DECRETOS
Decreto Nº 630
- Fecha de publicación
- 9 de agosto de 2017
- Fecha de la norma
- 5 de mayo de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.422 · páginas 32–39
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Decreto N°: 630
MENDOZA,05 DE MAYO DE 2017
VISTO el expediente Nº 939-D-2017-30093 y su acumulado Nº 319-D-2017-30093, en el primero de los
cuales se eleva la documentación técnica-legal elaborada por la Dirección de Proyectos y Licitaciones del
Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, para realizar un llamado a Contratación Directa para la
contratación de los trabajos: CENTRO FEDERAL PENITENCIARIO DE CUYO – COMPLETAMIENTO DE
OBRA – CAMPO CACHEUTA – LUJAN DE CUYO - MENDOZA; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 125/2017 se ratificó el Convenio de Colaboración Administrativa celebrado entre el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Provincia de Mendoza.
Que en dicho Convenio se expresa que por el Expediente Nº SO4:0012214/2011 del Registro del citado
Ministerio de la Nación se tramitó la Licitación Pública Nacional Nº 3/10 para contratar la ejecución de la
obra: Centro Federal Penitenciario de Cuyo, Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, la cual fue adjudicada
a ISOLUX INGENIERIA S.A. – AMG OBRAS CIVILES S.A. – UTE habiéndose suscripto entre las partes el
correspondiente Contrato de Obra Pública el día 29 de marzo de 2011.
Que en fecha 6 de noviembre del año 2015 mediante la Resolución M.J. y D.H. Nº 2300 se procedió a
rescindir, por culpa de la contratista el citado Contrato de Obra Pública.
Que en el mencionado Convenio de Colaboración Administrativa se expresa que ante la paralización de
las obras de que se trata el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación recibió innumerables
reclamos efectuados por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, por los Magistrados de la
Justicia Federal de Mendoza y por Funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, del Ministerio
de Seguridad de la Provincia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dando cuenta de la
emergencia acuciante en diversos establecimientos penitenciarios de la Provincia de Mendoza, agravado
sustancialmente por la interrupción de la obra.
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Que el día 14 de junio del año 2016 por la urgencia en finalizar los trabajos el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación dictó la Resolución 422, por la cual se revocó la citada Resolución
2300/2015 y se aprobó el Acta Acuerdo para reiniciar las obras, celebrada entre ese Ministerio y la
contratista el día 16 de mayo de 2016.
Que luego de diversas intimaciones para que la contratista cumpliera con el cronograma de trabajos
comprometidos la UTE en fecha 18 de noviembre de 2016 efectuó una presentación ante el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, denunciando la ruptura de la ecuación económica financiera
del contrato de obra, solicitando la rescisión del contrato por mutuo acuerdo.
Que con el reconocimiento de la imposibilidad económico financiera de cumplir con sus compromisos
expresada por la contratista y ante la interrupción de los trabajos, en fecha 15 de diciembre del año 2016 el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dictó la Resolución Nº 1214 por la que resolvió
rescindir el contrato de obra por culpa de la contratista (Artículo 50 Incisos b) y e) de la Ley Nº 13.064.
Que en el referenciado Convenio de Colaboración Administrativa se señala que con fecha 23 de diciembre
del año 2016 el Ministerio citado en el párrafo anterior recuperó la posesión del predio y de las
instalaciones de la obra.
Que mediando un interés común de dar solución a la situación de emergencia de alojamiento de los
internos provinciales y federales en la Provincia de Mendoza, esta ofreció al Ministerio Nacional arriba
citado auxilio administrativo para la terminación de los trabajos del Centro Federal Penitenciario de Cuyo,
Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza que permitan su inauguración en el menor tiempo posible.
Que el Decreto Ley Nº 4416/80 (de Obras Públicas) contempla la posibilidad de ejecutar obras públicas en
inmuebles de la Nación.
Que por otra parte el Artículo 128 de la Constitución Nacional dispone que “Los gobernadores de provincia
son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación.” y
en virtud de ello las partes afirman su voluntad de colaborar y adoptar acciones gubernamentales de
cooperación mutua para este caso, que contribuyan a garantizar y cumplir los principios de raigambre
constitucional en materia de políticas penitenciarias.
Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se compromete a girar los fondos que
demande a la Provincia, la contratación y ejecución del saldo de obra necesario para la total finalización de
los trabajos y puesta en funcionamiento del Centro Federal Penitenciario de Cuyo – Luján de Cuyo –
Provincia de Mendoza, mediante el mecanismo de transferencia de recursos según se desprende del
Convenio de Colaboración Administrativa ratificado por Decreto Provincial 125/2017.
