RESOLUCIONES

Resolución Nº 57

Fecha de publicación
15 de mayo de 2017
Fecha de la norma
24 de abril de 2017
Referencia documental
Boletín Nº 30.363 · páginas 30–33
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 57 MENDOZA, 24 de abril de 2017 VISTO: Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00051758-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 30 de 163 El expediente Nº 1007-D-11-01409, en el cual obran las actuaciones sumariales contra MILLAN SA, CUIT Nº 33-50385092-9, con domicilio en Rivadavia Nº 1653, Godoy Cruz, Mendoza y con domicilio LEGAL en calle Santa Cruz 130, Ciudad, Mendoza y; CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución Nº 0793/2011 DDC, se aplica a la empresa MILLAN SA, CUIT Nº 33-50385092-9, una multa de PESOS DIEZ MIL ($10.000), por violación al artículo 7º de la Ley Nº 24.240, Que a fs. 14/17 la sumariada presenta Recurso de Revocatoria contra la mencionada Resolución, Que desde el punto de vista formal, el recurso es aceptado ya que ha sido presentado en tiempo y forma, con el pago de las tasas correspondientes Que desde el punto de vista sustancial la sumariada señala que ha cumplido con la normativa vigente ya que no solamente ha cumplido con el art. 7º de la ley 24.240 sino también con el decreto 1798/94 que dispone que el proveedor que limite cuantitativamente la oferta de productos deberá informar la cantidad con que cuenta para cubrirla, es decir, deberá comunicar el stock en unidades de cada uno de los productos ofertados y que, el stock correspondía a toda la cadena (y no a cada una de las sucursales), fecha de comienzo y de finalización de la oferta, e inclusive, que las mismas estaban condicionadas hasta agotar stock. Que entiende que no hay falta alguna, ya que el público fue debidamente informado de tal circunstancia y que la información no ha sido insuficiente como lo señala esta Dirección. Cita jurisprudencia donde se concluye que la expresión que advierte al consumidor que la oferta está limitada material y/o temporalmente debe ser reconocida y aceptada como válida. Asimismo solicita que se lo exima o, en subsidio, se morigere la sanción. Que en su recurso la sumariada no niega la falta de existencia del producto ofertado en la sucursal inspeccionada. Sin embargo, alega que los folletos publicitados han comunicado a los eventuales adquirientes el stock en unidades con el que cuenta la cadena de supermercados ( y no cada una de las sucursales) y que la oferta era hasta agotar stock, motivo por el cual afirman, no se ha violado la legislación vigente. Que al respecto se debe tener presente que el art. 7º de la ley citada supra establece que “ La oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quién la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener la fecha precisa de comienzo y de finalización así como también sus modalidades, condiciones o limitaciones…y el Decreto reglamentario de dicho artículo establece que…Cuando el proveedor limite cuantitativamente su oferta de productos y servicios deberá informar la cantidad con que cuenta para cubrirla…”. Que cabe resaltar en primera medida, que las actas labradas por funcionarios de esta Dirección constituyen documentos públicos. Ello implica que hacen plena fe, no solo entre las partes, sino contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etcétera, contenidos de ellos (art.994 del C.C.). Que las constancias del acta constituyen prueba suficiente de los hechos así comprobados hasta tanto dicho instrumento sea arguido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos, que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia (art. 993 del C.C). Sin perjuicio de ello, es necesario tener en cuenta que las actuaciones administrativas llevan ínsita la presunción iuris tantum de su legitimidad y autenticidad (CNCiv. Sala B, 13-12-54, 1955-II-456). Ello es concordante con el artículo 45º de la ley 24.240 que establece que “la constancia del acta labrada conforme a lo previsto en este artículo,…constituirán prueba suficiente de los hechos así comprobados, salvo en los casos en que resulten desvirtuados por otras pruebas”. Ello no implica la inversión de la carga de la prueba ya que en virtud de las constancias del acta la infracción se encontraba Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00051758-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 31 de 163 probada, quién alegue lo contrario deberá cargar con la prueba de tales aciertos, no contrariando principios constitucionales. Que al realizarse la inspección, el inspector constata que en el local no se encontraban disponibles ciertos productos ofertados, que se detallan en acta. Que el sumariado informa que la oferta se realiza hasta agotar stock y ha colocado (en número minúsculo) en cada producto la cantidad con la que cuenta la cadena de supermercados para dar cumplimiento con lo ofertado, que el hecho de que el stock indicado sea el de toda la cadena (la cual abarca toda la provincia), resulta insuficiente ya que la información no resulta cierta, clara y detallada, respecto a las condiciones de comercialización, ya que el consumidor debe conocer de manera precisa la cantidad de productos que se encuentran en stock en cada supermercado, de lo contrario resultaría engañosa ya que le impide evaluar la conveniencia de acercarse o no hasta el comercio oferente. La forma de ofertar productos abarcando toda