avalúo.
ART. 338 DECLARACIÓN DE VACANCIA.
Las funciones del curador, la liquidación de los bienes, la declaración de vacancia y sus efectos se regirán
por las normas del Código Civil y Comercial de la Nación.
ART. 339 RECLAMACIÓN SOBRE BIENES HEREDITARIOS.
Una vez que el curador asuma sus funciones, los que pretendan la herencia o bienes determinados en
ella, deberán iniciar la acción de petición de herencia. Si obtienen sentencia favorable, deberán recibir los
bienes o su producido, conforme a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación.
declaratoria de herederos ejecutoriada y desde ese momento al solo efecto de vigilar la liquidación y
percepción del tributo.
6) Los legatarios y cesionarios, intervendrán al solo efecto de percibir su legado o hasta que se le
adjudiquen los bienes al cesionario.
7) Los acreedores del causante o de los herederos, sin perjuicio de que puedan ejercer la acción
subrogatoria, cesarán de intervenir cuando se les pague o garantice la percepción de sus créditos.
8) La autoridad encargada de recibir la herencia vacante deberá ser notificada de los procesos en los que
pudiera llegar a tener intervención. Las actuaciones sólo se les remitirán cuando se declare vacante la
herencia. Su intervención cesará una vez aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos.
ART. 334 FALLECIMIENTO DE HEREDEROS.
I - El fallecimiento de herederos no suspenderá el trámite del proceso sucesorio.
II.- Si existieren herederos del fallecido, deberán comparecer bajo una sola representación, en el plazo que
se les señale, acompañando la respectiva declaratoria. Mientras no exista declaratoria en la sucesión del
heredero o presunto heredero, podrá comparecer el administrador de ésta.
III.- Si no comparecieren, se separarán los bienes correspondientes al heredero fallecido y en la partición
se formará hijuela a su nombre, actuando en defensa de sus intereses, el defensor de ausentes.
IV.- Cuando varios procesos sucesorios tramiten ante un mismo juzgado y se relacionen entre sí, por
razones prácticas podrá el Juez disponer su sustanciación en forma coordinada y/o por cuerda separada.
SECCIÓN TERCERA
SUCESIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO PRESUNTO
ART. 335 INICIACIÓN DEL TRÁMITE
Inscripta la sentencia de fallecimiento presunto, con la partida de defunción expedida por el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, quienes tengan algún derecho reconocido por las leyes a los
bienes dejados por el ausente, podrán promover el proceso sucesorio. Además de los requisitos exigidos
en esta sección, el Juez deberá observar lo dispuesto por la ley de fondo respecto de la entrega de los
bienes y la prenotación.
SECCIÓN CUARTA
HERENCIA VACANTE
ART. 336 HERENCIA VACANTE
Vencido el plazo establecido para aceptar o repudiar la herencia, si no se hubieran presentado herederos,
los presentados no hubieran acreditado su calidad de tales o si el causante no ha distribuido la totalidad de
los bienes mediante legados, la sucesión se declarará vacante y se designará curador al representante de
la Dirección General de Escuelas, quien desde ese momento será parte, atento a lo dispuesto por el Art.
338 de este Código.
ART. 337 INVENTARIO Y AVALÚO
El inventario y el avalúo se practicarán por peritos designados a propuesta de la Dirección General de
Escuelas y se realizará en la forma prevista en el Capítulo de Inventario y Avalúo.
ART. 338 DECLARACIÓN DE VACANCIA.
Las funciones del curador, la liquidación de los bienes, la declaración de vacancia y sus efectos se regirán
por las normas del Código Civil y Comercial de la Nación.
ART. 339 RECLAMACIÓN SOBRE BIENES HEREDITARIOS.
Una vez que el curador asuma sus funciones, los que pretendan la herencia o bienes determinados en
ella, deberán iniciar la acción de petición de herencia. Si obtienen sentencia favorable, deberán recibir los
bienes o su producido, conforme a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial de la Nación.
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SECCIÓN QUINTA
ADMINISTRACIÓN DE LA SUCESIÓN
ART. 340 DESIGNACIÓN, RENUNCIA Y REMOCIÓN DEL ADMINISTRADOR:
I.- La designación del administrador provisorio o definitivo se regirá por las disposiciones del Código Civil y
Comercial de la Nación. También podrá hacerla el testador, sin perjuicio de la designación del albacea
testamentario.
II.- El administrador provisorio, cesará en sus funciones al ser designado el definitivo; y el administrador
definitivo cesará una vez que se apruebe la cuenta definitiva.
III.- En cualquier momento los herederos declarados, por mayoría de capitales, podrán sustituir al
administrador. La remoción procede a solicitud de interesado por mal desempeño del cargo y por la vía
incidental.
IV.- En caso de renuncia, fallecimiento o remoción del administrador, se designará a quien haya de
reemplazarle, en la forma dispuesta en el Código Civil y Comercial de la Nación. En caso de remoción, no
podrá votar el administrador que haya sido removido.
ART. 341 FIANZA Y POSESIÓN. -
El Administrador no está obligado a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, excepto en los casos
previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Deberá aceptar el cargo. Para el caso de ser
necesario, el Oficial de Justicia lo pondrá en posesión de los bienes sucesorios.
ART. 342 PIEZA SEPARADA.
Si se justificare, de lo relativo a la administración, provisoria o definitiva, podrá formarse pieza separada.
ART. 343 DEPÓSITO DE DINERO:
El dinero dejado por el causante y el que el Administrador reciba en su función de tal, serán depositados a
la orden del Tribunal, salvo que tuviese que pagar deudas o legados.
ART. 344 RENDICIÓN DE CUENTAS.
I.- Los Administradores Provisorio y Definitivo deberán rendir cuentas. El Provisorio al finalizar su función y
el Definitivo en la forma y plazo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación.
II.- La rendición de cuentas se pondrá en la oficina a disposición de los interesados por el plazo de cinco
(5) días. Si tuviera que hacer una rendición final, el plazo será de diez (10) días. Vencido el plazo sin que
fuera observada, se aprobará sin más trámite. Si lo fuere, se procederá como está dispuesto para los
incidentes.
III.- Si el administrador no rindiera cuentas en el plazo establecido, el Tribunal podrá proceder a su
remoción con pérdida del derecho a percibir honorarios.
ART. 345 PAGO A ACREEDORES.
I.- El Administrador definitivo es el responsable del pago a los acreedores conforme las disposiciones del
Código Civil y Comercial de la Nación. A tal fin deberá notificar a los acreedores conocidos y a los que se
hayan presentado a la audiencia prevista en el Art. 327 de este Código, para que en un plazo de diez (10)
días formulen su pretensión de cobro, presentando las probanzas que acrediten su derecho.
II.- El Administrador deberá presentar un informe al Tribunal en un plazo de diez (10) días, en el que
plasme su opinión acerca de las acreencias presentadas. De esta presentación se dará vista a los demás
coherederos por un plazo de cinco (5) días para que reconozcan o no el crédito.-
III.- Si los herederos en forma expresa y por unanimidad reconocen el crédito, el Juez emitirá a favor del
acreedor declaración de legítimo abono.
IV.- Los acreedores de aquellos créditos no reconocidos, deberán iniciar o continuar la acción pertinente.
ART. 346 REPRESENTACIÓN EN PROCESOS.
Previa autorización del juez, o de la mayoría de los coherederos si todos ellos fuesen plenamente capaces,
el Administrador podrá presentarse en los procesos en los cuales el causante fuera demandado, o
promover o continuar acciones a nombre de la sucesión. Deberá elevar un informe en forma semestral
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sobre la marcha del proceso y rendir cuentas a la finalización del mismo.
ART. 347 GESTIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES.
I.- El Administrador deberá gestionar los bienes de la herencia. El Juez puede autorizar al uso de los
vehículos de titularidad del causante, siempre que los mismos cuenten con los seguros necesarios para
ello.
II.- El Administrador deberá promover la realización de los bienes, con autorización de todos los herederos,
o en su defecto con autorización del Juez, en la medida necesaria para el pago de las deudas y legados.
En principio se procurará la venta privada de los bienes para el pago de las deudas o en su defecto se
ofrecerá a los demás coherederos para que alguno de ellos lo abone conforme las prescripciones de la ley
de fondo.
Ante la imposibilidad de la venta privada o el pago de la deuda por parte de algún coheredero, se llevará a
cabo subasta pública.
ART. 348 CUESTIONES SOBRE ADMINISTRACIÓN.
Cualquier otra divergencia o dificultad que se produjere con respecto a la administración, se resolverá en
audiencia a fijar en un plazo no mayor a quince (15) días, por el Juez, mediante auto después de haber
oído a los interesados.
ART. 349 REMUNERACIÓN.
Para el caso de ser necesaria la determinación judicial de la remuneración del administrador, ello se hará
teniendo en cuenta la labor desarrollada y la duración de la gestión, el patrimonio administrado y las rentas
producidas, no pudiendo superar el cuatro por ciento (4%) del activo. El auto regulatorio será apelable.
ART. 350 INVENTARIO Y AVALUO.
I.- Designado el perito avaluador, éste procederá en el plazo que el Tribunal fije, a valuar los bienes que
sean denunciados por el Administrador, o por la mayoría de los herederos declarados, a falta de aquél,
sirviendo esta denuncia como inventario.
II.- Cuando por la naturaleza y cantidad de los bienes, falta de denuncia, inexistencia de detalle de bienes
en la rendición de cuentas, o de falta de conformidad de los herederos sobre los mismos, fuera necesario
proceder a inventariarlos, lo hará el mismo perito autorizado por el Juez, citando previamente a los
herederos de modo fehaciente.
III.- No se requerirá intervención de perito contador cuando los herederos mayores, capaces y por
unanimidad estén expresamente de acuerdo en el modo en que se adjudicarán todos los bienes, derechos
y deudas que integran el acervo hereditario. En tal caso, el denuncio de bienes suscripto de común
acuerdo por todos los herederos suplirá a las operaciones de inventario y avalúo; y la propuesta de
adjudicación de los mismos suscripta por todos los herederos suplirá a la cuenta particionaria. Si no
existiera unanimidad de herederos respecto del modo en que se adjudicarán todos los bienes, derechos y
deudas que integran el acervo hereditario, procederá la partición judicial, la que podrá ser solicitada por
cualquiera de ellos, debiendo en tal caso el Juez realizar la designación del perito contador.
ART. 351 FORMA DE LA OPERACIÓN.
En el inventario y avalúo se describirá con precisión y claridad cada uno de los bienes, empezando por el
dinero, títulos y créditos y siguiendo con los bienes muebles, semovientes e inmuebles. Se agregarán los
títulos respectivos, si los hubiere.
ART. 352 APROBACIÓN Y OBSERVACIONES.
Efectuadas las operaciones en la forma señalada, se agregarán al expediente y se pondrán de manifiesto
en la oficina por cinco (5) días, notificándose a los herederos. Si no fueran observadas, se aprobarán. Si se
observaran por falta de inclusión de bienes o por el avalúo, se convocará a los herederos, al representante
de la Dirección General de Escuelas o del fisco, según corresponda, y al perito, a una audiencia que
deberá realizarse con quienes comparezcan, en un plazo no mayor de quince (15) días. A ella deberán
concurrir los impugnantes con la prueba en la cual funden sus observaciones, que recibirá el Juez en ese
mismo acto, y después de oír a los comparecientes, resolverá la cuestión mediante auto, que podrá ser
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apelado.
ART. 353 EXCLUSIÓN DE BIENES.
Si se hubieren incluido bienes cuyo dominio o posesión se pretenda por herederos o terceros, éstos
podrán reclamarlos, siguiendo el procedimiento que corresponda, sin perjuicio de la continuidad del
proceso sucesorio.
ART. 354 PARTICIÓN PRIVADA O ADJUDICACIÓN.
Aprobadas las operaciones de inventario y avalúo, si todos los herederos fuesen capaces y estuvieren de
acuerdo, podrán formular la partición de conformidad con las disposiciones del Código Civil y Comercial de
la Nación y presentarla al Juez para su aprobación. Podrán igualmente, solicitar se les adjudiquen, en
condominio la totalidad o alguno de los bienes. En ambos casos, el Juez accederá a lo solicitado, previo
pago de créditos reconocidos, honorarios y gastos causídicos.
La partición privada no requerirá intervención de perito contador cuando así lo acuerden los herederos
mayores, capaces y por unanimidad, debiendo presentarse con patrocinio letrado.
ART. 355 LICITACIÓN.
En el plazo de treinta (30) días de aprobado el avalúo, cualquiera de los herederos puede pedir la licitación
de uno o varios de los bienes para que se le adjudiquen dentro de su hijuela por un valor superior al del
avalúo aprobado.
En tal caso, el Juez convocará a una audiencia citando a todos los herederos. En la audiencia se licitarán
los bienes cuya adjudicación se hubiese solicitado, entre los herederos que comparecieren, adjudicándolos
al mejor postor.
No puede pedirse la licitación si entre los herederos hay menores, incapaces o con capacidad restringida.
En los casos en que el avalúo aprobado no refleje razonablemente el valor real del bien licitado, ya sea por
el transcurso del tiempo, por el criterio de valuación aplicado o por cualquier otra circunstancia, deberá
realizarse una retasación del mismo exclusivamente a tales efectos.
ART. 356 PARTICIÓN JUDICIAL.
Aprobadas las operaciones de inventario y avalúo, el perito designado procederá, en el plazo que el Juez
señale, a proyectar la liquidación, división y adjudicación de los bienes hereditarios. Antes de proceder a
las operaciones aludidas, oirá a los herederos, a los fines de satisfacer sus pretensiones respecto a las
adjudicaciones o conciliarlas. En cada hijuela se detallarán los bienes adjudicados, especificando
ubicación, extensión y linderos y los antecedentes de dominio de cada inmueble, hasta veinte (20) años
atrás, si ello fuere posible.
ART. 357 APROBACIÓN - OBSERVACIONES
Concluida la partición judicial, se agregará al expediente y se pondrá de manifiesto en la oficina por cinco
(5) días notificándose a los herederos. Si no fuere observada, se aprobará.
Si se observare, se citará a los herederos y al perito.
En el auto que apruebe la partición o la adjudicación de bienes, el Juez clasificará los trabajos y hará la
regulación de honorarios de profesionales, peritos y cuantos más tengan derecho a percibir una
remuneración.
ART. 358 ENTREGA DE BIENES
Abonados los impuestos, deudas y gastos causídicos, incluso honorarios e inscriptas las adjudicaciones de
inmuebles en los registros respectivos, se hará entrega a cada heredero de los bienes que le fueron
adjudicados y se le dará testimonio de su hijuela.
CAPÍTULO II
CONCURSO DE PERSONA HUMANA QUE NO REALIZA
ACTIVIDAD ECONÓMICA ORGANIZADA
SECCIÓN PRIMERA
PRESUPUESTOS
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ART. 359 PRESUPUESTOS OBJETIVO Y SUBJETIVO.
La persona humana que no realiza actividad económica organizada que se encuentre en estado de
cesación de pagos o con dificultades económicas o financieras de carácter general, originadas con motivo
de relaciones de consumo; podrá solicitar la apertura del trámite previsto en la presente ley a fin de que
resulte aplicable el régimen sustancial previsto en la Ley 24.522.
ART. 360 REQUISITOS.
Con la solicitud de apertura del trámite, el consumidor deberá acompañar, además de los recaudos
establecidos para la demanda, en lo pertinente:
1) Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha de la presentación, con indicación precisa de las
normas seguidas para su valuación.
2) Un listado de acreedores con indicación de sus domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos,
codeudores, fiadores o terceros obligados o responsables.
3) Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no cumplida, precisando su
radicación.
4) El texto del acuerdo propuesto a sus acreedores.
ART. 361 PUBLICIDAD.
Además de la notificación por cédula a los acreedores denunciados, la presentación del acuerdo para su
homologación debe ser hecha conocer mediante edictos por cinco (5) días en el diario de publicaciones
legales de la jurisdicción del Tribunal y un (1) diario de gran circulación del lugar.
ART. 362 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN.
Cumplida la notificación precedente y ordenada la publicación de los edictos, quedan suspendidos los
descuentos que por obligaciones de causa o título anterior a la presentación se efectúen sobre el salario
del consumidor, tanto directamente por el empleador como en la cuenta bancaria donde el mismo sea
acreditado.
Asimismo, quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, con las
exclusiones dispuestas por el Art. 21 de la Ley 24.522.
ART. 363 LIBERTAD DE CONTENIDO. FORMA.
Dentro de los treinta (30) días de ordenada la publicación de edictos, el consumidor deberá acompañar las
conformidades al acuerdo en la forma y con el contenido previsto por los Arts. 70 y 71, respectivamente,
de la Ley 24.522.
Con la presentación de las conformidades deberá indicar el monto de capital que representan los
acreedores que han firmado el acuerdo, y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los
acreedores denunciados por el deudor.
ART. 364 MAYORÍAS.
Para que se dé homologación judicial al acuerdo es necesario que hayan prestado su conformidad la
mayoría absoluta de acreedores quirografarios que representen las dos terceras (2/3) partes del pasivo
quirografario total, excluyéndose del cómputo a los acreedores comprendidos en las previsiones del Art. 45
de la Ley 24.522.
SECCIÓN SEGUNDA
HOMOLOGACIÓN
ART. 365 HOMOLOGACIÓN DE ACUERDOS PARCIALES. EFECTOS.
En caso que no sean alcanzadas las mayorías de ley, a pedido de parte el Juez podrá homologar el
acuerdo que hubiere sido alcanzado con los acreedores, con efecto exclusivo entre ellas, siempre que tal
alternativa haya sido prevista en el mismo acuerdo y en la medida que se estime que ello permitirá superar
la cesación de pagos o las dificultades económicas o financieras de carácter general.
El acuerdo parcial homologado y los pagos que en consecuencia se efectúen, serán oponibles en caso de
una quiebra posterior.
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ART. 366 OPOSICIÓN.
Podrán oponerse al acuerdo los acreedores denunciados y aquellos que demuestren sumariamente haber
sido omitidos en el listado previsto en el inciso 2), del Art. 360 de este Código. La oposición podrá
presentarse hasta los diez (10) días posteriores al vencimiento del lapso de negociación, y podrá fundarse
solamente en omisiones o exageraciones del activo o pasivo o en la inexistencia de la mayoría exigida por
el Art. 364. De ser necesario se abrirá a prueba por diez (10) días y el Juez resolverá dentro de los diez
(10) días posteriores a la finalización del período probatorio.
Si estuvieren cumplidos los requisitos legales y no mediaran oposiciones, el Juez homologará el acuerdo.
ART. 367 EFECTOS DE LA HOMOLOGACIÓN.
El acuerdo homologado conforme a las disposiciones de la presente Sección produce los efectos previstos
en el Art. 56 de la Ley 24.522, y queda sometido a las previsiones de las Secciones III, IV y V del Capítulo
V del Título II de esa Ley.
El acuerdo homologado tendrá efectos solo respecto de los créditos denunciados por el deudor.
ART. 368 NULIDAD DEL ACUERDO.
La nulidad prevista en la Sección IV del Capítulo V del Título II de la ley 24.522, podrá fundarse en el dolo
para ocultar el pasivo.
ART. 369 MEDIACIÓN.
En cualquier etapa del trámite el Juez podrá disponer y el deudor o cualquier acreedor, solicitar, que sea
abierta la instancia de mediación por un plazo no mayor a quince (15) días; la cual tramitará en la sede del
Tribunal.
ART. 370 AUDIENCIA CONCILIATORIA. REBELDÍA.
Si vencido el período de negociación no hubiesen sido acompañadas las conformidades en las mayorías
de ley, a pedido del deudor, el Juez podrá fijar una audiencia conciliatoria a fin de promover la celebración
del acuerdo.
En su petición, el deudor deberá acreditar que ha agotado las diligencias necesarias para la formación del
consentimiento sin que los acreedores hayan manifestado su voluntad (positiva o negativa) en la
proporción necesaria para la conformación del acuerdo.
