RESOLUCIONES
Resolución Nº 11
- Fecha de publicación
- 23 de marzo de 2017
- Fecha de la norma
- 15 de marzo de 2017
- Referencia documental
- Boletín Nº 30.330 · páginas 21–24
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza
Resolución N°: 11
MENDOZA, 15 de marzo de 2017
VISTO:
El expediente Nº 5138-D-2010-01409 caratulado “Orduna Jorge c/ Movistar Argentina”, en el cual obran
las actuaciones sumariales contra “Telefónica Móviles Argentina S.A.” CUIT Nº 30-67881435-7, con
domicilio legal en Serú 72, Ciudad, Mendoza y;
CONSIDERANDO:
Que la sumariada presenta Recurso contra la Resolución Nº 023 /2013 de esta Dirección de Defensa del
Consumidor.
Que desde el punto de vista formal cabe aceptar el recurso interpuesto atento a que fue presentado en
plazo y con el pago de las tasas correspondientes.
Que la recurrente plantea la incompetencia de esta Dirección de Defensa del Consumidor para intervenir
en los temas de telecomunicaciones móviles y la inexistencia de responsabilidad por Telefónica Móviles
Argentina S.A.
Que el recurrente sostiene que el servicio se desenvuelve en el marco de la Ley 19.798 y que el órgano de
contralor es la Comisión Nacional de Comunicaciones. Manifestando que el fuero federal corresponde a la
causa “rationae materiae” y no “rationae personae”.
Que manifiesta también, que la misma ley 24.240 en su art. 25 establece la absoluta incompetencia de la
Dirección para entender en el tema al disponer “los servicios domiciliario con legislación específica y cuya
actuación sea controlada por los organismos que ella contempla, serán regidos por esas normas,
aplicándose el presente supletoriamente.” Que si bien la telefonía móvil es un servicio público, no es un
servicio domiciliario, por lo tanto no resulta aplicable la Ley 24.240.
Que sostiene que la competencia administrativa es irrenunciable e improrrogable.
Que, por último, en referencia al poder de policía para reglar el comercio interprovincial o
interjurisdiccional, ha dicho, que es potestad delgada al Estado Nacional. Que en el caso, la regulación
está a cargo de la Nación ya que el servicio de telecomunicaciones constituye un supuesto
interjurisdiccional en si mismo.
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Que respecto de la inexistencia de responsabilidad, la recurrente se defiende exponiendo que la
denunciante no acompaña prueba, la única prueba acompañada a fs. 4 refleja la solicitud de un servicio
que en nada se refiere a las manifestaciones del actor. Que la falta de limitación es en cuanto al tiempo en
que se usa y no en cuanto a la capacidad de transmisión. Además, expresa, que se omite considerar el
certificado de fs. 36 en la que consta que el denunciante no es consumidor final.
Que en relación al planteo de incompetencia, si bien esta Dirección no desconoce ni la normativa legal que
cita el denunciado, ni la competencia de la Comisión Nacional de Comunicaciones, debe tenerse presente
que la Ley 26.361 entre sus modificaciones introdujo el concepto de “relación de consumo” en su art. 3º,
siendo éste más abarcativo que el concepto anterior de “contrato de consumo” y en este sentido el citado
artículo, establece claramente que “las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta
Ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté
alcanzado asimismo por otra normativa específica”. El legislador refuerza la preeminencia de este estatuto
tuitivo por sobre otra legislación especial aplicable a las relaciones de consumo: Ley de
Telecomunicaciones, normativa de transporte, turismo, etc. En consecuencia y ante el caso de que alguna
empresa de algún sector de actividad especial plantee una incompetencia por la materia ante Defensa del
Consumidor, argumentando que su actividad tiene una legislación específica, resulta claro que, en lo
atinente a “la relación de consumo” establecida entre el consumidor y la empresa y la consecuente
prestación del servicio contratado, siempre se aplica la Ley 24.240 sin perjuicio de la aplicación que
proceda respecto de la legislación especial por parte del organismo de control y la intervención e injerencia
que puedan darse en las cuestiones sistémicas de la actividad, hacia el interior del régimen, es decir, que
hacen al buen funcionamiento “general” de cada sector por ej., dictado de normas regulatorias, etc.
(Lepíscopo Leonardo-comentarios a la Reforma de la Ley 24.240).
Que el artículo 65 de la Ley 24.240 mantiene el carácter de orden público, entendiendo así que en ella está
interesada de una manera muy inmediata y directa, la paz y la seguridad social, las buenas costumbres, un
sentido primario de justicia y la moral. Que las leyes de orden público son leyes fundamentales y básicas
que forman el núcleo sobre el que está estructurada la organización social, teniendo especialmente en
cuenta que responde a un interés general, colectivo, resultando así su aplicación imperativa e
irrenunciable.
Que el art. 25º citado por la sumariada, ha sufrido una trascendente reforma con la Ley 26.361 puesto que
señala para “los servicios públicos domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada
por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y POR LA PRESENTE LEY. En
caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor “. Prescribiendo
que los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por la
legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley, estableciéndose de esta manera
una competencia concurrente entre ambas instituciones.
Que en cuanto a la no aplicación del art. 25 de la Ley 24.240 que cita el sumariado por no ser la telefonía
móvil un servicio público domiciliario, se entiende que asiste razón al recurrente respecto de la
categorización y distinción del servicio público y servicio público domiciliario y queda claro que Telefónica
Móviles Argentina S.A. presta un servicio público, aunque no domiciliario. En lo que no le asiste razón, es
en la conclusión que lo lleva a afirmar que al tratarse la telefonía móvil de un servicio que no es domiciliario
no es de aplicación la Ley 24.240.