Que resulta necesario destacar que el destino preferente y prioritario de la obra arriba mencionada,
conforme al Artículo 9 del citado Convenio, será el alojamiento de los presos o detenidos por delitos de
jurisdicción Federal en establecimientos carcelarios de la Provincia de Mendoza, en orden a superar la
causa de necesidad y urgencia que motiva la suscripción del convenio citado. Las partes expresamente
acuerdan que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación alojará en el referenciado Centro
Federal a los procesados y a los condenados por la Justicia Federal con asiento en su territorio, que se
encuentren en los Centros Penitenciarios Provinciales, a fin de liberar las plazas que los mismos ocupan
en los mencionados establecimientos.
Que asimismo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación compromete sus esfuerzos para
recibir a los condenados y/o procesados por la Justicia Provincial que revistan el carácter de “Alto
Riesgo”, brindando las prestaciones inherentes al tratamiento conforme a la Ley de Ejecución de la Pena
Privativa de la Libertad Nº 24.660 y garantizando la adecuada provisión de higiene, vestimenta, ropa,
alimentación, seguridad y asistencia profesional.
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Que la contratación de la terminación de las obras mencionadas, conforme la aplicación del Inciso c) del
Artículo 16 del Decreto Ley 4416/80, es sin perjuicio de resaltar que también se encuentra declarada en la
Provincia de Mendoza la emergencia en seguridad mediante la Ley Nº 8842 y su modificatoria.
Que a los efectos de aplicar el régimen de excepción previsto en el citado artículo del Decreto Ley Nº
4416/80 (de Obras Públicas), la urgencia manifiesta del caso para dicha contratación, reúne los caracteres
requeridos como presupuestos esenciales para la viabilidad del mecanismo excepcional al sistema de
licitación pública. La urgencia es concreta, inmediata, probada y objetiva.
Que en tal sentido, se advierte en primer lugar la demora temporal de la ejecución de la obra de referencia,
toda vez que las cuestiones devenidas en el proceso licitatorio originario que se han relatado
precedentemente, culminó con la rescisión contractual por causa de la contratista por parte de la Nación,
con lo cual en esfuerzo conjunto y en vista de la situación que existe en relación a la capacidad de
alojamiento penitenciario en la Provincia, esta dilación temporal a la que se hace referencia, ha tornado en
ésta instancia como primordial y urgente la presente contratación.
Que es imperiosa la necesidad de contar con mayor cantidad de Complejos Penitenciarios en la Provincia
de Mendoza, toda vez que se acoge a personas privadas de la libertad tanto por delitos provinciales como
de jurisdicción federal. Tan es así que el Artículo 9 del convenio al que se hace referencia ut supra refiere a
la imperiosa necesidad de dar alojamiento a presos y detenidos por delitos de jurisdicción federal, quienes
exclusivamente se alojan en establecimientos carcelarios de jurisdicción ordinaria, por cuanto no hay
establecimiento federal.
Que actualmente los lugares de alojamiento con los que cuenta el Servicio Penitenciario de la Provincia se
encuentran afectados por la gran cantidad de procesados y presos provenientes de los fallos de la Justicia
Federal de Mendoza. De hecho, el número creciente de detenidos a causa de las políticas de lucha contra
el narcotráfico encaradas en la Provincia, más los procedimientos de contrabando, están incrementando la
cantidad de personas privadas de libertad más allá de la marcha normal de la justicia provincial en cuanto
al envío de personas en conflicto severo con la ley. Esta sana política convierte en un problema la
ausencia de establecimiento nacional.
Que en fecha 06 de junio de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza en decisorio
en la causa HABEAS CORPUS EN FAVOR DE INTERNOS ALOJADOS EN ALMAFUERTE Y SAN
FELIPE S/HABEAS CORPUS P/ HABEAS CORPUS (CUIJ: 13-03816021-9) encomendó al Poder
Ejecutivo las gestiones necesarias en el ámbito pertinente a fin alcanzar la agilización de la construcción
del establecimiento penitenciario que alojará a personas privadas de su libertad del fuero federal.