Esta decisión debe ser notificada por cédula.
El acreedor denunciado que no comparezca a la audiencia será declarado rebelde, con los efectos de no
integrar su crédito la base para el cómputo de mayorías y resultándole aplicable el acuerdo que resulte
homologado conforme lo prevé el Art. 56 de la Ley 24.522. La rebeldía y la homologación deben ser
notificadas por cédula.
ART. 371 PLAN DE SANEAMIENTO.
Cuando la incomparecencia de los acreedores denunciados sea total, el Juez podrá aprobar un plan de
saneamiento, el cual deberá comprometer, al menos, el porcentual máximo de embargo sobre el salario
dispuesto por la normativa correspondiente, por el término de un (1) año.
El plan de saneamiento tendrá los efectos previstos en el Art. 56 de la Ley 24.522, sólo respecto de los
créditos denunciados por el deudor.
ART. 372 FRACASO DEL TRÁMITE.
En caso de incumplimiento del deudor de lo dispuesto por los Arts. 361, 362, 363, 364 y 370 de este
Código, el trámite se tendrá por fracasado.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS.
ART. 373 DEROGACION EXPRESA E IMPLÍCITA.
Desde la fecha de vigencia de este Código, quedan derogadas con las limitaciones transitorias que
resultan de este título, las disposiciones del Código de Procedimiento en materia Civil y Comercial
sancionado por Ley N° 2269 en el año 1953, y todas las disposiciones y leyes posteriores de la Provincia
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que sean contrarias a lo establecido por este cuerpo legal.
ART. 374 VIGENCIA TEMPORAL DE ESTE CÓDIGO.- Las disposiciones de este Código empezarán a
regir el día 1 de febrero del año 2018, para todos los asuntos que desde esa fecha se promuevan.
Se aplicarán también sus disposiciones a los asuntos pendientes, conforme facultad expresa que otorga el
presente ordenamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, para implementar gradualmente la
oralidad de acuerdo a los recursos económicos disponibles y a la capacitación de los magistrados,
auxiliares de justicia y operadores jurídicos. Se exceptúan los trámites, diligencias y plazos que hubieran
tenido principio de ejecución, los cuales se regirán por las leyes derogadas en el artículo precedente.
ART. 375 COMPETENCIA TRANSITORIA.- Los asuntos que por la nueva distribución de la competencia,
correspondan a otro tribunal quedarán radicados en los tribunales de origen hasta su terminación.
ART. 376 ASUNTOS DE TRÁMITE ANTE LA JUSTICIA DE PAZ.- Los asuntos pendientes en primera
instancia en la justicia de paz, continuarán hasta su terminación y luego las nuevas causas serán
distribuidas conforme la ley de competencia que se dicte.
ART. 377 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. Créase una Comisión de Seguimiento del Funcionamiento del
Código Procesal Civil, Comercial y Tributario integrada de la siguiente forma: Un (1) miembro designado
por el Ministerio de Gobierno y Justicia, o el que en el futuro lo reemplace; un (1) miembro por la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia; Presidente de la Federación de Colegios de Abogados; y el Presidente
de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Mendoza, o sus reemplazantes respectivamente.
Las funciones de la Comisión de Seguimiento del Funcionamiento del Código Procesal Civil y Comercial
son:
a) Recabar información y receptar sugerencias respecto de la interpretación y aplicación de la presente
ley,
b) En caso de ser necesario, formular las pertinentes propuestas de reforma, como mínimo, cada tres (3)
años.
ART. 378 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA,
a los treinta días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.
DR. JUAN CARLOS JALIFF
Presidente Provisional
H. SENADO
DR. NÉSTOR PARÉS
Presidente
H. Cámara de Diputados
DR. DIEGO MARIANO SEOANE
Secretario Legislativo
H. Cámara de Senadores
ANDRÉS FERNANDO GRAU
Secretario Habilitado
H. Cámara de Diputados
S/Cargo
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DECRETOS
MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA
Decreto N°: 1550
MENDOZA, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Visto el Expediente Nº 8190-D-2015-00020, mediante el cual José Ricardo Fliri interpone recurso de
alzada; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 01/18 vta. se presenta José Ricardo Fliri, agrimensor, D.N.I. Nº 7.647.942, en fecha 10/06/15 e
interpone recurso de alzada contra la denegación tácita del recurso de apelación interpuesto por aquel en
contra de la Resolución Nº 1155/14, de fecha 08/01/15, dictada por el Consejo Directivo del Colegio de
Agrimensura de la Provincia de Mendoza, por la cual se le aplica una sanción de multa por encontrárselo
responsable de la inobservancia de normas disciplinarias establecidas en el Código de Ética de la entidad
-apartados 1.1, 1.2, 2.1, 2.1.1 y 2.1.1.2-.
Que por Resolución Nº 1190/15, de fecha 09/06/15, dictada por el Consejo Directivo del Colegio de
Agrimensura de la Provincia de Mendoza, cuya copia obra a fs. 34/37, se rechazó en lo sustancial el
recurso de revocatoria interpuesto por el profesional en contra de la Resolución Nº 1155/14 y se concedió
el recurso jerárquico o de apelación en subsidio ante la Asamblea, disponiéndose su elevación a Asamblea
Extraordinaria de Matriculados convocada para el 01/07/15 a las 19 horas para su consideración y
resolución.
Que en consideración al recurso de alzada impetrado, el recurrente se agravia en cuanto a que asegura
que de su parte no hubo incumplimiento de normativa alguna.
Que en tal sentido, el quejoso se agravia señalando una serie de argumentos de orden técnico afirmando
que el plano de mensura fue confeccionado correctamente, sin que el denunciante y poseedor del
inmueble -Antonio Fabián Banchero- asistiera a las operaciones técnicas a fin de verificar y supervisar su
labor.
Que por otra parte el recurrente afirma que no consta que se haya efectuado declaración de vacancia
alguna y por lo tanto no podría el inmueble en cuestión -ubicado en el Departamento de Tunuyán- estar
registrado a nombre de la Provincia de Mendoza, siendo titular del mismo Antonio Kocourek hijo.
Que una vez expuestos los agravios aducidos por el quejoso, adentrándonos al análisis formal del
presente recurso de alzada, es necesario precisar que, ante las decisiones definitivas de entidades
descentralizadas que causen estado dentro de las mismas, procede el recurso de alzada ya que, pese a
no estar sujetas al poder jerárquico del Poder Ejecutivo, están sometidas al control de éste último.
Que el Colegio de Agrimensura de Mendoza, conforme lo establecido por el artículo 37 de la Ley 5272, es
una persona jurídica pública no estatal, que si bien no integra la Administración del Estado, se mueve en el
régimen del Derecho Público y por ello se encuentra sujeta al control de legitimidad del Poder Ejecutivo.
Que asimismo es preciso señalar que, según el artículo 1 del Reglamento Interno del Colegio de
Agrimensura, la Asamblea es la máxima autoridad del Colegio, por lo que se cumple con lo preceptuado
por el artículo 183 de la Ley 3909 y por el artículo 133 del Reglamento Interno del Colegio de Agrimensura.
Que en razón de lo expuesto es pertinente establecer que el recurso de apelación interpuesto por José
Ricardo Fliri no fue tratado por la Asamblea Extraordinaria de la entidad en los plazos legalmente exigidos
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por el artículo 132, inciso c), del Reglamento Interno, el cual establece: "Contra las resoluciones del
Consejo Directivo proceden los recursos de: (...) c) Jerárquico o de Apelación a la Asamblea, en los
términos de los artículos 179 a 182 de la Ley 3909, el que se interpondrá ante el propio Consejo Directivo,
que tendrá que convocar a Asamblea Extraordinaria dentro de los diez (10) días siguientes a estar en
estado, salvo improcedencia formal del recurso. (...) El plazo para la resolución del recurso comenzará a
contar a partir de la fecha de realización de la Asamblea."
Que es de destacar que de las constancias obrantes a fs. 38 y 40/41, surge que la convocatoria a
Asamblea Extraordinaria se hizo sin respetar el plazo de 10 días corridos dispuesto por el artículo 23 del
Reglamento Interno: "La convocatoria a Asamblea Extraordinaria deberá hacerse con una antelación de
diez (10) días corridos a la fecha de su realización, publicándose por lo menos por tres (3) días en el
Boletín Oficial y Diario de reconocida circulación de la Provincia de Mendoza."
Que la denegación tácita del recurso de apelación surge ante el fracaso de la constitución de Asamblea
Extraordinaria de matriculados por falta de quórum -de acuerdo a copia de Acta asamblearia obrante a fs.
44-, en concordancia a lo establecido por el artículo 5 y concordantes del Reglamento Interno del Colegio
de Agrimensura de Mendoza.
Que habiendo omisión de pronunciamiento por parte de la Asamblea Extraordinaria respecto al recurso de
apelación interpuesto, ante la carencia de normas legales que resuelvan dicha omisión y atento al derecho
de defensa del administrado, corresponde, dadas las circunstancias ut supra referidas, admitir desde el
punto de vista formal el tratamiento del recurso de alzada interpuesto.
Que, en cuanto al planteo de fondo, es significativo advertir que el recurso de alzada, en virtud de lo
prescripto por el artículo 185 de la Ley 3909, está limitado al control de legitimidad, por lo que el Poder
Ejecutivo no se encuentra facultado a modificar o sustituir lo resuelto, pudiendo solo efectuar una
revocación por ilegitimidad, remitiendo las actuaciones a la entidad a fin de que se dicte una nueva
resolución ajustada a derecho.
Que circunscribiendo el objeto del presente recurso de alzada, el mismo debe ser rechazado en lo
sustancial por las razones que a continuación se exponen:
Que en primer lugar es necesario destacar que las cuestiones vertidas en el presente recurso, según lo
expuesto por el asesor legal del Colegio de Agrimensores, el servicio jurídico del Ministerio de Gobierno,
Trabajo y Justicia y Asesoría de Gobierno, trata sobre cuestiones técnicas propias de la profesión de
agrimensor, las cuales exceden el análisis jurídico.
Que sobre tales cuestiones técnicas se expide a fs. 72 el Subdirector de Gestión Catastral, Dirección
General de Catastro, dependiente de la Administración Tributaria Mendoza -órgano idóneo a los fines de
determinar las supuestas faltas- quien manifiesta que existen diferencias substanciales entre los Planos Nº
6700, del Departamento de Tupungato, consistente en una mensura de un título invocado por el
agrimensor José Fliri, visado en fecha 07/12/10 y el Plano Nº 7780, del Departamento de Tupungato,
consistente en un mensura para título supletorio, realizado por el agrimensor Gustavo Gallardo Gómez,
visado en fecha 12/09/14, contra un título del Gobierno de la Provincia de Mendoza.
Que el precedente informe concluye que el Plano de mensura Nº 6700, confeccionado por el agrimensor
José Fliri, no concuerda con la cartografía actual obrante en su repartición, señalando que las medidas
consignadas en el Plano Nº 7780 sí concuerdan con dicha cartografía, de lo cual se confirma la existencia
de inobservancias de las normas técnicas por parte del recurrente.
Que asimismo, el análisis de la conducta del recurrente por sus pares, con fundamento en el conocimiento
cabal de las normas que rigen la materia en el caso particular, resulta de trascendental importancia;
bastando el contralor por parte de la Administración respecto al cumplimiento de las reglas generales de
procedimiento y si la sanción aplicada no es groseramente desproporcionada en relación a la conducta
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reprochada al quejoso.
Que efectuando el control pertinente, se concluye que no se advierte la existencia de vicios en el
procedimiento disciplinario llevado a cabo por el Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza en
contra de José Fliri, respetándose su derecho de defensa en todas las etapas recursivas y observándose
el cumplimiento de las normas legales pertinentes.
Por ello y de conformidad con lo dictaminado a fs. 45/48, 57/59, 65 y vta. y 75/76,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el recurso de alzada interpuesto por José
Ricardo Fliri, agrimensor, D.N.I. Nº 7.647.942, contra la denegatoria tácita del recurso de apelación
interpuesto por aquel en contra de la Resolución Nº 1155/14, de fecha 08/01/15, dictada por el Consejo
Directivo del Colegio de Agrimensura de la Provincia de Mendoza, ello de conformidad con los argumentos
expuestos en los considerandos.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MG. DALMIRO GARAY CUELI
S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
Decreto N°: 1593
MENDOZA, 08 DE SETIEMBRE DE 2017
Visto el Expediente Nº 8943-D-2017-20108 y acumulado Nº 2571-D-2017-20108, en el que a fs. 1 del
Expediente citado en primer término obra nota de la H. Cámara de Diputados de la Provincia,
recepcionada por el Poder Ejecutivo con fecha 31 de agosto de 2017, mediante la cual comunica la
Sanción Nº 9001,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley de la Provincia la Sanción N° 9001.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
MG. DALMIRO GARAY CUELI
S/Cargo
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12/09/2017 (1 Pub.)
RESOLUCIONES
MINISTERIO SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
Resolución N°: 617
MENDOZA, 02 DE MAYO DE 2017
Vistos los expedientes 4659-D-15-04418, 5080-D-15-04418, 5081-D-15-04418, 4860-D-15-04418,
4289-D-15-04418,
5082-D-15-04418,
5084-D-15-04418,
4511-D-15-04418,
4487-D-15-04418,
5491-D-15-04418,
5199-D-15-04418,
3925-D-15-04418,
5180-D-15-04418,
5178-D-15-04418
y
4488-D-15-04418, en los cuales el Ministerio, gestiona la designación de diversas personas, en el
HOSPITAL “DIEGO PAROISSIEN” - Unidad Organizativa 10 – Carácter 2 - de su Jurisdicción; y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 33 de la Ley Nº 8930, establece el mecanismo para la incorporación a la planta de personal
permanente del Ministerio de personas con Contratos de Locación de Servicios y de Servicios
Profesionales u otra modalidad de contratación;
Que por Decreto Nº 597/17, se modificó la Planta de Personal del Ministerio para posibilitar la creación de
los cargos, conforme lo dispuesto en la mencionada Ley;
Que las designaciones se efectúan en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, de
conformidad con lo establecido por Ley Nº 5465 y modificatorias para el Régimen 15 y por el Art. 112 Inc.
6) del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por Decreto Nº 1630/07, ratificado por Ley Nº 7759 en el
caso de los profesionales de la Salud (Régimen 27);
Por ello, en razón de lo solicitado, lo informado por la Subdirección de Personal y la conformidad de la
Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 33 de la Ley Nº 8930, Art. 14 del
Decreto-Acuerdo N° 1927/16 y Decretos Nros. 384/16 y 385/16, ratificados por Ley Nº 8857,
LA MINISTRA DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
R E S U E L V E:
Artículo 1°- Dar por terminados los CONVENIOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA PRESTACIONES
INDISPENSABLES, celebrados oportunamente entre la Provincia de Mendoza, representada por los
titulares del ex Ministerio de Salud y las personas que se mencionan:
HOSPITAL “DIEGO PAROISSIEN”
Da. PEREZ, Vanesa Janet, clase 1987, DNI N° 32.807.023
Da. ARRIGA, Sandra Rosa, clase 1969, DNI N° 20.828.169
Da. ALARIA, María Teresa, clase 1969, DNI N° 20.857.822
Dn. JOFRE, Jorge Dante, clase 1976, DNI N° 25.589.067
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Da. CONTRERAS FUENTES, Priscila del Carmen, clase 1988, DNI N° 33.968.079
Téc. DIAZ, María Vanesa, clase 1983, DNI N° 30.057.048
Téc. MARRAS, Florencia Janet, clase 1987, DNI N° 33.274.327
Téc. CORNEJO, Johana Beatriz, clase 1986, DNI N° 32.377.530
Téc. CORREA, Maribel Gisella, clase 1994, DNI N° 38.205.191
Téc. PIOLI, César Jesús, clase 1987, DNI N° 33.274.929
Téc. SALAS, Yamila Ayelén, clase 1989, DNI N° 34.776.274
Téc. LUCERO, Daiana Nazaret del Valle, clase 1987, DNI N° 33.565.929
Da. CORNEJO, Rosa Mercedes, clase 1968, DNI N° 20.109.536
Dn. CALIVAR, Omar Jorge, clase 1962, DNI N° 16.070.833
Bioq. ROSAS, Gisela Belén, clase 1987, DNI N° 32.879.372
Artículo 2°- Designar en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, a las personas
que se mencionan en los cargos que se indican, en las dependencias del Ministerio que se especifican:
JURISDICCION 08 – CARACTER 2
HOSPITAL “DIEGO PAROISSIEN” – UNIDAD ORGANIZATIVA 10
LEY Nº 5465 y MODIFICATORIAS
CLASE 009 – ENFERMERO PROFESIONAL – Cód. 15-2-01-04
Da. PEREZ, Vanesa Janet, clase 1987, DNI N° 32.807.023
Da. ARRIGA, Sandra Rosa, clase 1969, DNI N° 20.828.169
Da. ALARIA, María Teresa, clase 1969, DNI N° 20.857.822
Dn. JOFRE, Jorge Dante, clase 1976, DNI N° 25.589.067
CLASE 009 – ENFERMERA UNIVERSITARIA – Cód. 15-2-01-04
Da. CONTRERAS FUENTES, Priscila del Carmen, clase 1988, DNI N° 33.968.079
CLASE 009 – TECNICA SUPERIOR DE QUIROFANO – Cód. 15-2-01-07
Téc. DIAZ, María Vanesa, clase 1983, DNI N° 30.057.048
Téc. MARRAS, Florencia Janet, clase 1987, DNI N° 33.274.327
Téc. CORNEJO, Johana Beatriz, clase 1986, DNI N° 32.377.530
CLASE 007 – TECNICA EN FARMACIA y LABORATORIO – Cód. 15-2-01-06
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Téc. CORREA, Maribel Gisella, clase 1994, DNI N° 38.205.191
CLASE 007 – TECNICO EN LABORATORIO – Cód. 15-2-01-06
Téc. PIOLI, César Jesús, clase 1987, DNI N° 33.274.929
CLASE 009 – TECNICA UNIVERSITARIA EN ANESTESIA – Cód. 15-2-01-07
Téc. SALAS, Yamila Ayelén, clase 1989, DNI N° 34.776.274
CLASE 009 – TECNICA SUPERIOR EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA –
Cód. 15-2-01-07
Téc. LUCERO, Daiana Nazaret del Valle, clase 1987, DNI N° 33.565.929
CLASE 001 – SERVICIOS GENERALES – Cód. 15-5-01-01
Da. CORNEJO, Rosa Mercedes, clase 1968, DNI N° 20.109.536
Dn. CALIVAR, Omar Jorge, clase 1962, DNI N° 16.070.833
DECRETO-LEY Nº 4874/83
CLASE 001 – BIOQUIMICA – Cód. 27-3-04-02
Bioq. ROSAS, Gisela Belén, clase 1987, DNI N° 32.879.372
Artículo 3º- Otorgar el ADICIONAL POR MAYOR HORARIO, con el desempeño de Cuarenta (40) Horas
Semanales de Trabajo, que establecen los Arts. 32° - Punto 10 - y 44° de la Ley N° 5465 y modificatorias,
a las personas que se mencionan a continuación:
Da. PEREZ, Vanesa Janet, DNI N° 32.807.023
Da. ARRIGA, Sandra Rosa, DNI N° 20.828.169
Da. ALARIA, María Teresa, DNI N° 20.857.822
Dn. JOFRE, Jorge Dante, DNI N° 25.589.067
Da. CONTRERAS FUENTES, Priscila del Carmen, DNI N° 33.968.079
Téc. DIAZ, María Vanesa, DNI N° 30.057.048
Téc. MARRAS, Florencia Janet, DNI N° 33.274.327
Téc. CORNEJO, Johana Beatriz, DNI N° 32.377.530
Téc. CORREA, Maribel Gisella, DNI N° 38.205.191
Téc. PIOLI, César Jesús, DNI N° 33.274.929
Téc. SALAS, Yamila Ayelén, DNI N° 34.776.274
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Téc. LUCERO, Daiana Nazaret del Valle, DNI N° 33.565.929
Da. CORNEJO, Rosa Mercedes, DNI N° 20.109.536
Dn. CALIVAR, Omar Jorge, DNI N° 16.070.833
Artículo 4° - Otorgar el ADICIONAL POR GUARDIA, que establece el Art. 36 (días Sábados y Domingos)
del Decreto-Acuerdo N° 142/90, ratificado por Ley N° 6268, a la Bioq. GISELA BELEN ROSAS, DNI N°
32.879.372, designada en el Art. 2º de la presente resolución.