la cadena sustrae a los fines y esencia de la norma legal. Lo que ha querido el legislador al sancionar el artículo 7º de la ley 24.240 y su Decreto Reglamentario es proteger a la parte débil de la relación, el consumidor. No debe olvidarse que estamos en presencia de un derecho protectorio nacido para evitar abusos de la parte poderosa en la relación. Teniendo en cuenta dicha finalidad protectoria cabe preguntarse ¿puede exigírsele al consumidor, que haga un recorrido por todos los locales comerciales de la cadena (incluídos aquellos locales que están a más de 200 km. de distancia) para encontrar productos cuyo costo en oferta son de $ 5,10 por ejemplo?. Que estas preguntas ponen en evidencia el abuso y la desviación que pretende hacer la parte sumariada de los fines de la norma. No debe olvidarse que la Ley 24.240 no excluye la aplicación de los principios generales del derecho, tales como el artículo 1071º del Código Civil el cual dice; “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquellos tuvo en miras al reconocerlos, o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. Que resulta importante el hecho de que el supermercado, a través del catálogo publicitario logra una finalidad clara, tal es atraer clientela a sus locales comerciales. Quien asume un riesgo comercial, y se ve beneficiado con él, debe asumir las responsabilidades que le tocan en caso de incumplimiento. No se cuestiona en modo alguno la libertad de elección del método que mejor estime el comerciante par captar clientela, lo que sí se cuestiona, y se sanciona por la Ley 24.240, es cuando ese método conlleva engaños basados en la falta de información y abuso del derecho. Que las limitaciones exigidas por el artículo citado supra es una manera de evitar que se configuren casos de incumplimiento. No se cuestiona en modo alguno la libertad de elección del método que mejor estime el comerciante para captar clientela, lo que sí se cuestiona, y se sanciona por la Ley 24.240, es cuando ese método conlleva engaños basados en que se ofrezcan condiciones muy ventajosas que luego no se configuran con la realidad. Como bien dice Lorenzetti en su libro “Consumidores”, “si lo que faltan son elementos referidos a las limitaciones, condiciones etcétera, que no hacen a la existencia de un contrato, sino a la comprensión del consumidor, habrá oferta y contrato, con incumplimiento del deber de informar”. Por otro lado, cabe destacar que el derecho a la información del consumidor tiene jerarquía constitucional, siendo que el artículo 42º de la CN dice: “…Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en relación al consumo… a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección…”. En consecuencia, prestigiosa doctrina nacional ha dicho en este aspecto que “la exigencia informativa propende a la custodia del equilibrio en la relación.”(Ricardo Luis Lorenzetti, Gustavo Juan Schotz, Defensa del Consumidor, Ed Abaco de Rodolfo Depalma). Que además si los productos ofertados no se encontraban por determinadas circunstancias en el hipermercado, la infracción imputada es de tipo formal y no requiere la producción de ningún resultado o evento extraño a la acción misma del sujeto para su configuración, no interesando dilucidar la existencia de intención o su ausencia, siendo de apreciación objetiva, configurándose por la simple omisión, que Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00051758-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 32 de 163 basta por si misma por violar las normas (Confr. Fontan Balestra, Tratado de Derecho Penal T.I, pag. 210 y Fallo del 24/03/99 C.N. C.A., Sala V, causa Nº 221/99). Que asimismo no es necesario para el ejercicio del poder de policía propio de la autoridad administrativa la existencia de un perjuicio concreto o de un particular damnificado, sino el incumplimiento de las obligaciones que la ley 24.240 impone. Que en lo respecta al monto de la sanción se observa que el mismo es razonable y que se encuentra dentro de los cánones que señala el art. 47º inc. b) y 49º de la ley 24.240, es decir, la multa oscila entre los $100 y los $ 5.000.000 y se tuvo en cuenta la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE: ARTÍCULO 1º - Acéptese formalmente y Rechácese sustancialmente el Recurso de Revocatoria interpuesto por MILLAN SA, CUIT Nº 33-50385092-9, con domicilio en Rivadavia Nº 1653, Godoy Cruz, Mendoza y con domicilio LEGAL en calle Santa Cruz 130, Ciudad, Mendoza, contra la Resolución Nº 0793/11, la que se mantiene en todas sus partes. ARTÍCULO 2º - INTÍMESE por la presente al pago de la multa impuesta, en la Cuenta Correspondiente a Cuenta Ley Nº 24.240 - COD. TAX 017-417, Código Resumido 1001, el que deberá hacerse efectivo ante el Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS. ARTICULO 3º- ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original. ARTÍCULO 4º - PUBLÍQUESE la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, y a costa del infractor en el Diario “Los Andes” y Diario “UNO” de la Provincia de Mendoza y en un diario de alcance Nacional (artículo 57º inciso h de la Ley Provincial Nº 5.547 y artículo 47º penúltimo párrafo de la Ley Nacional Nº 24.240). ARTICULO 5° - INSCRIBASE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza. ARTÍCULO 6º - NOTIFIQUESE al infractor de la presente Resolución. ARTÍCULO 7º - ARCHIVESE. LIC. MÓNICA S. LUCERO 15/05/2017 (1 Pub.)