Que para así establecerlo merituó en la causa indicada entre otros, informes solicitados a la Procuración
General, a los Juzgados de Instrucción, así como a los Juzgados Correccionales, a la Subsecretaría de
Justicia de la Provincia de Mendoza, a la Inspección General de Seguridad y a la Dirección de Derechos
Humanos y Acceso a la Justicia y rendidos por el Quinto Juzgado Correccional de la Primer
Circunscripción Judicial, el Sexto Juzgado Correccional de la Primer Circunscripción Judicial, el Primer
Juzgado Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, el Sexto Juzgado de Garantías de la Primer
Circunscripción Judicial, la Primera Cámara del Crimen de la Tercera Circunscripción Judicial, la Segunda
Cámara del Crimen de la Tercera Circunscripción Judicial, el Segundo Juzgado Correccional de la Tercera
Circunscripción Judicial, la Cuarta Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial. También
presentó informe el Señor Procurador General, la Primera Cámara del Crimen de la Primera
Circunscripción Judicial; el Cuarto Juzgado Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, el
Juzgado Correccional y de Faltas de la Cuarta Circunscripción Judicial, el Primer Juzgado de
Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial, el Primer Juzgado Correccional de la Segunda
Circunscripción Judicial, la Tercera Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial, el Segundo
Juzgado de Instrucción de la Segunda Circunscripción Judicial, entre otros.
Que en dicha causa el Ministerio de Seguridad de la Provincia presentó un plan abarcativo no solamente
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de tareas de obras y refacción de las unidades Penales de la Provincia, sino también de lo atinente al
ámbito de salud; atención al derecho de información sobre la fase de ejecución de la pena, consulta y
petición; mejoramiento del sistema de control de alimentos; la creación de programa referido al deporte;
convenios con universidades públicas y/o privadas para trabajar en programas de capacitación del
personal penitenciario en diversas materias; la creación de un libro registro para consignar las visitas de
los jueces, fiscales, defensores y asesores que será elevado mensualmente a la Suprema Corte de
Justicia; la creación mediante Resolución N° 384 del Ministerio de Seguridad del “Programa de
Responsabilidad social laboral de las Personas privadas de la libertad” destinado a que los mismos gocen
de un régimen avanzado en la ejecución de la pena que les permita efectuar trabajos en obras públicas y
privadas que requieran su contratación.
Que en el referido pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza consideró
fuera de toda duda la existencia material de la situación denunciada en relación a un ámbito fundamental:
el de las condiciones generales de alojamiento de las personas alojadas en los Complejos
Penitenciarios Almafuerte y San Felipe.
Que así mismo se apreció el notable deterioro de las condiciones de alojamiento de las personas privadas
de libertad en los complejos penitenciarios de referencia, vinculadas con el espacio, la superpoblación, la
aireación, la alimentación, la iluminación, las instalaciones sanitarias, la recreación y la asistencia médica.
Destacó puntualmente que el Gobierno de la Provincia de Mendoza para “...revertir la situación antes
señalada, en un claro reconocimiento de la protección de los derechos fundamentales de las personas
privadas de libertad, ha elaborado un plan de gestión respecto de los complejos penitenciarios antes
señalados y, en consecuencia, ha dispuesto: 1) un plan de mejoramiento de la infraestructura donde se
propone destinar $ 120.000.000 para tareas de obras y refacción de las unidades penales de la Provincia;
2) un proyecto para el uso del crédito para atender el pago de los costos gastos y accesorios que se
devenguen en torno a la construcción de la institución diferenciada cerrada para ejecución de pena; 3) un
proyecto de ampliación de la colonia y granja penal; 4) inicio de plan de obra, mantenimiento y ampliación
de nuevas plazas respecto de todo el servicio penitenciario; 5) proyecto de creación en cada uno de los
complejos de una guardia sanitaria con, al menos, dos efectivos de seguridad encargados de trasladar
diariamente a las personas de cada módulo hacia División Sanidad; 6) un plan integral de mejora del
acceso a la información de las personas alojadas; 7) la implementación de un sistema de peticiones; 8) la
profundización de los controles relacionados con la calidad de los alimentos y el sistema de distribución de
raciones; 9) la creación del programa “Aprendiendo con el deporte”; 10) la identificación del personal
penitenciario con su número de pin a fin de facilitar la investigación de abusos de autoridad o
incumplimientos de sus funciones y la implementación de encuestas anónimas permanentes; 11) la
creación de programas de capacitación del personal penitenciario conforme a la celebración de acuerdos
con distintas universidades de la Provincia; 12) la creación de un libro registro para consignar las visitas de
los jueces, fiscales, defensores y asesores que será elevado mensualmente a la Suprema Corte de
Justicia; 13) la creación del “Programa de Responsabilidad social laboral de las Personas privadas de la
libertad”; 14) el desarrollo de nuevas aplicaciones para la sistematización de datos de áreas del servicio en
relación a las personas alojadas en los distintos establecimientos -tarjeta de visita, datos filiatorios,
antecedentes judiciales, beneficios, trabajo, educación e información sobre atención sanitaria-; 15) la
proyección de un reglamento de procesados de la provincia que incluirá el régimen anticipado voluntario
para los procesados alojados en cárceles provinciales; y, 16) un plan de contingencia en casos de
necesaria evacuación de las personas alojadas...”.