Artículo 5°- Lo dispuesto por la presente resolución, tendrá vigencia a partir de la fecha de su dictado.
Artículo 6º- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.
FARM. CLAUDIA NAJUL
S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
Resolución N°: 620
MENDOZA, 02 DE MAYO 2017
Visto los expedientes 5442-D-15-04135, 5707-D-15-04135, 6885-D-15-04135, 6892-D-15-04135,
6548-D-15-04135,
4777-D-15-04238,
5490-D-15-04418,
2587-D-15-04537,
2614-D-15-04537
y
1516-D-15-04280, en los cuales el Ministerio, gestiona la designación de diversas personas, en distintas
Unidades Organizativas – Carácter 2 - de su Jurisdicción; y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 33 de la Ley Nº 8930, establece el mecanismo para la incorporación a la planta de personal
permanente del Ministerio de personas con Contratos de Locación de Servicios y de Servicios
Profesionales u otra modalidad de contratación;
Que por Decreto Nº 598/17, se modificó la Planta de Personal del Ministerio para posibilitar la creación de
los cargos, conforme lo dispuesto en la mencionada Ley;
Que las designaciones se efectúan en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, de
conformidad con lo establecido por Ley Nº 5465 y modificatorias para el Régimen 15 y por el Art. 112 Inc.
6) del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por Decreto Nº 1630/07, ratificado por Ley Nº 7759 en el
caso de los profesionales de la Salud (Régimen 27);
Por ello, en razón de lo solicitado, lo informado por la Subdirección de Personal y la conformidad de la
Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 33 de la Ley Nº 8930, Art. 14 del
Decreto-Acuerdo N° 1927/16 y Decretos Nros. 384/16 y 385/16, ratificados por Ley Nº 8857,
LA MINISTRA DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
R E S U E L V E:
Artículo 1°- Rescindir los CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS Y LOCACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES y dar por terminados los CONVENIOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA
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PRESTACIONES INDISPENSABLES, celebrados oportunamente entre la Provincia de Mendoza,
representada por los titulares del ex Ministerio de Salud y las personas que se mencionan:
HOSPITAL CENTRAL
SERVICIOS PERSONALES PARA PRESTACIONES INDISPENSABLES,
Da. LORENTE, Carla Florencia, clase 1991, DNI N° 35.546.510
Da. CORTEZ, Samira Daniela, clase 1988, DNI N° 33.972.317
LOCACION DE SERVICIOS
Téc. ARAOZ, Albertina Isabel, clase 1989, DNI N° 34.191.089
LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Dra. SEGURA, Valeria Elizabeth, clase 1977, DNI N° 25.158.571
Dra. AGUIL GUERRERO, Gema Vanesa, clase 1982, DNI N° 29.358.006
HOSPITAL “DR. HUMBERTO J. NOTTI”
LOCACION DE SERVICIOS
Dn. ARREGHINI, Héctor Hugo, clase 1956, DNI N° 12.117.995
HOSPITAL “DIEGO PAROISSIEN”
SERVICIOS PERSONALES PARA PRESTACIONES INDISPENSABLES,
Dr. MUSRI, Eduardo, clase 1964, DNI N° 17.021.762
HOSPITAL “ANTONIO J. SCARAVELLI”
SERVICIOS PERSONALES PARA PRESTACIONES INDISPENSABLES,
Téc. BRESSAN, Natalia Andrea, clase 1979, DNI N° 27.470.765
Téc. MUÑOZ, María Belén, clase 1990, DNI N° 36.336.499
HOSPITAL “ALFREDO I. PERRUPATO”
SERVICIOS PERSONALES PARA PRESTACIONES INDISPENSABLES,
Da. LEON, María Elizabeth, clase 1974, DNI N° 24.058.573
Artículo 2°- Designar en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, a las personas
que se mencionan en los cargos que se indican, en las dependencias del Ministerio que se especifican:
JURISDICCION 08 – CARACTER 2
HOSPITAL CENTRAL – UNIDAD ORGANIZATIVA 01
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LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 004 – AUXILIAR ADMINISTRATIVA – Cód. 15-1-02-02
Da. LORENTE, Carla Florencia, clase 1991, DNI N° 35.546.510
CLASE 009 – ENFERMERA PROFESIONAL – Cód. 15-2-01-04
Da. CORTEZ, Samira Daniela, clase 1988, DNI N° 33.972.317
CLASE 009 – TECNICO SUPERIOR EN LABORATORIO – Cód. 15-2-01-07
Téc. ARAOZ, Albertina Isabel, clase 1989, DNI N° 34.191.089
DECRETO-LEY Nº 4872/83
CLASE 001 – MEDICO – Cód. 27-3-04-01
Dra. SEGURA, Valeria Elizabeth, clase 1977, DNI N° 25.158.571
Dra. AGUIL GUERRERO, Gema Vanesa, clase 1982, DNI N° 29.358.006
HOSPITAL “Dr. HUMBERTO J. NOTTI” – UNIDAD ORGANIZATIVA 02
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 001 – SERVICIOS GENERALES – Cód. 15-5-01-01
Dn. ARREGHINI, Héctor Hugo, clase 1956, DNI N° 12.117.995
HOSPITAL “DIEGO PAROISSIEN” – UNIDAD ORGANIZATIVA 10
DECRETO-LEY Nº 4872/83
CLASE 001 – MEDICO – Cód. 27-3-04-01
Dr. MUSRI, Eduardo, clase 1964, DNI N° 17.021.762
HOSPITAL “ANTONIO J. SCARAVELLI” – UNIDAD ORGANZATIVA 16 _
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 009 – TECNICA UNIVERSITARIA EN RADIOLOGIA – Cód. 15-2-01-07
Téc. BRESSAN, Natalia Andrea, clase 1979, DNI N° 27.470.765
CLASE 009 – TECNICA UNIVERSITARIA EN ANATOMIA PATOLOGICA y CITOPATOLOGIA – Cód.
15-2-01-07
Téc. MUÑOZ, María Belén, clase 1990, DNI N° 36.336.499
HOSPITAL “ALFREDO I. PERRUPATO” - UNIDAD ORGANZATIVA 11
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
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CLASE 004 – AUXILIAR ADMINISTRATIVA – Cód. 15-1-02-02
Da. LEON, María Elizabeth, clase 1974, DNI N° 24.058.573
Artículo 3º- Otorgar el ADICIONAL POR MAYOR HORARIO, con el desempeño de Cuarenta (40) Horas
Semanales de Trabajo, que establecen los Arts. 32° - Punto 10 - y 44° de la Ley N° 5465 y modificatorias,
a las personas que se mencionan a continuación:
Da. LORENTE, Carla Florencia, DNI N° 35.546.510
Da. CORTEZ, Samira Daniela, DNI N° 33.972.317
Téc. ARAOZ, Albertina Isabel, DNI N° 34.191.089
Dn. ARREGHINI, Héctor Hugo, DNI N° 12.117.995
Téc. MUÑOZ, María Belen, DNI N° 36.336.499
Da. LEON, María Elizabeth, DNI N° 24.058.573
Artículo 4° - Otorgar el ADICIONAL POR GUARDIA, que establece el Art. 36º (días Domingo), del Decreto-
Acuerdo N° 142/90, ratificado por Ley N° 6268, al Dr. EDUARDO MUSRI, DNI N° 17.021.762, designado
en el Art. 2º de la presente resolución.
Artículo 5º - Establecer que los profesionales de la salud incluidos en el Régimen 27 (sin Adicional por
Guardia), designados en el Art. 2º de la presente resolución, deberán desempeñar sus funciones de Lunes
a Viernes entre las 7:00 y las 21:00 Hs. y Sábados entre las 7:00 y las 14:00 Hs.
Artículo 6º - Lo dispuesto por la presente resolución, tendrá vigencia a partir de la fecha de su dictado.
Artículo 7º- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.
FARM. CLAUDIA NAJUL
S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
Resolución N°: 1005
MENDOZA, 12 DE JUNIO DE 2017
Visto los expedientes 3467-D-15-04238, 3475-D-15-04238, 3568-D-15-04238, 3569-D-15-04238,
4020-D-15-04238,
4764-D-15-04238,
4779-D-15-04238,
4782-D-15-04238,
5163-D-15-04238,
5168-D-15-04238,
5172-D-15-04238,
5484-D-15-04238,
5498-D-15-04238,
5870-D-15-04238,
5973-D-15-04238,
6144-D-15-04238,
6153-D-15-04238,
6348-D-15-04238,
6355-D-15-04238,
6358-D-15-04238,
6364-D-15-04238,
3571-D-15-04238,
4017-D-15-04238,
3561-D-15-04238,
5975-D-15-04238, 5506-D-15-04238 y 4023-D-15-04238, en los cuales el Ministerio, gestiona la
designación de diversas personas, en el HOSPITAL “DR. HUMBERTO J. NOTTI”; y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 33 de la Ley Nº 8930, establece el mecanismo para la incorporación a la planta de personal
permanente del Ministerio de personas con Contratos de Locación de Servicios y de Servicios
Profesionales u otra modalidad de contratación;
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Que por Decreto Nº 714/17, se modificó la Planta de Personal del Ministerio para posibilitar la creación de
los cargos, conforme lo dispuesto en la mencionada Ley;
Que las designaciones se efectúan en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, de
conformidad con lo establecido por Ley Nº 5465 y modificatorias para el Régimen 15;
Por ello, en razón de lo solicitado, lo informado por la Subdirección de Personal y la conformidad de la
Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 33 de la Ley Nº 8930, Art. 14 del
Decreto-Acuerdo N° 1927/16 y Decretos Nros. 384/16 y 385/16, ratificados por Ley Nº 8857,
LA MINISTRA DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
R E S U E L V E:
Artículo 1°- Rescindir los CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS y dar por terminados los
CONVENIOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA PRESTACIONES INDISPENSABLES, celebrados
oportunamente entre la Provincia de Mendoza, representada por los titulares del ex Ministerio de Salud y
las personas que se mencionan:
HOSPITAL “DR. HUMBERTO J. NOTTI”
LOCACION DE SERVICIOS
Da. RIVAS, Pamela Ivana, clase 1978, DNI N° 27.044.230
Da. GODOY, Carolina Estefanía, clase 1991, DNI N° 37.622.338
SERVICIOS PERSONALES PARA PRESTACIONES INDISPENSABLES
Da. OROPEL, Bárbara Estefanía, clase 1988, DNI N° 34.012.200
Da. FALCON, Jesica Elizabeth, clase 1988, DNI N° 33.630.488
Da. GONZALEZ, Rosana Isabel, clase 1979, DNI N° 27.685.009
Da. GODOY, Celia Carolina, clase 1978, DNI N° 26.527.919
Da. GODOY, Andrea Daniela, clase 1990, DNI N° 35.627.808
Da. LOPEZ, Sandra Elizabeth, clase 1977, DNI N° 25.935.455
Da. ABREGO, Ester Noemí, clase 1983, DNI N° 29.944.607
Da. SAROME, Melisa Yesica, clase 1990, DNI N° 35.197.400
Da. ARANCIBIA, Deolinda Natalia, clase 1989, DNI N° 34.872.857
Da. MOYANO, Elena Jorgelina, clase 1984, DNI N° 31.021.548
Da. VIDELA, Yamila Gisel, clase 1991, DNI N° 35.626.261
Da. BARRIOS, Ana Antonia, clase 1971, DNI N° 22.391.667
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Da. CORREA, Gabriela Alejandra, clase 1989, DNI N° 34.627.489
Da. CORVALAN, Valeria Silvina, clase 1981, DNI N° 29.341.152
Da. MARIN, Claudia Verónica, clase 1985, DNI N° 32.084.095
Da. REYNAGA NINAJA, Ingrid Karina, clase 1986, DNI N° 32.360.892
Da. GONZALEZ, Silvia Patricia, clase 1971, DNI N° 22.403.910
Da. LUCERO, Roxana Verónica Lourdes, clase 1976, DNI N° 25.158.011
Da. ZAVALLA ALCALA, Sofía Eleonora, clase 1991, DNI N° 36.164.601
Da. DIAZ, María Elizabeth, clase 1988, DNI N° 33.705.156
Da. ROBOTTI, Laura Beatriz, clase 1971, DNI N° 22.208.111
Dn. AGUILAR YUCRA, Alexander, clase 1985, DNI N° 31.936.855
Dn. MALDONADO, Jesús Ceferino, clase 1985, DNI N° 35.515.414
Dn. SALINAS, Javier Mario, clase 1981, DNI N° 28.752.462
Dn. PARRA, Edgar Damián, clase 1988, DNI N° 33.439.550
Artículo 2°- Designar en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, a las personas
que se mencionan en los cargos que se indican, en la dependencia del Ministerio que se especifica:
JURISDICCION 08 – CARACTER 2
HOSPITAL “DR. HUMBERTO J. NOTTI”– UNIDAD ORGANIZATIVA 02
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 009 – ENFERMERO PROFESIONAL – Cód. 15-2-01-04
Da. OROPEL, Bárbara Estefanía, clase 1988, DNI N° 34.012.200
Da. FALCON, Jesica Elizabeth, clase 1988, DNI N° 33.630.488
Da. GONZALEZ, Rosana Isabel, clase 1979, DNI N° 27.685.009
Da. GODOY, Celia Carolina, clase 1978, DNI N° 26.527.919
Da. GODOY, Andrea Daniela, clase 1990, DNI N° 35.627.808
Da. LOPEZ, Sandra Elizabeth, clase 1977, DNI N° 25.935.455
Da. ABREGO, Ester Noemí, clase 1983, DNI N° 29.944.607
Da. SAROME, Melisa Yesica, clase 1990, DNI N° 35.197.400
Da. ARANCIBIA, Deolinda Natalia, clase 1989, DNI N° 34.872.857
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Subsecretaria Legal y Técnica
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Da. MOYANO, Elena Jorgelina, clase 1984, DNI N° 31.021.548
Da. VIDELA, Yamila Gisel, clase 1991, DNI N° 35.626.261
Da. BARRIOS, Ana Antonia, clase 1971, DNI N° 22.391.667
Da. RIVAS, Pamela Ivana, clase 1978, DNI N° 27.044.230
Da. CORREA, Gabriela Alejandra, clase 1989, DNI N° 34.627.489
Da. CORVALAN, Valeria Silvina, clase 1981, DNI N° 29.341.152
Da. MARIN, Claudia Verónica, clase 1985, DNI N° 32.084.095
Da. GODOY, Carolina Estefanía, clase 1991, DNI N° 37.622.338
Da. REYNAGA NINAJA, Ingrid Karina, clase 1986, DNI N° 32.360.892
Da. GONZALEZ, Silvia Patricia, clase 1971, DNI N° 22.403.910
Da. LUCERO, Roxana Verónica Lourdes, clase 1976, DNI N° 25.158.011
Da. ZAVALLA ALCALA, Sofía Eleonora, clase 1991, DNI N° 36.164.601
Da. DIAZ, María Elizabeth, clase 1988, DNI N° 33.705.156
Da. ROBOTTI, Laura Beatriz, clase 1971, DNI N° 22.208.111
Dn. AGUILAR YUCRA, Alexander, clase 1985, DNI N° 31.936.855
Dn. MALDONADO, Jesús Ceferino, clase 1985, DNI N° 35.515.414
Dn. SALINAS, Javier Mario, clase 1981, DNI N° 28.752.462
Dn. PARRA, Edgar Damián, clase 1988, DNI N° 33.439.550
Artículo 3º- Otorgar el ADICIONAL POR MAYOR HORARIO, con el desempeño de Cuarenta (40) Horas
Semanales de Trabajo, que establecen los Arts. 32° - Punto 10 - y 44° de la Ley N° 5465 y modificatorias,
a las personas que se mencionan a continuación:
Da. OROPEL, Bárbara Estefanía, clase 1988, DNI N° 34.012.200
Da. FALCON, Jesica Elizabeth, clase 1988, DNI N° 33.630.488
Da. GONZALEZ, Rosana Isabel, clase 1979, DNI N° 27.685.009
Da. GODOY, Celia Carolina, clase 1978, DNI N° 26.527.919
Da. GODOY, Andrea Daniela, clase 1990, DNI N° 35.627.808
Da. LOPEZ, Sandra Elizabeth, clase 1977, DNI N° 25.935.455
Da. ABREGO, Ester Noemí, clase 1983, DNI N° 29.944.607
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Subsecretaria Legal y Técnica
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página 119 de 242
Da. SAROME, Melisa Yésica, clase 1990, DNI N° 35.197.400
Da. ARANCIBIA, Deolinda Natalia, clase 1989, DNI N° 34.872.857
Da. MOYANO, Elena Jorgelina, clase 1984, DNI N° 31.021.548
Da. VIDELA, Yamila Gisel, clase 1991, DNI N° 35.626.261
Da. BARRIOS, Ana Antonia, clase 1971, DNI N° 22.391.667
Da. RIVAS, Pamela Ivana, clase 1978, DNI N° 27.044.230
Da. CORREA, Gabriela Alejandra, clase 1989, DNI N° 34.627.489
Da. CORVALAN, Valeria Silvina, clase 1981, DNI N° 29.341.152
Da. MARIN, Claudia Verónica, clase 1985, DNI N° 32.084.095
Da. GODOY, Carolina Estefanía, clase 1991, DNI N° 37.622.338
Da. REYNAGA NINAJA, Ingrid Karina, clase 1986, DNI N° 32.360.892
Da. GONZALEZ, Silvia Patricia, clase 1971, DNI N° 22.403.910
Da. LUCERO, Roxana Verónica Lourdes, clase 1976, DNI N° 25.158.011
Da. ZAVALLA ALCALA, Sofía Eleonora, clase 1991, DNI N° 36.164.601
Da. DIAZ, María Elizabeth, clase 1988, DNI N° 33.705.156
Da. ROBOTTI, Laura Beatriz, clase 1971, DNI N° 22.208.111
Dn. AGUILAR YUCRA, Alexander, clase 1985, DNI N° 31.936.855
Dn. MALDONADO, Jesús Ceferino, clase 1985, DNI N° 35.515.414
Dn. SALINAS, Javier Mario, clase 1981, DNI N° 28.752.462
Dn. PARRA, Edgar Damián, clase 1988, DNI N° 33.439.550
Artículo 4°- Lo dispuesto por la presente resolución rige a partir del 30 de junio de 2017.
Artículo 5º- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.
FARM. CLAUDIA NAJUL
S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
Resolución N°: 1113
MENDOZA, 28 DE JUNIO DE 2017
Visto los expedientes 7283-D-15-04418, 6096-D-16-04418, 5726-D-16-04418, 5721-D-15-04418,
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4491-D-15-04418,
4414-D-15-04418,
4276-D-15-04418,
4482-D-15-04418,
4660-D-15-04418,
4661-D-15-04418,
4485-D-15-04418,
4287-D-15-04418,
4416-D-15-04418,
4172-D-15-04418,
4171-D-15-04418,
4170-D-15-04418,
4168-D-15-04418,
4096-D-15-04418,
3923-D-15-04418,
3781-D-15-04418,
3780-D-15-04418,
3773-D-15-04418,
4518-D-15-04418,
4417-D-15-04418,
3778-D-15-04418, 3776-D-15-04418, 4169-D-15-04418 y 3775-D-15-04418, en los cuales el Ministerio,
gestiona la designación de diversas personas, en el HOSPITAL “DIEGO PAROISSIEN”; y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 33 de la Ley Nº 8930, establece el mecanismo para la incorporación a la planta de personal
permanente del Ministerio de personas con Contratos de Locación de Servicios y de Servicios
Profesionales u otra modalidad de contratación;
Que por Decreto Nº 801/17, se modificó la Planta de Personal del Ministerio para posibilitar la creación de
los cargos, conforme lo dispuesto en la mencionada Ley;
Que las designaciones se efectúan en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, de
conformidad con lo establecido por Ley Nº 5465 y modificatorias para el Régimen 15 y por el Art. 112 Inc.
