RESOLUCIONES
Resolución Nº 29
- Fecha de publicación
- 15 de mayo de 2017
- Fecha de la norma
- 30 de marzo de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.363 · páginas 23–27
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 29
MENDOZA, 30 de marzo de 2017
VISTO:
El expediente Nº 2427-T-2013-00112, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma Peugeot
Citroën Argentina S.A., CUIT Nº 30-50474453-8, con domicilio en Montes de Oca 1102 de Ciudad de
Buenos Aires, Mendoza, y con domicilio legal en Infanta Mercedes de San Martín 78, 2º Piso, Ala Sur,
Ciudad de Mendoza, y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 1 interpone denuncia el Sr. Matías Alberto Tomas contra Peugeot Citroën Argentina S.A., porque
manifiesta que adquirió un vehículo modelo Peugeot 408 Allure a la Sra. Galetti María Gabriela, quien lo
compra 0 km en la Concesionaria Oficial Aupesa y cuando lo lleva a Sur France porque debían realizarle
una reparación, amparada por la garantía, no se le reconoció la misma, manifestándose que el vehículo
vendido por Aupesa había sido vendido sin garantía, y que según averiguaciones realizadas en el Centro
de Contacto Clientes, se le informa que el vehículo fue vendido como no comercializable o usado.
Que a fs. 15 se presenta Peugeot Citroën Argentina S.A. quien expresa que el vehículo objeto del reclamo
fue vendido a precio notoriamente menor al usual y por lo tanto sin garantía.
Que a fs. 19/23, se encuentra agregado información de la página web de la sumariada y del lanzamiento
del Peugeot 408 de la cual surge que el mencionado vehículo posee una garantía de tres años. Es decir
que si la compra se realizó en fecha 09/11/11, la correspondiente garantía concluiría en el año 2014.
Que a fs. 26/27 y en especial en el tercer párrafo de fs. 26 vta., la Dra. María Elena Ojeda vuelve a reiterar
que el rodado fue vendido sin garantía a un precio notoriamente menor.
Que a fs. 44/49 la sumariada presenta descargo a la imputación realizada, planteando en primer Iugar,
falta de legitimación del denunciante, ya que el contrato lo ha celebrado con otra persona distinta de ella y
tampoco ha presentado las condiciones contractuales celebradas con quien le trasmitiera el bien, ni las
condiciones de garantía. Asimismo también plantea descargo a cada una de las imputaciones efectuadas.
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Que a fs. 64/65 la sumariada manifiesta que no se ha invocado que el vehículo fuera vendido sin garantía,
porque el mismo si se comercializó con la garantía legal de seis meses que la Ley 24.240 prevé.
Que a fs. 71 se solicita al Registro Nacional del Automotor Nº 5 que informe el nombre del titular registral
del Dominio KQK 029, ante el planteo de falta de legitimación realizado por Peugeot Citroën Argentina S.A.
Que a fs. 75 se informa que el titular del automotor es el Sr. Matías Alberto Tomas, denunciante en estos
obrados.
Que a fs. 79 se ordena la suspensión de las actuaciones hasta tanto se produzca prueba en el proceso
judicial que se tramita en el Sexto Juzgado de Paz.
Que a fs. 82/87 se presenta el denunciante y acompaña nueva prueba, que permite levantar la suspensión
ordenada previamente, ya que hace innecesario esperar la producción de la prueba en el proceso civil,
para determinar si ha existido violación a la ley N° 24.240.
Que a fs. 90 se reitera la imputación de infracción por presunta violación del art. 11 de la Ley n° 24.240 ya
que el vehículo Peugeot 408 de propiedad del denunciante tenía una garantía contractual de tres años con
fecha de inicio en el año 2011 y de finalización en el año 2014, y no se dio cumplimiento con la misma.
Que a fs. 95/102 presenta descargo la sumariada a la ratificación de la imputación realizada.
Que la sumariada plantea se revoque el levantamiento de la suspensión ordenada en las actuaciones
porque dice que el denunciante incorporó nueva prueba que el juez debe resolver si la tiene o no en
cuenta para su decisión final, y que además no se ha esperado a las pruebas que se están produciendo en
el proceso judicial. Respecto a este punto, se debe tener en cuenta que en este proceso administrativo
solo corresponde determinar si se ha violado o no la Ley de Defensa del Consumidor y si así corresponde,
aplicar las sanciones pertinentes; es decir que no existe pendencia del proceso judicial y la Dirección se
encuentra facultada para ordenar la continuidad de las actuaciones si se incorpora nueva prueba que
permita determinar el incumplimiento a la normativa de la cual es autoridad de aplicación.