Que el mismo pronunciamiento expresó que no puede dejar de considerarse el marco normativo que rige
en materia de privación de libertad proveniente de la Constitución Nacional y las Convenciones
Internacionales sobre Derechos Humanos de jerarquía constitucional, la Constitución de Mendoza y otros
instrumentos internacionales sobre derechos de personas privadas de libertad, tales como la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Que el Poder Ejecutivo de la Provincia coincide y respeta plenamente el marco normativo de regulación de
las condiciones en que debe cumplirse la privación de libertad, de allí la imperiosa necesidad de
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contratación de la obra de que trata la presente norma legal, para hacer plenamente operativas las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos -adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 y que, conforme
la CSJN “se han convertido, por vía del art. 18 de la Constitución Nacional, en el estándar internacional
respecto de personas privadas de libertad”, Fallos 328:1146, “Vertbitsky” y modificadas por Resolución Nº
70/175 de la ONU- (RMTR); los referidos Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos -ONU,
Asamblea General, 68ª Sesión plenaria, 14 de diciembre de 1990, Res. 45/111- (PBTR) y el Conjunto de
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión -
ONU, Asamblea General, 43/173- (CPPPDP); y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de
las Personas Privadas de Libertad en las Américas -CIDH, aprobados en su 131 Período ordinario de
Sesiones, Resolución 01/08- (PBP). Todos precedentemente citados por la Corte en el habeas corpus que
se analiza.
Que así mismo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza, en dicha sentencia,pone de
resalto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mantenido una constante preocupación en
relación al estado de las cárceles de la Provincia de Mendoza, lo cual provocó que en noviembre de 2004
requiriera al Estado Argentino que adoptara de manera inmediata las medidas necesarias para proteger la
vida e integridad territorial de todas las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Provincial de
Mendoza y en la Unidad Gustavo André, del Departamento Lavalle. Estas medidas provisionales fueron
mantenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los años 2005 (Corte IDH, Asunto de
las Penitenciarías de Mendoza. Medidas Provisionales respecto de Argentina, resolución de 18 de junio de
2005), 2006 (Corte IDH, Asunto de las Penitenciarías de Mendoza. Medidas Provisionales respecto de
Argentina, resolución de 30 de marzo de 2006) y 2007 (Corte IDH, Asunto de las Penitenciarías de
Mendoza. Medidas Provisionales respecto de Argentina, resolución de 27 de noviembre de 2007). Detalla
que en el año 2010 luego de un informe favorable de la CIDH por solicitud de nuestro país, la Corte IDH
levantó aquellas medidas (Corte IDH, Asunto de las Penitenciarías de Mendoza. Medidas Provisionales
respecto de Argentina, resolución de 26 de noviembre de 2010); que en el año 2011, la CIDH solicitó la
reapertura de las medidas provisionales para proteger la vida y la integridad personal de las personas
alojadas en la Penitenciaría Provincial de Mendoza, específicamente en los Complejos Penitenciarios de
San Felipe y Boulogne Sur Mer y que en el año 2015 la CIDH decidió solicitar al gobierno argentino la
adopción de medidas cautelares a favor de todas las personas privadas de libertad en los complejos
penitenciarios referidos, remarcando que los centros penitenciarios tendrían un número de personas
mayor a su capacidad de alojamiento solicitando al Estado argentino la adopción de las medidas
necesarias para preservar la vida y la integridad personal de todas las personas presentes en dichos
complejos penitenciarios; el fortalecimiento del equipo de guardias y capacitaciones a trabajadores de los
complejos penitenciarios; la provisión de condiciones de higiene en los centros penitenciarios y
tratamientos médicos adecuados para las personas privadas de libertad, entre otros.