6) del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por Decreto Nº 1630/07, ratificado por Ley Nº 7759 en el
caso de los profesionales de la Salud (Régimen 27);
Por ello, en razón de lo solicitado, lo informado por la Subdirección de Personal y la conformidad de la
Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 33 de la Ley Nº 8930, Art. 14 del
Decreto-Acuerdo N° 1927/16 y Decretos Nros. 384/16 y 385/16, ratificados por Ley Nº 8857,
LA MINISTRA DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
R E S U E L V E:
Artículo 1°- Dar por terminados los CONVENIOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA PRESTACIONES
INDISPENSABLES, celebrados oportunamente entre la Provincia de Mendoza, representada por los
titulares del ex Ministerio de Salud y las personas que se mencionan:
HOSPITAL “DIEGO PAROISSIEN”
Dr. BOULIN, Facundo, clase 1981, DNI N° 28.774.581
Dra. CORREA, Paola Elizabeth, clase 1982, DNI N° 29.372.973
Dra. GALLARDO, Mariana Laura, clase 1985, DNI N° 31.285.359
Dra. CASTRO, Marianela María Luján, clase 1984, DNI N° 31.245.611
Dr. CABANILLA, Gonzalo Uriel, clase 1977, DNI N° 25.782.195
Dr. FIOCCHETTO, Fabio Mariano, clase 1974, DNI N° 24.161.059
Dra. REITANO, Paola Lourdes, clase 1982, DNI N° 29.224.685
Lic. BARRERA PAEZ, Marcelo Sebastián, clase 1975, DNI N° 25.574.677
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Da. ZAMBRANA, Laura Elizabeth, clase 1985, DNI N° 31.505.674
Dn. MEDINA CABRERA, Fernando Luis, clase 1988, DNI N° 33.972.684
Da. BELEN, Marisa Norma, clase 1989, DNI N° 34.675.390
Da. LOZANO, Nancy Susana, clase 1961, DNI N° 14.329.481
Da. VICENTE, Rosana Marisa, clase 1971, DNI N° 22.388.255
Da. OLAIZ, María Amelia, clase 1968, DNI N° 20.482.607
Da. SANCHEZ, Joana Camila, clase 1986, DNI N° 32.571.867
Da. PEDERNERA, Laura Carolina, clase 1981, DNI N° 28.997.479
Da. VERA, Noelia Cecilia, clase 1982, DNI N° 29.787.963
Da. SANCHEZ, Marta Alejandra, clase 1972, DNI N° 22.536.244
Da. CORDOVA, Mariela Vanesa, clase 1988, DNI N° 33.376.909
Da. LEON, Yanel Natalia, clase 1988, DNI N° 33.462.409
Da. ROJAS SANCHEZ, Mariana Graciela, clase 1989, DNI N° 34.322.779
Da. GUTIERREZ Graciela Noemí, clase 1986, DNI N° 32.570.787
Lic. VALLEJO, Mauco Fernando, clase 1984, DNI N° 30.818.511
Lic. NAVARRO, Sonia Analía, clase 1987, DNI N° 33.093.642
Da. GIL VELASCO, Gisele Ariadna, clase 1992, DNI N° 37.137.921
Téc. PEZZUTTI NANFARA, Fernanda Soledad, clase 1987, DNI N° 33.008.175
Dn. AMPUERO, Claudio Abel, clase 1980, DNI N° 27.981.164
Cdora. D´ELIA, Natacha Nerina, clase 1978, DNI N° 26.444.189
Artículo 2°- Designar en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, a las personas
que se mencionan en los cargos que se indican, en las dependencias del Ministerio que se especifican:
JURISDICCION 08 – CARACTER 2
HOSPITAL “DIEGO PAROISSIEN” – UNIDAD ORGANIZATIVA 10
DECRETO-LEY Nº 4872/83
CLASE 001 – MEDICO – Cód. 27-3-04-01
Dr. BOULIN, Facundo, clase 1981, DNI N° 28.774.581
Dra. CORREA, Paola Elizabeth, clase 1982, DNI N° 29.372.973
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Dra. GALLARDO, Mariana Laura, clase 1985, DNI N° 31.285.359
Dra. CASTRO, Marianela María Luján, clase 1984, DNI N° 31.245.611
Dr. CABANILLA, Gonzalo Uriel, clase 1977, DNI N° 25.782.195
Dr. FIOCCHETTO, Fabio Mariano, clase 1974, DNI N° 24.161.059
Dra. REITANO, Paola Lourdes, clase 1982, DNI N° 29.224.685
LEY Nº 7799
CLASE 001 – LICENCIADO EN ENFERMERIA - Cód. 27-3-04-21
Lic. BARRERA PAEZ, Marcelo Sebastián, clase 1975, DNI N° 25.574.677
LEY Nº 5465 y MODIFICATORIAS
CLASE 009 – ENFERMERO PROFESIONAL – Cód. 15-2-01-04
Da. ZAMBRANA, Laura Elizabeth, clase 1985, DNI N° 31.505.674
Dn. MEDINA CABRERA, Fernando Luis, clase 1988, DNI N° 33.972.684
Da. BELEN, Marisa Norma, clase 1989, DNI N° 34.675.390
Da. LOZANO, Nancy Susana, clase 1961, DNI N° 14.329.481
Da. VICENTE, Rosana Marisa, clase 1971, DNI N° 22.388.255
Da. OLAIZ, María Amelia, clase 1968, DNI N° 20.482.607
Da. SANCHEZ, Joana Camila, clase 1986, DNI N° 32.571.867
Da. PEDERNERA, Laura Carolina, clase 1981, DNI N° 28.997.479
Da. VERA, Noelia Cecilia, clase 1982, DNI N° 29.787.963
Da. SANCHEZ, Marta Alejandra, clase 1972, DNI N° 22.536.244
Da. CORDOVA, Mariela Vanesa, clase 1988, DNI N° 33.376.909
Da. LEON, Yanel Natalia, clase 1988, DNI N° 33.462.409
Da. GUTIERREZ, Graciela Noemí, clase 1986, DNI N° 32.570.787
CLASE 009 – ENFERMERA UNIVERSITARIA – Cód. 15-2-01-04
Da. ROJAS SANCHEZ, Mariana Graciela, clase 1989, DNI N° 34.322.779
CLASE 013 – LICENCIADO EN PRODUCCION DE BIO-IMAGENES – Cód. 15-4-01-00
Lic. VALLEJO, Mauco Fernando, clase 1984, DNI N° 30.818.511
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Lic. NAVARRO, Sonia Analía, clase 1987, DNI N° 33.093.642
CLASE 004 – AUXILIAR ADMINISTRATIVA – Cód. 15-1-02-02
Da. GIL VELASCO, Gisele Ariadna, clase 1992, DNI N° 37.137.921
CLASE 009 – TECNICA UNIVERSITARIA EN HEMOTERAPIA – Cód. 15-2-01-07
Téc. PEZZUTTI NANFARA, Fernanda Soledad, clase 1987, DNI N° 33.008.175
CLASE 002 – SERVICIOS GENERALES – OFFICERO - Cód. 15-5-01-02
Dn. AMPUERO, Claudio Abel, clase 1980, DNI N° 27.981.164
CLASE 013 – PROFESIONAL NO ASISTENCIAL - CONTADORA – Cód. 15-3-01-07
Cdora. D´ELIA, Natacha Nerina, clase 1978, DNI N° 26.444.189
Artículo 3º- Otorgar el ADICIONAL POR MAYOR HORARIO, con el desempeño de Cuarenta (40) Horas
Semanales de Trabajo, que establecen los Arts. 32° - Punto 10 - y 44° de la Ley N° 5465 y modificatorias,
a las personas que se mencionan a continuación:
Da. ZAMBRANA, Laura Elizabeth, DNI N° 31.505.674
Dn. MEDINA CABRERA, Fernando Luis, DNI N° 33.972.684
Da. BELEN, Marisa Norma, DNI N° 34.675.390
Da. LOZANO, Nancy Susana, DNI N° 14.329.481
Da. VICENTE, Rosana Marisa, DNI N° 22.388.255
Da. OLAIZ, María Amelia, DNI N° 20.482.607
Da. SANCHEZ, Joana Camila, DNI N° 32.571.867
Da. PEDERNERA, Laura Carolina, DNI N° 28.997.479
Da. VERA, Noelia Cecilia, DNI N° 29.787.963
Da. SANCHEZ, Marta Alejandra, DNI N° 22.536.244
Da. CORDOVA, Mariela Vanesa, DNI N° 33.376.909
Da. LEON, Yanel Natalia, DNI N° 33.462.409
Da. ROJAS SANCHEZ, Mariana Graciela, DNI N° 34.322.779
Da. GUTIERREZ, Graciela Noemí, DNI N° 32.570.787
Da. GIL VELASCO, Gisele Ariadna, DNI N° 37.137.921
Téc. PEZZUTTI NANFARA, Fernanda Soledad, DNI N° 33.008.175
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Dn. AMPUERO, Claudio Abel, DNI N° 27.981.164
Cdora. D´ELIA, Natacha Nerina, DNI N° 26.444.189
Artículo 4° - Otorgar el ADICIONAL POR GUARDIA, que establecen los Arts. que se indican, del Decreto-
Acuerdo N° 142/90, ratificado por Ley N° 6268, a los profesionales que se mencionan, designados en el
Art. 2º de la presente resolución:
ART. 36 (días Domingo)
Dr. BOULIN, Facundo, clase 1981, DNI N° 28.774.581
Dra. GALLARDO, Mariana Laura, clase 1985, DNI N° 31.285.359
Dra. REITANO, Paola Lourdes, clase 1982, DNI N° 29.224.685
ART. 35 (días Lunes) y ART. 36 (días Sábado)
Dra. CASTRO, Marianela María Luján, clase 1984, DNI N° 31.245.611
ART. 35 (días Lunes y Miércoles)
Dr. CABANILLA, Gonzalo Uriel, clase 1977, DNI N° 25.782.195
ART. 35 (días Martes y Viernes)
Dr. FIOCCHETTO, Fabio Mariano, clase 1974, DNI N° 24.161.059
Artículo 5º- Otorgar el ADICIONAL POR “MAYOR DEDICACION PROFESIONAL” del CINCUENTA POR
CIENTO (50%), que establece el Art. 23 del Decreto N° 1630/07, ratificado por Ley Nº 7759, al Lic.
MARCELO SEBASTIAN BARRERA PAEZ, DNI N° 25.574.677, designado en el Art. 2º de la presente
resolución.
Artículo 6º - Establecer que los profesionales de la salud incluidos en el Régimen 27 (sin Adicional por
Guardia), designados en el Art. 2º de la presente resolución, deberán desempeñar sus funciones de Lunes
a Viernes entre las 7:00 y las 21:00 Hs. y Sábados entre las 7:00 y las 14:00 Hs.
Artículo 7°- Lo dispuesto por la presente resolución, tendrá vigencia a partir de la fecha de su dictado.
Artículo 8º- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.
Farm. CLAUDIA NAJUL
S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
Resolución N°: 1116
MENDOZA, 28 DE JUNIO DE 2017
Visto
los
expedientes
101-D-15-04847,
107-D-15-04847,
106-D-15-04847,
111-D-15-04847,
112-D-15-04847, 102-D-15-04847, 105-D-15-04847, 207-D-15-04687, 219-D-15-04687, 974-D-16-04653,
1019-D-15-04653,
981-D-15-04653,
1041-D-15-04653,
1040-D-15-04653,
1017-D-15-04653,
1047-D-15-04653,
1031-D-15-04653,
1025-D-15-04653,
1010-D-15-04653,
1045-D-15-04653,
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Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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1002-D-15-04653, 1046-D-15-04653, 179-D-15-77771 y 154-D-15-77771, en los cuales el Ministerio,
gestiona la designación de diversas personas, en distintas dependencias de su Jurisdicción; y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 33 de la Ley Nº 8930, establece el mecanismo para la incorporación a la planta de personal
permanente del Ministerio de personas con Contratos de Locación de Servicios y de Servicios
Profesionales u otra modalidad de contratación;
Que por Decreto Nº 849/17, se modificó la Planta de Personal del Ministerio para posibilitar la creación de
los cargos, conforme lo dispuesto en la mencionada Ley;
Que las designaciones se efectúan en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, de
conformidad con lo establecido por Ley Nº 5465 y modificatorias para el Régimen 15 y por el Art. 112 Inc.
6) del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por Decreto Nº 1630/07, ratificado por Ley Nº 7759 en el
caso de los profesionales de la Salud (Régimen 27);
Por ello, en razón de lo solicitado, lo informado por la Subdirección de Personal y la conformidad de la
Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 33 de la Ley Nº 8930, Art. 14 del
Decreto-Acuerdo N° 1927/16 y Decretos Nros. 384/16 y 385/16, ratificados por Ley Nº 8857,
LA MINISTRA DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
R E S U E L V E:
Artículo 1°- Rescindir los CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS y LOCACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES y dar por terminados los CONVENIOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA
PRESTACIONES INDISPENSABLES, celebrados oportunamente entre la Provincia de Mendoza,
representada por los titulares del ex Ministerio de Salud y las personas que se mencionan:
AREA SANITARIA RIVADAVIA
LOCACION DE SERVICIOS
Con funciones en el Centro de Salud Nº 66 – “EL MIRADOR”
Dn. CHIRINO, Hugo Cayetano, clase 1964, DNI N° 16.471.689
Con funciones en el Centro de Salud Nº 146 – “LOS CAMPAMENTOS”
Dn. SORIA, Ceferino Daniel, clase 1978, DNI N° 26.444.199
Da. ORTEGA, Yamina Elizabeth, clase 1984, DNI N° 30.828.092
Da. SANCHEZ, Jesica Silvana, clase 1988, DNI N° 33.277.421
Con funciones en los Centros de Salud Nros. 316 – “Bº RIVADAVIA” y 336 – “LA FORESTAL”
Dn. AÑEZ, David Ezequiel, clase 1991, DNI N° 35.876.715
LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
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Subsecretaria Legal y Técnica
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Con funciones en el Centro de Salud Nº 67 – “MEDRANO”
Dra. GOMEZ, Rosana Gabriela, clase 1965, DNI N° 17.573.511
Con funciones en el Centro de Salud Nº 317 – “LA VERDE”
Dr. MONTERO, Pablo Orlando, clase 1978, DNI N° 26.677.687
HOSPITAL “LUIS CHRABALOWSKI”
LOCACION DE SERVICIOS
Da. ESPEJO, Noelia Edith, clase 1982, DNI N° 29.490.253
SERVICIOS PERSONALES PARA PRESTACIONES INDISPENSABLES
Dn. TOLEDO, Roberto Claudio, clase 1969, DNI N° 20.810.177
HOSPITAL POLIVALENTE “MINISTRO DR. RAMON CARRILLO”
LOCACION DE SERVICIOS
Da. BALMACEDA, Cristina Nancy, clase 1961, DNI N° 14.002.338
Da. CHIARADIA, Carina Jaquelina, clase 1970, DNI N° 21.560.502
Da. MOYANO AVALOS, Valeria del Carmen, clase 1975, DNI N° 24.460.688
Dn. MORALES, Alexander Antonio, clase 1988, DNI N° 33.462.988
Da. PARDO, Mariela Andrea, clase 1987, DNI N° 33.008.373
Da. JOFRE, Mariana Lourdes, clase 1980, DNI N° 27.985.538
Dn. GODOY, Daniel Antonio, clase 1976, DNI N° 25.092.979
Dn. ESPINOSA, Luis David, clase 1985, DNI N° 31.728.552
Dn. PADIAL BARZOLA, Nahir Naoni, clase 1993, DNI N° 38.414.700
Téc. DIAZ, Marcela Cristina, clase 1982, DNI N° 29.222.821
LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Lic. PAGLIARULO, Cecilia Beatriz, clase 1984, DNI N° 30.545.993
SERVICIOS PERSONALES PARA PRESTACIONES INDISPENSABLES
Da. CUELLO, Patricia Adelina, clase 1969, DNI N° 20.770.897
Dn. CALDERON, Mauricio Eduardo, clase 1984, DNI N° 30.984.003
MINISTERIO
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Subsecretaria Legal y Técnica
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DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
LOCACION DE SERVICIOS
Téc. OBERTI, María Pía, clase 1973, DNI N° 23.485.801
Con funciones en el CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL EN ADICCIONES
DE GODOY CRUZ
LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Lic. D´AMICO, Horacio Andrés, clase 1986, DNI N° 32.192.741
Artículo 2°- Designar en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, a las personas
que se mencionan en los cargos que se indican, en las dependencias del Ministerio que se especifican:
JURISDICCION 08 – CARACTER 1
AREA SANITARIA RIVADAVIA – UNIDAD ORGANIZATIVA 52
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 005 – SERVICIOS GENERALES – CHOFER DE AMBULANCIA – Cód. 15-5-01-03
Con funciones en el Centro de Salud Nº 66 – “EL MIRADOR”
Dn. CHIRINO, Hugo Cayetano, clase 1964, DNI N° 16.471.689
Con funciones en el Centro de Salud Nº 146 – “LOS CAMPAMENTOS”
Dn. SORIA, Ceferino Daniel, clase 1978, DNI N° 26.444.199
CLASE 009 – ENFERMERO PROFESIONAL – Cód. 15-2-01-04
Con funciones en el Centro de Salud Nº 146 – “LOS CAMPAMENTOS”
Da. ORTEGA, Yamina Elizabeth, clase 1984, DNI N° 30.828.092
Da. SANCHEZ, Jesica Silvana, clase 1988, DNI N° 33.277.421
CLASE 004 – AGENTE SANITARIO – Cód. 15-2-01-01
Con funciones en los Centros de Salud Nº 316 – “Bº RIVADAVIA” y
Nº 336 – “LA FORESTAL”
Dn. AÑEZ, David Ezequiel, clase 1991, DNI N° 35.876.715
DECRETO-LEY Nº 4872/83
CLASE 001 – MEDICO – Cód. 27-3-04-01
Con funciones en el Centro de Salud Nº 67 – “MEDRANO”
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00140049-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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Dra. GOMEZ, Rosana Gabriela, clase 1965, DNI N° 17.573.511
Con funciones en el Centro de Salud Nº 317 – “LA VERDE”
Dr. MONTERO, Pablo Orlando, clase 1978, DNI N° 26.677.687
HOSPITAL “LUIS CHRABALOWSKI”- UNIDAD ORGANIZATIVA 26
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 009 – ENFERMERO PROFESIONAL – Cód. 15-2-01-04
Da. ESPEJO, Noelia Edith, clase 1982, DNI N° 29.490.253
Dn. TOLEDO, Roberto Claudio, clase 1969, DNI N° 20.810.177
HOSPITAL POLIVALENTE “MINISTRO DR. RAMON CARRILLO” –
UNIDAD ORGANIZATIVA 25
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 009 – ENFERMERO PROFESIONAL – Cód. 15-2-01-04
Da. BALMACEDA, Cristina Nancy, clase 1961, DNI N° 14.002.338
Da. CUELLO, Patricia Adelina, clase 1969, DNI N° 20.770.897
Da. CHIARADIA, Carina Jaquelina, clase 1970, DNI N° 21.560.502
Da. MOYANO AVALOS, Valeria del Carmen, clase 1975, DNI N° 24.460.688
Dn. MORALES, Alexander Antonio, clase 1988, DNI N° 33.462.988
Dn. CALDERON, Mauricio Eduardo, clase 1984, DNI N° 30.984.003
Da. PARDO, Mariela Andrea, clase 1987, DNI N° 33.008.373
Da. JOFRE, Mariana Lourdes, clase 1980, DNI N° 27.985.538
Dn. GODOY, Daniel Antonio, clase 1976, DNI N° 25.092.979
CLASE 004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Cód. 15-1-02-02
Dn. ESPINOSA, Luis David, clase 1985, DNI N° 31.728.552
Dn. PADIAL BARZOLA, Nahir Naoni, clase 1993, DNI N° 38.414.700
CLASE 007 – TECNICO EN FARMACIA Y LABORATORIO – Cód. 15-2-01-06
Téc. DIAZ, Marcela Cristina, clase 1982, DNI N° 29.222.821
LEY Nº 5458
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Subsecretaria Legal y Técnica
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CLASE 001 - LICENCIADA EN KINESIOLOGIA Y FISIOTERAPIA – Cód. 27-3-04-19
Lic. PAGLIARULO, Cecilia Beatriz, clase 1984, DNI N° 30.545.993
MINISTERIO – UNIDAD ORGANIZATIVA 01
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 004 – TECNICO ASISTENCIAL (sin Título Secundario)– Cód. 15-2-01-05
Téc. OBERTI, María Pía, clase 1973, DNI N° 23.485.801
LEY Nº 5511
CLASE 001 - LICENCIADO EN PSICOLOGIA – Cód. 27-3-04-07
Con funciones en el CENTRO PREVENTIVO ASISTENCIAL EN ADICCIONES
DE GODOY CRUZ
Lic. D´AMICO, Horacio Andrés, clase 1986, DNI N° 32.192.741
Artículo 3º- Otorgar el ADICIONAL POR MAYOR HORARIO, con el desempeño de Cuarenta (40) Horas
Semanales de Trabajo, que establecen los Arts. 32° - Punto 10 - y 44° de la Ley N° 5465 y modificatorias,
a las personas que se mencionan a continuación:
Dn. CHIRINO, Hugo Cayetano, DNI N° 16.471.689
Dn. SORIA, Ceferino Daniel, DNI N° 26.444.199
Da. ORTEGA, Yamina Elizabeth, DNI N° 30.828.092
Da. SANCHEZ, Jesica Silvana, DNI N° 33.277.421
Dn. AÑEZ, David Exequiel, DNI N° 35.876.715
Da. ESPEJO, Noelia Edith, DNI N° 29.490.253
Dn. TOLEDO, Roberto Claudio, DNI N° 20.810.177
Da. BALMACEDA, Cristina Nancy, DNI N° 14.002.338
Da. CUELLO, Patricia Adelina, DNI N° 20.770.897
Da. CHIARADIA, Carina Jaquelina, DNI N° 21.560.502
Da. MOYANO AVALOS, Valeria del Carmen, DNI N° 24.460.688
Dn. MORALES, Alexander Antonio, DNI N° 33.462.988
Dn. CALDERON, Mauricio Eduardo, DNI N° 30.984.003
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Da. PARDO, Mariela Andrea, DNI N° 33.008.373
Da. JOFRE, Mariana Lourdes, DNI N° 27.985.538
Dn. GODOY, Daniel Antonio, DNI N° 25.092.979
Dn. ESPINOSA, Luis David, DNI N° 31.728.552
Dn. PADIAL BARZOLA, Nahir Naoni, DNI N° 38.414.700
Téc. DIAZ, Marcela Cristina, DNI N° 29.222.821
Téc. OBERTI, María Pía, DNI N° 23.485.801
Artículo 4° - Otorgar el SUPLEMENTO POR ZONA, que establecen los Arts. 33° - Punto 1 - y 49° de la
Ley N° 5465 y normas complementarias, a las personas que se mencionan, con el porcentaje que en cada
caso se indica designadas en el Art. 2º de la presente resolución:
AREA SANITARIA RIVADAVIA
CINCUENTA POR CIENTO (50%)
Con funciones en el Centro de Salud Nº 66 – “EL MIRADOR”
Dn. CHIRINO, Hugo Cayetano, DNI N° 16.471.689
VEINTICINCO POR CIENTO (25%)
Con funciones en el Centro de Salud Nº 146 – “LOS CAMPAMENTOS”
Dn. SORIA, Ceferino Daniel, DNI N° 26.444.199
Da. ORTEGA, Yamina Elizabeth, DNI N° 30.828.092
Da. SANCHEZ, Jesica Silvana, DNI N° 33.277.421
HOSPITAL “LUIS CHRABALOWSKI”
CINCUENTA POR CIENTO (50%)
Da. ESPEJO, Noelia Edith, DNI N° 29.490.253
Dn. TOLEDO, Roberto Claudio, DNI N° 20.810.177
Artículo 5º - Establecer que los profesionales de la salud incluidos en el Régimen 27 (sin Adicional por
Guardia), designados en el Art. 2º de la presente resolución, deberán desempeñar sus funciones de Lunes
a Viernes entre las 7.00 y las 21.00 Hs. y Sábados entre las 7.00 y las 14.00 Hs.