Que respecto a la infracción imputada, afirma la sumariada que dio cumplimiento a la garantía que prevé el
art. 11 de la Ley 24.240, es decir los seis meses que establece para la comercialización de cosas muebles
y que no se otorgó garantía contractual, ni garantía extendida por un plazo mayor, ya que la persona que lo
adquirió en primer término no contrató garantía extendida. Esta Dirección entiende al respecto, que no le
asiste razón a la sumariada, porque si bien es cierto que el artículo citado establece una garantía de seis
meses, en el bien adquirido, la mencionada garantía era mayor como bien surge del acta de constatación
de fs. 85/86, cuando la operadora del centro de atención al cliente de Peugeot informa que la garantía del
vehículo, dominio N° KQK 029, era de tres años con fecha de inicio en el año 2011 y de finalización 2014.
O sea que se había acordado una garantía contractual mayor a la que la ley establece y en consecuencia,
no se puede reducir las condiciones favorables al consumidor en el plazo de la garantía.
Que también reclama la sumariada, que el vehículo no fue vendido al denunciante y que la persona que lo
adquirió no contrató una garantía mayor, pero no acompaña prueba alguna que sustente su afirmación.
Cabe mencionar en este aspecto, que si bien el automotor lo adquirió el denunciante de la primera
adquirente, la garantía subsiste durante todo el plazo contractual otorgado por la fábrica, tal como lo
informa el servicio al cliente de Peugeot, en el acta supra citada, es decir que la garantía en cuestión
corresponde al vehículo durante su periodo de vigencia, independientemente del titular del mismo..
Que se debe destacar que el cumplimiento de la garantía está impuesto en la Ley con carácter de orden
público, porque no puede ser renunciada y tiene fundamentalmente en mira, la reparación de la cosa en
caso de existir vicios, ostensibles o no, que afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su
correcto funcionamiento. Es decir que la afectación del correcto uso de la cosa constituirá en la práctica, la
pauta fundamental a tener en cuenta para la puesta en marcha de la garantía. En tal sentido la
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Jurisprudencia ha expresado "Es procedente la reparación de los daños ocasionados comprador por la
mala calidad e ineptitud del material objeto del contrato de compraventa, pues conforme la Ley de Defensa
del Consumidor, aquel y los sucesivos adquirentes gozan de una garantía legal por defectos o vicios de
cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, en tanto afecten la
entidad entre lo ofrecido y entregado o su correcto funcionamiento” (CNCom., sala B, 25-6-2001, “Cetrini,
Graciela y otro c/Blastein S.A.”, D.J. 2001; L.L. 2001-F-396).
Que en cuento a las constancias del acta notarial, que solamente puede ser redargüida de falsedad en
sede civil o penal, manifiesta la sumariada que se constata la inexistencia del contrato de garantía
extendida porque el denunciante no cuenta con el manual de mantenimiento que se entrega en los casos
de la citada garantía. En este punto se advierte que aún si no contara con dicho manual, la operadora de
Servicio al cliente de la empresa, no observó nada y solamente se limitó a informar que el vehículo por el
cual se reclamaba si contó con garantía desde el año 2011 al año 2014, destacando que la información
brindada fue obtenida de datos que consultaba en el acto en que se le estaba realizando el requerimiento.
Además no solo se informó la fecha de inicio sino también los años de cobertura y su finalización (fs. 85
vta.).
Que en referencia a la prueba ofrecida por la sumariada, esta Dirección entiende, que no procede su
producción porque las actuaciones judiciales, con los elementos que obran en estos autos, no son
determinantes para verificar el cumplimiento de la Ley N° 24.240. Que la grabación de la conversación de
la Actuación Notarial N° 52, se encuentra transcripta y agregada en copia a fs. 85/86, y como se
menciona, sólo puede ser reargüida de falsedad en sede civil o penal. Que la testimonial de la Sra. María
Gabriela Galleti, primera adquirente del vehículo, y la prueba informativa, resultan improcedentes porque
su valor probatorio no es suficiente para acreditar que la venta se realizó sin garantía contractual.
Considerando que es el documento de venta el que debería acreditar tal circunstancia y cuya copia
también debería estar en poder de la sumariada y/o de la concesionaria interviniente.
Que por último cabe mencionar, que tampoco se encuentra acreditado en estas actuaciones que el
vehículo haya sido vendido a un precio notoriamente menor al usual y por lo tanto sin garantía. En este
aspecto se observa la contradicción entre el descargo de fs. 15 que afirma que el vehículo fue vendido sin
garantía por ser su precio notoriamente menor al usual y el informe de fs. 65/66 que expresa que no ha
invocado haber vendido el vehículo sin garantía, sino que el mismo contaba con la garantía legal de seis
meses que establece la normativa vigente (Ley N° 24.240).
Que el artículo 57º de la Ley 5547, (según Ley Impositiva Nº 8923, Art. 11º) indica que las infracciones
serán reprimidas con las siguientes penas: a) clausura temporal o definitiva, dispuesta por la autoridad de
aplicación, en los casos y conforme a las disposiciones legales vigentes. b) MULTAS (Ley 5547
ARTICULO 57° inc. b): 1. Leve desde 1.250,00 a 125.000; 2. Moderado desde 125.001 a 375.000; 3.
