DECRETOS
Decreto Nº 1478
- Fecha de publicación
- 6 de septiembre de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.441 · páginas 34–37
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 1478
MENDOZA. 24 DE AGOSTO DE 2017
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
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Visto el Expediente Nº 6998-D-14-18006 y Expedientes acumulados Nº 16144-A-13-18006 y
14737-S-13-18006, mediante el cual la Empresa Autotransportes Los Andes S.A., interpone Recurso
Jerárquico contra la Resolución N° 1262 del año 2014, emitida por el ex Ministerio de Transporte, actual
Secretaría de Servicios Públicos; y
CONSIDERANDO:
Que se presenta la recurrente a plantear formal Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 1262/14,
mediante el cual se dispuso el rechazo del Recurso de Revocatoria oportunamente planteado por la
administrada.
Que corresponde analizar la procedencia formal del recurso intentado y es admisible con arreglo a las
pertinentes constancias administrativas y a los Artículos 175 y 180 de la Ley Provincial Nº 3909.
Que de acuerdo al análisis en lo sustancial preliminarmente se nos impone anotar que el Recurso
Jerárquico “local”, en general, es el recurso administrativo previsto a fin de que el superior jerárquico se
avenga a revisar, y eventualmente a revocar o a modificar lo que su inferior jerárquico haya resuelto
definitivamente en la denegatoria del recurso de revocatoria y en el acto administrativo predecesor, por
ejemplo, una condena, en este mismo orden regresivo y excluyente aunque con circunscripción a los
agravios expresados en el propio Recurso Jerárquico y por cuya articulación se haya operado el
cuestionamiento sobre lo legítimo o lo oportuno o bien sobre lo reglado o lo discrecional de dichos actos
administrativos y, ello así, con base en las mismas actuaciones administrativas que hayan sido vistas por
el inferior jerárquico ya que este recurso administrativo, por la regla “local”, no se abre a prueba.
Que a mayor abundamiento el conjunto de los mentados agravios debe poder traducirse en una concreta
impugnación o “refutación” procedimental administrativa de forma regresiva y excluyente.
Que con otros términos, la formulación de los agravios por la vía jerárquica habrá de consistir, por una
parte, en la precisa y concreta demostración de los errores incurridos o en la asunción de la competencia;
o en la exteriorización de la forma; o en la formación de la voluntad autoritativa, con énfasis en las
omisiones del debido proceso adjetivo o en la irrazonabilidad; o con respecto a la fijación del objeto o del
Derecho aplicable; o en la merituación de la oportunidad en el interés público, y que encima de todo pues
que tales errores hayan motivado a las “declaraciones definitivas” y lesivas que reflejen la denegatoria de
la revocación y el acto administrativo predecesor, en este orden retrocesivo y excluyente.
Que debe sucederse e integrarse a ello también, la precisa y concreta demostración de los criterios
acertados y restaurativos o en punto a la competencia; o a la forma; o a la formación de una voluntad
autoritativa particularmente supeditada al debido proceso adjetivo y a la razonabilidad; o relativamente al
objeto o el Derecho aplicable; o a la sana merituación de la oportunidad en el interés público, y que, en
suma, enerven la decisión viciosa del inferior jerárquico de un modo tal que resulte protegido el derecho
subjetivo o el interés legítimo ostentados por el sujeto recurrente.
Que en este mismo orden de ideas, respecto del Recurso Jerárquico del Decreto Nº 7520/44 y sus
modificatorias en el nivel nacional, pero con razones aún hoy extrapolables a nuestro ámbito “local”,
enseñó el profesor MIGUEL S. MARIENHOFF, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, página 685,
que “la exigencia de ´determinación del recurso´ significa que debe fundársele, y acreditarse su
procedencia respecto a lo que por esa vía desea obtenerse de la Administración, demostrando asimismo la
impertinencia de la decisión recurrida”. Este ilustre expositor asimismo insinuó que la Administración debe
contraerse precisamente al examen de tal determinación o fundamentación y no de otra, puesto que así se
garantiza la atendibilidad a la petición ejercitada conjurándose la “reformatio in peius” la cual, según nos
conviene subrayarlo, no viene a ser sino una forma de desviación de poder o de arbitrariedad. En efecto,
en la página 730, este autor sintetizó, al tratar sobre el recurso jerárquico, que “como bien lo dijo un
Tribunal de España, ´la jurisdicción del órgano llamado a decidirlo se circunscribe al examen y a la
resolución de las cuestiones planteadas por los interesados y, por ello, no cabe la “reformatio in peius”, ni
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en general el examen y resolución de puntos o materias a las que no se extiende la pretensión del
interesado o el recurso por éste interpuesto´”.
Que lo sentado configura así una doctrina que aún se puede trasponer a los Artículos 15, 16, 77, primer
párrafo y 89, primer párrafo del vigente Decreto Nº 1759/72 en la esfera nacional comparada; y, asimismo,
tal cual ya lo hemos implicado, a los Artículos 129, 174, 175, 179 y 181 de la Ley Provincial Nº 3909.