Artículo 6°- Lo dispuesto por la presente resolución tendrá vigencia a partir del 30 de junio de 2017.
Artículo 7º- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.
FARM. CLAUDIA NAJUL
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S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
Resolución N°: 1117
MENDOZA, 28 DE JUNIO DE 2017
Visto
los
expedientes
182-D-15-77771,
2267-D-15-77791,
2656-D-15-77791,
2878-D-15-77791,
2366-D-15-77791,
2205-D-15-77791,
2264-D-15-77791,
370-D-15-04778,
137-D-17-04778,
219-D-15-04632, 220-D-15-04632, 218-D-15-04632, 262-D-15-04632, 304-D-15-04447
998-D-15-04653,
1016-D-15-04653,
1024-D-15-04653,
1042-D-15-04653,
980-D-15-04653,
989-D-15-04653, 1030-D-15-04653 y 1044-D-15-04653, en los cuales el Ministerio, gestiona la designación
de diversas personas, en distintas dependencias de su Jurisdicción; y
CONSIDERANDO:
Que el Art. 33 de la Ley Nº 8930, establece el mecanismo para la incorporación a la planta de personal
permanente del Ministerio de personas con Contratos de Locación de Servicios y de Servicios
Profesionales u otra modalidad de contratación;
Que por Decreto Nº 927/17, se modificó la Planta de Personal del Ministerio para posibilitar la creación de
los cargos, conforme lo dispuesto en la mencionada Ley;
Que las designaciones se efectúan en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, de
conformidad con lo establecido por Ley Nº 5465 y modificatorias para el Régimen 15 y por el Art. 112 Inc.
6) del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por Decreto Nº 1630/07, ratificado por Ley Nº 7759 en el
caso de los profesionales de la Salud (Régimen 27);
Por ello, en razón de lo solicitado, lo informado por la Subdirección de Personal y la conformidad de la
Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 33 de la Ley Nº 8930, Art. 14 del
Decreto-Acuerdo N° 1927/16 y Decretos Nros. 384/16 y 385/16, ratificados por Ley Nº 8857,
LA MINISTRA DE SALUD,
DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
R E S U E L V E:
Artículo 1°- Rescindir los CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS y LOCACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES y dar por terminados los CONVENIOS DE SERVICIOS PERSONALES PARA
PRESTACIONES INDISPENSABLES, celebrados oportunamente entre la Provincia de Mendoza,
representada por los titulares del ex Ministerio de Salud y las personas que se mencionan:
MINISTERIO
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Lic. PEREZ, Liliana Carolina, clase 1983, DNI N° 29.944.134
SUBSECRETARIA DE SALUD
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Subsecretaria Legal y Técnica
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PROGRAMA FEDERAL “INCLUIR SALUD”
SERVICIOS PERSONALES PARA PRESTACIONES INDISPENSABLES
Da. VELAZQUEZ, Leticia Silvana, clase 1985, DNI N° 31.564.049
Téc. LASCANO DISTEFANO, María Celeste, clase 1993, DNI N° 37.516.188
Téc. FONTANA, María Eugenia, clase 1960, DNI N° 14.219.868
Lic. GONZALEZ, María Eugenia, clase 1983, DNI N° 30.309.010
Dra. FORTUNATO, María Eugenia, clase 1983, DNI N° 29.877.651
Dra. WILDE, María Daniela, clase 1972, DNI N° 22.625.401
AREA SANITARIA GUAYMALLEN
LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Lic. MEDINA, Teresa Raquel, clase 1981, DNI N° 29.187.963
LOCACION DE SERVICIOS
Dn. LOMBARDO GELARDI, Marcos Felipe, clase 1975, DNI N° 24.486.202
HOSPITAL “DOMINGO SICOLI”
LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Dra. QUIROGA, Norma Sandra, clase 1967, DNI N° 18.452.244
LOCACION DE SERVICIOS
Da. NADALINI, Mariana Edith, clase 1981, DNI N° 28.600.450
Dn. BERDUGO, Sebastián Gustavo, clase 1971, DNI N° 21.984.916
Dn. MAD, Jorge Leonardo, clase 1987, DNI N° 33.274.188
HOSPITAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS “JOSE N. LENCINAS”
LOCACION DE SERVICIOS
Da. D´AGOSTINO, Laura Edith, clase 1980, DNI N° 27.969.669
HOSPITAL POLIVANTE “MINISTRO DR. RAMON CARRILLO”
LOCACION DE SERVICIOS
Da. SORIA, Cynthia Romina Soledad, clase 1990, DNI N° 35.076.908
Da. GAFFOGLIO, Romina, clase 1981, DNI N° 30.536.347
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Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00140049-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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Da. GIRON, Olga Beatriz, clase 1966, DNI N° 18.066.736
Da. MUJICA, Marta Mariela, clase 1972, DNI N° 22.958.026
Da. BURGARELLI, Mariela Analía, clase 1979, DNI N° 27.432.790
Da. RIZZO, María Daniela, clase 1990, DNI N° 35.615.881
Téc. IRUSTA, Ana Yamila, clase 1985, DNI N° 31.715.233
Téc. PACHECO, Verónica Fernanda, clase 1978, DNI N° 26.830.214
Artículo 2°- Designar en forma interina y hasta tanto se cubran los cargos por concurso, a las personas
que se mencionan en los cargos que se indican, en las dependencias del Ministerio que se especifican:
JURISDICCION 08 – CARACTER 1
MINISTERIO – UNIDAD ORGANIZATIVA 01
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
LEY Nº 5511
CLASE 001 - LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL – Cód. 27-3-04-20
Lic. PEREZ, Liliana Carolina, clase 1983, DNI N° 29.944.134
SUBSECRETARIA DE SALUD – UNIDAD ORGANIZATIVA 75
PROGRAMA FEDERAL “INCLUIR SALUD”
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVA – Cód. 15-1-02-02
Da. VELAZQUEZ, Leticia Silvana, clase 1985, DNI N° 31.564.049
CLASE 007 - TECNICA EN FARMACIA Y LABORATORIO – Cód. 15-2-01-06
Téc. LASCANO DISTEFANO, María Celeste, clase 1993, DNI N° 37.516.188
CLASE 009 - TECNICA ASISTENCIAL - PROTESICA DENTAL – Cód. 15-2-01-07
Téc. FONTANA, María Eugenia, clase 1960, DNI N° 14.219.868
LEY Nº 7799
CLASE 001 – LICENCIADA EN ENFERMERIA – Cód. 27-3-04-21
Lic. GONZALEZ, María Eugenia, clase 1983, DNI N° 30.309.010
DECRETO-LEY Nº 4872/83
CLASE 001 – MEDICO – Cód. 27-3-04-01
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Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00140049-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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Dra. FORTUNATO, María Eugenia, clase 1983, DNI N° 29.877.651
Dra. WILDE, María Daniela, clase 1972, DNI N° 22.625.401
AREA SANITARIA GUAYMALLEN – UNIDAD ORGANIZATIVA 44
LEY Nº 7799
CLASE 001 – LICENCIADA EN ENFERMERIA – Cód. 27-3-04-21
Lic. MEDINA, Teresa Raquel, clase 1981, DNI N° 29.187.963
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Cód. 15-1-02-02
Dn. LOMBARDO GELARDI, Marcos Felipe, clase 1975, DNI N° 24.486.202
HOSPITAL “DOMINGO SICOLI” – UNIDAD ORGANIZATIVA 20
DECRETO-LEY Nº 4872/83
CLASE 001 – MEDICA CIRUJANA – Cód. 27-3-04-01
Dra. QUIROGA, Norma Sandra, clase 1967, DNI N° 18.452.244
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 009 – ENFERMERO PROFESIONAL – Cód. 15-2-01-04
Da. NADALINI, Mariana Edith, clase 1981, DNI N° 28.600.450
Dn. BERDUGO, Sebastián Gustavo, clase 1971, DNI N° 21.984.916
CLASE 001 – SERVICIOS GENERALES – Cód. 15-5-01-01
Dn. MAD, Jorge Leonardo, clase 1987, DNI N° 33.274.188
HOSPITAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS “JOSE N. LENCINAS – UNIDAD ORGA-NIZATIVA 07
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 009 – ENFERMERA PROFESIONAL – Cód. 15-2-01-04
Da. D´AGOSTINO, Laura Edith, clase 1980, DNI N° 27.969.669
HOSPITAL POLIVALENTE “MINISTRO DR. RAMON CARRILLO” – UNIDAD ORGANIZATIVA 25
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 004 - AUXILIAR ADMINISTRATIVA – Cód. 15-1-02-02
Da. SORIA, Cynthia Romina Soledad, clase 1990, DNI N° 35.076.908
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
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Subsecretaria Legal y Técnica
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Da. GAFFOGLIO, Romina, clase 1981, DNI N° 30.536.347
LEY Nº 5465 Y MODIFICATORIAS
CLASE 009 – ENFERMERA PROFESIONAL – Cód. 15-2-01-04
Da. GIRON, Olga Beatriz, clase 1966, DNI N° 18.066.736
Da. MUJICA, Marta Mariela, clase 1972, DNI N° 22.958.026
Da. BURGARELLI, Mariela Analía, clase 1979, DNI N° 27.432.790
Da. RIZZO, María Daniela, clase 1990, DNI N° 35.615.881
CLASE 009 – TECNICA UNIVERSITARIA EN HEMOTERAPIA – Cód. 15-2-01-07
Téc. IRUSTA, Ana Yamila, clase 1985, DNI N° 31.715.233
CLASE 009 – TECNICA SUPERIOR EN LABORATORIO – Cód. 15-2-01-07
Téc. PACHECO, Verónica Fernanda, clase 1978, DNI N° 26.830.214
Artículo 3º- Otorgar el ADICIONAL POR MAYOR HORARIO, con el desempeño de Cuarenta (40) Horas
Semanales de Trabajo, que establecen los Arts. 32° - Punto 10 - y 44° de la Ley N° 5465 y modificatorias,
a las personas que se mencionan a continuación:
Da. VELAZQUEZ, Leticia Silvana, DNI N° 31.564.049
Téc. LASCANO DISTEFANO, María Celeste, DNI N° 37.516.188
Téc. FONTANA, María Eugenia, DNI N° 14.219.868
Dn. LOMBARDO GELARDI, Marcos Felipe, DNI N° 24.486.202
Da. NADALINI, Mariana Edith, DNI N° 28.600.450
Dn. BERDUGO, Sebastián Gustavo, DNI N° 21.984.916
Dn. MAD, Jorge Leonardo, DNI N° 33.274.188
Da. D´AGOSTINO, Laura Edith, DNI N° 27.969.669
Da. SORIA, Cynthia Romina Soledad, DNI N° 35.076.908
Da. GAFFOGLIO, Romina, DNI N° 30.536.347
Da. GIRON, Olga Beatriz, DNI N° 18.066.736
Da. MUJICA, Marta Mariela, DNI N° 22.958.026
Da. BURGARELLI, Mariela Analía, DNI N° 27.432.790
Da. RIZZO, María Daniela, DNI N° 35.615.881
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Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Téc. IRUSTA, Ana Yamila, DNI N° 31.715.233
Téc. PACHECO, Verónica Fernanda, DNI N° 26.830.214
Artículo 4° - Otorgar el ADICIONAL POR GUARDIA, que establece el Art. 36 (días Sábados), del Decreto-
Acuerdo N° 142/90, ratificado por Ley N° 6268, a la Dra. NORMA SANDRA QUIROGA, DNI N°
18.452.244, designada en el Art. 2º de la presente resolución.
Artículo 5º- Otorgar el ADICIONAL POR “MAYOR DEDICACION PROFESIONAL” del CINCUENTA POR
CIENTO (50%) que establece el Art. 23 del Decreto N° 1630/07, ratificado por Ley Nº 7759, a las
profesionales que se mencionan, designadas en el Art. 2º de la presente resolución:
Lic. GONZALEZ, María Eugenia, DNI N° 30.309.010
Lic. MEDINA, Teresa Raquel, DNI N° 29.187.963
Artículo 6º- Otorgar el ADICIONAL POR ZONA INHOSPITA del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), que
establecen los Arts. 29° Inc. b – Punto 9 - y 41° del Decreto-Acuerdo N° 142/90 y normas
complementarias, ratificado por Ley N° 6268, a la Dra. NORMA SANDRA QUIROGA, DNI N° 18.452.244,
designada en el Art. 2º de la presente resolución.
Artículo 7° - Otorgar el SUPLEMENTO POR ZONA del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), que
establecen los Arts. 33° - Punto 1 - y 49° de la Ley N° 5465 y normas complementarias, a las personas
que se mencionan, designadas en el Art. 2º de la presente resolución:
Da. NADALINI, Mariana Edith, DNI N° 28.600.450
Dn. BERDUGO, Sebastián Gustavo, DNI N° 21.984.916
Dn. MAD, Jorge Leonardo, DNI N° 33.274.188
Artículo 8º - Establecer que los profesionales de la salud incluidos en el Régimen 27 (sin Adicional por
Guardia), designados en el Art. 2º de la presente resolución, deberán desempeñar sus funciones de Lunes
a Viernes entre las 7.00 y las 21.00 Hs. y Sábados entre las 7.00 y las 14.00 Hs.
Artículo 9°- Lo dispuesto por la presente resolución tendrá vigencia a partir del 30 de junio de 2017.
Artículo 10º- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y archívese.
FARM. CLAUDIA NAJUL
S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
A.T.M. - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA
Resolución N°: 59
MENDOZA, 8 DE SETIEMBRE DE 2017
VISTO:
El expediente N° 7150-D-2017-01130, y
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
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Subsecretaria Legal y Técnica
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CONSIDERANDO:
Que en el Contrato de Vinculación de Agente Financiero de la Provincia de Mendoza, suscripto entre el
Gobierno de la Provincia y el Banco de la Nación Argentina, ratificado por el Decreto N° 754/16, se ha
acordado la reciprocidad en el uso gratuito de los espacios que se señalan en el apartado 2.2 del Anexo de
dicho convenio.
Que en el expediente de referencia se tramita la aprobación del Contrato de Cesión de Uso, suscripto
entre el Banco de la Nación Argentina y esta Administración Tributaria, con vigencia a partir de la efectiva
ocupación del inmueble, conforme el acta que se labre en ese momento.
Que en el referido contrato, esta Administración Tributaria cede un espacio de 168 metros cuadrados
aproximadamente, en planta baja, sector este del edificio ubicado en avenida Luciano Peltier s/n de la
Ciudad de Mendoza, lugar de la nueva sede de la Administración Tributaria Mendoza, destinado para la
atención y/o instalación de puestos, cajeros automáticos, buzones de servicios, centros de atención y
consulta, anexos y/o sucursales con destino a la atención del público.
Que las partes han reconocido la continuidad de la relación contractual con prórrogas por períodos de doce
(12) meses, y en forma automática, debiendo el cedente comunicar fehacientemente en un plazo mínimo
de ciento ochenta (180) días de antelación, si decide no continuar.
Que a través del Artículo 7°, se ha dispuesto que estarán a cargo del Cedente los gastos por tasa de
alumbrado, barrido y limpieza, servicios de agua, gas, así como cualquier otra tasa, impuesto o
contribución que devengare el inmueble, y el Cesionario se obliga a comunicar en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas, cualquier notificación recibida en el domicilio del inmueble y relacionada con el
mismo.
