RESOLUCIONES

Resolución Nº 60

Fecha de publicación
12 de mayo de 2017
Fecha de la norma
26 de abril de 2017
Referencia documental
Boletín Nº 30.362 · páginas 36–37
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza

Resolución N°: 60 MENDOZA, 26 de abril de 2017 VISTO: El Expediente Nº 13492-D-2011-01409, en el cual obran las actuaciones sumariales contra la firma Megatone S.A. (Musimundo), CUIT Nº 30-54365973-4, con domicilio en calle San Martín Nº 1549/51, Ciudad de Mendoza, y contra la firma Banco de la Nación Argentina - Suc Palamares, CUIT Nº 30-50001091-2, con domicilio en calle Ruta Panamericana nº 2650, Local 3, Godoy Cruz, Mendoza, y con domicilio legal en calle Av. España nº 1275, 4º Piso, Of. legales, Ciudad, Mendoza, y; CONSIDERANDO: Que a fs. 1 obra denuncia contra el Banco Nación en razón de haber efectuado el denunciante una compra de un LCD 32" en el marco de la campaña “LCD PARA TODOS”, utilizando como medio de pago, tarjeta NATIVA, siendo el BANCO NACION ARGENTINA S.A. entidad emisora de la misma. Que la mencionada compra, según se desprende de la denuncia incoada, no reunía los requisitos dispuestos por el Gobierno Nacional para la adquisición de los productos incluidos en la campaña ya citada. Que a fs. 13 la firma BANCO DE LA NACION ARGENTINA presenta descargo invocando la incompetencia de la presente Dirección para entender en la materia objeto de marras. Que la denunciada expone entre sus motivos que la Ley 24.240 no se extiende a la fiscalización y al control de órganos del Estado Nacional que por la materia están sujetos a la jurisdicción federal. Es por ello que conforme a la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina y la Ley de Entidades Financieras, la única autoridad de contralor es el Banco Central de la República. A su vez se cita un fallo de la Corte Suprema estableciendo que los servicios financieros y/o bancarios son cuestión federal aun cuando se tratara de circunstancias acaecidas en el ámbito territorial provincial. Que cabe destacar que desde el 16 de abril se encuentra en vigencia la modificación a la Ley 24.240 (Ley Nº 26.361). A través de dicha modificación se produce un agregado al artículo 3º, en el cual se establece que “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esta alcanzado asimismo por otra normativa específica." La mencionada reforma implica que, por más que la actividad del proveedor se encuentre regulada por otra normativa específica, la relación de consumo se encuentra normada por las normas de la Ley 24.240. De esta manera, en el caso de marras, si bien es correcto que existe normativa específica que regula la actividad del proveedor (Banco Nación), la relación de consumo con sus respectivos principios (como es el trato digno y equitativo al consumidor) se rige por la Ley 24.240. Pretender extender la fiscalización del Banco Central a aspectos vinculados con la protección de los derechos de los consumidores implica contradecir los establecido por la misma Ley de Entidades financieras, que establece la fiscalización por el Banco Central pero permitiendo la intervención de cualquier otra autoridad en los aspectos que no tengan relación con las disposiciones de dicha ley. De esta manera, atento a que el caso de marras versa sobre un supuesto caso de incumplimiento de oferta, corresponde aplicar las normas y principios que surgen de la Ley 24.240, atento a que la normativa sobre entidades financieras tiene un vacío respecto a dicho aspecto, dando lugar a la supletoriedad establecida en la misma Ley de Entidades Financieras. Que, atento al cambio legislativo y las consecuencias derivadas del mismo explicado ut supra, esta Dirección entiende que el fallo dictado por la Corte suprema (28/07/05), al haber sido dictado con anterioridad a la reforma de la Ley 24.240, carece de influencia ante la reforma del artículo 3 citado, que implica una postura expresa del legislador respecto a situaciones con proveedores fiscalizados por otras normativas respecto a aspectos no vinculados con los principios de la ley de Defensa del Consumidor. Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia Subsecretaria Legal y Técnica BO-2017-00051082-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ página 36 de 138 Que si bien el Banco Nación se trata de un organismo del Estado, no por ello escapa a la definición de proveedor regulado por la Ley 24.240, donde se incluye a las entidades públicas como tales. De esta manera, las relaciones de consumo y servicios prestados por personas jurídicas públicas a consumidores finales queda regulado por la Ley 24.240. De no ser así, dicha institución sería la única, a diferencia de otras entidades bancarias, cuyas relaciones de consumo no serían reguladas por la Ley expresamente dictada para la defensa de los consumidores. Ley que, por otro lado, tiene el objeto de efectivizar el mandato constitucional (artículo 42 CN) de protección de los derechos de los consumidores. Cabe tener en cuenta que el derecho de los consumidores tiene jerarquía constitucional desde 1994, mientras que las leyes 21526 (Ley de Entidades Financieras) y 21799 (Carta Orgánica del Banco Nación) fueron dictadas en 1977 y 1978 respectivamente, lo que obliga a una nueva interpretación de las mismas teniendo en cuenta los derechos consagrados constitucionalmente. Que si bien la fiscalización de las actividades del Banco Nación, conforme a la leyes 21.526 y 21.799, es de jurisdicción federal, dicha jurisdicción es respecto a los aspectos tratados en dichas leyes. Como ha sido explicado ut supra, la relación de consumo entre el banco y los consumidores debe ser regulada por las normas y principios de la Ley 24.240. Dicha Ley, de carácter nacional y aplicable en todo el territorio de la República (art. 65), ha previsto la descentralización de su aplicación en su artículo 64 (“Los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus normas reglamentarias, con respecto a los hechos cometidos en su jurisdicción y que afecten exclusivamente al comercio local, juzgando las presuntas infracciones.”), teniendo los gobiernos provinciales y sus respectivos organismos competencia sobre todos los hechos que ocurran en su jurisdicción y que impliquen una infracción a la Ley 24.240. De esta manera se concreta en todo el territorio nacional el mandato constitucional de defensa a los derechos de los consumidores. Que en virtud de lo antes expuesto, esta Dirección considera que no corresponde dar a lugar el planteo de incompetencia formulado por la parte denunciada. POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE: ARTÍCULO 1º - DECLÁRESE la competencia de esta Dirección para entender en autos. ARTÍCULO 2º - INSCRÍBASE esta Resolución de sanción en el Registro de Sanciones de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Mendoza. ARTICULO 3° - NOTIFICAR a quienes corresponda y archivar. LIC. MÓNICA S. LUCERO 12/05/2017 (1 Pub.)