Grave desde 375.001 a 2.500.000; 4. Gravísima desde 2.500.001 hasta 5.000.000,00. La Reincidencia
duplicará el monto de la Multa anteriormente aplicada y la Clausura por dos (2) días, c) decomiso, d)
suspensión del servicio afectado por un plazo de treinta (30) días, e) caducidad de la concesión del
servicio o revocación de la autorización para la utilización de bienes o del espacio aéreo del estado
provincial o municipal, f) inhabilitación de hasta cinco (5) años para el ejercicio de la actividad, g)
suspensión de hasta cinco (5) años en el registro de proveedores del estado, h) publicación de la
resolución sancionatoria a costa del infractor, i) apercibimiento.
Que al momento de cuantificar el monto de la multa a aplicar se tienen en cuenta los criterios de
graduación de la Ley Nacional Nº 24.240, que en el Artículo 49º, precisa que en la aplicación y graduación
de las sanciones se tendrá en cuenta el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario,
la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la
gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
Que esta autoridad administrativa pondera, con especial énfasis, la privilegiada posición de la sumariada
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en el mercado y los consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos.
Que en cuanto a la cuantía del beneficio obtenido, debe tenerse presente que la denunciada no dio
cumplimiento a la garantía del vehículo objeto del reclamo, ni tampoco presenta pruebas contundentes en
su defensa. Debe tenerse en cuenta lo que la jurisprudencia dice al respecto, en cuanto a que “sin
perjuicio de que el daño al consumidor sea uno de los elementos a considerar a la hora de graduar la
multa, de ello no se sigue que sea el único factor a ponderar (conf. Artículo 49 de la LDC), ni que el monto
de la sanción deba guardar una estricta correspondencia con el daño inflingido” (Expte Nº 2810-0- Autos
caratulados: ”SONY ARGENTINA S.A. c/ GCBA s/ OTRAS CAUSAS CON TRÁMITE DIRECTO ANTE LA
CÁMARA DE APELACIONES“. CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – SALA I- 24/10/2011, publicado por el
Dial.com – AA7243 el pasado 28/12/2011.).
Que la doctrina ha dicho "que en caso de existir perjuicio a los intereses del consumidor, la consideración
de éste a los efectos de la aplicación y graduación de las sanciones debe ser entendido de un modo
amplio atendiendo tanto a los aspectos materiales como morales de la afectación sin precisiones
matemáticas propias del derecho civil" (CNFED.C ADM, sala II 1997/10/07 "Pequeño Mundo SRL c/Sec.
de Comercio e Inversiones).
Que la sumariada no reparó el daño sufrido por el consumidor, habiendo transcurrido 4 años desde el
hecho objeto del reclamo.
Que atento a los parámetros antes expuestos, se considera razonable imponer una sanción de multa a la
firma Peugeot Citroën Argentina S.A., conforme lo permite la escala legal, equivalente a pesos doscientos
mil con 00/100 ($200.000,00.-), por la infracción verificada y analizada.
Que el monto fijado a la sanción, en ambos casos, se encuentra dentro de los amplios límites establecidos
en la norma que la determina y se halla extremadamente lejos de su máximo ($ 5.000.000), y que dentro
de la escala de la Ley nº 5547, es considerada como una multa MODERADA.
Que en relación al quantum de la multa se considera la sentencia de la CAMARA DE APEL. CONT. ADM.
Y TRIB. DE LA CIUDAD AUT. DE BS. AS., 18 de Agosto de 2015, Id Infojus: NV12906, mediante la cual
“se sanciona con una multa de treinta mil pesos a una empresa de telecomunicaciones por violación al art.
19 de la ley 24.240 por haber facturado a la denunciante una línea telefónica que no había solicitado”, y
que al respecto se dijo “que la empresa denunciada no alega, ni mucho menos prueba, no ser reincidente
ni que el monto de la multa resulte desproporcionado en comparación con su giro comercial, máxime
cuando el mismo se encuentra mucho más cerca del mínimo que del máximo previsto en el art. 47 de la
Ley 24.240”.
Que la aplicación de la sanción de multa debe tener una finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin
de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE:
ARTÍCULO 1º - IMPÓNGASE a la firma PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-50474453-8,
la sanción de multa consistente en el pago de PESOS DOSCIENTOS MIL con 00/100 ($ 200.000,00) de
conformidad con lo prescripto en el artículo 47º inc. b) de la Ley Nº 24.240, por la violación al artículo 11º
del mismo cuerpo legal.
ARTÍCULO 2°: INTIMESE por la presente al pago de la multa, en la Cuenta Ley N° 24.240,
correspondiente al Código Tax 017- 417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º - ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
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de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTÍCULO 4º - INSCRÍBASE esta Resolución de sanción en el Registro de Sanciones de la Dirección de
Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 5º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance
Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley
Nacional Nº 24.240).
ARTÍCULO 6º - NOTIFIQUESE al infractor de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7º - ARCHIVESE.
LIC. MÓNICA S. LUCERO
15/05/2017 (1 Pub.)