Que el contexto descripto ilustra acabadamente la situación carcelaria de la Provincia de Mendoza en
razón de la carencia de alojamiento específico federal, configurando todos y cada uno de los presupuestos
mencionados precedentemente en cuanto a la necesidad concreta, inmediata, probada y objetiva de
resguardarse al amparo del Inciso c) del Artículo 16 del Decreto Ley 4416/80 (de Obras Públicas), ya que
la demora de un eventual llamado a licitación provocaría graves daños al interés público manifestado en la
necesidad, expresada durante largo tiempo por la Provincia, de que finalmente se realice la construcción
de un establecimiento federal, para albergar a las personas comprometidas por los delitos de fuero
nacional, quienes no deben, en principio, encontrarse en los establecimientos provinciales. De más está
decir que la recarga que pesa sobre los complejos provinciales respecto de la tasa poblacional, es de
significativa importancia, la que ha tomado estado público.
Que en fecha 25 de abril del año 2017 la Provincia de Mendoza entró en tenencia del predio donde se
asienta la obra a concluir, en un todo de acuerdo con el Artículo 4 del Decreto Ley Nº 4416/80 (de Obras
Públicas).
Que por el expediente Nº 319-D-2017 30093 iniciado el 2 de Febrero del corriente año, la Subsecretaría de
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
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Infraestructura del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, solicitó formal
consulta a la Asesoría de Gobierno y a Fiscalía de Estado respecto del marco legal del presente
procedimiento de selección y específicamente si el mismo se encontraba en las disposiciones de la Ley
Provincial Nº 8842 y su modificatoria.
Que en dicho expediente se expide en primer término el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la
Provincia, adelantando opinión en el sentido de encuadrar el procedimiento de selección en las
disposiciones del Inciso c) del Artículo 16 Decreto Ley Nº 4416/80 (de Obras Públicas), recordando que la
Provincia ha sido demandada local e internacionalmente por el estado de sus centros carcelarios,
habiendo esta gestión gubernativa comenzado procesos de recuperación y mejoramiento de sus centros
de detención y que la Provincia aloja en los centros carcelarios más de 500 reclusos del sistema federal.
Que Asesoría de Gobierno ha expresado en su dictamen que coincide con las razones de urgencia
apuntadas por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia. Expresa que el Artículo 1º del
Decreto Ley de Obras Públicas determina su ámbito de aplicación “a las construcciones, conservaciones,
instalaciones, modificaciones, restauraciones, servicios de industria y trabajos en general, que realizare la
Provincia y sus municipalidades, por sí o por intermedio de sus entes centralizados, descentralizados o
autárquicos, cualquiera sea el origen de los fondos que se inviertan y el destino de la obra, salvo convenio
con otros organismos estatales que establezcan otro régimen legal oficial”.
Que en sentido concordante, el Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por la Provincia con la
Nación ratificado por Decreto Provincial Nº 125/2017, expresa que la obra será financiada con fondos
federales y que se ejecutará con sujeción a ley local.
Que siendo de aplicación dicha normativa local de obra pública, es decir el Decreto Ley 4416/80, dispone
en su Artículo 16 Inciso c): Las contrataciones sujetas a la presente Ley se harán por licitación pública. No
obstante esta prescripción, podrán contratarse por licitación privada, por concurso de precios o en
forma directa, por su orden, frente a la imposibilidad de la licitación pública o en los siguientes casos de
excepción, que deberán ser debidamente fundados… c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o
circunstancias imprevistas, demandaren una pronta ejecución que no dé lugar a los trámites de la licitación
pública.
Que en el caso concreto, continúa en su dictamen Asesoría de Gobierno la contratación directa, se justifica
y se encuentra motivada en el mismo Convenio de Colaboración Administrativa celebrado con la Nación,
en concordancia con los demás antecedentes que sirven de causa al citado instrumento interjurisdiccional.
Que dicho órgano de asesoramiento agrega en su dictamen que los considerandos del Decreto del Poder
Ejecutivo Nacional Nº 1.339/16, refieren la situación de urgencia en finalizar los trabajos, remitiéndose a
los fundamentos ya constatados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en su
Resolución Nº 422/16 y que “... La que fuera el motivo determinante de la resolución del contrato de obra
pública con la contratista original, cuyos incumplimientos y el tiempo transcurrido desde entonces han
tornado más acuciante ese cuadro de urgencia, constatado por la Nación en mayo del año 2016...”.