Que la inobservancia de los recaudos señalados autoriza a que se le repute al Recurso Jerárquico por
“desierto” y, por tanto, improcedente sin que se requieran otras consideraciones dada la analogía con los
recursos procesales comunes.
Que solamente el Recurso Jerárquico “por vía de apelación” del Artículo 181 de la Ley Provincial Nº 3.909
puede ser la mera “reproducción” de un primer Recurso Jerárquico primer recurso o sea, el Recurso
Jerárquico que se interpone en contra de la denegatoria del de revocatoria pues debe refutar a ésta y al
acto administrativo predecesor, por ejemplo, una condena, según lo hemos considerado ya e insistimos, en
forma regresiva y excluyente so pena de desestimación.
Que corresponde así, que la actividad impugnativa o “refutatoria” propia del primer Recurso Jerárquico
sea regresiva y total.
Que en el marco de estas premisas conceptuales básicas, el Recurso Jerárquico que concretamente nos
ocupa pues merece ser rechazado en lo sustancial.
Que en efecto, el remedio intentado no basa a ninguna de sus críticas en medios de prueba que desvirtúen
concluyentemente al hecho comprobado en el acta de infracción.
Que el listado de las transacciones efectuadas que se adjuntó si bien pudo arrojar un indicio de la cantidad
de personas que tomaron el servicio de transporte hasta la llegada de la unidad a la parada rebasada y sin
embargo, dicho detalle no pudo ni puede reflejar el contingente de personas pasajeras que efectivamente
ocupaba a la unidad al momento del hecho mismo del rebasamiento de la parada de calle San Martín al
3.600 de Las Heras dado que los descensos de los pasajeros también se suceden con regular frecuencia
según una sustancial máxima de experiencia.
Que ésta es una solución interpretativa que se apoya en el razonable criterio de la libre convicción aplicado
al conjunto de los actuados aunque acotado por la presunción de plena prueba que sobre sí se ciñe el acta
de infracción.
Que bajo estas consideraciones se ha pronunciado el dictamen del Señor Letrado instructor; la condena, al
remitirse a este dictamen; y la denegatoria que insistiera en esta línea argumental.
Que se advierte que la interesada hubo consentido, sin más, la calidad de testigos presenciales e
instrumentales del hecho comprobado por el inspector de los Señores Andrés Grasso, DNI Nº 22.716.665,
conductor, y Sonia Montoya, DNI Nº 28.733.878, persona circunstante.
Que de otra parte, la interesada no puede exigir que se le señale la clase de prueba que precisaba para
descalificar al acta ya que ella sabe o debe saber que cualquier medio de prueba pertinente e idóneo que
denote concluyentemente un error esencial en la referencia emanada del acta de infracción, pues es el
medio de prueba del que debió y debería valerse para postular eficazmente la inexistencia del hecho
enrostrado en virtud de una interpretación “a contrario sensu” del Artículo 143 de la Ley Nº 6082 y ello así,
insistimos, sin necesidad de que la Administración del Transporte se lo deba declarar ya que el
conocimiento de la ley se presume conforme al Artículo 20 del Código Civil Argentino, Ley Nº 340 .
Que además la interesada es la concesionaria y por lo tanto purga aun por los hechos de sus
dependientes en el marco de lo dispuesto por el artículo 215, primera cláusula, de la Ley Provincial Nº
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6082.
Que la multa impuesta devino entonces ciertamente justa y no morigerable.
Que el hecho comprobado resultó y resulta objetivamente típico, antijurídico, culpable y punible tal cual
fuera infligido al hilo de lo dispuesto por el Artículo 160, inciso x) del Decreto Nº 867/94, en concordancia
sistemática con los Artículos 83, 110, 213, 217 y 218 más la agravante del Artículo 91 y modificatorias de
la Ley Provincial Nº 6082, mayormente atendiendo todo ello a la presunción de plena prueba del acta de
infracción que consagra el Artículo 143 de la Ley Provincial Nº 6082.
Que la argumentación del Recurso Jerárquico pues deviene ineficaz para refutar los extremos del Artículo
29 de la Ley Provincial Nº 3909 y que cumplen tanto la denegatoria de la revocatoria cuanto la resolución
de condena.
Que se debe sostener a la Resolución denegatoria de la revocatoria Nº 1262/2014 la cual mantiene a la
Resolución condenatoria Nº 4687/2013, ambas plenamente legítimas.
Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno quien comparte los
conceptos vertidos por la Asesoría Legal del Ex Ministerio de Transporte, actual Secretaría de Servicios
Públicos;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°- Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico presentado por la
Empresa Autotransportes Los Andes S.A., contra la Resolución nº 1262 del año 2014, emitida por el ex
Ministerio de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos, por los argumentos expuestos en los
considerandos del presente.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER
S/Cargo
06/09/2017 (1 Pub.)