Que el referido Contrato de Cesión de Uso ha sido suscripto en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el artículo 4° incisos d), f) y el artículo 10° incisos c) y k) de la Ley N° 8521.
Por ello, de acuerdo a lo dictaminado por el Departamento Asuntos Legales a fs. 9 y en uso de las
facultades conferidas por el articulo 10 inciso d) del Código Fiscal (t.o. S/Decreto N° 1284/93 y sus
modificatorias) y la Ley N° 8521,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MENDOZA
R E S U E L V E:
Artículo 1°- Ratifíquese el Contrato de Cesión de Uso celebrado entre el Banco de la Nación Argentina y la
Administración Tributaria Mendoza, suscripto en fecha 21 de Junio del 2017, el que en fotocopia
certificada, como Anexo, forma parte de la presente resolución.
Artículo 2°- Notifíquese a: Banco de la Nación Argentina S.A. Dése a conocimiento de las áreas de la
Administración a través de la página web: www.atm.mendoza.gov.ar. Publíquese en el Boletín Oficial.
Cumplido con constancias, archívese.
CONT. ALEJANDRO LUIS DONATI
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en la edición web del Boletín Oficial del
Gobierno de Mendoza --www.boletinoficial.mendoza.gov.ar--y también podrán ser consultados en la Sede
Central de esta dirección Provincial (Av. Peltier 351 - 1º subsuelo - Cuerpo Central - Capital - Mendoza)
S/Cargo
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12/09/2017 (1 Pub.)
Resolución N°: 60
MENDOZA, 11 DE SETIEMBRE DE 2017.
VISTO:
El expediente N° 1033-D-2016-2013-01130, lo dispuesto por Ley N° 8521, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 8521, se creó la Administración Tributaria Mendoza (A.T.M.), dentro del ámbito del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, actuando como entidad autárquica y descentralizada en el orden
administrativo y financiero.
Que esta Administración Tributaria Mendoza tiene, conforme lo prescribe el artículo 4º , inciso j) de dicha
norma legal, las facultades de aprobar, de acuerdo con el presupuesto asignado, su estructura orgánico
funcional, como así también las atribuciones del artículo 4, inciso i) respecto a organizar y reglamentar su
funcionamiento interno en los aspectos estructurales, operativos y de administración de personal,
incluyendo sus propios servicios de contaduría, tesorería y servicios generales de acuerdo a las leyes
vigentes.
Que el artículo 10, inciso e) del texto legal citado otorga al Administrador General, la atribución de delegar
facultades de su competencia en el personal de la Administración Tributaria Mendoza.
Que, con vistas a la integración de la gestión referida a la atención al público, se considera conveniente
unificar las áreas de atención a contribuyentes, teniendo especialmente presente los planes previstos por
la presente gestión en relación a los próximos nuevos ambientes de trabajo y el proyecto de “ventanilla
única”.
Que resulta necesaria esa adecuación orgánico-funcional en la Dirección General de Rentas, en relación a
las Subdirecciones que tienen funciones para la atención de contribuyentes y gestión interna de los
tributos, reasignándolas de forma tal, que faciliten el desarrollo ordenado de su gestión y permitan
cumplimentar adecuadamente con la misión encomendada al Organismo por el Código Fiscal de la
Provincia y demás normas legales vigentes.
Que se pretende consolidar y poner en valor la política implementada oportunamente en áreas de gestión
interna aprovechando la especialización de los responsables de su ejecución.
Que, por otra parte, al unificar las áreas de atención al público se pretende dar mejor y más rápidas
respuestas a los contribuyentes y público en general.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 8521,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA
R E S U E L V E:
Artículo 1º – Sustitúyase el Anexo I – Organigrama de la Administración Tributaria Mendoza - de la
Resolución General A.T.M. Nº 4/13 y sus modificatorias, por el Anexo I de la presente Resolución.
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Artículo 2º – Modifícase el Anexo II – Manual de Funciones de la Resolución General A.T.M. Nº 4/13 y sus
modificatorias, y sustitúyanse las partes pertinentes, conforme se detalla a continuación:
a) Punto I. DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Misión:
Entender en todo lo relativo a la administración de recursos tributarios y no tributarios de la Provincia
excepto los ingresos provenientes de la producción de petróleo y gas.
Funciones:
Realizar las funciones que, a título enunciativo, se mencionan a continuación, sin perjuicio de la delegación
de atribuciones que se le efectúe:
• Ejecutar la política tributaria provincial en el proceso de determinación, verificación, fiscalización y
percepción de los ingresos públicos tributarios y no tributarios (excepto los provenientes de la producción
de petróleo y gas) fijada por el Gobierno Provincial y conforme a las pautas del Administrador General.
• Garantizar servicios de calidad a los contribuyentes, desarrollar procesos efectivos de atención que
satisfagan las necesidades de los mismos, procurando la optimización de los recursos disponibles.
• Proponer las normas que complementen, modifiquen o reglamenten la legislación provincial relativa a la
misión de la Administración Tributaria Mendoza en materia tributaria.
• Procurar la formación y actualización de los registros y bases de datos de recursos tributarios y no
tributarios, excepto los provenientes de la producción de petróleo y gas.
• Entender en la acreditación, compensación, devolución y en la declaración de prescripción de los débitos
y créditos tributarios.
• Entender en las cuestiones que faciliten la fiscalización, determinación, gestión de cobro, recaudación,
registración, etc. de los recursos tributarios y no tributarios, excepto los provenientes de la producción de
petróleo y gas.
• Fijar y supervisar los sistemas, procesos y procedimientos administrativos (excepto los provenientes de
la producción de petróleo y gas) y judiciales por vía de apremio, tendientes al cobro de los recursos
tributarios y no tributarios y evaluar los resultados y las causas de los desvíos en las acciones relacionadas
con los mismos.
• Planificar, elaborar, implementar y evaluar planes de recaudación y fiscalización para mejorar el grado de
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y/o responsables y disminuir la evasión
fiscal.
• Instrumentar distintos sistemas de información pública para publicar, los montos de recaudación, como
así también la situación fiscal de los contribuyentes conforme a la normativa vigente y a las pautas fijadas
por el Administrador General.
• Intervenir en el procedimiento de clausura fijado por el Código Fiscal.
• Entender y proponer distintos sistemas de designación, atención y control de grandes contribuyentes,
agentes de retención, percepción, información y recaudación.
• Promover estudios destinados a detectar nuevas fuentes de tributación.
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• Resolver las solicitudes de exenciones previstas en el artículo 74° del Código Fiscal.
De la Dirección General de Rentas dependen en forma directa:
I.a- SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
I.b- SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTERNA
I.c- SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
I.d- DELEGACIONES
I.e- DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE COBRANZAS
b) Punto I.a. SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE
Misión:
Garantizar servicios de calidad a los contribuyentes y desarrollar procesos efectivos de atención
personalizada y/o a través del Contact Center que satisfagan las necesidades de los mismos, optimizando
los recursos disponibles.
Funciones:
Realizar las funciones que, a título enunciativo, se mencionan a continuación, sin perjuicio de la delegación
de atribuciones que se le efectúe:
• Coordinar y analizar en forma permanente con las dependencias a su cargo y con la participación del
personal los procedimientos y métodos necesarios para proporcionar una excelente atención
personalizada y no presencial a través del Contact Center, a los contribuyentes tal que permita garantizar
la eficiencia en los servicios de asistencia a los mismos.
• Definir y supervisar operativos de servicios y cobranzas ejecutados a través del Contact Center.
• Evaluar el desempeño de la Mesa Derivadora y proponer las mejoras que se consideren necesarias para
la atención del público en general.
• Establecer las pautas de selección de los grandes contribuyentes o responsables y proponer su
incorporación al régimen de control y atención personalizada.
• Supervisar las bocas recaudadoras y de pago disponibles en dependencias de Administración Tributaria
Mendoza correspondientes a su jurisdicción.
• Coordinar la selección, control de pago, gestión de cobro y atención personalizada de contribuyentes
especiales, excluidos los supuestos de Tasa de Justicia e Impuesto a los concursos, certámenes, sorteos y
otros eventos.
• Analizar en forma permanente que los procesos y procedimientos implementados para el ingreso de los
tributos faciliten el cumplimiento de las obligaciones.
• Implementar y evaluar planes de recaudación para mejorar el grado de cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes y/o responsables, en función de las metas de recaudación.
• Entender y proponer distintos sistemas de designación, atención y control de grandes contribuyentes,
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agentes de retención y percepción de los tributos a su cargo, como así también los agentes de retención y
recaudación u proponer sistemas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
• Desarrollar planes de acción para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
• Propiciar el perfeccionamiento técnico y administrativo de procedimientos de gestión interna y fomentar
el mantenimiento de un alto grado de eficiencia, en la resolución de trámites y casos planteados en
expedientes administrativos.
• Realizar estimaciones de recaudación de los tributos o gravámenes a su cargo.
• Realizar conjuntamente con la Subdirección de Gestión Interna planificaciones, ejecuciones,
evaluaciones y controles, con la elaboración de planes de acción conjuntos que sirvan de base para la
depuración y mantenimiento de datos, de los sujetos pasivos, cuentas corrientes y objetos imponibles,
entre otros, que afecten en forma conjunta a ambas áreas.
• Organizar, planificar, verificar y controlar los procesos y procedimientos necesarios para determinar e
informar los saldos de las cuentas por cobrar de los recursos bajo su administración.
• Evaluar la funcionalidad de las bocas recaudadoras y de pago disponibles en dependencias de
Administración Tributaria Mendoza correspondientes a su jurisdicción.
• Coordinar, supervisar y evaluar las actividades que hacen a la prestación de servicios de Receptorías y
Oficinas Receptoras bajo su dependencia jerárquica.
• Analizar, en forma permanente y con la participación del personal de las áreas a su cargo, los
procedimientos y métodos que permitan garantizar la eficiencia en los servicios de asistencia a los
contribuyentes.
De la SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE dependen en forma directa:
1) DEPARTAMENTO ATENCIÓN CONTRIBUYENTES.
2) DEPARTAMENTO GRANDES CONTRIBUYENTES
3) DEPARTAMENTO GESTIÓN DE RECEPTORÍAS.
1) DEPARTAMENTO ATENCIÓN CONTRIBUYENTES
Funciones:
Realizar las funciones que, a título enunciativo, se mencionan a continuación, sin perjuicio de la delegación
de atribuciones que se le efectúe:
• Brindar atención directa y asesoramiento a los contribuyentes y responsables y al público en general,
sobre los tributos cuya administración está a cargo de la Administración Tributaria Mendoza, con
excepción de las funciones asignadas al Departamento de Grandes Contribuyentes respecto de los
contribuyentes especiales.
• Entender en la atención de público y cobro de las Tasas Retributivas de Servicios Administrativos
(excepto la Referida al Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia), incluyendo la liquidación de los
tributos, sus accesorios, formas de pago, etcétera.
• Realizar, de acuerdo con los procedimientos establecidos, controles a efectos de comprobar y mejorar el
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grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y/o responsables.
• Verificar el diligenciamiento de trámites, solicitudes y certificados que se realicen en forma presencial o a
través del Contact Center, respecto de los tributos sobre los que se brinda atención directa.
• Organizar, supervisar y coordinar la Mesa Derivadora de atención a los contribuyentes, desde la cual se
oriente al público y contribuyentes en general respecto de los diferentes trámites, requisitos y turnos, como
así también se proceda al cobro o recaudación de conceptos tributarios en general, por medio de cualquier
mecanismo de pago electrónico.
• Ejecutar, evaluar y controlar, los planes de acción fijados por el superior jerárquico que sirvan de base
para la depuración y mantenimiento de datos, de los sujetos pasivos, cuentas corrientes y objetos
imponibles, entre otros, que afecten globalmente a la organización.
• Organizar, supervisar y coordinar procedimientos y métodos necesarios para proporcionar una excelente
atención personalizada y no presencial a través del Contact Center a los contribuyentes, que permita
garantizar la eficiencia en los servicios de asistencia a los mismos.
• Organizar, actualizar y mantener el registro, cuando corresponda, de los sujetos pasivos y/o
responsables y la correspondiente materia imponible relacionada los mismos referida a los tributos,
procurando principalmente mantener actualizadas las bases de datos de los sujetos pasivos, sus objetos
imponibles, obligaciones y todo otro dato relevante para la determinación de los tributos.
• Controlar las actividades que hacen a la prestación de servicios al público.
2) DEPARTAMENTO GRANDES CONTRIBUYENTES
Funciones:
Realizar las funciones que, a título enunciativo, se mencionan a continuación, sin perjuicio de la delegación
de atribuciones que se le efectúe:
• Supervisar el control de pago, la gestión de cobro y la atención personalizada de contribuyentes
especiales, designados mediante el dictado de la norma legal pertinente referida a grandes contribuyentes
del Gran Mendoza, y Agentes de Retención y Percepción del Gran Mendoza, excluidos los que se refieran
a Impuesto de Sellos, Tasa de Justicia e Ingresos Varios.
• Brindar atención directa y asesoramiento a los contribuyentes y/o responsables, sobre aspectos
vinculados con todas las obligaciones tributarias de los contribuyentes y responsables bajo su control.
• Realizar la selección de los grandes contribuyentes y proponer su incorporación al régimen de control
especial y atención personalizada.
• Coordinar con otras áreas de la Dirección operativos de control, verificación o fiscalización de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes y/o responsables bajo su control.
• Organizar, actualizar y mantener la registración de los sujetos pasivos y/o responsables y los datos que
sean necesarios para determinar la materia imponible relacionada con los contribuyentes especiales,
procurando principalmente mantener actualizadas las bases de datos de los sujetos pasivos, sus
actividades económicas, las obligaciones, las correspondientes declaraciones juradas y todo otro dato
relevante para la determinación de los tributos u obligaciones a ingresar.
• Brindar colaboración a las áreas de atención no presencial para que éstas puedan cumplir con sus
funciones.
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• Realizar, de acuerdo con los procedimientos establecidos, controles a efectos de comprobar y mejorar el
grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y/o responsables, como
así también verificar en forma interna la consistencia de declaraciones juradas mensuales y anuales y, en
términos generales, de todos los montos que se hayan declarado y/o pagado de los conceptos a su cargo.
• Ejecutar, evaluar y controlar, los planes de acción fijados por el superior jerárquico que sirvan de base
para la depuración y mantenimiento de datos, de los sujetos pasivos, cuentas corrientes y objetos
imponibles, entre otros, que afecten globalmente a la organización.
• Organizar, planificar, ejecutar, verificar y controlar los procesos y procedimientos necesarios para
determinar e informar los saldos de las cuentas por cobrar de los recursos bajo su administración.
3) DEPARTAMENTO GESTIÓN DE RECEPTORÍAS
Funciones:
Realizar las funciones que, a título enunciativo, se mencionan a continuación, sin perjuicio de la delegación
de atribuciones que se le efectúe:
• Dirigir, coordinar y supervisar las receptorías bajo su dependencia jerárquica y proveer a éstas, en forma
permanente: asesoramiento técnico, administrativo e información actualizada.
• Controlar las actividades que hacen a la prestación de servicios de Receptorías y Oficinas Receptoras
bajo su dependencia jerárquica.
• Proponer actividades de capacitación y adiestramiento del personal de la Receptorías.
• Supervisar el oportuno cumplimiento de órdenes superiores, así como la correcta instrumentación y
aplicación de normas y disposiciones vigentes.
• Supervisar el uso óptimo de los recursos disponibles, a efectos de alcanzar mayor eficacia y eficiencia,
en el cumplimiento de las funciones y tareas encomendadas a las dependencias a su cargo.
• Elevar las sugerencias que considere conveniente para lograr un mejor servicio de atención al público.
• Organizar, supervisar y coordinar las bocas recaudadoras y de pago disponibles en dependencias de
ATM correspondientes a su jurisdicción.
• Analizar, en forma permanente y con la participación del personal de las áreas a su cargo, los
procedimientos y métodos que permitan garantizar la eficiencia en los servicios de asistencia a los
contribuyentes.
Del DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECEPTORIAS dependen en forma directa:
1) RECEPTORÍA LUJAN DE CUYO.
2) RECEPTORÍA MAIPÚ.
3) RECEPTORÍA LAS HERAS.
4) RECEPTORÍA GODOY CRUZ.
5) RECEPTORÍA LAVALLE.
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6) RECEPTORÍA CORRALITOS.
7) RECEPTORÍA RODEO DE LA CRUZ.
8) OTRAS RECEPTORIAS DEL AMBITO DEL GRAN MENDOZA
Oficinas Receptoras de:
1) CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS.
2) BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA.
2) OTRAS OFICINAS RECEPTORAS DEL AMBITO DEL GRAN MENDOZA.
c) Punto I.b. SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTERNA
Misión:
Entender en los procesos propios de administración de los Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto
de Sellos, Impuesto Solidario Educativo, Tasa de Contraprestación Empresaria del servicio de trasporte
público de pasajeros y Tasa Estadística, así como en las exenciones de los gravámenes mencionados y en
planes de verificación de cumplimiento de obligaciones fiscales. Garantizar servicios de calidad a los
contribuyentes de los tributos bajo su administración y contribuir al desarrollo de procesos efectivos de
atención no presencial que satisfagan las necesidades de los contribuyentes.
Funciones:
Realizar las funciones que, a título enunciativo, se mencionan a continuación, sin perjuicio de la delegación
de atribuciones que se le efectúe:
• Coordinar y analizar en forma permanente con las dependencias a su cargo y con la participación del
personal los procedimientos y métodos necesarios que permitan garantizar la eficiencia en los servicios a
los contribuyentes.
• Brindar colaboración a las áreas de atención no presencial para que éstas puedan cumplir con sus
funciones.
• Establecer las pautas de selección de los grandes contribuyentes o responsables y proponer su
incorporación al régimen de control y atención personalizada.
• Supervisar los procesos y procedimientos para el ingreso de los impuestos a cargo de los
Departamentos dependientes, que faciliten el cumplimiento de las obligaciones.
• Entender y proponer distintos sistemas de designación, atención y control de grandes contribuyentes,
agentes de retención y percepción de los tributos que administra, como así también los agentes de
información y recaudación y proponer sistemas que faciliten el ingreso de las obligaciones fiscales.
• Coordinar con otras áreas de la Administración Tributaria Mendoza, las necesidades y requerimientos
para la designación de agentes de información.
• Implementar y evaluar planes de recaudación para mejorar el grado de cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los contribuyentes y/o responsables, en función de las metas de recaudación.
• Desarrollar planes de acción para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
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• Promover estudios destinados a detectar nuevas fuentes de tributación y generar información que sirva
de apoyo a decisiones gerenciales, en materia de administración tributaria.
• Propiciar el perfeccionamiento técnico y administrativo de procedimientos de gestión interna y fomentar
el mantenimiento de un alto grado de eficiencia, en la resolución de trámites y casos planteados en
expedientes administrativos.
• Realizar estimaciones de recaudación de los tributos o gravámenes a cargo de la Dirección General de
Rentas.
• Supervisar la generación de las obligaciones y las determinaciones de capital, recargos e intereses que
surjan de acciones efectuadas por las áreas de fiscalización.
• Realizar conjuntamente con la Subdirección de Servicios al Contribuyente planificaciones, ejecuciones,
evaluaciones y controles, con la elaboración de planes de acción conjuntos que sirvan de base para la
depuración y mantenimiento de datos, de los sujetos pasivos, cuentas corrientes y objetos imponibles,
entre otros, que afecten en forma conjunta a ambas áreas.
• Organizar, planificar, verificar y controlar los procesos y procedimientos necesarios para determinar e
informar los saldos de las cuentas por cobrar de los recursos bajo su administración.
• Resolver las solicitudes de exenciones de los impuestos a su cargo que se tramiten por pieza
administrativa y procurar mecanismos para que se realicen a través de sistemas informáticos que
contemplen los requisitos legales para su otorgamiento.
