RESOLUCIONES
Resolución Nº 57
- Fecha de publicación
- 15 de mayo de 2017
- Fecha de la norma
- 24 de abril de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.363 · páginas 30–33
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 57
MENDOZA, 24 de abril de 2017
VISTO:
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00051758-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 30 de 163
El expediente Nº 1007-D-11-01409, en el cual obran las actuaciones sumariales contra MILLAN SA, CUIT
Nº 33-50385092-9, con domicilio en Rivadavia Nº 1653, Godoy Cruz, Mendoza y con domicilio LEGAL en
calle Santa Cruz 130, Ciudad, Mendoza y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 0793/2011 DDC, se aplica a la empresa MILLAN SA, CUIT Nº
33-50385092-9, una multa de PESOS DIEZ MIL ($10.000), por violación al artículo 7º de la Ley Nº 24.240,
Que a fs. 14/17 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la mencionada Resolución,
Que desde el punto de vista formal, el recurso es aceptado ya que ha sido presentado en tiempo y forma,
con el pago de las tasas correspondientes
Que desde el punto de vista sustancial la sumariada señala que ha cumplido con la normativa vigente ya
que no solamente ha cumplido con el art. 7º de la ley 24.240 sino también con el decreto 1798/94 que
dispone que el proveedor que limite cuantitativamente la oferta de productos deberá informar la cantidad
con que cuenta para cubrirla, es decir, deberá comunicar el stock en unidades de cada uno de los
productos ofertados y que, el stock correspondía a toda la cadena (y no a cada una de las sucursales),
fecha de comienzo y de finalización de la oferta, e inclusive, que las mismas estaban condicionadas hasta
agotar stock.
Que entiende que no hay falta alguna, ya que el público fue debidamente informado de tal circunstancia y
que la información no ha sido insuficiente como lo señala esta Dirección. Cita jurisprudencia donde se
concluye que la expresión que advierte al consumidor que la oferta está limitada material y/o
temporalmente debe ser reconocida y aceptada como válida. Asimismo solicita que se lo exima o, en
subsidio, se morigere la sanción.
Que en su recurso la sumariada no niega la falta de existencia del producto ofertado en la sucursal
inspeccionada. Sin embargo, alega que los folletos publicitados han comunicado a los eventuales
adquirientes el stock en unidades con el que cuenta la cadena de supermercados ( y no cada una de las
sucursales) y que la oferta era hasta agotar stock, motivo por el cual afirman, no se ha violado la
legislación vigente.
Que al respecto se debe tener presente que el art. 7º de la ley citada supra establece que “ La oferta
dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quién la emite durante el tiempo en que se
realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización así como también sus
modalidades, condiciones o limitaciones…y el Decreto reglamentario de dicho artículo establece
que…Cuando el proveedor limite cuantitativamente su oferta de productos y servicios deberá informar la
cantidad con que cuenta para cubrirla…”.
Que cabe resaltar en primera medida, que las actas labradas por funcionarios de esta Dirección
constituyen documentos públicos. Ello implica que hacen plena fe, no solo entre las partes, sino contra
terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, las convenciones, disposiciones, pagos,
reconocimientos, etcétera, contenidos de ellos (art.994 del C.C.).
Que las constancias del acta constituyen prueba suficiente de los hechos así comprobados hasta tanto
dicho instrumento sea arguido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos,
que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia
(art. 993 del C.C). Sin perjuicio de ello, es necesario tener en cuenta que las actuaciones administrativas
llevan ínsita la presunción iuris tantum de su legitimidad y autenticidad (CNCiv. Sala B, 13-12-54,
1955-II-456). Ello es concordante con el artículo 45º de la ley 24.240 que establece que “la constancia del
acta labrada conforme a lo previsto en este artículo,…constituirán prueba suficiente de los hechos así
comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas”. Ello no implica la
inversión de la carga de la prueba ya que en virtud de las constancias del acta la infracción se encontraba
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00051758-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 31 de 163
probada, quién alegue lo contrario deberá cargar con la prueba de tales aciertos, no contrariando principios
constitucionales.
Que al realizarse la inspección, el inspector constata que en el local no se encontraban disponibles ciertos
productos ofertados, que se detallan en acta.
Que el sumariado informa que la oferta se realiza hasta agotar stock y ha colocado (en número minúsculo)
en cada producto la cantidad con la que cuenta la cadena de supermercados para dar cumplimiento con lo
ofertado, que el hecho de que el stock indicado sea el de toda la cadena (la cual abarca toda la provincia),
resulta insuficiente ya que la información no resulta cierta, clara y detallada, respecto a las condiciones de
comercialización, ya que el consumidor debe conocer de manera precisa la cantidad de productos que se
encuentran en stock en cada supermercado, de lo contrario resultaría engañosa ya que le impide evaluar
la conveniencia de acercarse o no hasta el comercio oferente. La forma de ofertar productos abarcando
toda la cadena sustrae a los fines y esencia de la norma legal. Lo que ha querido el legislador al sancionar
el artículo 7º de la ley 24.240 y su Decreto Reglamentario es proteger a la parte débil de la relación, el
consumidor. No debe olvidarse que estamos en presencia de un derecho protectorio nacido para evitar
abusos de la parte poderosa en la relación. Teniendo en cuenta dicha finalidad protectoria cabe
preguntarse ¿puede exigírsele al consumidor, que haga un recorrido por todos los locales comerciales de
la cadena (incluídos aquellos locales que están a más de 200 km. de distancia) para encontrar productos
cuyo costo en oferta son de $ 5,10 por ejemplo?.
