DECRETOS

Decreto Nº 1478

Fecha de publicación
6 de septiembre de 2017
Referencia documental
Boletín Nº 30.441 · páginas 34–37
Ver boletín original

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Decreto N°: 1478 MENDOZA. 24 DE AGOSTO DE 2017 Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00134777-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 34 de 129 Visto el Expediente Nº 6998-D-14-18006 y Expedientes acumulados Nº 16144-A-13-18006 y 14737-S-13-18006, mediante el cual la Empresa Autotransportes Los Andes S.A., interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 1262 del año 2014, emitida por el ex Ministerio de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que se presenta la recurrente a plantear formal Recurso Jerárquico contra la Resolución N° 1262/14, mediante el cual se dispuso el rechazo del Recurso de Revocatoria oportunamente planteado por la administrada. Que corresponde analizar la procedencia formal del recurso intentado y es admisible con arreglo a las pertinentes constancias administrativas y a los Artículos 175 y 180 de la Ley Provincial Nº 3909. Que de acuerdo al análisis en lo sustancial preliminarmente se nos impone anotar que el Recurso Jerárquico “local”, en general, es el recurso administrativo previsto a fin de que el superior jerárquico se avenga a revisar, y eventualmente a revocar o a modificar lo que su inferior jerárquico haya resuelto definitivamente en la denegatoria del recurso de revocatoria y en el acto administrativo predecesor, por ejemplo, una condena, en este mismo orden regresivo y excluyente aunque con circunscripción a los agravios expresados en el propio Recurso Jerárquico y por cuya articulación se haya operado el cuestionamiento sobre lo legítimo o lo oportuno o bien sobre lo reglado o lo discrecional de dichos actos administrativos y, ello así, con base en las mismas actuaciones administrativas que hayan sido vistas por el inferior jerárquico ya que este recurso administrativo, por la regla “local”, no se abre a prueba. Que a mayor abundamiento el conjunto de los mentados agravios debe poder traducirse en una concreta impugnación o “refutación” procedimental administrativa de forma regresiva y excluyente. Que con otros términos, la formulación de los agravios por la vía jerárquica habrá de consistir, por una parte, en la precisa y concreta demostración de los errores incurridos o en la asunción de la competencia; o en la exteriorización de la forma; o en la formación de la voluntad autoritativa, con énfasis en las omisiones del debido proceso adjetivo o en la irrazonabilidad; o con respecto a la fijación del objeto o del Derecho aplicable; o en la merituación de la oportunidad en el interés público, y que encima de todo pues que tales errores hayan motivado a las “declaraciones definitivas” y lesivas que reflejen la denegatoria de la revocación y el acto administrativo predecesor, en este orden retrocesivo y excluyente. Que debe sucederse e integrarse a ello también, la precisa y concreta demostración de los criterios acertados y restaurativos o en punto a la competencia; o a la forma; o a la formación de una voluntad autoritativa particularmente supeditada al debido proceso adjetivo y a la razonabilidad; o relativamente al objeto o el Derecho aplicable; o a la sana merituación de la oportunidad en el interés público, y que, en suma, enerven la decisión viciosa del inferior jerárquico de un modo tal que resulte protegido el derecho subjetivo o el interés legítimo ostentados por el sujeto recurrente. Que en este mismo orden de ideas, respecto del Recurso Jerárquico del Decreto Nº 7520/44 y sus modificatorias en el nivel nacional, pero con razones aún hoy extrapolables a nuestro ámbito “local”, enseñó el profesor MIGUEL S. MARIENHOFF, “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, página 685, que “la exigencia de ´determinación del recurso´ significa que debe fundársele, y acreditarse su procedencia respecto a lo que por esa vía desea obtenerse de la Administración, demostrando asimismo la impertinencia de la decisión recurrida”. Este ilustre expositor asimismo insinuó que la Administración debe contraerse precisamente al examen de tal determinación o fundamentación y no de otra, puesto que así se garantiza la atendibilidad a la petición ejercitada conjurándose la “reformatio in peius” la cual, según nos conviene subrayarlo, no viene a ser sino una forma de desviación de poder o de arbitrariedad. En efecto, en la página 730, este autor sintetizó, al tratar sobre el recurso jerárquico, que “como bien lo dijo un Tribunal de España, ´la jurisdicción del órgano llamado a decidirlo se circunscribe al examen y a la resolución de las cuestiones planteadas por los interesados y, por ello, no cabe la “reformatio in peius”, ni Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00134777-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 35 de 129 en general el examen y resolución de puntos o materias a las que no se extiende la pretensión del interesado o el recurso por éste interpuesto´”. Que lo sentado configura así una doctrina que aún se puede trasponer a los Artículos 15, 16, 77, primer párrafo y 89, primer párrafo del vigente Decreto Nº 1759/72 en la esfera