• Evaluar y calificar al personal de las áreas a su cargo, de acuerdo con las normas vigentes.
De la SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTERNA dependen en forma directa:
1) DEPARTAMENTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
2) DEPARTAMENTO IMPUESTOS PATRIMONIALES E INGRESOS VARIOS
3) DEPARTAMENTO DETERMINACIÓN DE OFICIO
1) DEPARTAMENTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Funciones:
Realizar las funciones que, a título enunciativo, se mencionan a continuación, sin perjuicio de la delegación
de atribuciones que se le efectúe:
• Entender en los procesos propios de administración de los Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto
de Sellos, Tasa de Contraprestación Empresaria del servicio de trasporte público de pasajeros, Tasa
Estadística e Impuesto Solidario Educativo y realizar la gestión administrativa interna, vinculada con los
mismos.
• Realizar y controlar la generación masiva de obligaciones correspondientes a los contribuyentes y
responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a contribuyentes locales y de
Convenio Multilateral y a los responsables del pago de la Tasa de Contraprestación Empresaria.
• Realizar, de acuerdo con los procedimientos establecidos, controles a efectos de comprobar y mejorar el
grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y/o responsables, como
así también verificar en forma interna la consistencia de declaraciones juradas mensuales y anuales y, en
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términos generales, de todos los montos que se hayan declarado y/o pagado de los conceptos a su cargo.
• Supervisar el control de pago y la gestión de cobro de Agentes de Retención y Percepción de Impuesto
de Sellos.
• Verificar el diligenciamiento de trámites, solicitudes y certificados, vinculados con los gravámenes bajo su
control, presentados o solicitados por los contribuyentes y responsables relacionados con la gestión
administrativa interna ya sea que se efectúen por actuaciones administrativas o no.
• Organizar, actualizar y mantener la registración de los sujetos pasivos y/o responsables y los datos que
sean necesarios para determinar la materia imponible relacionada con los gravámenes a su cargo que se
gestione por actuaciones administrativas, procurando principalmente mantener actualizadas las bases de
datos de los sujetos pasivos, sus actividades económicas, las obligaciones, las correspondientes
declaraciones juradas y todo otro dato relevante para la determinación de los tributos.
• Organizar, emitir cuando corresponda, y mantener el registro de las constancias de exención conforme a
la reglamentación vigente de los gravámenes a su cargo.
• Brindar colaboración a las áreas de atención no presencial para que éstas puedan cumplir con sus
funciones.
• Ejecutar, evaluar y controlar, los planes de acción fijados por el superior jerárquico que sirvan de base
para la depuración y mantenimiento de datos, de los sujetos pasivos, cuentas corrientes y objetos
imponibles, entre otros, que afecten globalmente a la organización.
• Organizar, planificar, ejecutar, verificar y controlar los procesos y procedimientos necesarios para
determinar e informar los saldos de las cuentas por cobrar de los recursos bajo su administración.
• Programar y evaluar conjuntamente y cuando corresponda, con los Departamentos de la Dirección
General de Rentas, todas las acciones necesarias para identificar las actividades, operaciones, y cualquier
parámetro a los efectos de elaborar la nómina de Agentes de Retención, Percepción de todos los
impuestos a su cargo y de todos los Agentes de Información.
• Participar e intervenir en la normativa referida a los sistemas de agentes de retención, percepción e
información.
• Supervisar el control de presentación, la información proporcionada y realizar la designación de los
agentes de información, organizar, actualizar y mantener la registración de los mismos y los datos que
sean necesarios para determinar sus obligaciones.
• Realizar y controlar la generación masiva de obligaciones correspondientes a los Agentes de Retención
y/o Agentes de Percepción a su cargo.
• Analizar el cumplimiento de los agentes de retención, percepción e información para la elaboración de
informes gerenciales para la toma de decisiones
• Elaborar estadísticas y planificar, cuando corresponda bases de datos relacionando los contribuyentes, y
a los agentes de retención, percepción e información que permitan el análisis de la capacidad contributiva,
de consumo y de tributación, como así también los desvíos que permitan detectar la morosidad y la
evasión.
• Entender, organizar, planificar, ejecutar, verificar y controlar todas las tareas y reclamos de los
contribuyentes comprendidos en el padrón de riesgo fiscal.
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• Entender, organizar, planificar, ejecutar, verificar y controlar todas las tareas y reclamos del Sistema de
recaudaciones y percepciones bancarias (SIRCREB).
2) DEPARTAMENTO IMPUESTOS PATRIMONIALES E INGRESOS VARIOS
Funciones:
Realizar las funciones que, a título enunciativo, se mencionan a continuación, sin perjuicio de la delegación
de atribuciones que se le efectúe:
• Entender en todos los procesos propios de administración de los impuestos Inmobiliario y a los
Automotores y realizar la gestión administrativa interna, vinculada con dichos impuestos, como así también
en todos los procesos propios de administración de la Tasa de Fiscalización, Tasas Retributivas de
Servicios Administrativos, excepto la referida al Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia, Tasa de
Justicia e Ingresos Varios y realizar la gestión administrativa interna, vinculada con dichos gravámenes.
• Ejecutar los procesos y procedimientos necesarios para determinar e informar los saldos de las cuentas
por cobrar de los recursos bajo su administración.
• Realizar y controlar la generación masiva de obligaciones correspondientes a los contribuyentes y
responsables de los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores, determinando los débitos tributarios
correspondientes aplicando la normativa específica de la Ley Impositiva del ejercicio fiscal respectivo.
• Realizar, de acuerdo con los procedimientos establecidos, controles a efectos de comprobar y mejorar el
grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y/o responsables.
• Verificar el diligenciamiento de trámites, solicitudes y certificados, vinculados con los gravámenes bajo su
control, presentados por los contribuyentes y responsables relacionados con la gestión administrativa
interna ya sea que se efectúen por actuaciones administrativas o no.
• Resolver sobre las acciones determinativas relativas al Impuesto Inmobiliario, Impuesto a los
Automotores, Tasa de Fiscalización, Ingresos Varios, tasas retributivas de servicios, excepto la referida al
Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia, y tasa de justicia.
• Organizar, actualizar y mantener el registro, cuando corresponda, de los sujetos pasivos y/o
responsables y la correspondiente materia imponible relacionada con los mismos, del Impuesto
Inmobiliario e Impuesto a los Automotores, Ingresos Varios, Tasa de Fiscalización, Tasa de Justicia y
Tasas Retributivas de Servicios Administrativos, excepto la referida al Registro Público y Archivo Judicial
de la Provincia, procurando principalmente mantener actualizadas las bases de datos de los sujetos
pasivos, sus objetos imponibles, obligaciones y todo otro dato relevante para la determinación de los
tributos.
• Organizar, emitir cuando corresponda, y mantener el registro de las constancias de exención conforme a
la reglamentación vigente de los gravámenes a su cargo.
• Ejecutar, evaluar y controlar, los planes de acción fijados por el superior jerárquico que sirvan de base
para la depuración y mantenimiento de datos, de los sujetos pasivos, cuentas corrientes y objetos
imponibles, entre otros, que afecten globalmente a la organización.
• Organizar, planificar, ejecutar, verificar y controlar los procesos y procedimientos necesarios para
determinar e informar los saldos de las cuentas por cobrar de los recursos bajo su administración.
• Brindar colaboración a las áreas de atención no presencial para que éstas puedan cumplir con sus
funciones.
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• Analizar en forma permanente que los procesos y procedimientos implementados para el ingreso de los
tributos faciliten el cumplimiento de las obligaciones.
3) DEPARTAMENTO DETERMINACIÓN DE OFICIO
Funciones:
Realizar las funciones sobre contribuyentes y/o responsables con domicilio fiscal en el Gran Mendoza o en
extraña jurisdicción, excepto los de Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, que a título enunciativo
se mencionan a continuación, sin perjuicio de la delegación de atribuciones que se le efectúe:
• Intervenir en las determinaciones de impuestos, tasas, accesorios y/o multas que correspondan a
actuaciones no conformadas por contribuyentes y/o responsables, provenientes de las áreas de
fiscalización, excluidas las de Tasa de Justicia e Impuesto a los concursos, certámenes, sorteos y otros
eventos, otorgando la vista a la que se refieren los Artículos 78 y 82 del Código Fiscal.
• Resolver sobre las determinaciones impositivas y/o la instrucción de sumarios para aplicación de multas
por incumplimiento de obligaciones formales y/o materiales de contribuyentes y Agentes de Retención y/o
Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, Tasa de Contra-prestación
Empresaria, Impuesto Solidario Educativo y tasas retributivas de servicios referidas al Registro Público y
Archivo Judicial de la Provincia.
• Entender en la admisión y producción de las pruebas ofrecidas por los contribuyentes en los procesos de
determinación de oficio o sumariales a los que se refieren los párrafos anteriores, en los plazos previstos
por la normativa vigente con domicilio fiscal en el gran Mendoza.
• Controlar los proyectos y dictar las resoluciones cuando corresponda determinar de oficio obligaciones
tributarias de los contribuyentes y/o responsables.
• Aplicar los procedimientos especiales previstos en los artículos 35 (bis) y 35 (quater) del Código Fiscal.
Artículo 3º – La presente Resolución General regirá a partir de la fecha de su publicación.
Artículo 4º – Publíquese en el Boletín Oficial y dése a conocimiento de las áreas de la Administración a
través de la página web: www.atm.mendoza.gov.ar. Cumplido con constancias, procédase a su archivo.
CONT. ALEJANDRO DONATI
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en la edición web del Boletín Oficial del
Gobierno de Mendoza --www.boletinoficial.mendoza.gov.ar--y también podrán ser consultados en la Sede
Central de esta dirección Provincial (Av. Peltier 351 - 1º subsuelo - Cuerpo Central - Capital - Mendoza)
S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
Resolución N°: 61
MENDOZA, 11 DE SETIEMBRE DE 2017.
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que la Administración Tributaria Mendoza tiene las facultades de aprobar, de acuerdo con el presupuesto
asignado, su estructura orgánico funcional, según lo previsto por el artículo 4º inciso j) de la Ley Nº 8521.
Que por Resolución General A.T.M. N° 60/17, se introducen modificaciones a la estructura orgánico
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
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funcional aprobada por las Resoluciones Generales A.T.M. N° 4/13 y N° 86/16, resultando por ello
necesario dejar sin efecto las funciones asignadas oportunamente y reasignar funciones en virtud de la
normativa aprobada.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 8521,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA
R E S U E L V E:
Artículo 1° - Aféctese a cumplir funciones de Subdirector y de Jefe de Departamento de la Administración
Tributaria Mendoza, a partir de la fecha de publicación de la presente disposición, a los agentes que se
mencionan a continuación:
AREA
NOMBRE Y APELLIDO
C.U.I.L. N°
SUBDIRECCIÓN SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE
CONT. MARIA INÉS CASTILLO
27-12538723-9
DEPARTAMENTO
ATENCIÓN
CONTRIBUYENTES
CONT.
MARIA
DE
BELÉN
BONELLI
27-24161060-3
DEPARTAMENTO
GRANDES
CONTRIBUYENTES
CONT. YAMILA JAEL CISTERNA
23-30741116-4
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE
RECEPTORÍAS
CONT.
MARIA
GRACIELA
SANCHEZ
23-11487460-4
SUBDIRECCIÓN
GESTIÓN
INTERNA
CONT.
GLADYS
DEL
VALLE
PEREZ REY
27-16448488-8
DEPARTAMENTO
DETERMINACIÓN DE OFICIO
CONT.
CELESTINO
JORGE
HERRERA
20-18273306-8
DEPARTAMENTO
IMPUESTOS
PATRIMONIALES E INGRESOS
VARIOS
SILVIA PATRICIA FUNES
27-17252486-4
DEPARTAMENTO ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
CONT. PATRICIA A. RONCONI
27-18833731-2
Artículo 2º – Notifíquese a los interesados, Directores Generales, Directores y al Departamento de Gestión
Administrativa. Publíquese en el Boletín Oficial y dése a conocimiento de las áreas de la Administración a
través de la página web: www.atm.mendoza.gov.ar. Cumplido con constancias, procédase a su archivo.
CONT. ALEJANDRO LUIS DONATI
S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
Resolución N°: 62
MENDOZA, 11 DE SETIEMBRE DE 2017.
VISTO Y CONSIDERANDO:
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Que la Administración Tributaria Mendoza tiene las facultades de aprobar, de acuerdo con el presupuesto
asignado, su estructura orgánico funcional, según lo previsto por el artículo 4º inciso j) de la Ley Nº 8521,
habiéndose dictado al efecto las Resoluciones Generales A.T.M. N° 4/13; N° 26/16; N° 86/16 y N° 60/17.
Que por razones operativas y de gestión, se estima conveniente efectuar una reestructuración, y dejar sin
efecto la asignación de funciones efectuada oportunamente.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 8521,
EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA
R E S U E L V E:
Artículo 1° - Déjese sin efecto a partir de la fecha de publicación de la presente disposición las funciones
asignadas por Resolución General A.T.M. N° 18/17, como Jefe del Departamento de Recursos
Jerárquicos de la Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos de la Administración Tributaria Mendoza, al
C.P.N. IVAN STROPPIANA, C.U.I.L. N° 20-22835399-0.
Artículo 2° - Déjese sin efecto a partir de la fecha de publicación de la presente disposición las funciones
asignadas por Resolución General A.T.M. N° 105/14, como Jefe del Departamento de Sellos y Tasa de
Justicia de la Dirección General de Rentas la Administración Tributaria Mendoza, a la C.P.N. MARIA
GABRIELA ALLUB, C.U.I.L. N° 23-18591629-4
Artículo 3° - Aféctese a partir de la fecha de publicación de la presente disposición a cumplir funciones de
Jefe del Departamento de Recursos Jerárquicos de la Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos de la
Administración Tributaria Mendoza, a la C.P.N. MARIA GABRIELA ALLUB, C.U.I.L. N° 23-18591629-4.
Artículo 4º - Publíquese en el Boletín Oficial. Tómese conocimiento por la Dirección General de Rentas, la
Dirección de Asuntos Técnicos y Jurídicos y la Dirección de Administración. Comuníquese al
Departamento de Gestión Administrativa y por su intermedio, notifíquese a los interesados. Cumplido con
constancias, procédase a su archivo.
CONT. ALEJANDRO LUIS DONATI
S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
OSEP - OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS
Resolución N°: 490
MENDOZA, 30 de marzo de 2017
VISTO: el Expte. Nº 005282-G-2017 caratulado: “Gerencia de Discapacidad – solicita reconocer
prestaciones p/pacientes con y sin C.U.D.”, y
CONSIDERANDO:Que por la presente pieza administrativa, la Coordinación Administrativa Contable de
Discapacidad solicita la emisión de una norma legal que autorice efectuar a través de esa área el pago de
prestaciones de rehabilitación a pacientes con y sin certificado de discapacidad, que residen en zonas
distanciadas del Gran Mendoza.
Que es de suma necesidad poder brindar estos servicios a pacientes con certificado de discapacidad sin
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límite de edad y a pacientes sin certificado hasta los 7 años de edad.
Que los afiliados sin certificado comprendidos desde los 0 hasta los 7 años de edad, serán asistidos por el
Área de Atención Temprana tal como lo ordena el Art. 4º de la Resolución Nº 1566/2016, en cuanto se
autorice la “Cartilla de Prestadores Preferenciales” propuestas por ellos. La asistencia de estos menores
nos permitirá brindar una opción de terapias que prevenga algún tipo de discapacidad, si fuera el caso.
Que no en todos los Departamentos del territorio provincial existen instituciones que agrupen a
profesionales que brinden los servicios de salud específicos (institutos convenidos con la Obra Social), por
lo tanto se considera fundamental poder brindar las terapias a través de profesionales individuales en las
especialidades tales como: Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología, Psiquiatría, Kinesiología,
Psicomotricidad, Psicopedagogía, Terapia Visual, Terapia del Lenguaje.
Que actualmente pacientes residentes en los Departamentos de Tunuyán, Tupungato, San Carlos,
Malargüe, General Alvear, San Rafael, Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Junín, San Martín y Rivadavia,
demandan la necesidad de asistir a terapias específicas.
Que las mencionadas terapias se brindan a los afiliados bajo la modalidad de subsidio, el cual se reconoce
bajo el módulo 1039 – 03 Prestación Apoyo no Categorizado por un importe de $187,20.-; siendo éste un
valor muy inferior a lo presupuestado por el profesional y genera que el mismo no acepte asistir a nuestros
afiliados.
Que del análisis del costo – beneficio se ha considerado que el paciente reciba las terapias en su lugar de
origen, evitando así el traslado de los mismos hacia el Gran Mendoza.
Que se informa que por expediente Nº 004430-S-2017 se tramita la conformación de la “Cartilla de
Prestadores Preferenciales” para el Área de Discapacidad.
Que por todo lo expuesto se requiere:
- Autorizar el pago de las prestaciones por modalidad de subsidio bajo el módulo 1039 – 00 “Prestación de
Apoyo – Categorizado” por un importe de $405,00.- o el valor actualizado vigente a pacientes CON
certificado de discapacidad, sin límite de edad, que residen específicamente en los Departamentos de
Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Malargüe, General Alvear, San Rafael, Lavalle, La Paz, Santa Rosa,
Junín, San Martín y Rivadavia, hasta tanto se conforme la cartilla de prestadores del Área de
Discapacidad.
- Autorizar el pago de las prestaciones por modalidad de subsidio bajo el módulo 1039 – 00 “Prestación de
Apoyo – Categorizado” por un importe de $405,00.- o el valor actualizado vigente a pacientes SIN
certificado de discapacidad, hasta los 7 (siete) años de edad, que residen específicamente en los
Departamentos de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Malargüe, General Alvear, San Rafael, Lavalle, La
Paz, Santa Rosa, Junín, San Martín y Rivadavia, hasta tanto se conforme la cartilla de prestadores del
Área de Discapacidad. Previo a la autorización del subsidio, el expediente debe pasar por el Área de
Atención Primaria para su análisis y autorización.
Que toman conocimiento la Dirección de Atención de la Salud y el Director General de la OSEP.
Por ello; y atento a las facultades conferidas por el Art.40º del Decreto Ley Nº4373/63 y sus modificatorias,
EL H. DIRECTORIO DE LA OBRA SOCIAL
DE EMPLEADOS PÚBLICOS RESUELVE:
ARTÍCULO 1º - Autorizar el pago de las prestaciones de rehabilitación, tales como: Fonoaudiología,
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Terapia Ocupacional, Psicología, Psiquiatría, Kinesiología, Psicomotricidad, Psicopedagogía, Terapia
Visual, Terapia del Lenguaje, bajo la modalidad de Subsidio, con cargo a rendir cuenta, para afiliados a
OSEP CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD, SIN LÍMITE DE EDAD O SIN CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD EN UNA FRANJA DE EDAD QUE VA DESDE LOS 0 A LOS 7 AÑOS, que residen en el
interior de la Provincia, específicamente en los Dptos. de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Malargüe,
General Alvear, San Rafael, Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Junín, San Martín y Rivadavia; hasta tanto se
conforme la cartilla de prestadores preferenciales del Área de Discapacidad Y DEL ÁREA DE ATENCIÓN
TEMPRANA, y conforme se detalla a continuación:
Pacientes CON certificado de discapacidad, sin límite de edad, se liquidará un subsidio BAJO LA
NOMENCLATURA DEL CÓDIGO 1039 – 00 “Prestación de Apoyo – Categorizado” por un importe
de $405,00.- o el valor que rija en el Nomenclador de Discapacidad OSEP vigente; CON UN
PRORRATEO DE HASTA 20 SESIONES MENSUALES INDIVIDUALES POR PROFESIONAL, por
una duración mínima de 45 minutos por sesión.
Pacientes SIN certificado de discapacidad, DE LOS 0 (CERO) A LOS 7 (SIETE) años de edad, se
liquidará un subsidio equivalente A LA NOMENCLATURA DEL CÓDIGO 1039 – 00 “Prestación de
Apoyo – Categorizado” por un importe de $405,00.- o el valor que rija en el Nomenclador de
Discapacidad OSEP vigente; CON UN PRORRATEO DE HASTA 12 SESIONES MENSUALES
INDIVIDUALES POR PROFESIONAL, por una duración mínima de 45 minutos por sesión.