Que estas preguntas ponen en evidencia el abuso y la desviación que pretende hacer la parte sumariada
de los fines de la norma. No debe olvidarse que la Ley 24.240 no excluye la aplicación de los principios
generales del derecho, tales como el artículo 1071º del Código Civil el cual dice; “El ejercicio regular de un
derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La
ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que
aquellos tuvo en miras al reconocerlos, o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las
buenas costumbres”.
Que resulta importante el hecho de que el supermercado, a través del catálogo publicitario logra una
finalidad clara, tal es atraer clientela a sus locales comerciales. Quien asume un riesgo comercial, y se ve
beneficiado con él, debe asumir las responsabilidades que le tocan en caso de incumplimiento. No se
cuestiona en modo alguno la libertad de elección del método que mejor estime el comerciante par captar
clientela, lo que sí se cuestiona, y se sanciona por la Ley 24.240, es cuando ese método conlleva engaños
basados en la falta de información y abuso del derecho.
Que las limitaciones exigidas por el artículo citado supra es una manera de evitar que se configuren casos
de incumplimiento. No se cuestiona en modo alguno la libertad de elección del método que mejor estime el
comerciante para captar clientela, lo que sí se cuestiona, y se sanciona por la Ley 24.240, es cuando ese
método conlleva engaños basados en que se ofrezcan condiciones muy ventajosas que luego no se
configuran con la realidad. Como bien dice Lorenzetti en su libro “Consumidores”, “si lo que faltan son
elementos referidos a las limitaciones, condiciones etcétera, que no hacen a la existencia de un contrato,
sino a la comprensión del consumidor, habrá oferta y contrato, con incumplimiento del deber de informar”.
Por otro lado, cabe destacar que el derecho a la información del consumidor tiene jerarquía constitucional,
siendo que el artículo 42º de la CN dice: “…Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en relación al consumo… a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección…”. En
consecuencia, prestigiosa doctrina nacional ha dicho en este aspecto que “la exigencia informativa
propende a la custodia del equilibrio en la relación.”(Ricardo Luis Lorenzetti, Gustavo Juan Schotz,
Defensa del Consumidor, Ed Abaco de Rodolfo Depalma).
Que además si los productos ofertados no se encontraban por determinadas circunstancias en el
hipermercado, la infracción imputada es de tipo formal y no requiere la producción de ningún resultado o
evento extraño a la acción misma del sujeto para su configuración, no interesando dilucidar la existencia
de intención o su ausencia, siendo de apreciación objetiva, configurándose por la simple omisión, que
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica
BO-2017-00051758-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
página 32 de 163
basta por si misma por violar las normas (Confr. Fontan Balestra, Tratado de Derecho Penal T.I, pag. 210 y
Fallo del 24/03/99 C.N. C.A., Sala V, causa Nº 221/99).
Que asimismo no es necesario para el ejercicio del poder de policía propio de la autoridad administrativa la
existencia de un perjuicio concreto o de un particular damnificado, sino el incumplimiento de las
obligaciones que la ley 24.240 impone.
Que en lo respecta al monto de la sanción se observa que el mismo es razonable y que se encuentra
dentro de los cánones que señala el art. 47º inc. b) y 49º de la ley 24.240, es decir, la multa oscila entre los
$100 y los $ 5.000.000 y se tuvo en cuenta la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio
obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de
la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE:
ARTÍCULO 1º - Acéptese formalmente y Rechácese sustancialmente el Recurso de Revocatoria
interpuesto por MILLAN SA, CUIT Nº 33-50385092-9, con domicilio en Rivadavia Nº 1653, Godoy Cruz,
Mendoza y con domicilio LEGAL en calle Santa Cruz 130, Ciudad, Mendoza, contra la Resolución Nº
0793/11, la que se mantiene en todas sus partes.
ARTÍCULO 2º - INTÍMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a
Cuenta Ley Nº 24.240 - COD. TAX 017-417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante
el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
ARTICULO 3º- ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTÍCULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del
infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance
Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley
Nacional Nº 24.240).
ARTICULO 5° - INSCRIBASE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 6º - NOTIFIQUESE al infractor de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7º - ARCHIVESE.
LIC. MÓNICA S. LUCERO
15/05/2017 (1 Pub.)