Que expresa además que la urgencia patentizada en la conclusión de esta obra, justamente, se presenta
como condición necesaria – aunque no la única, ni suficiente -, en orden a superar, dentro de las
posibilidades presupuestarias de la Provincia y de la Nación, las causas del hacinamiento carcelario. Sin
dejar de mencionar que en sentido concordante la Ley Nº 8842 y su modificatoria de adhesión al Decreto
de Necesidad y Urgencia Nacional Nº 228/16, en su Artículo 2º declaró en emergencia el sistema de
seguridad pública en todo el territorio provincial.
Que en fecha 19 de abril del corriente año se expide Fiscalía de Estado en dicha consulta considerando en
lo sustancial que la modalidad de contratación directa resulta una excepción, atento a lo dispuesto por los
Artículos 37 de la Constitución de Mendoza, 16 del Decreto Ley Nº 4416/80 (de Obras Públicas) y 139 de
la Ley Nº 8706, que establecen la obligatoriedad de implementar procedimientos de licitación pública para
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las adquisiciones de la administración pública provincial. Que el mecanismo de contratación de excepción
por la causal “urgencia”, debe reunir determinados recaudos que se cumplimentan en el presente
supuesto: debe ser concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva; sugiriendo que la decisión sea
debida y suficientemente motivada en concordancia con lo previsto en los Artículos 38, 39 y 45 Inciso a) de
la Ley Nº 3909, a la par de garantizarse los principios aplicables de concurrencia, publicidad e igualdad de
raigambre constitucional y por expresa aplicación de la previsión del Artículo 7 del Decreto Nº 313/81.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo previsto por los Artículos 10 y 16 Inciso c) del Decreto-Ley Nº
4416/80 (de Obras Públicas), 31 y 100 de la Ley Nº 8706 y 31 del Decreto Nº 1000/2015, dado que existen
fondos para la atención del gasto y en virtud de los dictámenes emitidos,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1° - Apruébese la documentación técnica-legal confeccionada por la Dirección de Proyectos y
Licitaciones del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, obrante a fojas 1/1388, 1391/1401,
1513/1602 y 1630/1631 (estas últimas reemplazan a las de fojas 1389/1390), para la Contratación Directa
de la obra: CENTRO FEDERAL PENITENCIARIO DE CUYO – COMPLETAMIENTO DE OBRA – CAMPO
CACHEUTA – LUJAN DE CUYO - MENDOZA, cuyo Presupuesto Total asciende a la suma de
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($
857.179.000,00), conforme el siguiente detalle:
Obra Básica..................... $ 676.629.000,00
Variaciones de Precios ........ $ 180.000.000,00
Gastos Generales de Obra........ $ 500.000,00
Otros Costos de Obra ........... $ 50.000,00
TOTAL GENERAL ................. $ 857.179.000,00
Artículo 2° - Facúltese a la Dirección de Proyectos y Licitaciones del Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía a realizar la Contratación Directa de que se trata, para lo cual efectuará las
tramitaciones pertinentes.
Artículo 3º - El gasto autorizado por el presente decreto será atendido por intermedio de la Tesorería
General de la Provincia en la siguiente forma y proporción:
1) Con cargo al Presupuesto de
Erogaciones - vigente Ejerci-
cio 2017, Unidad de Gestión
de Crédito: C73451-512-01-
000, Unidad de Gestión de
Consumo: C73451:
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Obra Básica ............$ 14.000.000,00
Variaciones de Precios .$ 2.000.000,00
Gastos Grales. de Obra..$ 500.000,00
Otros Costos de Obra ...$ 50.000,00
Subtotal Ejercicio 2017 ...............$ 16.550.000,00
2) Con cargo al Presupuesto de
Erogaciones Ejercicio 2018,
PARTIDAS CORRELATIVAS:
Clasificación Económica:
512-01-Financiamiento 329
Obra Básica ............$ 600.000.000,00
Variaciones de Precios .$ 100.000.000,00
Subtotal Ejercicio 2018 ...............$ 700.000.000,00
3) Con cargo al Presupuesto de
Erogaciones Ejercicio 2019,
PARTIDAS CORRELATIVAS:
Clasificación Económica:
512-01- Financiamiento 329
Obra Básica ............$ 62.629.000,00
Variaciones de Precios .$ 78.000.000,00
Subtotal Ejercicio 2019 ...............$ 140.629.000,00
TOTAL GENERAL EJERCICIOS 2017/2019 ....$ 857.179.000,00
Artículo 4º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER
S/Cargo
09/08/2017 (1 Pub.)