Establecer que previo a la autorización del subsidio, debe el expediente que lo tramita, contar con
análisis y autorización del Área de Atención Temprana.
ARTICULO 2º - Encomendar a la Subdirección de Comercialización para que a través del área de
Comunicación, proceda a publicar en el Boletín Oficial, la presente norma legal.
ARTÍCULO 3º - Ordenar su notificación, comunicación y posterior archivo en el Registro de Resoluciones.
APROBADO POR ACTA Nº 11 – SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30-03-2017
DRA. TERESA ZARATE DE LARA
DIRECTORA
SRA MARISA VILLAR
SEC. GENERAL
S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
Resolución N°: 1383
MENDOZA, 23 de agosto de 2017
VISTO: el Expte. Nº 018064-D-2015 caratulado: “Departamento de Convenios – SEMA S.A. Solicita
Actualización de Valores Internación Domiciliaria” y
CONSIDERANDO:
Que por la presente pieza administrativa la Comisión Evaluadora del Servicio de Internación Domiciliaria,
propone la recomposición de la distribución de los Valores de los Módulos Convenidos de Internación
Domiciliaria, de forma que el total de los mismos quede a cargo de OSEP, y Coseguro Cero para todos los
afiliados de la Obra Social que requieran este tipo de prestaciones.
Que el Servicio de Internación Domiciliaria ha permitido dar una respuesta acorde en la atención de
patologías crónicas en el domicilio del paciente, sin la necesidad de estar internado en un centro
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asistencial.
Que la Obra Social cuenta con un Convenio vigente el que está funcionando adecuadamente, no obstante
de que por diversos motivos no se logra obtener el volumen o masa critica de pacientes que inicialmente
se estimo.
Que uno de los puntos que dificultan el uso de éstos módulos es que en el caso de los pacientes de
efectores privados deben abonar un coseguro, mientras que en este momento se autorizan las
internaciones domiciliarias con coseguro cero a los pacientes discapacitados y a los que son derivados de
nuestros efectores propios.
Que la mencionada Comisión presenta su propuesta: después del análisis del tema que nos ocupa, se
estima que sería beneficioso recomponer la distribución del valor del Módulo quedando el total de éste a
cargo de OSEP, contando todos los afiliados con Coseguro Cero. Contribuyendo a la mejora en la
accesibilidad al sistema, se está trabajando en la simplificación de la autorización administrativa desde el
efector propio y también en la redefinición del sistema de autorizaciones y provisión de Planes Especiales.
Debe aclararse que la mayor asignación presupuestaria que requerirá el coseguro cero para todos los
afiliados será ampliamente absorbida y neutralizada con las plazas libres a obtener en las Clínicas
Privadas y en nuestros Hospitales.
Que la Dirección de Atención de la Salud coincide en su totalidad con la propuesta presentada por la
Comisión Evaluadora del Servicio de Internación Domiciliaria y eleva al H. Directorio para su tratamiento y
aprobación con fecha de vigencia a partir del 17 de julio de 2017.
Por ello; y atento lo dispuesto por el Art. 40º del Decreto Ley 4373/63 y sus modificatorias,
EL H. DIRECTORIO DE LA OBRA SOCIAL
DE EMPLEADOS PÚBLICOS RESUELVE:
ARTÍCULO 1º - Establecer Coseguro Cero para todos los afiliados de la OSEP en los Módulos de
Internación Domiciliaria, con vigencia a partir del 17 de julio de 2017.
ARTÍCULO 2º - Encomendar al Departamento de Convenios, la modificación del Convenio con el prestador
correspondiente atento a lo resuelto en el Art. 1º de la presente Resolución.
ARTÍCULO 3º - Requerir a las Direcciones de Atención de la Salud y de Servicios Administrativos la
notificación a las áreas pertinentes, de la redistribución del Valor de los Módulos en los Sistemas
respectivos.
ARTÍCULO 4º - Solicitar a la Subdirección de Comercialización a través de su Departamento de Prensa, la
Publicación de la presente norma legal en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5º - Ordenar su notificación, comunicación y posterior archivo en el Registro de Resoluciones.
APROBADO POR ACTA Nº 30 – SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 23-08-2017
LIC. SERGIO VERGARA
DIRECTOR
SRA. MARISA VILLAR
SEC. GENERAL
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Subsecretaria Legal y Técnica
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S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
ORDENANZAS
MUNICIPALIDAD GUAYMALLÉN
Ordenanza N°: 8361
VISTO:
Las constancias obrantes en el Expediente Nº 347862-C-97, caratulado: “Calderaro Marta María Ref./
Donación Con Cargo” y su Acumulado Nº 369749-P-98, y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la referida pieza administrativa, a fojas 62, la Señora Calderaro, Marta María, D.N.I. Nº
10.564.764, en su carácter de Titular Registral, ofrece como Donación Con Cargo al Municipio, una traza
del terreno de su propiedad, registrada bajo Padrón Municipal Nº 8.928, cuya superficie es de 49,31m2
según Mensura y según Título, descripta en copia del Plano Aprobado Nº 04/80053 obrante a fojas 03,
para ser afectada al ensanche de calle España, Distrito Villa Nueva, conforme a lo establecido por la Ley
Nº 4.341 -Ley de Loteos de la Provincia-.
Que, de compulsar este Honorable Cuerpo Deliberativo los antecedentes aportados por las Áreas
Técnicas del Departamento Ejecutivo, el dictamen al respecto ofrecido por la Escribana Municipal en su
proveído de fojas 20, el informe dado por la Dirección de Planificación a fojas 13 con fecha 10 de enero de
2.017, y demás documentación dispuesta en las actuaciones al respecto contenidas, sus miembros
resuelven aceptar la Donación formulada, resolviendo en consecuencia.
POR ELLO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY Nº 1.079,
ORGANICA DE MUNICIPALIDADES,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GUAYMALLEN
ORDENA:
Artículo 1º: Aceptar la Donación Con Cargo ofrecida a fojas 30 y 62 del Expediente Nº 347862-C-97 y su
Acumulado Nº 369749-P-98, por la Sra. Marta María Calderaro, D.N.I. Nº 10.564.764, Titular Registral, del
inmueble empadronado bajo el Nº 8.928 consistente en la cesión de una fracción del Terreno de su
propiedad de 297,92 m2, según Mensura y Título, ubicado en calle Viamonte 1.178 (Callejón Lombino con
salida a Calle Mitre), Distrito San José, superficie afectada a prolongación de la calle homónima, según
Plano de Mensura Aprobado Nº 04-42652 obrante a fojas 43 de autos, haciendo efectivo el cargo de
condonar la deuda que a la fecha mantiene el predio en concepto de Tasas Retributivas por Servicios a la
Propiedad Raíz, en mérito a los fundamentos expuestos precedentemente
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese, etc.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE GUAYMALLEN A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017.
Evelin Giselle Perez
Presidente
S/Cargo
12/09/2017 (1 Pub.)
ORDENANZAS
MUNICIPALIDAD GUAYMALLÉN
Ordenanza N°: 8361
VISTO:
Las constancias obrantes en el Expediente Nº 347862-C-97, caratulado: “Calderaro Marta María Ref./
Donación Con Cargo” y su Acumulado Nº 369749-P-98, y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la referida pieza administrativa, a fojas 62, la Señora Calderaro, Marta María, D.N.I. Nº
10.564.764, en su carácter de Titular Registral, ofrece como Donación Con Cargo al Municipio, una traza
del terreno de su propiedad, registrada bajo Padrón Municipal Nº 8.928, cuya superficie es de 49,31m2
según Mensura y según Título, descripta en copia del Plano Aprobado Nº 04/80053 obrante a fojas 03,
para ser afectada al ensanche de calle España, Distrito Villa Nueva, conforme a lo establecido por la Ley
Nº 4.341 -Ley de Loteos de la Provincia-.
Que, de compulsar este Honorable Cuerpo Deliberativo los antecedentes aportados por las Áreas
Técnicas del Departamento Ejecutivo, el dictamen al respecto ofrecido por la Escribana Municipal en su
proveído de fojas 20, el informe dado por la Dirección de Planificación a fojas 13 con fecha 10 de enero de
2.017, y demás documentación dispuesta en las actuaciones al respecto contenidas, sus miembros
resuelven aceptar la Donación formulada, resolviendo en consecuencia.
POR ELLO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY Nº 1.079,
ORGANICA DE MUNICIPALIDADES,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GUAYMALLEN
ORDENA:
Artículo 1º: Aceptar la Donación Con Cargo ofrecida a fojas 30 y 62 del Expediente Nº 347862-C-97 y su
Acumulado Nº 369749-P-98, por la Sra. Marta María Calderaro, D.N.I. Nº 10.564.764, Titular Registral, del
inmueble empadronado bajo el Nº 8.928 consistente en la cesión de una fracción del Terreno de su
propiedad de 297,92 m2, según Mensura y Título, ubicado en calle Viamonte 1.178 (Callejón Lombino con
salida a Calle Mitre), Distrito San José, superficie afectada a prolongación de la calle homónima, según
Plano de Mensura Aprobado Nº 04-42652 obrante a fojas 43 de autos, haciendo efectivo el cargo de
condonar la deuda que a la fecha mantiene el predio en concepto de Tasas Retributivas por Servicios a la
Propiedad Raíz, en mérito a los fundamentos expuestos precedentemente
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese, etc.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE GUAYMALLEN A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2017.
Evelin Giselle Perez
Presidente
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00140049-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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Dr. Alejandro L.M. Moreno
Secretario Legislativo
Boleto N°: 4083645 Importe: $ 138
12/09/2017 (1 Pub.)
Ordenanza N°: 8379
VISTO:
Las constancias obrantes en el Expediente Nº 6384-C-17, caratulado: “Correa Rodolfo, Ref./ Donación Sin
Cargo Parcela Parque de Descanso”, y
CONSIDERANDO:
Que, a través de la referida pieza administrativa, a fojas 01 del mencionado Expediente, el Señor Correa,
Rodolfo Samuel, D.N.I. Nº 6.858.293, ofrece como Donación Sin Cargo al Municipio, una parcela de su
propiedad, sita en Parque de Descanso S.C., individualizada bajo Nº 8912, ubicada en Sector 5, Fracción
11, Parcela 93, destinada a la Inhumación de Indigentes.
Que, de compulsar este Honorable Cuerpo Deliberativo los antecedentes aportados por las Áreas
Técnicas del Departamento Ejecutivo, el dictamen al respecto ofrecido por la Dirección de Asuntos Legales
Municipal en su proveído de fojas 11, y demás documentación dispuesta en las actuaciones al respecto
contenidas, sus miembros resuelven aceptar la Donación formulada, resolviendo en consecuencia.
POR ELLO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY
ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Nº 1079,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GUAYMALLEN
ORDENA:
Artículo 1º: Aceptar la Donación Sin Cargo ofrecida a fojas 01 del Expediente Nº 6384-C-17, por el titular
Señor Correa, Rodolfo Samuel, D.N.I. Nº 6.858.293, consistente en la cesión de una parcela
correspondiente al Parque de Descanso S.C., individualizada bajo Nº 8912, ubicada en Sector 5, Fracción
11, Parcela 93, en mérito a los fundamentos expuestos precedentemente.
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese, dese al digesto.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE GUAYMALLEN A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE JULIO DE 2017.
Evelin Giselle Perez
Presidente
Dr. Alejandro L.M. Moreno
Secretario Legislativo
Boleto N°: 4083668 Importe: $ 96
12/09/2017 (1 Pub.)
Ordenanza N°: 8380
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00140049-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
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VISTO:
Las constancias obrantes en el Expediente Nº 16992-A-10, caratulado “ASOCIACION MUTUAL DEL
COLEGIO FARMACEUTICOS DE MENDOZA REF. / CERTIFICADO DE SERVICIOS”, y;
CONSIDERANDO:
Que, a través de la referida pieza administrativa, a fojas 136 del Expediente Nº 16992-A-10, el Sr. Alberto
Enrique Jakubson; D.N.I. Nº 8.456.065, en su carácter de Apoderado de la Firma Florentina S.A., y a fojas
139 por el Sr. Jorge Rubén Jakubson; D.N.I. Nº 5.542.214, en su carácter de Presidente de A.M.F.A.R.M.,
Fiduciario del Fideicomiso El Prado Residencias, ofrecen como Donación Sin Cargo al Municipio, trazas
del terreno de su propiedad, afectados al ensanche de Carril Godoy Cruz, en el Distrito Buena Nueva.
Que, de compulsar este Honorable Cuerpo Deliberativo los antecedentes aportados por las Áreas
Técnicas del Departamento Ejecutivo, el dictamen al respecto ofrecido por Escribanía Municipal en su
proveído de fojas 174, y demás documentación dispuesta en las actuaciones al respecto contenidas, sus
miembros resuelven aceptar la Donación formulada, resolviendo en consecuencia.
POR ELLO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY Nº 1079,
ORGANICA DE MUNICIPALIDADES,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GUAYMALLEN
ORDENA:
Artículo 1º: Aceptase las Donaciones Sin Cargo, efectuadas a fojas 136 del Expediente Nº 16992-A-10 por
el Sr. Alberto Enrique Jakubson; D.N.I. Nº 8.456.065, en su carácter de Apoderado de la Firma Florentina
S.A., cuyo Dominio se encuentra inscripto en la Matricula N° 348106/4 Asiento A-2 de Folio Real, y a fojas
139 por el Sr. Jorge Rubén Jakubson; D.N.I. Nº 5.542.214, en su carácter de Presidente de A.M.F.A.R.M.,
Fiduciario del Fideicomiso El Prado Residencias, Dominios inscriptos en la Matrícula: Fracción B:394124/4
y Fracción C: 394125/4 de Folio Real, consistentes en la cesión de terrenos afectados al ensanche de
Carril Godoy Cruz, en el Distrito Buena Nueva, conforme se señala en Plano Aprobado Nº 04-73946
obrante a fojas 141, y que responden en un todo a las superficies detalladas en el informe de Escribanía
Municipal adjunto a fojas 174.
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE GUAYMALLEN A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017.
Evelin Giselle Perez
Presidente
Dr. Alejandro L.M. Moreno
Secretario Legislativo
Boleto N°: 4083724 Importe: $ 132
12/09/2017 (1 Pub.)
Ordenanza N°: 8381
VISTO:
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00140049-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 157 de 242
Las constancias obrantes en el Expediente Nº 17786-C-16, caratulado “CICCONI RICARDO REF. /
DONACION SIN CARGO TERRENO”, y;
CONSIDERANDO:
Que, a través de la referida pieza administrativa, a fojas 2 del Expediente Nº 17786-C-16, el Sr. Cicconi,
Ricardo Luis; D.N.I. Nº 11.260.577 y Leonardo Germán Sigali; D.N.I. Nº 33.057.633 y a fojas 12 por la Sra.
De Giuseppe, Rosa Carmen; D.N.I. Nº 4.512.328, ofrecen como Donación Sin Cargo al Municipio, trazas
del terreno de su propiedad, afectados al ensanche de calle Capilla del Rosario, del Distrito homónimo.
Que, de compulsar este Honorable Cuerpo Deliberativo los antecedentes aportados por las Áreas
Técnicas del Departamento Ejecutivo, el dictamen al respecto ofrecido por Escribanía Municipal en su
proveído de fojas 19, y demás documentación dispuesta en las actuaciones al respecto contenidas, sus
miembros resuelven aceptar la Donación formulada, resolviendo en consecuencia.
POR ELLO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA LEY Nº 1079,
ORGANICA DE MUNICIPALIDADES,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GUAYMALLEN
ORDENA:
Artículo 1º: Aceptase la Donación Sin Cargo ofrecidas a fojas 2 del Expediente Nº 17786-C-16, por el Sr.
Cicconi, Ricardo Luis; D.N.I. Nº 11.260.577 y Leonardo Germán Sigali; D.N.I. Nº 33.057.633 y a fojas 12
por la Sra. De Giuseppe, Rosa Carmen; D.N.I. Nº 4.512.328, consistente en la cesión de una Fracción del
Terreno de su propiedad sito en calle Capilla del Rosario, del Distrito homónimo, registrada bajo Padrón
Municipal Nº 114338, superficie afectada a ensanche de la citada arteria, de 29,64 m2 según plano de
Mensura aprobado Nº 04- 79043 obrante a fojas 04 de autos, y de 30,03 m2 según Título; cuyo Dominio se
encuentra inscripto en la Matrícula N° 417096/4, en mérito a los fundamentos expuestos
precedentemente.
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
GUAYMALLEN A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017.
Evelin Giselle Perez
Presidente
Dr. Alejandro L.M. Moreno
Secretario Legislativo
Boleto N°: 4084129 Importe: $ 120
12/09/2017 (1 Pub.)
DECRETOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD GUAYMALLÉN
Decreto Municipal N°: 2373
GUAYMALLEN, 11 de agosto de 2017
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00140049-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 158 de 242
VISTO Y CONSIDERANDO
La Ordenanza Municipal Nº 8361-2017 dictada por el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén,
POR ELLO y en uso de sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: TENGASE por Ordenanza del Departamento Guaymallén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº 8361-2017 considerándose promulgada, conforme lo dispuesto por el
Artículo 92° de la Ley N° 1.079.
ARTICULO 2º: PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
ARTICULO 3º Regístrese. Cúmplase. Notifíquese. Dése al Digesto Municipal.
Marcelino Iglesias
Intendente
Ing. Calvente Marcos E:
Secretario de Obras y Servicios Publicos
Boleto N°: 4083655 Importe: $ 36
12/09/2017 (1 Pub.)
Decreto Municipal N°: 2374
GUAYMALLEN, 11 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO
La Ordenanza Municipal Nº 8379-2017 dictada por el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén,
POR ELLO y en uso de sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: TENGASE por Ordenanza del Departamento Guaymallén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº 8379-2017 considerándose promulgada, conforme lo dispuesto por el
Artículo 92° de la Ley N° 1.079.
ARTICULO 2º: PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
ARTICULO 3º Regístrese. Cúmplase. Notifíquese. Dése al Digesto Municipal.
Marcelino Iglesias
Intendente
Cdor Ginestar Pedro:
Secretario de Hacienda
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00140049-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 159 de 242
Boleto N°: 4083672 Importe: $ 36
12/09/2017 (1 Pub.)
Decreto Municipal N°: 2546
GUAYMALLEN, 31 de agosto de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO
La Ordenanza Municipal Nº 8381-2017 dictada por el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén,
POR ELLO y en uso de sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: TENGASE por Ordenanza del Departamento Guaymallén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº 8381-2017
ARTICULO 2º: PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
ARTICULO 3º Regístrese. Cúmplase. Notifíquese. Dése al Digesto Municipal.
Marcelino Iglesias
Intendente
Ing. Calvente Marcos E:
Secretario de Obras y Servicios Publicos
Boleto N°: 4084133 Importe: $ 30
12/09/2017 (1 Pub.)
Decreto Municipal N°: 2557
GUAYMALLEN, 01 de septiembre de 2017
VISTO Y CONSIDERANDO
La Ordenanza Municipal Nº 8380-2017 dictada por el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén,
POR ELLO y en uso de sus facultades;
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: TENGASE por Ordenanza del Departamento Guaymallén, la dictada por el Honorable
Concejo Deliberante bajo el Nº 8380-2017
ARTICULO 2º: PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia.
ARTICULO 3º Regístrese. Cúmplase. Notifíquese. Dése al Digesto Municipal.
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00140049-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 160 de 242
Marcelino Iglesias
Intendente
Ing. Calvente Marcos E:
Secretario de Obras y Servicios Publicos
Boleto N°: 4083741 Importe: $ 30
12/09/2017 (1 Pub.)
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00140049-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 161 de 242
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Martes 12 de Septiembre de 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00140049-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 162 de 242