Que el artículo 42 de la Constitución Nacional ha incorporado en su texto los derechos de consumidores al
decir “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo..”
como un grupo merecedor de derecho en relación al consumo.
Que el artículo 3º de la Ley 24.240 define la relación de consumo como el vínculo jurídico entre el
proveedor y el consumidor y usuario. A su vez según la definición de la figura de proveedor en el artículo
2º de la ley citada, la prestadora posee el carácter de proveedora. Por lo tanto el vínculo existente entre el
cliente de telefonía móvil y la empresa prestadora es una relación de consumo. “Teniendo en cuenta el
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origen, la génesis de la singular defensa que en el mundo moderno se brinda al consumidor, como también
el propósito de esa protección, debemos concluir en que lo especial es, precisamente, la relación de
consumo y las circunstancias que la provocan y rodean en lo que damos en llamar la sociedad de
consumo. Son antiguos los servicios bancarios, de seguros, turísticos, de telefonía, de atención de la salud
o de administración de planes de ahorro para fines determinados, por citar sólo unos pocos; antigua es
también la provisión de alimentos, o de medicamentos. Cada una de estas actividades, como otras, tuvo
desde antaño su propia regulación y, en muchos casos, una autoridad administrativa para aplicarla,
conformándose así una suerte de superintendencia integral de cada una de ellas. Así, se organiza el
sistema, garantizándose con normas y autoridades su funcionamiento. En ocasiones, junto a muchas otras
que apuntan a diversos objetivos sistémicos, esas normas que estructuran un determinado sector de
actividad protegen al consumidor respecto de alguna cuestión puntual. Entretanto, se desarrolla el
consumo moderno, con las particularidades que lo caracterizan: masividad, anonimato, expansión del
crédito, vigor publicitario, sofisticación, dinámica renovación productiva y compleja comercialización, entre
otras. En este nuevo escenario, con la sanción de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, el legislador
argentino, al igual que el de la mayoría de los países desarrollados, establece una doble protección:
protege al consumidor individual afectado en sus derechos subjetivos, y protege el orden público
comercial, más precisamente el consumo público, al que la sociedad le otorga un estatus especial como
parte del bien común, pues se siente vulnerada, herida en su conjunto por la falta cometida contra alguno
de sus miembros. Estos son los bienes jurídicos protegidos por la ley 24.240, de Defensa del Consumidor,
mediante los tipos penales que crea y el régimen de sanciones contra los que la violan. Pero el legislador
argentino, en ejercicio del poder de policía, no sólo limita los derechos individuales en función de los
bienes jurídicos que quiere proteger de manera singular –un consumo transparente y relaciones de
consumo equitativas– sino que instaura un andamiaje normativo institucional para garantizar la vigencia
efectiva del nuevo derecho. Parte del funcionamiento de esa sistematizada estructura se basa en este
artículo 3° y en el principio integrativo que incorpora. Hace centro en la propia ley 24.240, de Defensa del
Consumidor, la fórmula adoptada por el artículo 3°, cuando dice que “Las disposiciones de esta ley se
integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes definidas…”.
Como se advierte, no establece la mencionada ley que las normas generales y especiales se integran con
las disposiciones de “esta” norma sino, al contrario, que “esta” ley se integra con aquéllas. Y es lógico
que así sea pues, como se ha dicho, el legislador argentino entiende que la especialidad radica en la
relación de consumo como tal, en sí misma, y a ella se aplican la legislación especial de consumo y los
institutos, principios y criterios de este derecho.”
Que por último, el recurrente sólo manifiesta que el denunciante no acompaña prueba de sus afirmaciones;
pero no desvirtúa tales afirmaciones como tampoco argumenta su afirmación de que el denunciante no es
consumidor final, ya que simplemente hace mención a la cosntancia a fs. 36 la cual es una constancia de
inscripción de la denunciante ante la AFIP.
Que por todo lo expuesto, la Dirección de Defensa del Consumidor es competente para entender en
protección del consumidor y sus derechos en un caso como el denunciado en estos autos.
POR ELLO, LA DIRECTORA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR RESUELVE
ARTICULO 1°: DECLARESE COMPETENTE a la Dirección de Defensa del Consumidor para intervenir en
las presentes actuaciones.
ARTÍCULO 2º - ACEPTESE desde el punto de vista formal y RECHACESE desde el aspecto sustancial el
recurso interpuesto por la firma “Telefónica Móviles Argentina S.A contra la Resolución Nº 023 /2013 la
que se mantiene en todas sus partes, ratificando la sanción de multa de PESOS UN MIL con 00/100
($1.000,00).
ARTÍCULO 3°: INTIMESE por la presente al pago de la multa, en la cuenta Correspondiente a Cuenta Ley
N° 24.240, Código TAX 017-417, CODIGO RESUMIDO 101, el que deberá hacerse efectivo ante el
Organismo Recaudador ATM en el plazo de DIEZ (10) DÍAS.
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ARTICULO 4º- ACREDITESE el pago de la multa con la presentación correspondiente, en esta Dirección
de Defensa del Consumidor, adjuntando copia del boleto correspondiente y exhibición del original.
ARTICULO 5°: INSCRIBASE al Infractor en el Registro de Infractores de la Provincia de Mendoza.
ARTÍCULO 6º - NOTIFIQUESE al infractor de la presente Resolución.
ARTÍCULO 7º - ARCHIVESE.
LIC. MÓNICA S. LUCERO
23/03/2017 (1 Pub.)