nacional comparada; y, asimismo, tal cual ya lo hemos implicado, a los Artículos 129, 174, 175, 179 y 181 de la Ley Provincial Nº 3909. Que la inobservancia de los recaudos señalados autoriza a que se le repute al Recurso Jerárquico por “desierto” y, por tanto, improcedente sin que se requieran otras consideraciones dada la analogía con los recursos procesales comunes. Que solamente el Recurso Jerárquico “por vía de apelación” del Artículo 181 de la Ley Provincial Nº 3.909 puede ser la mera “reproducción” de un primer Recurso Jerárquico primer recurso o sea, el Recurso Jerárquico que se interpone en contra de la denegatoria del de revocatoria pues debe refutar a ésta y al acto administrativo predecesor, por ejemplo, una condena, según lo hemos considerado ya e insistimos, en forma regresiva y excluyente so pena de desestimación. Que corresponde así, que la actividad impugnativa o “refutatoria” propia del primer Recurso Jerárquico sea regresiva y total. Que en el marco de estas premisas conceptuales básicas, el Recurso Jerárquico que concretamente nos ocupa pues merece ser rechazado en lo sustancial. Que en efecto, el remedio intentado no basa a ninguna de sus críticas en medios de prueba que desvirtúen concluyentemente al hecho comprobado en el acta de infracción. Que el listado de las transacciones efectuadas que se adjuntó si bien pudo arrojar un indicio de la cantidad de personas que tomaron el servicio de transporte hasta la llegada de la unidad a la parada rebasada y sin embargo, dicho detalle no pudo ni puede reflejar el contingente de personas pasajeras que efectivamente ocupaba a la unidad al momento del hecho mismo del rebasamiento de la parada de calle San Martín al 3.600 de Las Heras dado que los descensos de los pasajeros también se suceden con regular frecuencia según una sustancial máxima de experiencia. Que ésta es una solución interpretativa que se apoya en el razonable criterio de la libre convicción aplicado al conjunto de los actuados aunque acotado por la presunción de plena prueba que sobre sí se ciñe el acta de infracción. Que bajo estas consideraciones se ha pronunciado el dictamen del Señor Letrado instructor; la condena, al remitirse a este dictamen; y la denegatoria que insistiera en esta línea argumental. Que se advierte que la interesada hubo consentido, sin más, la calidad de testigos presenciales e instrumentales del hecho comprobado por el inspector de los Señores Andrés Grasso, DNI Nº 22.716.665, conductor, y Sonia Montoya, DNI Nº 28.733.878, persona circunstante. Que de otra parte, la interesada no puede exigir que se le señale la clase de prueba que precisaba para descalificar al acta ya que ella sabe o debe saber que cualquier medio de prueba pertinente e idóneo que denote concluyentemente un error esencial en la referencia emanada del acta de infracción, pues es el medio de prueba del que debió y debería valerse para postular eficazmente la inexistencia del hecho enrostrado en virtud de una interpretación “a contrario sensu” del Artículo 143 de la Ley Nº 6082 y ello así, insistimos, sin necesidad de que la Administración del Transporte se lo deba declarar ya que el conocimiento de la ley se presume conforme al Artículo 20 del Código Civil Argentino, Ley Nº 340 . Que además la interesada es la concesionaria y por lo tanto purga aun por los hechos de sus dependientes en el marco de lo dispuesto por el artículo 215, primera cláusula, de la Ley Provincial Nº Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00134777-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 36 de 129 6082. Que la multa impuesta devino entonces ciertamente justa y no morigerable. Que el hecho comprobado resultó y resulta objetivamente típico, antijurídico, culpable y punible tal cual fuera infligido al hilo de lo dispuesto por el Artículo 160, inciso x) del Decreto Nº 867/94, en concordancia sistemática con los Artículos 83, 110, 213, 217 y 218 más la agravante del Artículo 91 y modificatorias de la Ley Provincial Nº 6082, mayormente atendiendo todo ello a la presunción de plena prueba del acta de infracción que consagra el Artículo 143 de la Ley Provincial Nº 6082. Que la argumentación del Recurso Jerárquico pues deviene ineficaz para refutar los extremos del Artículo 29 de la Ley Provincial Nº 3909 y que cumplen tanto la denegatoria de la revocatoria cuanto la resolución de condena. Que se debe sostener a la Resolución denegatoria de la revocatoria Nº 1262/2014 la cual mantiene a la Resolución condenatoria Nº 4687/2013, ambas plenamente legítimas. Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por Asesoría de Gobierno quien comparte los conceptos vertidos por la Asesoría Legal del Ex Ministerio de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1°- Admítase en lo formal y rechácese en lo sustancial el Recurso Jerárquico presentado por la Empresa Autotransportes Los Andes S.A., contra la Resolución nº 1262 del año 2014, emitida por el ex Ministerio de Transporte, actual Secretaría de Servicios Públicos, por los argumentos expuestos en los considerandos del presente. Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese. LIC. ALFREDO V. CORNEJO C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER S/Cargo 06/09/2017 (1 Pub.)